Dionisio Rámirez Aguilar

Expediente 790/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
790/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
11/04/2022

Partes del expediente

  • Dionisio Rámirez Aguilar
  • María Inés Delgado Villanueva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el escrito de cuenta, que suscriben de manera conjunta BLANCA NEREIDA RUIZ SORIA, DIONISIO RAMÍREZ AGUILAR, MARÍA INÉS DELGADO VILLANUEVA, EUSTAQUIO GONZÁLEZ CEJA, JOSÉ MANUEL CAMPOS GARCÍA, SERGIO AGUSTÍN BAÑALES GONZÁLEZ, JOSÉ DE JESÚS CELIS URIBE, JULIO ALEJANDRO GARCÍA GARCÍA, NABOR FLORES ROMANO, MARÍA TERESA CAVAZZANI CAMACHO, TERESA DE JESÚS PARRA CORDERO, ROSALÍO RAMÍREZ BRISEÑO, SILVIA ACOSTA LÓPEZ, DAVID VILLA HERNÁNDEZ, ANGELINA MEJÍA ESQUIVEL y ELVIA YADIRA RAMOS MARES, y anexo que acompañan, a través del cual dan cumplimiento a lo requerido por este Juzgado de Distrito mediante proveído de veinticinco de marzo del año en curso. Luego, del análisis de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio de la misma, se advierte que la referida demanda es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, ello en virtud de que deben analizarse de manera preferente las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, el cual dispone: ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Por su parte, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley. El diverso numeral 107, fracción IV, de ese ordenamiento legal, dispone: Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordena el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; De la disposición legal transcrita se advierte que el juicio de amparo indirecto procede en los casos siguientes: 1) Contra actos ejecutados fuera de juicio, como lo son los actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; 2) Contra actos ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que realizados con posterioridad a la sentencia ejecutoria están encaminados a hacer posible o a preparar la ejecución; supuesto del que se derivan las hipótesis siguientes: a) Cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo indirecto contra la última resolución dictada en ese procedimiento de ejecución, en el que pueden reclamarse todas las violaciones que se hubieren cometido durante ese procedimiento; y b) Tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Ahora, la parte quejosa se duele del acto que hace consistir en el proveído emitido el diecisiete de junio de dos mil veintiuno dentro del expediente laboral 67/2006, dictado por la autoridad responsable, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, mediante el cual determinó tener por cumplidas las prestaciones económicas a las que fue condenada la parte demandada en el periodo de ejecución dentro del laudo dictado dentro de dicho juicio laboral. Luego, del escrito aclaratorio de cuenta y de sus anexos se advierte que los aquí quejosos son parte actora en el juicio laboral 67/2006 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit y que el quince de mayo de dos mil quince se dictó el laudo en el citado juicio laboral, en el cual en su resolutivo segundo se condenó al Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit a reconocer su puesto de base y otorgar el nombramiento a los aquí quejosos, así como en el resolutivo quinto a pagar las prestaciones reclamadas en su demanda bajo los incisos c, d, e y f. Asimismo, se advierte que en su escrito aclaratorio refieren que la autoridad señalada como responsable únicamente tuvo por cumplida las prestaciones señaladas en los incisos c, d y e respecto de algunos trabajadores Por lo que se coligue, que el acto reclamado consistente en el proveído de diecisiete de junio de dos mil veintiuno dictado dentro del expediente laboral 67/2006, por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, es un acto emitido dentro del periodo de ejecución de laudo, y que los quejosos no son personas terceras extrañas al juicio natural, pues fueron parte actora en el referido juicio en el cual fue condenado el Ayuntamiento Constitucional de Tepic. En ese sentido, cabe decir que la parte quejosa no pueda ser considerada como tercera extraña en el juicio de origen. Hecha la precisión anterior, es necesario señalar que tratándose de actos de ejecución de sentencias, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento correspondiente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución. Tal exigencia como presupuesto de procedencia de la vía biinstancial, de que para impugnar los actos dictados en un procedimiento de ejecución se realice a través de la última resolución emitida en dicho procedimiento, tiene como finalidad evitar que se abuse de la promoción de juicios de amparo. Es aplicable la tesis 2.VIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 230, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. Asimismo, es aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 32/2001, con registro 190035, consultable en la página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO, SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. Así como la jurisprudencia VI.2.C. J/6 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1515, del Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. En consecuencia, al resultar evidente la improcedencia de la demanda de amparo promovida, atento a que, la única hipótesis en la que el amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia es procedente, es aquella en la que la parte quejosa promueve el juicio de amparo como tercero extraño a juicio, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de la Materia; supuesto legal que no se da en la especie, como quedó precisado en párrafos que anteceden. En las condiciones anotadas, lo procedente es DESECHAR DE PLANO POR SU MANIFIESTA, NOTORIA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo promovida por BLANCA NEREIDA RUIZ SORIA, DIONISIO RAMÍREZ AGUILAR, MARÍA INÉS DELGADO VILLANUEVA, EUSTAQUIO GONZÁLEZ CEJA, JOSÉ MANUEL CAMPOS GARCÍA, SERGIO AGUSTÍN BAÑALES GONZÁLEZ, JOSÉ DE JESÚS CELIS URIBE, JULIO ALEJANDRO GARCÍA GARCÍA, NABOR FLORES ROMANO, MARÍA TERESA CAVAZZANI CAMACHO, TERESA DE JESÚS PARRA CORDERO, ROSALÍO RAMÍREZ BRISEÑO, SILVIA ACOSTA LÓPEZ, DAVID VILLA HERNÁNDEZ, ANGELINA MEJÍA ESQUIVEL y ELVIA YADIRA RAMOS MARES, en atención a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el oficio de cuenta, por medio del cual el Actuario del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, remite testimonio autorizado de la resolución pronunciada dentro del recurso de queja 608/2021 de su índice, así como un legajo de copias certificadas relativas al juicio de amparo 790/2021 de la estadística de este juzgado; en consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, acúsese recibo de estilo a la Superioridad y hágase saber a la parte quejosa, que el Tribunal de referencia declaró fundado el recurso de queja; y ordenó a este Juzgador proveer lo conducente en relación con la demanda; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Luego, tomando en consideración que es necesario economizar espacio en el área destinada para el archivo de este Juzgado Federal, procédase a su destrucción de las copias certificadas relativas al juicio de amparo en que se actúa, formadas con motivo del citado medio de impugnación, al resultar innecesaria su conservación. Ahora, antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la referida demanda, con fundamento en el artículo 114, en relación con los numerales 108 y 110, todos de la Ley de Amparo, mediante notificación personal, requiérase a la parte quejosa para que dentro del improrrogable plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, aclare lo siguiente: ? Precise cuáles fueron las prestaciones económicas y otras prestaciones a las que fue condenada la parte demandada, Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, por la autoridad responsable, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, en el expediente laboral 67/2006, debiendo transcribir sus puntos resolutivos o en su defecto, exhibir copia del laudo respectivo. ? Señale cuáles prestaciones económicas tuvo por cumplidas la citada autoridad responsable mediante el auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno (que aquí reclama), a las que fue condenada la parte demandada en el expediente en mención. Aclaraciones que resultan necesarias a efecto de estar en posibilidad de proveer respecto de la procedencia o improcedencia de la demanda de amparo en estudio, precisar la litis constitucional y, en su caso, estar en oportunidad de requerir a las autoridades responsables del informe de ley; en la inteligencia de que deberá adjuntar las copias suficientes de su escrito aclaratorio y en su caso de los documentos que anexe, para estar en condiciones de correr traslado a las partes. En el entendido que en caso de no dar cumplimento con los requerimientos contenidos en el presente auto dentro del término señalado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Resulta pertinente señalar que el cumplimiento que al efecto dé la parte quejosa, deberá realizarse "bajo protesta de decir verdad", y que en caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados, incurrirá en la comisión del delito previsto por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y ." Es aplicable a lo anterior la tesisI.15o.A.28 K, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Materia Común, Página 2613, Tomo XXVI, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". En la inteligencia que la parte promovente deberá acompañar las copias necesarias de su escrito aclaratorio para emplazar a las partes, a efecto de ser distribuidas entre las mismas; cuestión anterior, que rige en forma absoluta en el supuesto de que la materia de la aclaración o el cumplimiento de la prevención constituyan elementos que deban ponerse en conocimiento directo de las demás partes del juicio constitucional al correrles traslado del libelo inicial, como en el caso ocurre ante la irregularidad que fue apuntada con antelación, para darles oportunidad a tales partes de que produzcan en forma adecuada y oportuna su defensa. Resulta aplicable, por analogía la jurisprudencia por contradicción de tesis número 9/2000, que emitió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setenta y nueve, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ?? "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo". Asimismo, apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 8/2017, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo I, mayo dos mil diecisiete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro que dice: "COPIAS DE TRASLADO. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO O LOS RECURSOS DE REVISIÓN O DE QUEJA, POR NO DESAHOGARSE EN TÉRMINOS EL REQUERIMIENTO PREVIO PARA SU ENTREGA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta remitido vía electrónica por la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se remitieron copias certificadas del presente juicio de amparo, e informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Iliana Escobedo Corona, en su carácter de autorizada de la quejosa BLANCA NEREIDA RUIZ SORIA y otros, en contra del proveído de catorce de julio de dos mil veintiuno; correspondiéndole el número 608/2021 de su índice. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del Secretario, del Director General de Ingresos y del Recaudador de Rentas, todos adscritos a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, solicita se requiera a la parte quejosa, a efecto de que proporcione el registro federal de contribuyentes con homoclave expedida por el Servicio de Administración Tributaria, estado de cuenta con clabe interbancaria de una institución bancaria nacional, copia de la credencial de elector y comprobante de domicilio; en el entendido de que lo anterior deberá estar a nombre de la parte quejosa; lo anterior, a efecto de dar cumplimiento al fallo protector emitido en autos. Atento a lo anterior y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, requiérase al quejoso CARLOS RODRÍGUEZ ROBLES,, para que dentro del término de tres días justifique ante este Juzgado, que compareció ante la autoridad que se indica en el oficio de cuenta, y proporcionó los datos solicitados, a efecto de que la citada autoridad esté en condiciones de acatar la ejecutoria de amparo pronunciada en autos; ello es así, toda vez que la observancia de las sentencias de amparo son de orden público; por tanto, deberán cumplirse inmediatamente por las autoridades, pero como en este caso, ese cumplimiento depende en parte, de la quejosa, entonces ante esa vinculación, también debe sujetarse al procedimiento que señala la Ley de la Materia para ese efecto; apercibida que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se procederá en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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