Dionicio Calderón Cordero

Expediente 908/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
908/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
30/09/2022

Partes del expediente

  • Dionicio Calderón Cordero

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de uno de septiembre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que e proveído que sobreseyó antes de audiencia el presente juicio de amparo promovido por Dionicio Calderón Cordero, ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 908/2022 Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, punto cuarto, en relación con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Valoración de expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible al sobreseerse el juicio de amparo, por lo que se ubica en las hipótesis prevista en el capítulo séptimo artículo 21, inciso a), del Acuerdo General citado. Devolución de documentos En caso de que existan documentos originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 908/2022 Amparo indirecto 908/2022 ??A???????????? Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a la notificación del presente proveído. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Devolución de tomo. Finalmente, devuélvase a la Junta Especial Número Cinco Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán, Texcoco, las constancias que exhibió como prueba constantes de un tomo. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán, Texcoco, mediante el cual en cumplimiento al auto de dieciséis de agosto pasado, remite copia certificada del juicio laboral J.5B/541/2019, de su índice, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento con el que se le conmino. Pruebas. Con base en el ordinal 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas documentales que adjuntó a su oficio; las cuales serán valoradas al momento de resolver el presente asunto. Se forma anexo Ahora bien, dada el volumen de las constancias que anexa la autoridad responsable al oficio de cuenta, fórmense por separado un legajo de pruebas con la copia certificada del expediente J.5B/541/2019. Estado de autos Ahora, visto el estado de autos, se advierte que el presente expediente promovido por Dionicio Calderón Cordero, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama de la Junta Especial Número Cinco Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán- Texcoco, Estado de México, consistente en: NICOLAS BLANCAS SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.53 14/01/24 12:48:19 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 908/2022 "IV.- ACTO RECLAMADO: LA DILACIÓN Y OMISIÓN DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO CINCO BIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLÁN-TEXCOCO, al no llevar cabalmente el procedimiento en el juicio laboral J.B/541/2019 dentro de los términos y plazos que la Ley marca y no realizar las gestiones a efecto de que se desahoguen en su totalidad las pruebas en el juicio laboral no obstante de que se ha solicitado en diversas ocasiones, y en su oportunidad dictar laudo correspondiere en el juicio laboral." Ahora, tomando en consideración las manifestaciones de la autoridad responsable, este órgano de control advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63 del dispositivo legal invocado, se sobresee en el presente juicio de amparo antes de audiencia, por los motivos siguientes: Los dispositivos legales en comento establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." De los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado; luego, en caso de actualizarse la cesación de los efectos tildados de transgredir los derechos de la parte quejosa, lo procedente es sobreseer el juicio constitucional. La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad responsable la repara, o bien, por virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa de la que se duele, queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de derechos fundamentales. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera un NICOLAS BLANCAS SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.53 14/01/24 12:48:19 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 908/2022 agravio en la esfera de la parte quejosa, a nada práctico conduciría analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de la quejosa es constitucional, o no. En el caso concreto, el quejoso Dionicio Calderón Cordero, se duele de la omisión de la junta responsable de girar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social a efecto de informar lo solicitado por la parte actora en el numeral 9 de su escrito de ofrecimiento y admisión de pruebas, así como requerir a la parte demandada exhiba la diligencia de inspección de dieciocho de marzo de dos mil veintidós y la omisión de dictar laudo, en el expediente J.B/541/2019, del índice de la Junta Especial Número Cinco Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán, Texcoco. Sin embargo, mediante oficio con folio 2061/482/2022, signado por la Presidente de la Junta Especial Número Cinco Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán, Texcoco, informó que el dos de agosto de dos mil veintidós, se ordenó girar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social a efecto de informar lo solicitado por la parte actora en el numeral 9 de su escrito de ofrecimiento y admisión de pruebas, asimismo tuvo por desierta la prueba documental ofrecida por la parte actora, por lo que se advierte que la finalidad del juicio de amparo promovido en el presente juicio de garantías ya fue cumplido. En ese contexto, se evidencia que se está en presencia de una situación jurídica que destruyó los efectos del acto que motivó el juicio de amparo; de ahí que la parte quejosa se encuentra restituida en el goce del derecho fundamental que pudo haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con la fracción V del artículo 63, ibídem. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, cuyo texto señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los NICOLAS BLANCAS SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.53 14/01/24 12:48:19 4 JUZGADO OCTAVO EXP. 908/2022 artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por lo anterior expuesto, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo antes de la audiencia constitucional toda vez que ni aun celebrándose ésta podría ser desvirtuada con prueba alguna la causal invocada, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, cuando la causa de improcedencia es notoria e indudable, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Así lo establece en lo conducente de la tesis 13K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, página 1235, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." De lo anterior, resulta evidente que al momento han cesado los efectos del acto que por esta vía se reclama, aunado a que los alcances de la protección constitucional que en su caso se hubiera concedido, no comprenden los actos subsecuentes, conclusión que NICOLAS BLANCAS SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.53 14/01/24 12:48:19 5 JUZGADO OCTAVO EXP. 908/2022 encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados, ello en atención a que el quejoso se duele de la omisión de dictar laudo, empero como se advierte de autos, aún se encuentran pendientes por desahogar medios de prueba. Lo anterior es así, debido a que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis reciente CV/2013 (10ª.), con número de registro 2005150, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 732, sostiene el criterio que el alcance de la sentencia que en su caso conceda el amparo, debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procesal en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral. "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional en el presente expediente, señalada para las diez horas con un minuto del uno de septiembre de dos mil veintidós. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el informe justificado que rinde la autoridad responsable; dese vista con el mismo a las partes y hágase relación de él al celebrarse la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Se tiene únicamente como medio de contacto el correo institucional junta5bis.jlcavct@edomex.gob.mx. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas documentales que anexa a su oficio la responsable. Requerimiento de constancias. Por otro lado, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Cinco Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán, Texcoco, para que en el término de veinticuatro horas contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita en copia certificada la totalidad de las constancias que obran en el juicio de origen, o bien, manifieste la imposibilidad jurídica que tenga para ello, en el DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 908/2022 entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en auto admisorio para el caso de no hacerlo. Notifíquese.

  4. Principal

    "Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de agosto de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Dionicio Calderón Cordero, por propio derecho, contra actos que reclama de la Junta Especial Número Cinco Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán-Texcoco, Estado de México. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 908/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Promociones duplicadas y acuses. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena únicamente certificar y agregar a los autos los trámites siguientes: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes; y c) acuses de recibo. Admisión. Con fundamento en los artículos 1°, 2°, 3°, 5°, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Del incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar por cuerda separada el incidente de suspensión conforme a los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, toda vez que no fue solicitado. Vista a la Fiscal de la Federación. Dese vista a la Fiscal de la Federación adscrita, conforme a lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV y 110 de la Ley de Amparo, haciéndole entrega de una copia simple de la demanda. Notificación prioritaria por otros medios electrónicos. De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo último, y a fin de evitar la propagación del aludido virus bajo el esquema de medidas adoptado pro del derecho a la salud del personal actuante en este juzgado, se determina lo siguiente: Toda vez que la fiscal federal adscrita, solicitó a este órgano jurisdiccional que las notificaciones que deban realizársele sean a través de los correos electrónicos leticia.hernandezva@fgr.org.mx y abogadosdejusticia@yahoo.com del cual pueden confirmarse en el número telefónico que los actuarios adscritos cuentan y deberán guardar en total confidencialidad. Asimismo, las notificaciones que deban realizarse por lista se publicarán únicamente en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, en conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo. Tratándose de instituciones públicas que figuren como partes en los juicios de amparo con cualquier carácter (quejosas, terceras interesadas, autoridades responsables), se deberá estar a lo siguiente: Las que cuenten con convenio de interconexión celebrado con el Poder Judicial de la Federación y declaratoria de interconexión tecnológica, en términos de los artículos 3 de la Ley de Amparo, 20, 53, 65, 71, 74 al 78, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán ser notificados mediante el uso de dicha herramienta tecnológica. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, y 2 del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, requiérase a las autoridades responsables para que informen en el plazo de tres días, si cuentan con usuario del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que, a través del mismo, puedan notificarse de las resoluciones emitidas por este Juzgado de Distrito y enviar digitalmente promociones. En el entendido de que, de no contar con usuario en dicho portal, podrá generar una mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), para lo cual deberá consultar el manual de uso en la liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, proporcionen algún correo institucional al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que sea enviada por ese medio, ello en términos de los dispositivos antes mencionados, en relación con los artículos 28, fracción III, y 30 de la Ley de Amparo, al requerirlo el orden público ante la situación de emergencia en la que se encuentra el país con motivo de la pandemia del virus SARS-CoV2. Con el apercibimiento de que de no cumplir con lo que aquí se ordena, o de no informar o indicar el impedimento que tengan para ello, se le impondrá a la omisa una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 260 fracción II de la Ley en cita. Las que no cuenten con los anteriores requisitos, deberán ser notificadas a través de los medios de comunicación ordinarios, en el entendido de que previo a la remisión física de oficios, los actuarios deberán realizar la consulta de la probable existencia de un correo electrónico donde las autoridades responsables puedan ser notificadas por este medio y se confirme su recepción. En ese tenor, mientras este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera diversa, lo que se determinará en su momento atendiendo a cada caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, 210- A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se les requiere para que reciban toda clase de notificaciones que sean remitidas por este juzgado, a través de cualquiera de los medios electrónicos de mérito. En el entendido de que con independencia de lo anterior, toda comunicación dirigida a este órgano jurisdiccional deberá ser presentada en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, esto es, por escrito con firma autógrafa o mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ya sea mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), debiendo en todo momento dar preferencia a la presentación a través de medios digitales. Requerimiento de informe justificado. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que rinda su informe con justificación, bajo los términos y condiciones siguientes: a) Dentro del plazo de tres días improrrogables siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo; b) Oportunidad en la que deberá exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, derivadas del juicio de origen, en la inteligencia que de no contar con tales documentales, será suficiente la remisión de dicho informe. De conformidad con lo establecido por los artículos 237, fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a la autoridad responsable con la aplicación de multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, i) En el supuesto de que se niegue a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y ii) Se abstenga o sea omisa en rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Esta última sanción se aplicará al resolverse el fondo del asunto con independencia de presumir cierto el acto reclamado. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, comuníquese a la autoridad responsable que si del contenido de su informe se advierte que afirmare una falsedad o negare la verdad o, en su caso remitiere constancias equivocadas, podrán ser sancionadas en los términos que señala el indicado precepto. Cabe precisar que el requerimiento del informe justificado, dentro del plazo precisado en el artículo 118 de la Ley de Amparo, obedece al hecho de que la finalidad perseguida por el citado precepto es dar celeridad al trámite del juicio de amparo, en asuntos que por su naturaleza sea posible otorgar, sin mayor problema, la protección constitucional, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se proclamó jurisprudencialmente sobre el alcance del derecho fundamental reconocido en el artículo 17 constitucional, a fin de observar la tutela que debe prevalecer por parte de los órganos jurisdiccionales, específicamente en el acceso efectivo a la administración de justicia con el objetivo de lograr que las instancias constituyan mecanismos expeditos, eficaces y confiables para los justiciables, criterio de cuyo cumplimiento derivará su eficacia y que resulta de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional, mismo que es del tenor literal siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL." Lo que además, encuentra justificación en el artículo 25.1 y 25.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del que el Estado Mexicano es parte y cuya jurisprudencia es obligatoria para todos los juzgadores, por ser más favorable, acorde a lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 21/2014. Bajo ese marco legal, atendiendo a la situación en la que se encuentra inmerso el quejoso en la instancia de origen, este órgano jurisdiccional requiere los informes justificados en el plazo antes señalado, a fin de buscar privilegiar la impartición de justicia y respeto a los derechos fundamentales establecidos en el artículo 17 constitucional, tal y como el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo dispuso en la tesis jurisprudencial en comento. Por otra parte, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que quede notificada de este auto, informe si dentro del juicio laboral J.5BIS/541/2019 las partes han promovido diversos juicios de amparo indirecto anteriores al presente sumario y de ser el caso, remita copia certificada, completa y legible de las constancias necesarias para acreditar su dicho. Asimismo, acorde con lo dispuesto en los artículos 8, 9, 23, 24, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en relación con los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corle de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de lo Federación el cuatro de abril de dos mil cuatro, se requiere a la autoridad responsable para que clasifiquen la información reservada y confidencial que proporcionen al rendir su informe justificado, debiendo comunicar tal situación para que, previo análisis de la misma, se pueda permitir el acceso a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo oficial 8jdo2cto@correo.cjf.gob.mx, en términos del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Para el caso que las constancias que sustentan el acto reclamado se encuentran digitalizadas, deberán remitirlas de forma electrónica a este juzgado federal a través de los medios indicados, sin perjuicio de que deban ser remitidas físicamente cuando superen la capacidad que permita integrarlas al expediente electrónico (20 mega bytes). Vista a las partes y consulta del expediente físico. Se hace del conocimiento de las partes que a fin de imponerse de las constancias de los presentes autos, así como desahogar comparecencias y requerimientos, deberán agendar cita siguiendo los lineamientos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, accediendo al Portal de Servicios en Línea, al micrositio sobre Servicios jurisdiccionales, sistema Agenda OJ, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de cada órgano jurisdiccional. Obligaciones de las partes. Se hace saber a las partes que cuando tengan conocimiento de cualquier causa de sobreseimiento en este asunto, se encuentran obligadas a comunicarlo de inmediato ante este juzgado federal, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les podrá imponer una multa de trescientas Unidades de Medida y Actualización, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, inciso B, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 251 de la Ley de Amparo. Apercibimiento a la quejosa en relación a la denominación de las autoridades responsables. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de la autoridad responsable, por lo que se le apercibe para una vez enterada que dicha denominación resultará incorrecta deberá corregir o aclarar el nombre que designó, con el apercibimiento que de ser omisa se le sancionará declarándola inexistente de conformidad con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la audiencia constitucional. Se señalan las diez horas con un minuto del uno de septiembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el entendido que se llevará en términos de la Segunda Sección del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en el que se ha implementado el uso de videoconferencia en los asuntos competencia de este órgano jurisdiccional, siempre y cuando se privilegié la igualdad entre las partes. Para tal efecto, en términos del artículo 28 del acuerdo general citado en el párrafo precedente, se previene a las partes, para que hasta veinticuatro horas previas a la celebración de la audiencia constitucional, señalen a través de promoción electrónica o física, la o las personas que acudirán a la audiencia que tendría verificativo por videoconferencia en su representación, mismas que deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, además de proporcionar los datos correspondientes en el escrito precisado, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo; asimismo, señalar un correo electrónico para el envió del citatorio respectivo, en el entendido de que el citatorio que contenga el vínculo para ingresar a la videoconferencia se enviará únicamente a las partes que estén legitimadas para intervenir en la diligencia respectiva. Se apercibe a las partes que en caso de omisión al respecto, se entenderá que no es su deseo intervenir en la videoconferencia, llevándose a cabo la audiencia correspondiente de manera escrita, sin presencia de las partes, sin que ello implique que no puedan presentar escritos en la fecha señalada para dicha diligencia judicial. Asimismo, se hace saber a las partes, que para efecto de tener por acreditada su legitimación para asistir a la audiencia y por certeza de las partes, deberán contar con una identificación oficial vigente, para que la exhiban en la audiencia, lo mismo acontecerá con cualquier documento que se vaya a incorporar a la audiencia, el cual deberá estar digitalizado y será incorporado a través de la función "compartir pantalla" de la aplicación, a efecto de conservar constancia de los mismos. En consecuencia, se instruye a la Coordinadora Técnica Administrativa adscrita al órgano jurisdiccional, realice las gestiones tendentes a su preparación, informándole que tendrá intervención en la misma a las partes. Por otra parte, se comunica a los participantes que para poder acceder a dicha plataforma deberán contar con un equipo de comunicación (pc, celular o tableta) con cámara y micrófono, conexión a red wifi; asimismo, deberán realizar el enlace por lo menos con quince minutos de anticipación a su celebración, lo anterior a efecto de poder llevar a cabo la logística operacional. De las notificaciones a las partes. Conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de dicho ordenamiento, se instruye al Actuario Judicial para que los diferimientos que se lleguen a dictar en este asunto se practiquen a las partes por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes, pues a través de ella se le informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones los actos encaminadas a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, que reglamenta la posibilidad para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales, sea de forma impresa o electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información; y en virtud de que el promovente autoriza el usuario "ABIGAILRAMIREZ", el cual se encuentra registrado en el Sistema de Consulta en Línea del Poder Judicial de la Federación, se le faculta para promover, tener acceso y consultar vía electrónica, así como para oír y recibir notificaciones de las determinaciones emitidas en el presente juicio, en términos de los artículos 14, 34, 35, 48 y 55 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte y en vigor a partir del día siguiente. Por lo que, se comisiona a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que proceda a habilitar el acceso al expediente electrónico; asimismo, la sección de Actuaría, deberá realizar las subsecuentes notificaciones de carácter personal a la parte quejosa a través del usuario mencionado con anterioridad. Sin que haya lugar a tener como domicilio el correo electrónico y el número telefónico que proporciona, ya que no son una forma prevista en la Ley de Amparo, ni en los Acuerdos General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Ténganse por autorizadas a las personas que indica para los efectos precisados, hasta en tanto acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que, si ya lo hizo, podrá válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas del quejoso, consistentes en la instrumental de actuaciones, así como la presuncional legal y humana, mismas que serán valoradas y tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto. Uso de medios electrónicos Con fundamento en la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza, el uso de dispositivos electrónicos, para la reproducción de las actuaciones que se generen en el expediente en que se actúa. Sin embargo, por seguridad jurídica, quien desee utilizar los mencionados dispositivos deberán solicitarlo directamente al secretario llevador del expediente, quien una vez cerciorado de la identificación del consultante, deberá en todos los casos, levantar la certificación respectiva en la que se haga constar la consulta así como el número de las fojas que se reproduzcan con los dispositivos digitales; sin que implique que la fe pública del secretario de este Juzgado quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). De conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual, podrán consultar el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes, por lo que se autoriza a los Actuarios para que prioritariamente realicen las notificaciones a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos. Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Se precisa que no se consideran como documento original la carta poder manuscrita, ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.

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