Dionicio Saldaña Jaramillo

Expediente 792/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
792/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
04/10/2019

Partes del expediente

  • Dionicio Saldaña Jaramillo

Actuaciones

  1. Principal

    V...Matamoros, Tamaulipas, cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio número 6699/2019, enviado vía interconexión por el secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, por medio del cual hace del conocimiento que se admitió el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa en este asunto, en contra de la resolución de trece de septiembre del año en curso, quedando registrado ante aquél tribunal bajo el número 153/2019; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para que obre como corresponda, y acúsese recibo de estilo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que autoriza y da fe. FDOLPZ.

  2. Principal

    V...Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito signado por el promovente Dionicio Saldaña Jaramillo, a través del cual interpone recurso de queja en contra del auto de trece de septiembre de dos mil diecinueve; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 101, de la Ley de Amparo, una vez que se realicen las notificaciones del presente proveído, remítase al Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en turno, en el estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, testimonio autorizado del presente expediente, en el que se incluirá, copia de la resolución recurrida, el escrito original de expresión de agravios, así como el informe a que hace referencia el último de los numerales en cita. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    V...Heroica Matamoros, Tamaulipas, trece de septiembre de dos mil diecinueve. Ténganse por recibidos los escritos registrados con los números de folio 12491 y 12479, signados por el quejoso Dionicio Saldaña Jaramillo, a través de los cuales con el primero cumple con la prevención que se le hizo en proveído de seis de septiembre de dos mil diecinueve, especificando la residencia de las autoridades que señaló como responsables, así como de una diversa que no se encontraba mencionada en el capítulo respectivo de su ocurso inicial, además, con el segundo amplía su demanda de garantías; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su arábigo 2°, agréguese a los autos para que obre como corresponda. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito deberá examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, circunstancia que se actualiza en el presente caso, numeral que a la letra establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes; en otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta analogía aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." En el caso a estudio, el impetrante de amparo en el ocurso inicial de demanda y aclaratorio, señala como autoridades responsables y actos reclamados lo siguiente: Autoridades responsables: Ordenadora: a) Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación de Asuntos Internos; y, Ejecutora: b) Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para Miembros de la Carrera Policial. Ambos de la de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria. Acto reclamado: "DE LA AUTORIDAD ORDENADORA. El desahogo de la Audiencia de pruebas y alegatos dentro del procedimiento administrativo número 144/2017 llevado en la Coordinación de Asuntos Internos por la Agente del Ministerio Público Adscrita a la misma Licenciada EVANGELINA GUEVARA NOLASCO como lo acredito con la cédula de notificación sin cumplir con los requisitos de ley ya que la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia señala en su artículo 87 que para todo lo no dispuesto en el presente capítulo o reglamento serán aplicables supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles, por tanto el desahogo de la pruebas debe regirse por esta ley y siendo así dentro de las pruebas que ofrecí existe un Peritaje Médico y el Código de Procedimientos Civiles señala para el desahogo del peritaje en el artículo 339 donde señala que cuando se ofrece una prueba pericial se le dará a las demás partes el término de tres días para que adicione el cuestionario y el acuerdo de fecha 28 de Agosto del presente año que me fuera notificado el 30 del mismo mes y año refiere que se me cita solo a mí para el desahogo de la Audiencia de Pruebas no haciendo referencia a que previamente se cumplan con los artículos 339, 340 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles los cuales desarrollarán la forma en que se debe de llevar a cabo la referida diligencia, además, la notificación que se recibió para esta audiencia va dirigida única y exclusivamente al suscrito quejoso, en ningún momento cita a las demás partes mucho menos a mi abogada defensora, al perito para que acepte el cargo, es por lo que se están violentando los derechos fundamentales del quejoso, pues después de desahogar ésta inmediatamente pasará a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para Miembros de la Carrera Policial de la Procuraduría de Justicia del Estado de Tamaulipas la cual dictaminará una resolución sin haberme permitido esgrimir los argumentos de ley a que tengo derecho causándome un daño de imposible reparación ya que al dictarme una resolución adversa perderé mi trabajo sin poderlo ya recuperar como lo señala el artículo 123 de la Constitución Política. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA. La resolución que emitirá sin tener elementos necesarios de acuerdo a las reglas del debido proceso para realizarlo toda vez que de acuerdo al artículo 85 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia del Estado una vez desahogada la audiencia de pruebas y alegatos la comisión resolverá lo que en derecho proceda situación ésta que me causa agravio. Es decir, el quejoso quien dice tener el cargo de Agente del Ministerio Público adscrito a la Delegación Regional de esta ciudad, combate de las autoridades que señaló como responsables la citación a la audiencia de pruebas y alegatos dentro del procedimiento administrativo número 144/2017, que se lleva en la Coordinación de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, pues refiere que ofreció una prueba pericial médica, sin que se haya dado vista a las partes, además de que no se llamó a dicha diligencia a las demás partes, mucho menos a su abogada defensora y al perito para que acepte el cargo; así también, reclama la resolución que en su momento se dictará sin tener los elementos necesarios. Una vez establecido el acto reclamado, este juzgador determina que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues se estima se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al diverso 107, fracción V, interpretada a contrario sensu con el 170, fracción I de la Ley de la Materia, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. (.)" En el presente asunto, se analiza conforme a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado deriva de un procedimiento administrativo iniciado al quejoso conforme a lo establecido en el artículo 79 y 85 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, numerales éstos últimos que son del tener siguiente: "ARTÍCULO 79.- Las sanciones a los Agentes del Ministerio Público, Policía Investigadora, Policía Ministerial, Peritos, Facilitadores, Auxiliares Profesionales, Oficiales Ministeriales, Invitadores, Actuarios Ministeriales y Auxiliares Técnicos, por incurrir en las causas de responsabilidad a que se refiere esta Ley, serán las siguientes: I. Amonestación; II. Suspensión, y, III. Remoción." "ARTÍCULO 85.- La determinación de las sanciones previstas en el artículo 79 de esta ley, así como la separación del servicio por incumplimiento de los requisitos de permanencia, se hará conforme al procedimiento siguiente: Se iniciará de oficio o por queja presentada ante la Coordinación de Asuntos Internos, o por vista que realicen los servidores públicos adscritos a dicha unidad administrativa o a la Visitaduría, en el ejercicio de sus atribuciones; Las quejas o vistas que se formulen deberán estar apoyadas en elementos probatorios suficientes que deberá recabar la Coordinación de Asuntos Internos en un plazo no mayor a 60 días hábiles; Se enviará una copia de la queja o de la vista y sus anexos al servidor público, para que en un término de quince días hábiles formule un informe sobre los hechos y rinda las pruebas correspondientes. El informe deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la queja o en la vista, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore por no ser propios, o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se presumirán confesados los hechos de la queja o en la vista sobre los cuales el denunciado no suscitare explícitamente controversia, salvo prueba en contrario; Se citará al servidor público a una audiencia en la que se desahogarán las pruebas respectivas, y si las hubiere, se recibirán sus alegatos, por sí o por medio de su defensor; Una vez verificada la audiencia y desahogadas las pruebas, la Coordinación de Asuntos Internos remitirá las constancias y actuaciones a la Comisión respectiva, la que resolverá sobre la inexistencia de la responsabilidad o determinará y notificará la sanción que deba imponerse al servidor público; y Si del informe o de los resultados de la audiencia no se desprenden elementos suficientes para resolver o se advierten otros que impliquen nueva responsabilidad a cargo del presunto responsable o de otras personas, la Comisión podrá disponer la práctica de investigaciones y acordar la celebración de otra u otras audiencias." Al respecto, es conveniente señalar que el seis de junio de dos mil once, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el cual se configuró la reforma constitucional en materia del juicio de amparo, que comenzó a tener vigencia a partir del cuatro de octubre de dos mil once. En el artículo segundo transitorio de ese decreto, se estableció que el Congreso de la Unión expediría las reformas legales correspondientes, dentro de los ciento veinte días posteriores a la publicación de aquella reforma constitucional. Asimismo, en el artículo tercero transitorio del decreto relativo a la reforma constitucional, se estableció que los juicios de amparo que fueran instados antes de la entrada en vigor de dicha reforma, se tramitarían y resolverían conforme a las disposiciones legales que fueran aplicables y vigentes al inicio del procedimiento. De ahí, que sea indispensable remitirse a los artículos 1º, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo que interesa respecto del acto reclamado que se analizara señalan: "Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (.)". "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a). Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; (.)". En esas condiciones, de una interpretación sistemática de los artículos 1o, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte claramente que a partir de la reforma constitucional en materia del juicio de amparo, que comenzó a tener vigencia a partir del cuatro de octubre de dos mil once, los tribunales de la federación como en el caso es este Juzgado de Distrito, resolverán las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De ahí que, las controversias que establece el artículo 103 citado, deben sujetarse a los procedimientos que determine la ley reglamentaria (Ley de Amparo) vigente a partir del treinta y uno de marzo de dos mil trece. En ese tenor, cabe señalar que conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, es decir, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución General de la República y Tratados Internacionales de los que el Estado sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía de que se trate. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia IV.2o. J/13, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 538, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe y contendido: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial." Así como la tesis P. LVII/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página nueve, que establece: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Es decir, a partir de la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once, la cual comenzó a tener vigencia el cuatro de octubre de la citada anualidad, misma que dio origen a la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que entró en vigor al día siguiente, por disposición de su artículo primero transitorio, el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente cuando se reclamen actos que sean de imposible reparación dentro del juicio acorde lo previsto en la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, como en el caso serían los que afecten la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, entre los que se encuentran el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordena la intercepción de correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conmina a una parte para que desempeñe un trabajo forzosamente, el arraigo, entre otros, pues en los tres primeros casos se pueden afectar la propiedad o las posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar con una actuación posterior en el juicio, ya que verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo por el que se prolongue la medida, no se restituye con el dictado de la sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto; y en todos estos casos la violación de prerrogativas fundamentales subsistiría irremediablemente, aun cuando fueran objeto de estudio en la sentencia que se pronuncie y ésta fuera favorable a los intereses del quejoso. En esas condiciones, es innegable que partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente, los actos de ejecución irreparables únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte; por ende, no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior, pues de modo alguno crea o extingue una situación jurídica que vulnere o restringa los derechos humanos del justiciable. Bajo ese contexto, para calificar la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte. Expuesto lo anterior, como se precisó en párrafos precedentes, el agraviado dijo tener el cargo de Agente del Ministerio Público adscrito a la Delegación Regional de esta ciudad y combate de las autoridades que señaló como responsables la citación a la audiencia de pruebas y alegatos dentro del procedimiento administrativo número 144/2017, que se lleva en la Coordinación de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, pues refiere que ofreció una prueba pericial médica, sin que se haya dado vista a las partes, además de que no se llamó a dicha diligencia a las demás partes, mucho menos a su abogada defensora y al perito para que acepte el cargo y como consecuencia de ello, reclama la resolución que en su momento se dicte sin tener los elementos necesarios; por tanto, se tiene que el juicio de amparo promovido deviene improcedente al no considerarse tal circunstancia como una violación que cause perjuicios irreparables a la parte quejosa, entendida como aquélla que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en virtud de que lo instado en el presente juicio de amparo, toda vez que de acuerdo con su contenido y alcances legales, no es una resolución constitutiva de derechos ni de condena. Lo anterior, porque en el procedimiento administrativo en donde se ordenó la citación a la audiencia de pruebas y alegatos, el aquí quejoso todavía puede obtener una determinación favorable pues falta que se emita la resolución definitiva en esa instancia legal y además, contra esa determinación puede promover recurso de revisión ante el Pleno del Consejo, tal y como lo dispone el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas; así como amparo directo -vía por la que deben impugnarse, incluso violaciones procesales-. Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que las autoridades continúen con el procedimiento, y será hasta que se dicte la resolución que resuelva en definitiva el asunto y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de una violación al procedimiento que hubiera afectado a la parte quejosa en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. De ahí que, la supuesta violación reclamada es una cuestión que no viola derechos sustantivos y que puede ser reparable, al controvertirse la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo, en el cual se podrán hacer valer las violaciones procesales que hayan tenido lugar en ese expediente, por tanto, la violación de la que hoy se duele el quejoso podría quedar sin efectos, sin ocasionar ningún perjuicio en su contra. De resultar esto último, quedaría inmediatamente reparada la violación que por esta vía pretende combatir. En consecuencia, el amparo indirecto en contra de lo aquí combatido es improcedente, por no causar a la parte quejosa una afectación de imposible reparación. En efecto, el artículo 170 de la Ley de Amparo, se apoya en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador de amparo ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. Con lo anterior, se pretende que se continúe el curso del procedimiento sin mayores trabas, y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Sirve de apoyo a lo anterior por las consideraciones que contiene, la tesis 2a. CIII/2014 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro: 2007574, visible en la página 1098 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, que a la letra dice: "DEMANDA LABORAL. EL AUTO QUE LA ADMITE NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN NI CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE AFECTE AL QUEJOSO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). El auto que admite una demanda laboral y sus consecuencias no es de imposible reparación ni constituye una violación que haga procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, pues si emana de un procedimiento seguido en forma de juicio, como los desarrollados ante la autoridad en materia de trabajo, el amparo en que se impugne sólo puede promoverse contra el laudo, por violaciones cometidas en éste o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas el quejoso hubiere quedado sin defensa. Por consiguiente, el juicio de amparo promovido contra el auto indicado es improcedente con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, del ordenamiento citado, en relación con la disposición referida, al producir el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicho auto pueden no trascender a la esfera jurídica del quejoso." Asimismo, la tesis aislada sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 56, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo LXXX, Materia Común, Quinta Época, con número de registro 806940, que establece (subrayado agregado): "PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES DEL. Las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al interponer éste contra la sentencia definitiva que en el juicio se dicte, y si la violación consiste en haber declarado confeso al quejoso, de las posiciones que se le articularon, en la sentencia definitiva, del juicio común se evaluará la confesión ficta o, lo que es lo mismo, no hay todavía un perjuicio irreparable para el quejoso." A su vez la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 732, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Febrero de 1990, Octava Época, que establece: "VIOLACIONES PROCESALES RECLAMABLES EN AMPARO DIRECTO CONTRA ACTOS QUE PONEN FIN AL JUICIO. En el nuevo régimen constitucional y legal por el que se norma el juicio de garantías desde el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, en el que son reclamables en el amparo directo, tanto la sentencia definitiva como las resoluciones que ponen fin al juicio, lo que puede dar lugar a que respecto de una misma controversia jurisdiccional se promuevan diversos juicios de amparo directo, debe hacerse una clara distinción de las violaciones de procedimientos que son reclamables en cada caso, para lo cual, el elemento determinante radica en la exigencia de que tales infracciones trasciendan al resultado del fallo. Así, cuando el acto reclamado sea la sentencia definitiva, se podrán impugnar todos los actos procesales que tengan una relación directa con las cuestiones resueltas en ese fallo, de manera tal que al ser reparadas se pudiera llegar a emitir una determinación que en alguna forma favoreciera las pretensiones del peticionario, en la controversia de origen, como podría suceder, verbigracia, cuando no se le hayan recibido las pruebas que legalmente haya ofrecido o no se hayan recibido conforme a la ley, o cuando se le haya declarado ilegalmente confeso, si el posible resultado de aquellas pruebas puede tener como consecuencia el cambio o modificación de la forma en que se apreciaron las acciones, o las defensas o excepciones que se consideraron acreditadas o se desestimaron, o si la confesión aludida fue un elemento primordial para acreditar las pretensiones de la parte contraria. En cambio, cuando se reclame una resolución que ponga fin al juicio, exclusivamente serán reclamables las violaciones que tuvieron relación directa e inmediata con el sentido concreto en que se emitió esa resolución, por lo que mutatis mutandi, si se reclama la resolución que declaró la caducidad de la instancia o la que declaró desierto el recurso de apelación contra el fallo de fondo de primer grado, no podrán combatirse en esa controversia constitucional, las infracciones procedimentales relativas a actuaciones ajenas a la determinación reclamada, como serían la ilegal declaración de confeso al quejoso o de la recepción de sus pruebas, relacionadas con el fondo del negocio de origen, toda vez que, evidentemente, éstas se encuentran desvinculadas del resultado a que se ha llegado en el juicio natural, ya que si se dieron los presupuestos requeridos por la ley, la caducidad o la deserción apuntadas, deben subsistir, con independencia de que se hubieran recibido bien o mal las pruebas de las partes, y si no se dan tales supuestos y por ello se concede la protección de la Justicia Federal, la consecuencia será que se reanude el procedimiento del que proviene el acto reclamado, y estas violaciones de procedimiento pueden atacarse cuando se reclame la sentencia definitiva, ya que hasta entonces es factible precisar si trascienden o no esta resolución." Asimismo, cobra aplicación la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1303, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVI, Octubre de 2002, Novena Época, que establece: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO. El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio." Así las cosas, la regla general que impera en el criterio del más Alto Tribunal es en el sentido de que los actos procesales no ocasionan un perjuicio de imposible reparación, en virtud de que en la mayoría de los casos, la afectación que producen no incide en los derechos sustantivos de las partes, salvo que la afectación sea de grado exorbitante que sea irreparable el daño que se cause, cuestión que en la especie no acontece; de ahí que cuando se reclaman tales actos en términos generales, el juicio de amparo es improcedente. Sin que sea obstáculo a lo anterior que el quejoso apoye la procedencia de su demanda de garantías en la jurisprudencia 2a./J. 31/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 711 de la Décima Época, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AL QUE SON SOMETIDOS, EN EL CUAL SE OBTUVO EL RESULTADO DE "NO APROBADO", DEBEN HACERSE VALER EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.), sostuvo que contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los servidores públicos sujetos al sistema de carrera ministerial, policial y pericial procede el juicio de amparo indirecto. En ese sentido, al constituir el resultado de "no aprobado" una causa de incumplimiento de los requisitos de permanencia, la cual trae como consecuencia inmediata el inicio del procedimiento administrativo de separación, las violaciones cometidas en el proceso de evaluación al que son sometidos los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, deben hacerse valer en el juicio de amparo indirecto promovido contra el acuerdo de inicio del procedimiento respectivo, toda vez que dicho resultado constituye la causa en la que se funda y motiva el procedimiento referido, habida cuenta que, de no ser subsanadas las irregularidades cometidas en las evaluaciones correspondientes, causarían la irreparabilidad de la transgresión al derecho sustantivo relativo a la prestación del servicio público y a no ser separado injustificadamente del cargo." Lo anterior es así, pues dicha jurisprudencia es clara en precisar que las violaciones cometidas durante el proceso de evaluación al que son sometidos, en el cual se obtuvo resultado de "no aprobado", deben hacerse valer en el juicio de amparo indirecto que se promueva contra el acuerdo de inicio del procedimiento respectivo, lo que no sucede en el presente caso al combatirse diverso acto. Aunado a que en contra del auto de inicio dictado en el procedimiento administrativo 144/2017, el agraviado mencionó que ya promovió demanda de amparo, la cual se encuentra registrada ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, bajo el número 242/2018, en la que se le concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal y causó ejecutoria el veintiocho de enero del presente año. Sin que pase desapercibido que el quejoso acompaña copia simple de la resolución terminada de engrosar el doce de junio de dos mil diecinueve, por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en funciones de Juez de Distrito, emitida dentro del amparo indirecto 1175/2018, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, pues en la misma se precisaron como actos reclamados el inicio del procedimiento administrativo de la Coordinación de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas y la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el ocho de junio de dos mil dieciocho, actos que no fueron reclamados por el aquí agraviado en su ocurso inicial de demanda. Así también, en cuanto a las alegaciones que hace en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, relativas a que no obstante la protección constitucional que ya le fue concedida las autoridades responsables siguen siendo omisas en darle a conocer los hechos concretos que se le atribuyen y las pruebas con base en las cuales se pretenden demostrar los hechos y en su caso no se le ha corrido traslado con los anexos que se hubieran agregado a la queja formulada en su contra, infringiéndole con ello sus derechos humanos, dígasele que dichas manifestaciones al constituirse parte de la concesión que refiere, se dejan a salvo sus derechos para que las haga valer ante el tribunal en el que se encuentra radicado el juicio de amparo que menciona. En las relatadas consideraciones, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, conforme lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación al 107, fracción V, interpretada a contrario sensu con el 170, fracción I de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por otro lado, con el ocurso registrado con el número de folio 12479, el agraviado Dionicio Saldaña Jaramillo, amplía su ocurso inicial de demanda por nuevos actos, autoridades y conceptos de violación; sin embargo, dado que como ha quedado precisado en los párrafos que anteceden, la demanda de amparo ha sido desechada, como consecuencia, se tiene que la ampliación que ahora intenta, corre la misma suerte por notoriamente improcedente al no admitirse a trámite el ocurso inicial. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público; es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Dionicio Saldaña Jaramillo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, seis de septiembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito de demanda promovida por Dionicio Saldaña Jaramillo, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y las autoridades que ahí menciona; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 792/2019-V. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de garantías que nos ocupa, se aprecia que el quejoso Dionicio Saldaña Jaramillo, señaló como autoridades responsables y acto reclamado lo siguiente: Autoridades responsables: Ordenadora a) Agente del Ministerio Público Adscrito a la Coordinación de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas. Ejecutora. b) Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para Miembros de la Carrera Policial de la procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas. Acto reclamado: "El desahogo de la Audiencia de pruebas y alegatos dentro del procedimiento administrativo número 144/2017 llevado en la Coordinación de Asuntos Internos por la Agente del Ministerio Público adscrita a la misma Licenciada EVANGELINA GUEVARA NOLASCO como lo acredito con la cédula de notificación sin cumplir con los requisitos de ley ya que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia señala en su artículo 87 que para todo lo no dispuesto en el presente capítulo o reglamento serán aplicables supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles, por tanto el desahogo de la pruebas debe regirse por esta ley y siendo así dentro de las pruebas que ofrecí existe un Peritaje Médico y el Código de Procedimientos Civiles señala para el desahogo del peritaje en el artículo 339 donde señala que cuando se ofrece una prueba pericial se le dará a la demás partes el término de tres días para que adicione el cuestionario y el acuerdo de fecha 28 de Agosto del presente año que me fuera notificado el 30 del mismo me y año refiere que se me cita solo a mí para el desahogo de la Audiencia de Pruebas no haciendo referencia a que previamente se cumplan con los artículos 339. 340 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles los cuales desarrollan la forma en que se debe de llevar a cabo la referida diligencia, además, la notificación que se recibió para esta audiencia va dirigida única y exclusivamente al suscrito quejoso, en ningún momento cita a las demás partes muncho menos a mi abogada defensora, al perito para que acepte cargo, es por lo que se están violentando los derechos fundamentales del quejoso, pues después de desahogar esta inmediatamente pasara a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia Para Miembros de la Carrera Policial de la procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas la cual dictaminara una resolución sin haberme permitido esgrimir los argumentos de ley a que tengo derecho causándome un daño de imposible reparación ya que al dictarme una resolución adversa perderé mi trabajo sin poderlo ya recuperar como lo señala el artículo 123 de la Constitución Política. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA. La resolución que emitiera sin tener los elementos necesarios de acuerdo a las reglas del debido proceso para realizarlo toda vez que de acuerdo al artículo 85 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia del Estado una vez desahogada la audiencia de pruebas y alegatos la comisión resolverá lo que en derecho proceda situación está que me causa agravio". Así las cosas, el quejoso precisa el acto reclamado que combate al Agente del Ministerio Público Adscrito a la Coordinación de Asuntos Internos y a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para Miembros de la Carrera Policial, ambos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas; sin embargo, no señaló cuál es la residencia de éstas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, fracción II, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad, aclare la demanda en el término siguiente: Precise el domicilio de las autoridades que señala como responsables. Dato que resulta importante para que este órgano de control constitucional esté en posibilidad de pronunciarse conforme a derecho. En la inteligencia que el motivo de la prevención, es para que este Juzgado de Distrito, esté en condiciones de llamarla al presente juicio de garantías a fin de que rindan sus respectivos informes; amén de que, el doliente se encuentra obligado a señalarlas en términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor. En el entendido de que se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior en los términos que se le indican y dentro del plazo que para ello se le concede, se procederá en los términos del referido numeral 114 de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada su demanda. Por otro lado, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que menciona en su libelo de demanda y por autorizados en los términos indicados a los profesionistas que cita. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria con quien actúa y da fe.

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