Dionisio Perez Marcos
Expediente 1289/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 9 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1289/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 09/05/2017
Partes del expediente
- Dionisio Perez Marcos
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, nueve de mayo de dos mil diecisiete. Desahogo de prevención y admisión. Vista la certificación de cuenta marcada en el inciso a), y toda vez que ya transcurrió el plazo para el desahogo de la prevención formulada en proveído de seis de abril de dos mil diecisiete; se hace efectivo el apercibimiento formulado, por lo que con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; en los diversos numerales 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117, y demás relativos de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 2/2017, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete; se admiten a trámite las demandas de amparo promovida por la parte quejosa, respecto del acto reclamado consistente en el artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete. Separación de juicios. Ahora, es preciso señalar que en el punto Primero del Acuerdo General 2/2017, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, se estableció lo siguiente: ".PRIMERO. Los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, conocerán del trámite, resolución y cumplimiento de las sentencias de los juicios de amparo en los que se señale como acto reclamado, entre otros, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017; la Ley de Hidrocarburos; el Acuerdo que establece el precio máximo de la gasolina, y el Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel, previsto en el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos en mención." De igual manera, es pertinente mencionar que mediante oficio SECNO/COCAR/728/2017 de siete de abril de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, dio respuesta a la consulta formulada por este órgano jurisdiccional en los términos siguientes: "De la normativa que antecede no se advierte que en la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se fijen reglas para que los precios al público de las gasolinas y el diésel se determinen bajo condiciones de mercado durante 2017 y 2018. En consecuencia, es dable concluir que las demandas de amparo en las que se reclamen, por vicios propios, algún tema relacionado con la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, si no guarda relación con las reglas para que los precios al público de las gasolinas y el diésel se determinen bajo condiciones de mercado durante 2017 y 2018, no deben turnarse a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México." De las transcripciones que anteceden, se advierte que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó mediante el Acuerdo 2/2017 mencionado, que este órgano jurisdiccional es competente para conocer de los juicios de amparo en los que se señale como acto reclamado, entre otros, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil diecisiete; la Ley de Hidrocarburos; el Acuerdo que establece el precio máximo de la gasolina, y el Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel, previsto en el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos en mención. Asimismo, se desprende que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que en las demandas de amparo en las que se reclame, por vicios propios, algún tema relacionado con la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, sólo corresponderá conocer de tales demandas a este órgano jurisdiccional cuando guarden relación con las reglas para que los precios al público de las gasolinas y el diésel se determinen bajo condiciones de mercado durante dos mil diecisiete y dos mil dieciocho. Ahora bien, conviene precisar que del análisis realizado a los escritos iniciales de demanda se desprende que la parte quejosa reclama, entre otros actos, la emisión y ejecución de: ".LA DISCUSIÓN, APROBACIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (IEPS) APROBADAS EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, PUBLICADA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO." Atento a lo anterior, el suscrito considera que las hipótesis normativas de la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios reclamadas por la parte quejosa en este asunto, no guardan relación con las reglas para que los precios al público de las gasolinas y el diésel se determinen bajo condiciones de mercado durante dos mil diecisiete y dos mil dieciocho; en consecuencia, procede DECRETAR DE OFICIO LA SEPARACIÓN DE JUICIOS. En razón de lo anterior, remítase copia certificada de las demandas de que se trata, para dar trámite al reclamo que se formula en lo referente a la inconstitucionalidad de las hipótesis normativas relativas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; a: De los autos del juicio de amparo 272/2017, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan; De los autos del juicio de amparo 281/2017, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan; De los autos del juicio de amparo 288/2017, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica; De los autos del juicio de amparo 289/2017, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica; De los autos del juicio de amparo 290/2017, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica. Lo anterior, a fin de que las turnen a los juzgados que corresponda conocer, para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número P./J. 78/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 117, Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a septiembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, que reza: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia." Audiencia constitucional. Se señalan las DOCE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, para llevarla a cabo. Incidente de suspensión. Con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión. Actos Reclamados. Con la finalidad de garantizar la debida integración de la litis en este juicio de amparo, que permita la completa impartición de justicia, en términos del derecho humano reconocido en el artículo 17, segundo párrafo, constitucional, con independencia de los actos enunciados como reclamados en el capítulo correspondiente de la demanda y, en su caso, desahogo de prevención o ampliación, se tienen como actos reclamados los siguientes: La omisión de aplicar lo dispuesto en el artículo 28 constitucional, esto es, de formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país, particularmente, de no fijar los precios del combustible denominado gasolinas. La Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil diecisiete, la Ley de Hidrocarburos, el Acuerdo que establece el cronograma de Flexibilización de precios de gasolinas y diésel publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, el Acuerdo que establece el precio máximo de las gasolinas difundido en el citado medio de comunicación oficial el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, entre otros. Lo anterior, en el entendido de que el contenido de los ordenamientos reclamados sólo se refiere a aquellas porciones normativas relativas a la temática de precios al público de las gasolinas y diésel. Asimismo, tratándose de aquellos actos que no se encuentren relacionados con los indicados en líneas precedentes, su resolución por razón de competencia, estará sujeta a lo determinado en las consultas formuladas por este órgano jurisdiccional ante el Consejo de la Judicatura Federal. Autoridades Responsables. A efecto de integrar debidamente este sumario constitucional y atendiendo la litis planteada se tiene con el carácter de autoridades responsables a las siguientes: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretario de Energía; Secretario de Economía; Comisión Federal de Competencia Económica; Comisión Federal de Mejora Regulatoria; Comisión Nacional de Hidrocarburos; y, Comisión Reguladora de Energía. Director General de Petróleos Mexicanos. Lo anterior, en virtud de su intervención, en el ámbito de sus respectivas competencias, en la emisión de los actos reclamados y con la finalidad de garantizar el derecho humano a una pronta impartición de justicia reconocido en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, sin perjuicio de emplazar a las diversas autoridades responsables señaladas por la parte quejosa en el escrito de demanda. Informes Justificados. Pídase el informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán de rendirlo dentro del plazo de quince días, contados a partir del momento en que queden notificadas de este auto y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa; es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. En el entendido que de acuerdo con el tercer párrafo del artículo 117 de la ley de la materia, los informes rendidos fuera de los plazos establecidos, sólo podrán ser tomados en cuenta si la parte quejosa estuvo en posibilidad de conocerlos. Ahora bien, en dicho informe deberán indicar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, al que acompañarán copias certificadas (debidamente foliadas, rubricadas, entreselladas y signadas por funcionario público facultado para dicho cotejo), completas y legibles de la totalidad de las constancias para acreditar su dicho, así como aquellas que, en su caso, tuvieran relación con el asunto. Copias de traslado. De ser el caso se les remitirá únicamente la copia del primer escrito de demanda, toda vez que es de idéntico contenido a las demás que integran este expediente. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no rendir su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia, se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario; asimismo, en el caso de no rendir el informe con justificación que se les requiere, o lo hagan sin remitir copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, al momento de resolver este juicio, se les impondrá una multa a la cantidad que resulte equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del ordinal 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, el veintiocho de enero siguiente. Requerimiento de constancias sobre la actualización de causal de improcedencia. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que, en el supuesto de que conocieren de alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, apercibidas que de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa a la cantidad que resulte equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, de conformidad con el artículo 251 de la ley de la materia. Representación del Presidente. De conformidad con lo preceptuado por los artículos 9 y 25 de la Ley de Amparo, así como en el artículo segundo, fracción XVI, numeral 1, del "ACUERDO GENERAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS A QUE SE SUJETARÁ LA REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN TODOS LO TRÁMITES PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en el que se precisan las dependencias y entidades a las que se les otorga la representación presidencial en todos los trámites ahí referidos, y vista la naturaleza de los actos que se reclaman en este asunto, notifíquese este proveído, así como los subsecuentes que deban comunicarse por oficio a la autoridad responsable denominada Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto del Secretario de Hacienda y Crédito Público. Intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la Adscripción. Dése intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, e infórmese a dicha representación social, que el archivo electrónico que contiene los escritos iniciales de demanda, queda a su disposición en el SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES 2.0 (SISE 2.0), el cual podrá consultar a través de su Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE). Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas de las quejosas las que mencionan en sus escritos de demanda, sin perjuicio de relacionarlas en el momento de la celebración de la audiencia constitucional. Cotejo y Compulsa. Por otra parte, de ser el caso, procédase a realizar el cotejo, certificación y compulsa únicamente de las documentales que en original y/o copia certificada se ofrecen con las copias simples que para tal efecto se exhiben y, hecho lo anterior, agréguense al incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, para los efectos legales procedentes. Notificaciones por lista. Vistos los exhortos registrados con folios 21611, 23391 Y 23978, desahogados por los Juzgados Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan y Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica, por medio de los cuales devuelven diligenciados los exhortos 105/201775/2017 (116/2017), respectivamente, de su índice, derivado de los diversos 710/2017 y 711/2017, librados en el juicio de amparo en que se actúa, a efecto de que los órganos jurisdiccionales exhortados, en auxilio a la labores de este juzgado, notificaran el proveído de seis de abril de dos mil diecisiete a la quejosa, a través de quien legalmente lo representa, en el domicilio proporcionado para tal efecto y lo requiriera para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, vista la certificación de cuenta marcadas en los inciso b) y d) y el estado procesal de autos, se advierte que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de seis de abril de dos mil diecisiete, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, feneció sin que a la fecha haya desahogado el requerimiento de mérito. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado al respecto y con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente proveído y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, situación que prevalecerá hasta en tanto señale domicilio en esta Ciudad para ese efecto. Notifíquese; y, por medio de lista a la parte quejosa.
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