Dionisio Floriberto Venegas

Expediente 716/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
716/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
11/04/2022

Partes del expediente

  • Dionisio Floriberto Venegas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    En la Ciudad de México, once de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que venció el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para impugnar el pronunciamiento de once de marzo de dos mil veintidós; sin que se haya realizado, por lo tanto, se declara consentido el auto que declaró cumplida la ejecutoria de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a once de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las manifestaciones vertidas por la autoridad responsable, en el sentido de haber dado cumplimiento al fallo protector, sin que a la fecha lo hubiese hecho; en ese tenor, el suscrito procede a acordar lo conducente, con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por las responsables en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se impone destacar que el amparo y la protección de la justicia federal, se otorgó para los efectos siguientes: "Por lo tanto, el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios deberá dejar insubsistente el oficio reclamado, desvincular de la esfera jurídica del quejoso los preceptos reclamados y, en su lugar, de no advertir alguna irregularidad o causa diversa de improcedencia en cuanto a los requisitos de la solicitud del quejoso, le otorgue la autorización sanitaria respecto de las sustancias y para los efectos a los que se ha hecho referencia en párrafos anteriores, en el entendido de que corresponderá a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho aquí reconocido, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución. Lo anterior puede lograrse, por ejemplo, a través del otorgamiento de permisos especiales y/o tenedores legales con los controles administrativos conducentes, garantizando siempre que la adquisición de la semilla por el quejoso se materialice bajo el amparo de la ley y asegurando a todos los terceros que participen en ella que su conducta se encuentra ajustada a derecho. De tal forma que, la presente sentencia no constituye por sí misma la autorización para llevar a cabo el consumo personal de marihuana ni de los actos para materializarlo, pues la autorización respectiva se otorgará por la autoridad responsable Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que, una vez firme, debe dar cumplimiento a este fallo. Además, la autorización que se expida no comprenderá el consumo personal en lugares públicos, ni su uso en perjuicio de menores, ni tampoco deberá permitir que se expida autorización a favor del quejoso para llevar a cabo actos de comercio ilícito o narcotráfico, suministro gratuito o cualquier acto que no tenga relación con el consumo personal de marihuana por adultos en espacios privados.??????? Tampoco implica la autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refieran a la importación, enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros. En ese sentido, este derecho no podrá ser ejercido frente a menores de edad, ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización, asimismo, no podrá conducirse vehículos bajo el influjo de dicha sustancia. Asimismo, la autorización que de ser el caso otorgue la autoridad, tendrá que observar los controles administrativos conducentes y limitarse al consumo estrictamente personal del quejoso. De esta forma, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, las obligaciones de las autoridades responsables consisten en: a) Dejar insubsistente el oficio reclamado, b) Desvincular de la esfera jurídica del quejoso los preceptos reclamados: 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 47, último párrafo, y 248, de la Ley General de Salud c) Otorgar la autorización sanitaria respecto de las sustancias y para los efectos a los que se ha hecho referencia en párrafos anteriores, en el entendido de que corresponderá a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho aquí reconocido, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución. Al respecto, por oficio recibido el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva, en representación de las autoridades responsables Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas y del Comisionado, todos, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, remitió copia certificada del diverso oficio COFEPRIS-CAS-DEREPSQ- 2093-2022 de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, (fojas 157 a 160), emitido por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, en el que emitió la autorización sanitaria para "sembrar, cultivar, cosechar, preparar, acondicionar, poseer y transportar, asimismo, para la adquisición de la semilla cannabis (sativa, índica y americana), sin que ello implique la realización de actos de importación, comercio, suministro o algún otro inherente a la enajenación o distribución de la misma, ni tampoco la transmisión de su propiedad de forma gratuita; de acuerdo a los términos establecidos en la ejecutoria de amparo. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con las cuales se dio vista a la quejosa en proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, sin que a la fecha, el quejoso haya realizado manifestación alguna, a pesar de haber sido debidamente notificado vía electrónica el tres de marzo del año en curso. No pasa inadvertido que la responsable no haya realizado pronunciamiento respecto a lo precisado en el inciso a), esto es, dejar insubsistente el oficio reclamado, pues esto no significa que no se haya atendido dicho efecto, toda vez que cuando una sentencia que establece la inconstitucionalidad de un acto no está supeditada a que la??????? autoridad responsable realice alguna declaratoria formal sobre la ineficacia del mismo, sino que el acto deja de surtir efectos legales desde que se pronuncia la ejecutoria correspondiente, por ende resulta innecesario que se declare de manera expresa la insubsistencia del oficio reclamado, así como desvinculación de la esfera jurídica de lo precisado en el inciso b), por ser una consecuencia inmediata y directa del fallo que evidenció su inconstitucionalidad. En este orden de ideas, este órgano judicial determina que han sido colmados los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que la autoridad responsable hayan incurrido en exceso o defecto, por lo tanto, con fundamento en los artículos 192, 196 y 214 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la representante de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas y Comisionado Federal de la Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a través del cual, exhibe la documental con la que pretende acreditar el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y anexo, se da vista a la parte quejosa en el presente juicio, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con las manifestaciones que vierte la autoridad oficiante de haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, apercibida que en caso de no hacerlo así, este Juzgado de Distrito en el momento procesal oportuno, procederá a hacer el pronunciamiento respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tomando en cuenta los elementos que obren en el expediente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente. INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)(No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243.). Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a ocho de febrero de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo número 716/2021-VII, promovido por Dionisio Floriberto Venegas, por propio derecho, y al efecto remite copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada en el toca número R.A.340/2021, por el citado tribunal, mediante sesión celebrada vía videoconferencia de veintiuno de enero de dos mil veintidós. Se hace del conocimiento de las partes que la superioridad resolvió lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a DIONISIO FLORIBERTO VENEGAS, respecto el acto, por las razones expuestas y para los efectos precisados en el último considerando de la sentencia que se revisa." Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°, se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes. Acúsese el recibo de estilo correspondiente vía interconexión, y previo al presente proveído, glósense las constancias originales que obren en el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión de los presentes autos, para la substanciación de la alzada en el estado que actualmente se encuentre. Ahora, en atención a lo resuelto por la superioridad, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para los siguientes efectos: "., se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal únicamente en relación con el acto de aplicación a través del cual se negó su solicitud. Por lo tanto, el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios deberá dejar insubsistente el oficio reclamado, desvincular de la esfera jurídica del quejoso los preceptos reclamados y, en su lugar, de no advertir alguna irregularidad o causa diversa de improcedencia en cuanto a los requisitos de la solicitud del quejoso, le otorgue la autorización sanitaria respecto de las sustancias y para los efectos a los que se ha hecho referencia en párrafos anteriores, en el entendido de que corresponderá a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho aquí reconocido, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución. Lo anterior puede lograrse, por ejemplo, a través del otorgamiento de permisos especiales y/o tenedores legales con los controles administrativos conducentes, garantizando siempre que la adquisición de la semilla por el quejoso se materialice bajo el amparo de la ley y asegurando a todos los terceros que participen en ella que su conducta se encuentra ajustada a derecho. De tal forma que, la presente sentencia no constituye por sí misma la autorización para llevar a cabo el consumo personal de marihuana ni de los actos para materializarlo, pues la autorización respectiva se otorgará por la autoridad responsable Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que, una vez firme, debe dar cumplimiento a este fallo. Además, la autorización que se expida no comprenderá el consumo personal en lugares públicos, ni su uso en perjuicio de menores, ni tampoco deberá permitir que se expida autorización a favor del quejoso para llevar a cabo actos de comercio ilícito o narcotráfico, suministro gratuito o cualquier acto que no tenga relación con el consumo personal de marihuana por adultos en espacios privados. Tampoco implica la autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refieran a la importación, enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros. En ese sentido, este derecho no podrá ser ejercido frente a menores de edad, ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización, asimismo, no podrá conducirse vehículos bajo el influjo de dicha sustancia. Asimismo, la autorización que de ser el caso otorgue la autoridad, tendrá que observar los controles administrativos conducentes y limitarse al consumo estrictamente personal del quejoso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se REQUIERE al DIRECTOR EJECUTIVO DE REGULACIÓN DE ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, para que en el término de DIEZ DÍAS contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a lo precisado en el párrafo que antecede. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al TITULAR DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, para que en su calidad de superior jerárquico de la autoridad referida, la conmine a cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del término de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la directa responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos y forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a su titular multa por cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.

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