Dinorah Eugenia Arguelles Cardenas
Expediente 30/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 41 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 30/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 41
- Última actuación
- 28/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Dinorah Eugenia Arguelles Cardenas
- Oficina Federal del Consumidor Zona Metropolitana Cdmx-Poniente de la Procuraduría Federal del Consumidor
Actuaciones
Las 4 más recientes de 41.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva terminada de dictar el treinta de septiembre de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, se sobreseyó en este juicio de amparo. Firmeza del fallo definitivo En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión En ese sentido, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destruible el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Valoración documental del cuaderno original relativo al incidente de suspensión Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el original del incidente de suspensión, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de depuración. Transferencia del incidente de suspensión En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 30/2022, promovido por ********************; por derecho propio; y, RESULTANDO: I. Presentación de la demanda. El cinco de enero de dos mil veintidós (fojas 1 a 8). II. Admisión y trámite de la demanda. El seis de enero de dos mil veintidós (fojas 12 a 20). III. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. IV. Emplazamiento del ministerio público de la federación adscrito. El once de enero de dos mil veintidós (foja 25). Asimismo, el tres de mayo de dos mil veintidós se emplazó a la tercera interesada ******************** (foja 344). V. Ampliación de demanda. El treinta y uno de mayo y el veintiuno de julio, de dos mil veintidós, se tuvo por ampliada la demanda de amparo, por cuanto hace a nuevos actos y autoridades responsables (fojas 179 a 186 y 295 a 299). CONSIDERANDO: I. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1 fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que los actos reclamados a las autoridades responsables, son los siguientes: Autoridades responsables: Directora de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Metropolitana CDMX-Poniente. Directora de Zona General Emiliano Zapata de la Procuraduría Federal del Consumidor. Notificador adscrito a la Zona General Emiliano Zapata de la Procuraduría Federal del Consumidor. Jefe de Departamento de Servicios, Educación y Telecomunicación Zona Metropolitana CDMX-Poniente. La quejosa en su calidad de tercera extraña por reclama el emplazamiento al procedimiento administrativo ********************, formado con motivo de la queja presentada por ********************; así como todo lo actuado en el mismo, entre ellos, el citatorio de dos de diciembre de dos mil veintiuno así como la cédula de notificación del tres siguiente. III. Existencia del acto reclamado. Son inexistentes los actos reclamados a la Directora de Zona General Emiliano Zapata de la Procuraduría Federal del Consumidor, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado su negativa, aunado a que de las constancias remitidas, consistentes en la copia certificada del expediente ********************, a las que se le otorga valor probatorio pleno por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, no se advierte que ésta hubiese emitido los actos reclamados. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo, respecto a la autoridad mencionada. En otro orden, las autoridades Directora de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Metropolitana CDMX-Poniente, Notificador adscrito a la Zona General Emiliano Zapata de la Procuraduría Federal del Consumidor y el Jefe de Departamento de Servicios, Educación y Telecomunicación Zona Metropolitana CDMX-Poniente, al rendir su respectivo informe justificado, dijeron que no son ciertos los actos reclamados, sin embargo dicha negativa queda desvirtuada con sus manifestaciones así como con las constancias que exhibieron, mismas que se les otorga pleno valor pleno valor probatorio en términos de los párrafos que anteceden, de las que se desprende la existencia de un procedimiento administrativo ********************, de ahí que se tienen por ciertos los actos. IV. Causa de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. Este resolutor, de oficio advierte que respecto de la falta de emplazamiento a la controversia familiar de nulidad de acta de matrimonio con número de expediente ********************, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa. Los citados preceptos son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley [.]". De la interpretación de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio constitucional, se puede promover por quien aduce ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos reconocidos en la Constitución y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Empero, señala que cuando se traten de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, tener reconocido un derecho subjetivo público qué proteger. Ahora, el interés jurídico puede entenderse como el derecho que asiste a un particular para reclamar algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio; es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, el cual se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular en sus derechos o intereses. En ese orden, puede decirse que el interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, no es sino el derecho subjetivo, es decir, una facultad o potestad de exigencia cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. Orienta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, número de registro 2019456, de rubro y contenido siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Por tanto, no existe derecho subjetivo ni, por ende, interés jurídico cuando la persona carece de la capacidad otorgada por el orden jurídico para imponerse coercitivamente a otro sujeto, esto es, cuando no haya poder de exigencia imperativa. El derecho subjetivo consiste en la facultad de exigir a otro una determinada conducta, la cual puede consistir en dar, hacer o no hacer. Además, las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Enero de 2008, página 225, con registro digital 170500, de rubro y contenido: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En el caso a estudio, la quejosa reclama la falta de emplazamiento legal al procedimiento administrativo ********************, formado con motivo de la queja interpuesta por ********************, así como todo lo actuado, incluyendo las notificaciones realizadas el dos y tres de diciembre de dos mil veintiuno, así como las resoluciones de nueve de marzo y dieciocho de mayo, del año en curso, en la que se impusieron una multa. La quejosa sostiene que no ha sido emplazada al procedimiento administrativo, y en su carácter de tercera extraña acude al juicio de amparo alegando la existencia de una multa impuesta en su contra así como una orden de embargo a efectuarse en su domicilio ubicado en ********************, por lo que reciente una afectación en sus derechos subjetivos, transgrediendo en su perjuicio el derecho fundamental de audiencia y legalidad. Sin embargo, ello no constituye un acto que produzca una afectación personal y directa a la promovente ********************, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica del mismo, ya que aun cuando sus consecuencias puedan calificarse como de grado predominante o superior, no pueden ser sujetas al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, lo que, en la especie, no acontece, ya que a través de dicha actuación, no se estima como una violación por parte de la responsable a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte. Ello es así, ya que la quejosa no es parte en el procedimiento de origen, asimismo las multas no le ha n sido impuestas a su persona, así también, se advierte que no se ha ordenado embargo alguno en su domicilio. Para acreditar lo anterior, es necesario realizar una breve e importante relatoría de los principales antecedentes que se adviertes de las constancias - ya valoradas- que integran el procedimiento administrativo ********************, a saber: - El seis de octubre de dos mil veintiuno, se registró la queja por prestación de servicios formulada por ********************, en contra de ********************, para lo cual se señalaron las doce horas con cuarenta minutos del nueve de diciembre de dos mil veintiuno, para la audiencia de conciliación (fojas 213 a 214). - Llegada la fecha, la audiencia no se pudo desahogar en virtud de que las partes no habían sido notificados, por lo que se señaló nueva fecha para su desahogo (fojas 230 a 231). -El doce de enero de dos mil veintidós, se notificó personalmente por medio de instructivo a ******************** (fojas 231 reverso a 233 reverso). - Ante la incomparecencia de los denunciados, el nueve de marzo y dieciocho de mayo, de dos mil veintidós, se les impuso una multa a ******************** (fojas 234 a 235 y 237 reverso a 239) Como puede advertirse, la quejosa ********************, no es parte en el procedimiento de origen, por tanto los actos reclamados en modo alguno le afectan de manera directa, ya que es una persona física diversa a la que encuentra afecta al procedimiento ********************, es decir, fue a ******************** a quien se le notificó para presentarse a la audiencia conciliatorio y a quien le impusieron las multas. En consecuencia, los actos reclamados y su ejecución no producen una afectación real y actual a la esfera jurídica de ********************, pues en dado caso quien tendría que acudir al juicio de amparo alegando los actos tendría que ser ********************, quien ésta última es la parte denunciada y a quien se le impusieron las multas reclamadas. En tanto que, los actos reclamados ya multicidados, no pueden considerarse como aquellos que produzcan una afectación personal y directa a la parte quejosa, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica de la misma y, en consecuencia, no le lesiona algún derecho sustantivo en su perjuicio. La quejosa funda su legitimación y con ello su interés jurídico, en el derecho que le asiste al tener su domicilio cito en ********************, pues un vecino le informó que el siete de diciembre de dos mil veintiuno, se presentó un hombre quien se ostentó como Notificado de la Procuraduría Federal del Consumidor Delegación Morelos, quien pretendía entrar a su domicilio; sin embargo, fue omiso en exhibir idónea para acreditar su dicho. En efecto, la quejosa sólo exhibió el original de un aviso recibo de la Comisión Federal de Electricidad, con número de servicio ********************, a nombre de ********************, con domicilio ********************, así como la factura de pago ******************** relativo al impuesto predial del año dos mil veintidós, respecto del predio ubicado en ********************, valoradas en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, resultan insuficientes para acreditar la afectación en su domicilio, pues de autos se advierte que no existe identidad entre el inmueble señalado como su domicilio y los que se señalan en las documentales que ofreció, de ahí que no acredita su interés jurídico para promover el juicio de amparo en contra de los actos reclamados. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 82, Octubre de 1994, página 17, con registro digital 206338, de rubro y contenido: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por lo que, si de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional sólo podrá promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o el reglamento o cualquier otro acto, es decir, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio y que de manera conjunta es lo que provoca la génesis de la acción constitucional, pensamiento que se encuentra inmerso en uno de los principios que rigen el Juicio de Amparo, que es el agravio personal y directo; al no advertirse que la peticionaria de amparo resienta alguna afectación en sus derechos públicos subjetivos legalmente reconocidos, debe estimarse que no se acredita que los actos reclamados lesionen algún interés jurídico legalmente tutelado en su beneficio, requisito necesario para promover el juicio constitucional de acuerdo con el principio de instancia de parte agraviada rector de su procedibilidad. Sirve de apoyo, la tesis II.2o.C.T.20, de Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Septiembre de 1997, página 648, con registro digital 197739, de rubro y contenido: "AMPARO IMPROCEDENTE, CUANDO EL QUEJOSO NO ES PARTE EN EL JUICIO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si de las constancias de autos se aprecia que el quejoso no fue parte en el juicio del que deriva la sentencia reclamada, es evidente que ésta no afecta su interés jurídico y, por lo mismo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo. A esto debe agregarse que de conformidad con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo aquel a quien perjudica el acto reclamado, por lo que, en tal caso, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 4o., ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Así también, la tesis II.2o.195 K, de Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la octava época del Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIII, Marzo de 1994, página 504, con registro digital 213298, de rubro y contenido: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO, HASTA CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES JURIDICOS PARA EFECTOS DEL AMPARO. Los intereses de la persona extraña al juicio se afectan hasta el momento en que se ordene la ejecución, o se ejecuta el acto reclamado en su detrimento, porque ese perjuicio no se origina antes, dado que cualquiera de los individuos que sí forman parte de la relación procesal, podrían muy bien interponer los recursos pertinentes y lograr de ese modo la anulación, revocación o modificación de la resolución de que se trate; o dicho de otra manera, mientras no sea inminente la ejecución del acto reclamado en menoscabo de los intereses legalmente tutelados del tercero extraño a juicio, la acción de amparo resultará improcedente, en virtud de que hasta ese momento no se le causa un agravio personal y directo, que es uno de los principios reguladores del juicio de garantías, y conforme al cual es indispensable que el acto de autoridad que se combate traiga como consecuencia una transgresión a las garantías individuales que asisten al quejoso." En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Sobreseimiento que debe hacerse extensivo a los actos de ejecución al no haberse combatido por vicios propios. Apoya esto último, la jurisprudencia VI. 2o. J/7, visible en la página 690, Tomo: II Segunda Parte-2, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, del tenor literal: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Conforme al sentido de este fallo, es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, dado que la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia II.3o. J/58, de Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la octava época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 70, Octubre de 1993, página 57, con número de registro digital 214593, de rubro y contenido: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por derecho propio, por las razones expuestas en el considerando IV. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Informes justificados. Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Directora de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Metropolitana CDMX-Poniente y Jefe de Departamento de Servicios, Educación y Telecomunicaciones Zona Metropolitana CDMX-Poniente, ambas de la Procuraduría Federal del Consumidor. Vista a las partes. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Domicilio y delegados. Además, con apoyo en el ordinal 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de las autoridades responsables a las personas que designa y, conforme a lo que establece el numeral 26, fracción II, de la legislación en consulta, se tiene por señalado como domicilio procesal el que indican, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Medios probatorios. Conforme a lo establecido en el numeral 123 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas que ofrece, mismas que se desahogan en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de agosto de dos mil veintidós. Informes justificados. Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Directora de Zona General Emiliano Zapata, de la Procuraduría Federal del Consumidor, y Notificador adscrito. Vista a las partes. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Domicilio y delegados. Además, conforme a lo que establece el numeral 26, fracción II y 9 de la legislación en consulta, se tiene por señalado como domicilio procesal el que indican, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial, y como delegados a las personas designadas. Notifíquese.
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