Dionicio Ángeles Sánchez

Expediente 659/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
659/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
13/06/2022

Partes del expediente

  • Dionicio Ángeles Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; trece de junio de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la cuenta y certificación que anteceden, se advierte que feneció el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Y DESTINO DEL EXPEDIENTE. Por otro lado, visto el estado de autos, se advierte que en el presente expediente no existe actuación alguna que realizar, promoción pendiente por acordar o documento original por devolver, además de que el expediente electrónico coincide fiel e íntegramente con el expediente físico, por lo que con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo y 214, ambos de la Ley de Amparo, con esta fecha se archiva el presente asunto como concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 20 fracción II, inciso a) y 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como el punto 7.5.2 del Manual para Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente es destruible, al tratarse de un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional...M-VIII

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veinte de mayo de dos mil veintidós. LA AUTORIDAD RESPONSABLE RINDE INFORME JUSTIFICADO. Se tiene al Presidente de la Junta Especial 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, rindiendo informe justificado. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. De las documentales remitidas por la autoridad oficiante adjuntas a su informe con justificación, se advierte que es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se actualiza una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia en el presente asunto. El artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." En términos de dicho precepto legal, se desprende la posibilidad de que si durante el juicio sobreviene alguna causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de dicha ley, puede decretarse el sobreseimiento sin necesidad de esperar a que llegue la fecha y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es compatible con las disposiciones de la Ley de Amparo, y cuyos rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los supuestos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Lo anterior, porque en la especie se acredita la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (...)" Ahora bien, para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: a) Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; b) Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; c) Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, d) Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, consultable en la página 38, cuyos rubro y texto se insertan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Se considera que se actualiza tal causal de improcedencia, pues la parte quejosa reclamó la omisión de dictar la resolución incidental de liquidación dentro del juicio laboral 389/2015, iniciado por la aludida quejosa contra el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora, de las constancias de cuenta remitidas por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se advierte que mediante resolución incidental de liquidación de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, resolvió lo siguiente: ".PRIMERO.- Esta Junta Especial ha sido competente para conocer y revolver el presente asunto. - - - SEGUNDO.- Se declara procedente el incidente de liquidación promovido por el actor DIONISIO ÁNGELES SÁNCHEZ. Por el (sic) INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL se declara incorrecta la planilla de liquidación. - - - TERCERO.- Se condena al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL a pagar a DIONISIO ÁNGELES SÁNCHEZ las siguientes cantidades: Al pago de $96,965.61 M.N. (noventa y seis mil novecientos sesenta y cinco pesos 61/100) por concepto del 65% de incapacidad parcial permanente de las patologías. Al pago de $3,984.61 M.N. (tres mil novecientos ochenta y cuatro pesos 18/100 por concepto de aguinaldo anual. Lo anterior en los términos señalados en el laudo dictado en el presente asunto. - - - CUARTO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES." Asimismo, notificó al apoderado legal de la quejosa, tal y como lo acredita con las constancias que remite, las que merecen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En esas condiciones, se estima que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, ya que la autoridad responsable abandonó su conducta prohibitiva. En efecto, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia que concede el amparo tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir lo que la misma exija. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de dicho cuerpo normativo. En atención a lo anterior, se deja sin efectos el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional, que se programó a las diez horas con cuarenta y siete minutos del quince de junio de dos mil veintidós..VIII

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; diez de mayo de dos mil veintidós. EJECUTORIA. Del estado de autos y la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la sentencia mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho. Con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación invocada, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Gabriel César Téllez Sánchez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 01/07/23 18:27:39 ARCHIVO Y DESTINO DEL EXPEDIENTE. En ese sentido, dado que el expediente físico coincide fiel e íntegramente con el expediente electrónico, con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 20 fracción II, inciso a) y 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como el punto 7.5.2 del Manual para Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente, así como el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del mismo, son destruibles...VIII

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