Dionicia Enriqueta Pérez López

Expediente 340/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 19 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
340/2018
Año
2018
Actuaciones
19
Última actuación
01/08/2018

Partes del expediente

  • Dionicia Enriqueta Pérez López
  • DIONICIA ENRIQUETA PÉREZ LÓPEZ y Otros.
  • Ignacio Pérez López
  • IGNACIO PÉREZ LÓPEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; uno de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda y sentencia respectiva, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase contar lo anterior en su carátula. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos; para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 340/2018. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el once de abril de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Dionicia Enriqueta Pérez López e Ignacio Pérez López, por derecho propio, presentaron demanda de amparo contra las autoridades y por los actos que enseguida se mencionan. AUTORIDADES RESPONSABLES 1.- Delegado Regional del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Agrícola. 2.- Presidente de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Residentes en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "(.) a).- Del C. Delegado Regional del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Agrícola, la Negativa de Inscripción de Embargo, que se ha solicitado por petición nuestra y por conducto del C. Presidente de la Primer H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y mediante los diversos escritos de fecha 24 de Marzo del año 2009, 10 de febrero del año 2010, 09 de Julio del año 2013, 16 de Enero del año 2016, 4 de Abril del año 2017, y 16 de Febrero del año 2018 y se giraron los diversos oficios 1749 de fecha 18 de Febrero del año 2010, 1941 de fecha 21 de Febrero del año 2017, 3270, de fecha 19 de Abril del año 2017, al C. Delegado, en el que ha negado a inscribir el embargo y ha suspendido el trámite de inscripción, en virtud de que se debía anexar el comprobante de pago por concepto de derechos de Inscripción de Embargo, (.) b).- Y la C. Presidenta de la Primera H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje ha omitido aplicar los apercibimientos y medidas necesarias para su cumplimiento total (.)". SEGUNDO. Precepto Constitucional vulnerado. Los quejosos señalaron como derecho violado el contenido en el artículo 17 Constitucional. TERCERO. Trámite de juicio del juicio de amparo. Por acuerdo de doce de abril de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 340/2018; se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes justificados, se dio la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de diferirse en una ocasión, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción IV de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclaman actos emitidos por autoridades cuya residencia se encuentra dentro de la jurisdicción de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda se precisa que los quejosos reclaman: Del Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Acapulco, Guerrero, la suspensión y negativa de inscripción de embargo al folio de derechos registrales 177579. De la Presidenta de la Primera H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje la omisión aplicar los apercibimientos y medidas necesarias en la realización del procedimiento de ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, del Tomo 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, correspondiente a la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 212775, que al rubro y texto dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Hecha esta precisión, procede ahora analizar el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables, quienes en sus informes manifestaron lo siguiente: El delegado del Registro Pública de la Propiedad y del Comercio de Acapulco, Guerrero al momento de rendir su informe justificado negó el acto que se le reclamaba, sin embargo, reconoció que no había realizado la inscripción de embargo ordenada, pero que ello acontecía a motivos diversos a los señalados por los quejosos, lo que acreditó con las constancias que anexó a su informe justificado, documentales a las que otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Por su parte la presidente de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje al momento de rendir su informe expuso que no coincide la descripción del bien embargado con la descripción del bien inmueble que obra inscrito en el Registro Público de la Propiedad, por lo que no podía ordenar el registro; en razón de ello, allegó con su informe justificado diversas constancias del juicio laboral 01248/2005, documentales a las que otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Las negativas anteriores quedan desvirtuadas en atención a lo expuesto por ambas autoridades pues se advierte que efectivamente no se ha realizado la inscripción del embargo que reclaman los quejosos (aunque por motivos diversos), por tanto, se advierte la existencia del acto reclamado. CUARTO. Causal de improcedencia fundada. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser una cuestión de orden público, se procederá al examen de las causales de improcedencia que se pudieran actualizar, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia II.1o. J/5 pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común página 95, con registro electrónico número 222780, que al tenor dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, de oficio se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 63, fracción V de ese mismo ordenamiento legal. Lo anterior, en razón de que el supuesto normativo previsto en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término que se señala en el artículo 17 de la Ley de Amparo, respecto a la aplicación de los ordinales antes citados. Pues bien, los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)." De lo anterior, se puede advertir que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo que en el mismo se prevé para la promoción del juicio de amparo: 1. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame. 2. A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acto que reclama, o de su acto de ejecución. 3. A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Así, si el acto que se reclamó al Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, consistente en la negativa de inscribir el embargo ordenado en el juicio laboral; así se advierte que lo que se reprocha tiene su origen en el juicio laboral 1248/2005 del índice de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Precisado lo anterior, de las constancias que integran el informe justificado rendido por la responsable Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, se advierte que por oficio 614/2017 de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, el Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Acapulco, Guerrero, informó a la autoridad laboral que suspendía el trámite de embargo ordenado en virtud de que no coincidían el antecedente que se mencionaban en el oficio y acta de embargo anexos, con la base registral, por lo que no era posible su calificación en términos del artículo 41, fracción VI y 52 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Estado. Dicha comunicación fue acordada el ocho de mayo de dos mil diecisiete, y se ordenó dar vista a la parte trabajadora para que realizara las manifestaciones que considerara, auto que fue notificado a los quejosos por conducto de su apoderado legal en el juicio laboral el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, así el veintiséis siguiente los quejosos por conducto de su apoderado legal Alejo Reyes Díaz desahogaron la vista ordenada y en la que esencialmente se reiteró la solicitud de inscripción de embargo y se solicitó le aplicaran los apercibimientos establecidos en la Ley; lo que se acordó en forma favorable el veintinueve siguiente, el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho el apoderado legal de los trabajadores reiteró la solicitud de girar oficio a fin de inscribir el embargo; se precisa que ambas ocasiones la junta no giró de nueva cuenta los oficios solicitados, toda vez que así lo informó la propia autoridad. Así, se obtiene que la negativa del Delegado del Registro Público de la Propiedad y Comercio en el que informó que los datos registrales proporcionados no correspondían, a los allegados en el acta de embargo, fueron del conocimiento de los quejosos por conducto de su apoderado legal desde el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, por tanto, si el acto que reclama por esta vía la promovió hasta el once de abril de dos mil dieciocho, y dado que no se encuentran en caso de excepción, resulta inconcuso que fue presentada fuera del plazo de quince días señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que se soslaye que los quejosos bajo protesta de decir verdad expusieron que ellos se enteraron el día veintitrés de marzo de este año, data en la que aseguraron tuvieron acceso a las constancias de su expediente, empero, como se puntualizó fueron debidamente notificados a través de su apoderado legal, por tanto, tuvieron conocimiento de lo informado por el Delegado responsable desde el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete En ese orden de ideas, es que se concluye que el acto reclamado a esta autoridad se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XIV, del artículo 61 en relación con el ordinal 63, fracción V de la Ley de Amparo, por lo que al respecto procede sobreseer. Quinto. Estudio de fondo. Dado que respecto del acto reclamado a la Presidenta de la Primera H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, no se hizo valer ninguna causal de improcedencia, así como tampoco se advierte la actualización de estas, se procede al estudio de los motivos de inconformidad, mismos que no se trascriben en términos de la Jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, página 830, con registro electrónico número 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". Ahora, y toda vez que la Presidente responsable se le reclamó la omisión de aplicar los apercibimientos y medidas necesarias para su cumplimiento total, así para poder determinar la procedencia de los conceptos de violación es necesario tener presente lo establecido en el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo: Artículo 731.- El Presidente de la Junta, los de las Juntas Especiales y los Auxiliares podrán emplear conjunta e indistintamente, cualquiera de los medios de apremio necesarios, para que las personas concurran a las audiencias en las que su presencia es indispensable o para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. Los medios de apremio que pueden emplearse son: I. Multa hasta de siete veces el salario mínimo general, vigente en el lugar y tiempo en que se cometió la infracción; II. Presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública; y III. Arresto hasta por treinta y seis horas. De lo transcrito, se obtiene que dicho numeral refiere las fracciones que tiene el presidente de la Junta para hacer cumplir sus determinaciones; luego, del estudio que se hace a las constancias que allegó la autoridad con su informe justificado, se advierte que la Presidente de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje no ha dictado mayor medida a fin de poder realizar la inscripción del embargo; no hecho uso de los medios de apremio disponibles, empero dicha omisión no es consecuencia de una actitud omisa o negligente por parte de la autoridad, sino del impedimento legal expresado por el Delgado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Acapulco, Guerrero. Así, se obtiene que si bien en el juicio laboral el Delegado en comento no anexó constancias con las que acreditara que efectivamente el folio registral electrónico 177579 no corresponde a la demandada Hotel Club Internacional Acapulco, S.A de C.V. y/o Gonzalo Gerson Mor Amezcua (personas que fueron condenadas en el juicio laboral), sí señaló por oficio 614/2017 de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, que no podía hacer la inscripción de mérito en razón de lo establecido en los artículos 41, fracción VI y 52 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Estado. Por tanto, se obtiene que no se trata de una negativa per se de la autoridad administrativa, sino de una imposibilidad legal, dado que efectivamente no corresponden los datos de quienes aparecen como propietarios del folio de derechos registrales 177579 ya que conforme a los registros de dicha dependencia, este pertenece a una persona diversa del tercero interesado y toda vez que la parte trabajadora no ha acreditado que efectivamente dicho número de folio corresponda a los demandados, así como tampoco han allegado un folio diverso o solicitado una ampliación del embargo, en razón de la imposibilidad material del de once de febrero de dos mil nueve, se obtiene que la Presidente de la junta responsable, no está en posibilidades de realizar de realizar las actuaciones necesarias para el cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral 01248/2005., y si bien es obligación de ella el inmediato cumplimiento de los laudos, de conformidad con los artículos 940 y 962 de la Ley Federal de Trabajo, también lo es que corresponde a la parte actora allegar la debida y correcta información que al respecto se requiere, como lo es, en el caso que nos ocupa el número de folio que efectivamente corresponda a nombre de los demandados, circunstancia que en el caso no acontece. En esa tesitura, si los trabajadores quejosos no han proporcionado a la Presidente responsable otro número de folio electrónico o mayor dato que permite ordenar a la autoridad trabar embargo en los bienes de los demandados del juicio laboral, se obtiene que la omisión que se le reprocha no es atribuible a la Presidente de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Acapulco, sino como consecuencia de la imposibilidad legal expresada Delgado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Acapulco, Guerrero, por lo que como se anticipó resulta infundado el concepto de violación en estudio. En ese orden de ideas y toda vez que de la suplencia de la queja, no generar beneficio alguno a la parte trabajadora, procede negar el amparo y protección de la justicia federal, sin que con su emisión se trastoquen los derechos de legalidad y seguridad jurídica que tiene el peticionario. Por otro lado, en relación a las manifestaciones realizadas por la agente del Ministerio Público de la Federación, mediante pedimento ministerial 126/2018, las mismas no serán tomadas en cuenta, pues no forman parte de la litis en el juicio constitucional y en ellos no se hace valer alguna causa de improcedencia, acorde con la jurisprudencia P./J. 27/94 con registro 205449, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 340/2018, en cuanto al acto y autoridad precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Dionicia Enriqueta Pérez López e Ignacio Pérez López, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintisiete de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, Guerrero, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado mediante acuerdo de veinte de junio actual, informa que no cuenta con los acuses solicitados, por los motivos que expone, lo cual será tomado en consideración al momento de resolver el presente juicio.Notifíquese. Así lo proveyó y firma Lorena Morales Saldierna, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81 fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinte de marzo de dos mil dieciocho, según informó el Secretario de la propia Comisión en oficio CCJ/ST/1394/2018, asistida por Adilene Bollás Mendoza, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; veinte de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, Guerrero; en atención a su contenido, téngasele por desahogando parcialmente el requerimiento formulado en acuerdo de doce de junio actual y por recibidas las documentales que en copia certificada remite como complemento a su informe justificado, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Ahora, tomando en consideración que si bien la autoridad oficiante remite copia certificada de los acuerdos de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete y veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, en los que ordenó girar oficio al Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para que éste último informara lo ahí solicitado, no anexó dichos comunicados oficiales de los que se advierta que éstos fueron girados y en su caso recepcionados por la referida autoridad; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la ley de la materia, requiérasele para que en el término de tres días a que se refiere el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, por disposición expresa de su artículo 2°, siguientes al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, remita en copia certificada legible de dichos oficios, en virtud de que son necesarios para resolver el presente asunto, o bien, manifieste el impedimento legal que tenga para ello; en el entendido que de no hacerlo así en el lapso indicado, se le hará efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia.

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