Dioselva Enciso Camacho

Expediente 1053/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1053/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Dioselva Enciso Camacho

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; el oficio de cuenta signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 466/2023, de su índice, promovido por ****. Ahora, en la resolución de que se trata se advierte que la superioridad determinó lo siguiente: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja." Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º, glósese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta. Acúsese recibo de estilo. Concomitantemente, provéase lo conducente en torno a la tramitación del presente sumario. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 104 y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; así como 1, 33, fracción IV, 37, y 107, 115 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. AUTORIDAD RESPONSABLE. 1.- Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Chiapas. Con residencia en esta ciudad. Por otra parte, de la ejecutoria de Colegiado se advierte que únicamente se tendrá como autoridad responsable a la antes mencionada, por lo que se deja de proveer respecto de las autoridades restantes. ACTO RECLAMADO. El oficio ****, de ocho de febrero de dos mil veintitrés, emitido por el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. INFORME Y CONSTANCIA. Requiérase la autoridad señalada como responsable el informe justificado, que deberá rendir dentro del término de QUINCE DÍAS siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de todas y cada una de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 117, de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá en la sentencia respectiva multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la ley de la materia. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que de conformidad con lo que establecen os artículos 14 y 48, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, podrá rendir su informe justificado a través de los medios electrónicos autorizados, atendiendo en su caso a los acuerdos de interconexión o a través del correo electrónico institucional 2jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, siempre y cuando sea signado con firma electrónica FIREL; caso contrario, no se tendrá por rendido el mismo, ni se otorgará validez a las comunicaciones recibidas, por lo que será acreedor a la multa a que fue apercibido en el párrafo que precede. PREVENCIONES. Relativa a la obligación de informar la actualización de causa de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes que si ocurre alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato y, de ser posible, deberán acompañar las constancias que la acrediten, de no hacerlo, se le impondrá multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 64, en relación con los diversos 238 y 251, de la Ley de Amparo. Recepción de oficios y apercibimiento. Para la eficacia de las notificaciones en el juicio de amparo en que se actúa, hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable, que de conformidad con el artículo 28, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, en caso de negarse a recibir los oficios que se le giren, bajo el argumento de que la denominación es incorrecta, imprecisa o incompleta, pero se advierta que materialmente sí es la autoridad responsable a quien se dirige el oficio, se tendrá hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento del proveído o resolución que el propio oficio contenga. Sobre el cambio de denominación de las autoridades responsables. En el caso de que la denominación de la autoridad a la que se dirigen los oficios haya cambiado, será motivo insuficiente para negarse a recibir las comunicaciones, ya que la responsable al rendir el respectivo informe deberá hacer las aclaraciones correspondientes en cuanto a su nombramiento; lo que se tomará en consideración por este órgano jurisdiccional al realizar las notificaciones subsecuentes. Se apercibe a las autoridades que de no dar cumplimiento a lo anterior, serán acreedoras a una multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del artículo 245, de la ley de la materia. Los anteriores requerimientos tienen como finalidad cumplir con lo dispuesto en los artículos 1° y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que imponen a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, el deber de velar por el respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano; entre los que se encuentra el derecho público subjetivo que toda persona tiene -dentro de los plazos y términos que fijen las leyes y el cumplimiento de ciertas formalidades- para acceder de manera expedita, esto es, sin obstáculos, a la tutela jurisdiccional. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. De conformidad con los artículos 14, 21 y 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con la finalidad de garantizar un pronta y expedita administración de justicia, mediante la tramitación del presente asunto, a través el esquema de Juicio en Línea; y tomando en consideración que la Representación Social Federal adscrita a este órgano de control constitucional, se encuentra registrada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "****", y a su vez, habilitada para consultar el expediente electrónico y recibir notificaciones mediante esa misma vía, así como promover mediante el referido sistema de servicios en línea. En tal virtud, con apoyo en los artículos 17, de la Constitución Federal; y, 3, 5°, fracción IV, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención que legalmente le corresponde; para lo cual se instruye a los Actuarios, realicen la notificación del presente proveído, así como las subsecuentes que conforme al ordenamiento legal en consulta deban practicarse en forma personal a la representación social en cita, en forma electrónica a través del usuario "***". EXHORTACIÓN PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES. Se les invita a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expedidas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AUTORIDAD EN SU CARÁCTER DE RESPONSABLE O TERCERO INTERESADA. Se hace del conocimiento de las autoridades que conforme a una interpretación integral del artículo 26, fracciones II y III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones de los acuerdos de trámite de menor trascendencia que al efecto se dicten en este expediente se le practicarán por medio de la lista que al efecto se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, ello atendiendo a la jurisprudencia número 176/2012 de la décima época, consultable en la página 1253 del Libro XVI del mes de Enero de 2013, Tomo 2 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" que resulta aplicable por igualdad de razón, en la que se señala que atendiendo a la trascendencia que un proveído o resolución pueda tener en la secuela procedimental, el juzgador tiene la facultad de decidir la forma en la que deba comunicarse a las partes, entre ellas, cuando la autoridad tenga el carácter de responsable o tercero interesado, a quien también se le puede practicar comunicaciones por medio de lista; sin perjuicio de que si así lo considera este titular la notificación de tales acuerdos se realicen por oficio. TERCERO INTERESADO. Dada la naturaleza del acto no existe tercero interesado, por lo que se deja de proveer al respecto. PRUEBAS. Con fundamento en los numerales 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por admitida la documental que adjunta la parte quejosa en su escrito de demanda consistente en copia simple del escrito de respuesta número ****, de ocho de febrero de dos mil veintitrés, la cual se agrega al presente juicio al haberse presentado físicamente, sin perjuicio de obrar digitalizadas en el expediente electrónico, así como la presuncional en su doble aspecto legal y humana y la instrumental de actuaciones, las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, y que serán valoradas en el momento procesal oportuno. Por otra parte, respecto de la documental pública consistente en copia simple de la concesión de pensión expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y documental privada consistente en el original y anexos del escrito en el que solicitó a la responsable el pago de pensión, de las que hace mención, dígase que no ha lugar a admitirlas toda vez que no las exhibió en su escrito de demanda. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Gustavo Antonio Villanueva Cervantes, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Vistos, los oficios de cuenta firmados electrónicamente por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, por medio de los cuales informa que se admitió a trámite el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa por conducto de su autorizada, recayéndole el número 466/2023. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2º, glósense a los autos para que obren como correspondan, y se toma nota de lo informado por la superioridad; háganse las anotaciones en los libros electrónicos. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de julio de dos mil veintitrés.****************************************Vistos; ****************************************I. El estado de autos, en donde se advierte que la tramitación del presente juicio, aun no se encuentra regulado conforme lo dispuesto en los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós.****************************************II. El oficio signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada por ese tribunal en el amparo en revisión ********************, interpuesto por ********************, parte quejosa. Asimismo, devuelve el original del Juicio de Amparo Indirecto 265/2022, y uno tomo de pruebas.****************************************Ahora bien, de los puntos resolutivos de la ejecutoria en mención, se desprende lo siguiente: ****************************************"PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida.******************** SEGUNDO. Para los efectos precisados en el último considerando del presente fallo, la Justicia de la Unión ampara y protege a ********************por sí y como propietaria de la fuente de trabajo denominada comercialmente ********************, contra los actos que reclamó del actuario y de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en Comitán Domínguez, derivados del juicio laboral ********************, que precisados quedaron en el resultando primero de la presente sentencia." (SIC)****************************************Al efecto, se acuerda:****************************************En atención al punto I:**************************************** INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO.**************************************** Atendiendo a lo descrito en el punto I y tomando en consideración que en términos de los invocados numerales 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, la formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de En consecuencia, hágase del conocimiento de las partes, que para dar cumplimiento a dicha disposición, toda documentación recibida en el presente juicio vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas), a partir del presente proveído, constarán manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes).****************************************En consecuencia, hágase del conocimiento de las partes, que para dar cumplimiento a dicha disposición, toda documentación recibida en el presente juicio vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas), a partir del presente proveído, constarán únicamente en el expediente electrónico, no así en el expediente impreso.**************************************** Así, en términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico."****************************************INSTRUCCIÓN AL SECRETARIO ENCARGADO DEL EXPEDIENTE, OFICIAL JUDICIAL "A" Y ACTUARIOS ADSCRITOS.****************************************Se instruye al secretario de Jugado adscrito, que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes, a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; con las reformas del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a las utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo.**************************************** Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico.****************************************Por lo que hace al punto II, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos la comunicación de cuenta y se toma nota de lo informado por la Superioridad, háganse las anotaciones en los libros electrónicos.****************************************En relación al cuaderno de antecedentes, que se formó, no es necesario agregarlo en autos, dado que sus originales obran en el juicio; en consecuencia, se ordena su destrucción, glosándose a este juicio de amparo únicamente las actuaciones originales que obran en el mismo y acúsese recibo respectivo a la autoridad oficiante vía interconexión. ****************************************REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO****************************************Con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a las autoridades responsables Actuario y Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, para que, dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de que sea notificada del presente proveído, se sirva dar cumplimiento a la ejecutoria emitida por la superioridad, la cual concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los siguientes efectos:****************************************"1. Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral ********************, hasta el auto que admitió la demanda, única y exclusivamente, respecto de ********************por sí y como propietaria del ********************; y, en lo que concierne al diverso demandado ********************, deberá de dejar subsistente la diligencia de emplazamiento.****************************************2. Así, en ese mismo acto, deberá señalar nueva fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; por ende, ordene al actuario el emplazamiento a juicio de ********************por sí y como propietaria del ********************, observando las formalidades que prevé el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, entre ellas, cerciorándose que el lugar en el que se constituya para llevar a cabo dicha diligencia, es la casa o local en el que habita, trabaja o tiene su domicilio el representante de dicha demandada, lo que deberá corroborar con quien atienda la misma, o bien, con los vecinos del lugar; asimismo, entender la diligencia con ésta o su representante legal, o en su efecto, establecer los motivos por los cuales no se pueda entender con ella directamente.******************** ********************3. La reposición derriba todas las actuaciones respecto de ********************por sí y como propietaria del ********************; por lo que en cumplimiento a esta ejecutoria deberá dar participación activa en el procedimiento al codemandado ********************." (SIC)****************************************APERCIBIMIENTO********************Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término señalado, o de no manifestar el impedimento legal que tengan para ello, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.****************************************Además, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se dará inicio al incidente de inejecución de sentencia ante el Tribunal Colegiado de Circuito, quien de reiterar que existe incumplimiento, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico; sin perjuicio de su consignación ante un juez del orden penal.************************************************************NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA.****************************************Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Pedro Hernández Coyote, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    REGISTRO. Vista la demanda de amparo presentada en línea, promovida por ****, contra los actos del 1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO. La formación del expediente físico relativo al juicio de amparo, y en su caso, del incidente de suspensión que derive del mismo, únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." INSTRUCCIÓN AL SECRETARIO ENCARGADO DEL EXPEDIENTE, OFICIAL JUDICIAL "A" Y ACTUARIOS ADSCRITOS. Se instruye al secretario de Jugado adscrito, que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes, a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. TRÁMITE. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 1053/2023-VI y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente se duele de los siguientes actos reclamados: Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en específico el artículo 123, fracción VI, inciso a), de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Oficio 007.300.302./0723/2023, de ocho de febrero de dos mil veintitrés, como primer acto de aplicación. Ahora bien, respecto del acto precisado en el inciso a), consistente en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En tal virtud, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el arábigo 61, fracción I, de la Ley de Amparo. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de la norma legal que establece la causa de improcedencia invocada, la cual prescribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;." De la citada disposición se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La hipótesis de inejercicio de la acción de amparo establecida en ese precepto encuentra su fuente en la propia Ley Suprema, específicamente en su artículo 135, que estatuye: "Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas." La norma constitucional transcrita prevé que la Constitución Federal puede ser reformada o adicionada; que para que esas reformas o adiciones sean parte de la Carta Magna se requiere que el Congreso de la Unión por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes las acuerde; además, que sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México y que el propio Congreso o la Comisión Permanente, en su caso, realicen el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas. De lo expuesto se advierte que para poder reformar la Constitución General de la República el constituyente originario configuró un órgano específico, complejo y unitario, que se integra por el Congreso de la Unión y por las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, para que a través del procedimiento correspondiente acuerden la adición o reforma de sus disposiciones; asimismo, corresponde al propio Congreso o a la Comisión Permanente hacer el cómputo de los votos de las legislaturas y emitir la declaratoria de haber sido aprobadas esas adiciones y reformas. Así, cualquier vicio que ocurra durante la substanciación del proceso legislativo no puede separarse de su objeto, que es la aprobación y la declaratoria de reformas o adiciones a la Constitución Federal; por tanto, aquél no es susceptible de control jurisdiccional ya que lo encuentra en sí mismo, porque los órganos que en él intervienen no lo hacen en su carácter de órganos ordinarios constituidos, sino en su función extraordinaria de Órgano Reformador de la Constitución que constituye la expresión de la Nación en su conjunto; en ese sentido, realizan una función exclusivamente constitucional. Tales consideraciones fueron expuestas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria emitida en la controversia constitucional 82/2001, que dio origen a la jurisprudencia 39/2002, Tomo XVI, Septiembre de 2002, Novena Época, página 1136 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "PROCEDIMIENTO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL JURISDICCIONAL. De acuerdo con el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución no es susceptible de control jurisdiccional, ya que lo encuentra en sí mismo; esto es, la función que realizan el Congreso de la Unión, al acordar las modificaciones, las Legislaturas Estatales al aprobarlas, y aquél o la Comisión Permanente al realizar el cómputo de votos de las Legislaturas Locales y, en su caso, la declaración de haber sido aprobadas las reformas constitucionales, no lo hacen en su carácter aislado de órganos ordinarios constituidos, sino en el extraordinario de Órgano Reformador de la Constitución, realizando una función de carácter exclusivamente constitucional, no equiparable a la de ninguno de los órdenes jurídicos parciales, constituyendo de esta manera una función soberana, no sujeta a ningún tipo de control externo, porque en la conformación compleja del órgano y en la atribución constitucional de su función, se encuentra su propia garantía." En ese contexto, si de acuerdo con las consideraciones sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal Constitucional de la Nación el procedimiento de adiciones y reformas a la Constitución Federal no puede ser objeto de control jurisdiccional, en términos de lo prescrito por el numeral 135 de la propia Ley Suprema es inconcuso que el legislador secundario reflejó ese aspecto en el ordinal 61, fracción I, de la Ley de Amparo al estatuir que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, si en el caso la quejosa reclama el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en específico el artículo 123, fracción VI, inciso a), de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, es incuestionable que se actualiza la hipótesis de improcedencia establecida por el arábigo 61, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto al acto reclamado precisado en el inciso b), consistente en el oficio 007.300.302./0723/2023, de ocho de febrero de dos mil veintitrés, sobreviene la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. Los artículos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, respectivamente disponen: "Artículo 1o.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En principio, cabe señalar que la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, a diferencia de las que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio, sino que se relaciona con las causas que deriven de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. En ese contexto, los numerales 1º, fracción I y 5º, fracción II, de la ley de la materia, prevén que el juicio de amparo es procedente contra actos de autoridad, que vulneren derechos fundamentales, entendiendo por aquélla, la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que autoridad para efectos del juicio de amparo, es la persona que con fundamento en una norma legal puede emitir actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema estableció las siguientes notas distintivas de los actos de autoridad, a saber: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. Que emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las que actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, de tal suerte que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, la ley prevé los procedimientos o juicios ordinarios necesarios para resolverlas. La nota distintiva de las relaciones de coordinación es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o previstas por la ley. Las partes se colocan en el mismo plano, de tal suerte que los actos que surjan son de naturaleza "particular" y, por ende, el amparo resulta improcedente. En el caso que nos ocupa, la parte quejosa reclama el oficio 007.300.302./0723/2023, de ocho de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual da contestación al escrito en el cual solicitó información relativa a su pensión por viudez. En ese sentido, se deduce que la relación que existe entre la parte quejosa y la autoridad señalada como responsable, es de coordinación; es decir, de igualdad, y no de supra a subordinación, por lo que no se le puede considerar como autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior, en razón de que la solicitud que le formuló la quejosa, la realizó con su carácter de pensionada (asegurada) de dicha institución [Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Chiapas], en estricto sentido, a efecto de conocer aspectos relacionados con el pago de su pensión. De ahí que, ambas partes se encuentran en el mismo nivel, es decir, de coordinación entablada entre particulares en los que actúan en un mismo plano; precisamente, porque en esta instancia el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Chiapas, tiene el carácter de ente asegurador de la persona a quien concedió el informe detallado de pensión. Por tanto, aun cuando el acto reclamado ocasionara algún perjuicio a la quejosa, no es impugnable en esta vía, pues los Tribunales del Estado en materia laboral se les ha dotado entre otras facultades, las de conocer y resolver los conflictos como el que se suscita entre la aquí quejosa y el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas; en esa premisa, se itera, es evidente, que el acto reclamado no es proveniente de una relación de supra a subordinación. Sirve de apoyo por identidad jurídica, la jurisprudencia: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia." En consecuencia, la actuación del Instituto responsable no se encuentra revestida de imperio frente a la particular, porque el acto impugnado carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad, propias de un acto de autoridad. Por su parte, tampoco se actualiza la hipótesis a que se refiere la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 341/2015, de la que derivó la jurisprudencia 66/2016, que enseguida se transcribe: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." En efecto, en la ejecutoria condigna, el Alto Tribunal determinó que cuando un asegurado atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede de manera excepcional el juicio de amparo indirecto sólo contra dicha omisión, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición. Empero, contra la contestación respectiva no procede la demanda de amparo indirecto, sino que una vez que se tenga conocimiento de la misma, y de estimar que no se satisface su interés, la asegurada o beneficiaria deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 20, de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas y 94, de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas. Es aplicable, por analogía, la tesis VI.1o.A.54 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. NO PROCEDE ANALIZAR SI LA RESPUESTA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) A UNA SOLICITUD QUE SE LE FORMULÓ COMO ENTE ASEGURADOR, ES CONGRUENTE O NO CON LO SOLICITADO [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 66/2016 (10a.)]. El derecho de petición reconocido por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se conforma, a su vez, por diversos derechos que le dan contenido y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa, las cuales consisten en: I. Dar respuesta por escrito; II. Que ésta sea congruente con lo solicitado; y, III. Que se dé a conocer al particular en breve término. Sin embargo, tratándose de juicios de amparo promovidos por violación a ese derecho, ante la falta de respuesta a las solicitudes presentadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, como ente asegurador, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), de título y subtítulo: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR.", determinó que su única finalidad es obligar a la autoridad responsable a dar respuesta. Por tanto, el contenido de ésta no puede ser materia del juicio y, en consecuencia, no procede analizar si es congruente o no con lo solicitado." De ahí que, si la quejosa efectuó la petición en su carácter de asegurada, la respuesta recaída no puede ser analizada en vía constitucional, sino que deberá hacer valer sus derechos por la vía ordinaria laboral, ya que en este asunto, la actuación del referido Instituto carece de las notas que distinguen a un acto que debe considerarse como de autoridad para efectos del juicio de amparo. Ahora bien, se deja precisado que este fallo no se opone a la jurisprudencia 15/2019 sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, que se reproduce a continuación: "AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. SI EL QUEJOSO OPTÓ POR AMPLIAR SU DEMANDA EN CONTRA DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO, ES INNECESARIO AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD RESPECTO DE DICHO ACTO. Si en el juicio de amparo promovido originalmente por violación al derecho de petición la autoridad responsable emite respuesta durante su trámite y el quejoso opta por ampliar su demanda, derivado de la vista que el juzgador de amparo le dio con el informe con justificación, es innecesario agotar el principio de definitividad respecto de dicha respuesta, pues válidamente se pueden controvertir las violaciones a derechos humanos que el quejoso considere le causa el nuevo acto, las cuales deben analizarse como integrantes de la litis constitucional bajo los principios de concentración y economía procesal, previstos en el artículo 17 de la Constitución Federal. Este criterio halla su racionalidad en que, al tratarse de una ampliación de la demanda, el acto en contra del cual se extiende la acción de amparo era desconocido por el quejoso cuando promovió el juicio constitucional, máxime que la respuesta de la autoridad surge durante su trámite y tuvo conocimiento de ella con motivo de la exhibición del informe con justificación. De ahí que obligar a que se agote el principio de definitividad redundaría en un retardo injustificado en la impartición de justicia, porque el juzgador federal ya cuenta con los elementos necesarios para verificar la regularidad constitucional del nuevo acto reclamado; sin que lo anterior implique que el tribunal de amparo se encuentre impedido para decretar el sobreseimiento con base en la existencia de alguna otra causal de improcedencia del juicio distinta a la de no agotar el principio de definitividad, máxime cuando el estudio sobre la procedencia de la acción de amparo es de orden público." Es así, porque en el criterio transcrito se acotó que el tribunal de amparo no se encuentra impedido para decretar el sobreseimiento del juicio con base en la existencia de causales de improcedencia distintas a la de no agotar el principio de definitividad, como sucede en el caso, en que el motivo de inejercitabilidad que se configura, estriba en que la respuesta emitida por el Instituto señalado como responsable, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, por no encontrarse actuando en un plano de supra a subordinación, sino que tiene relación con prestaciones de seguridad social del asegurado, tal como determinó la Corte en las jurisprudencias 66/2016 y 134/2011, citadas previamente, que además, no fueron las tesis que contendieron en dicho precedente, por lo que no han quedado superadas, y al ser exactamente aplicables al caso, son de observancia obligatoria para este órgano de control constitucional, en términos del artículo 217, de la Ley de Amparo, e impiden resolver en sentido diverso al criterio plasmado en las mismas. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en los numerales 61, fracción XXIII, 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, resulta procedente desechar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, por lo que se refiere al acto descrito en el inciso b), del considerando segundo, por los motivos antes mencionados. De igual forma, no pasa inadvertido para esta juzgadora el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 111/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, septiembre de 2005; que dice: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva." Al respecto, de la tesis de jurisprudencia transcrita se deduce que el Alto Tribunal considera que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tiene el carácter de autoridad, en los casos en que el referido Instituto emite resoluciones mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión de algún beneficiario. No obstante, al margen del criterio orientador que antecede, válidamente se puede sostener que, en la hipótesis que nos ocupa, no nos encontramos ante una resolución en la cual se haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión de la ahora solicitante de amparo, todo lo contrario, en atención a lo solicitado por la quejosa, en su carácter de pensionada, el ente asegurador le proporcionó un informe detallado de su pensión. Por tanto, la naturaleza jurídica del aludido oficio no crea, modifica o extingue una situación jurídica de la asegurada pensionada. A mayor abundamiento, el informe por medio del cual la autoridad responsable comunicó a la quejosa sobre las cantidades que constituyen su pensión, no contiene decisión alguna que pueda irrogar algún perjuicio a la impetrante, habida cuenta que el resultado es meramente informativo y, respecto de erogaciones trasladadas al patrimonio de la peticionaria con anterioridad a su emisión, de ahí que no constituye una situación que modifique la esfera jurídica de la solicitante de amparo. De ahí que, en todo caso, la determinación que cause una afectación real y directa en la esfera jurídica del demandante, será aquella que haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión de la ahora solicitante de amparo; en razón de las anteriores consideraciones, se concluye que el acto reclamado en esta instancia constitucional no ocasiona un daño a la quejosa que derive en un perjuicio irreparable. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En ese orden de ideas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones I y XXIII, 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse las causas de improcedencia en estudio, procede es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA por notoriamente improcedente, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda. Se tienen como autorizados a ********************con las facultades amplias que refiere el numeral 12, de la Ley de Amparo, toda vez que tienen registradas sus cédulas profesionales. PARTE QUEJOSA PROPORCIONA CORREO ELECTRONICO Y NUMERO TELEFONICO. La parte quejosa proporciona correo electrónico y número telefónico, sin embargo, no puede considerarse como un medio de comunicación oficial; por tal motivo, se toma conocimiento de dichos datos únicamente como un medio para entablar comunicaciones no procesales con dicha autoridad. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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