Dionisio Castillo Manilla
Expediente 507/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 1 actuación registrada, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 507/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Dionisio Castillo Manilla
Actuaciones
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México y otras autoridades con sede en esta ciudad, por trasgresión que estima del artículo 4 Constitucional. ADMISIÓN DE DEMANDA Y REGISTRO Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 2°, 33, fracción IV, 107, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la presente demanda de garantías; en consecuencia, regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 507/2019-I-D. INTERVENCIÓN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción XV, de la Carta Magna y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, téngase como parte en el presente juicio de amparo al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por lo tanto, con copia de la demanda que se provee, désele la intervención que legalmente le corresponde. SUSPENSIÓN DE PLANO Dado que el promovente reclama la negativa de bridar diversos tratamientos e incluso cirugía respecto del padecimiento diagnosticado como peritonitis, quien aduce se encuentra internado en el Hospital 06 del Instituto Mexicano del Seguro Social de esta ciudad, asimismo, agrega que fue informado por parte del personal de dicho nosocomio que no podía ser atendido porque había sido dado de baja como derechohabiente desde el mes de julio del año en curso; al encontrarse inmerso el derecho a la salud, derecho fundamental que el Estado está obligado a garantizar, de conformidad con lo establecido en los numerales 4, párrafo cuarto, 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al encontrarse reunidos los requisitos a que se refieren los artículos 8, 125 y 126 de la Ley de Amparo vigente, se decreta la suspensión de plano del acto reclamado. Medida suspensional que se concede para el efecto de que la autoridad responsable, en el ámbito de sus atribuciones, disponga lo necesario a fin de que, de acuerdo con el estado de salud del quejoso ..., se le brinde la atención médica que requiera, así como el tratamiento oportuno que amerite su padecimiento y se le suministren los medicamentos básicos que, de ser el caso, necesite; esto es, que sean apropiados médica y científicamente conforme a la prescripción y valoración médica que se efectúe al quejoso por personal capacitado y experto en medicina por parte de la institución responsable; de ahí que, ello deberá determinarse al proveer la atención médica ordenada en la que se precisen los procedimientos exactos que corresponde aplicar; ello, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el presente juicio de garantías. Cobra aplicación a lo anterior, en lo conducente, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Constitucional, página 112, que dice: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4o., párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en: a) la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Deriva de lo anterior, que se encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud, el que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos." De igual forma ilustra a lo determinado la tesis aislada 2a. LVII/2019 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, página 420, Materias Constitucional y Administrativa, que dice: "DERECHO A LA SALUD. EN MATERIA DE SALUD MENTAL, EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DEBE GARANTIZARSE SIN DISCRIMINACIÓN. En atención a los deberes previstos por el artículo 1o., párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los más altos estándares internacionales, se advierte que la obligación progresiva del derecho a la salud relativa al suministro de medicamentos implica, por lo menos, otorgarlos sin discriminación para todas las personas en general y, en particular, a los grupos vulnerables. Esta obligación no conlleva que cualquier medicamento que se solicite deba ser suministrado, sino que una vez que se decide que un medicamento es parte del cuadro básico, el Estado no puede negar de manera regresiva estos medicamentos a quien los requiera ni otorgarlos de forma discriminatoria. Por otro lado, derivado del deber de otorgarlos sin discriminación, para que una autoridad pueda válidamente excluir a un grupo de personas de la prestación de un servicio fundamental para la debida protección de la salud, no basta con que refiriera a preceptos jurídicos genéricos, sino que debe evidenciar en forma contundente que tal distinción tiene fundamento legal o que la diferencia en el trato y el servicio tiene un sustento objetivo y racional, pues de lo contrario es discriminatoria." También, apoya lo expuesto por las razones que la informan, la tesis aislada I.18o.A.33 K (10a.), sustentada por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el cinco de julio de 2019, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBE DECRETARSE DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA SALUD Y PRECISARSE CON EXACTITUD SUS EFECTOS, LOS CUALES DEBEN INCLUIR LA ATENCIÓN MÉDICA DEBIDA Y URGENTE REQUERIDA. El derecho mencionado, tutelado por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conlleva, entre otras, la obligación del Estado de brindar los servicios y prestaciones para garantizar el más alto nivel de protección a la salud de las personas (mediante atención médica, tratamiento, medicamentos, rehabilitación, otorgamiento de licencias médicas, etcétera). Por tanto, cuando en el amparo indirecto se reclame la omisión de otorgar los servicios médicos para el tratamiento de una enfermedad que pone en peligro la vida del quejoso, debe decretarse la suspensión de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y los efectos de esa medida deben precisarse con claridad, a fin de vincular a la autoridad a proporcionar la atención médica debida y urgente requerida, así como al seguimiento y comunicación exacta de los procedimientos que se deben aplicar, junto con los medicamentos y tratamiento necesarios e, incluso, las licencias médicas que legalmente procedan, para garantizar plenamente el derecho a la salud." INFORME A LA SUSPENSIÓN DE PLANO Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que deberán acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad y deberán informar a este juzgado de Distrito dentro del término de veinticuatro horas las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan; en la inteligencia de que dicho informe debe rendirse en este cuaderno principal y no sustituye al informe justificado que también debe emitirse. SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO DECRETADA Se hace del conocimiento de las indicadas autoridades responsables que la trasgresión de este mandamiento, traerá como consecuencia la aplicación de las sanciones a que se refiere el artículo 262 de la ley de la materia. DILIGENCIA DEL ACTUARIO ADSCRITO Se instruye al Actuario adscrito a este Juzgado Federal, para que de inmediato se constituya en las instalaciones del Hospital 06 del Instituto Mexicano del Seguro Social de esta ciudad, en busca de ..., a fin de que le notifique el presente proveído. Además, y para el evento de que no se localice al directo quejoso, el actuario de la adscripción deberá requerir a dicha autoridad responsable a efecto de que le informe si tiene conocimiento de él y, en su caso, le indique el lugar al que fue remitido. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que se estime necesario ordenar la apertura del incidente de suspensión, atento a que se concedió la suspensión de plano del acto reclamado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En términos de lo establecido en el primer párrafo del artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las nueve horas con diez minutos del veintiuno de enero de dos mil veinte, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a las autoridades responsables, el cual podrá ser rendido por escrito o medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva. De acuerdo con lo preceptuado en el numeral 117, párrafo quinto, de la ley de la materia, requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado, remitan copia certificada, legible, completa y ordenada en forma secuencial, de las constancias que obran en el expediente de donde deriva el acto reclamado, atento a que son necesarias para resolver el presente asunto, o en su caso, manifieste el impedimento legal que le asista para no hacerlo. SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO EN LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO Apercibidas que de no rendir el informe justificado, o lo hicieren sin remitir las constancias relativas, amén de que en aquél caso se presumirá cierto el acto aquí reclamado, en términos del párrafo cuarto del citado precepto, se impondrá en su contra una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al cometerse la falta, de conformidad con lo establecido en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Así también, requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación, informen a este juzgado si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se reclama en el presente juicio, esto es, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del idéntico procedimiento del que emana el acto que se reclama. De igual modo, con fundamento en lo establecido en el artículo 64, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto aparezca una causa de sobreseimiento, lo manifiesten a esta autoridad y, de ser posible, acompañen las constancias que así lo acrediten; apercibidos que no hacerlo, se impondrá en su contra una multa de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al cometerse la falta, de acuerdo con lo dispuesto en los preceptos legales 238 y 251 del ordenamiento legal en cita. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a ...y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a las otras personas indicadas por así solicitarlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Se ordena notificar a la autoridad responsable únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, en relación con la fracción I, inciso k) del aludido precepto, de la Ley de Amparo, así como de acuerdo con el criterio jurisprudencial 2a./J. 176/2012 (10a.), sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."; lo anterior, sin perjuicio de que las autoridades responsables tienen expedito su derecho para realizar la consulta del expediente, a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este juzgado, así como en el portal de internet del poder judicial de la federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la invocada ley. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese y personalmente al quejoso.
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