Dinorah Antoinnete Gali López
Expediente 519/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 519/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/10/2023
Partes del expediente
- Dinorah Antoinnete Gali López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Oficio El Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, remite testimonio de la ejecutoria dictada el dos de octubre de dos mil veintitrés, en el Impedimento ********************de su índice; cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Es fundado el impedimento planteado por ******************** Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla; para conocer del juicio de amparo indirecto ********************. SEGUNDO. Háganse del conocimiento esta resolución, a la Encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla y remítasele el expediente relativo al juicio de amparo indirecto ******************** e incidente de suspensión del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo de y Juicios Federales en el Estado de Puebla, a fin de que, en oportunidad, proceda a returnarlo, con exclusión del citado Juzgado de Distrito, cuyo impedimento se declaró fundado " Acuse de recibo. Acúsese de inmediato el recibo de estilo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), y agréguese a la brevedad la constancia de su envío al expediente electrónico y físico en que se actúa. Acuerdo. Se toma conocimiento de lo resuelto por la Superioridad. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el cuaderno de antecedentes una vez transcurridos tres años, toda vez que se declaró infundado el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 20, fracción I, del citado Acuerdo General, además, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del artículo 15 del citado Acuerdo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
- Principal
Oficio. El Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, informa el contenido del acuerdo de treinta de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente de impedimento número 19/2023, del que se advierte que se admitió a trámite el impedimento planteado por este Juzgado. Fundamentación. Artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo. Se toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar.
- Principal
Oficio. La Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, remite la ejecutoria dictada el nueve de junio de dos mil veintitrés, en el recurso de queja 519/2023 de su índice, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "UNICO. Se declara fundado el presente recurso de queja." Acuse. Acúsese de inmediato el recibo de estilo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), y agréguese a la brevedad la constancia de su envío al expediente electrónico y físico en que se actúa. Cuaderno de Antecedentes. Glósese el cuaderno de antecedentes que se ordenó formar con motivo del recurso de revisión. En tales condiciones se procede acordar lo conducente. IMPEDIMENTO DEMANDA DE AMPARO IMPEDIMENTO Causa de impedimento. Este Juzgador estima que en el caso, se actualiza la causa de impedimento prevista en los artículos 51, fracción VII, 52, 54, fracción III, inciso c), y 55 de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes...." "Artículo 52. Sólo podrán invocarse como excusas las causas de impedimento que enumera el artículo anterior. Las partes podrán plantear como causa de recusación cualquiera de tales impedimentos". "Artículo 54. Conocerán de las excusas y recusaciones: (.) III. Los Tribunales Colegiados de Circuito: (.) c) De las juezas o jueces de Distrito, que se encuentran en su circuito". "Artículo 55. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestarán estar impedidos ante el tribunal pleno o ante la sala que conozca del asunto de que se trate. Las magistradas o magistrados de circuito y las juezas o jueces de distrito manifestarán su impedimento y lo comunicarán al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Las excusas se calificarán de plano". De los preceptos transcritos se advierte que los Jueces de Distrito deberán excusarse cuando en algún asunto tuvieren enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes. Ahora bien, el suscrito considera se ubica en la causa de impedimento prevista en el artículo 51, fracción VII, de la Ley de Amparo, circunstancia por la cual debo excusarme para conocer del presente juicio de amparo, dada la enemistad de la tercera interesada ----, administradora única de ----, con el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, incluyendo al suscrito. Ahora bien, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. (...)". La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado cuatro obligaciones que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a la forma de impartir justicia, que son: a) De justicia pronta; b) De justicia completa; c) De justicia imparcial; y, d) De justicia gratuita. En específico, la imparcialidad judicial significa una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Así, el referido principio debe entenderse en dos dimensiones: a. La subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y b. La objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. Ahora bien, debe decirse que, en relación con la imparcialidad, en su aspecto personal y objetivo, se presume siempre que no exista prueba en contrario, tal como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver la sentencia de cinco de agosto de dos mil ocho, dictada en el caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") vs. Venezuela: "En cambio, la imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad. 2. La Corte Europea de Derechos Humanos ha explicado que la imparcialidad personal o subjetiva se presume a menos que exista prueba en contrario. 3. Por su parte, la denominada prueba objetiva consiste en determinar si el juez cuestionado brindó elementos convincentes que permitan eliminar temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona. 4 Ello puesto que el juez debe aparecer como actuando sin estar sujeto a influencia, aliciente, presión, amenaza o intromisión, directa o indirecta5, sino única y exclusivamente conforme a -y movido por- el Derecho." En esa tesitura, la imparcialidad exige que el Juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permita desterrar toda duda que el justiciable pueda albergar respecto de ausencia de imparcialidad. En relación con la causa de impedimento expuesta, es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los requisitos para estimarla actualizada, son: a) En primer término, la explícita consideración del funcionario judicial de que se ubica en el supuesto respectivo, lo que conlleva la valoración personal de que está afectado en su ánimo interno para resolver el asunto y, b) El señalamiento de una causa objetiva y razonable susceptible de justificar esa circunstancia. En ese escenario, el suscrito considera que se actualiza dicha causa de impedimento, al quedar satisfechos los aludidos requisitos. Lo anterior, ya que en términos de la jurisprudencia reproducida, la amistad, la enemistad o la animadversión, son sentimientos subjetivos y, por tanto, es suficiente que el titular del órgano jurisdiccional manifieste con claridad la forma en que se encuentra en alguna de esas situaciones. En tal virtud, como se adelantó, el suscrito juez estimo que me encuentro impedido para conocer de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 51, fracción VII, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes...." En el caso concreto, importa determinar quiénes se encuentran comprendidos en la hipótesis de representantes a que alude la citada porción normativa, porque, a partir de ello, la persona juzgadora estará en aptitud de determinar si se ubica en algún supuesto de impedimento. Para dilucidar lo anterior, es necesario tener presente que la Ley de Amparo alude en diversas porciones normativas, que interesan para el caso que nos ocupa, a la figura del representante, tal como enseguida se advierte: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes. Artículo 8o. El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que justifiquen la designación de persona diversa. Si el menor hubiere cumplido catorce años, podrá hacer la designación de representante en el escrito de demanda. Artículo 9o. Las autoridades responsables podrán ser representadas o sustituidas para todos los trámites en el juicio de amparo en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. En todo caso podrán por medio de oficio acreditar delegados que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen, hagan promociones e interpongan recursos. El Presidente de la República será representado en los términos que se señalen en el acuerdo general que expida y se publique en el Diario Oficial de la Federación. Dicha representación podrá recaer en el propio Consejero Jurídico o en los secretarios de estado a quienes en cada caso corresponda el asunto, en términos de las leyes orgánicas y reglamentos aplicables. Los reglamentos interiores correspondientes señalarán las unidades administrativas en las que recaerá la citada representación. En el citado acuerdo general se señalará el mecanismo necesario para determinar la representación en los casos no previstos por los mismos. Los órganos legislativos federales, de los Estados y de la Ciudad de México, así como los gobernadores y jefe de gobierno de éstos, instituciones de carácter federal o local con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de las Constituciones de los Estados, titulares de las dependencias de la administración pública federal, estatales o municipales, podrán ser sustituidos por los servidores públicos a quienes las leyes y los reglamentos que las rigen otorguen esa atribución, o bien por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos. Cuando el responsable sea una o varias personas particulares, en los términos establecidos en la presente Ley, podrán comparecer por sí mismos, por conducto de un representante legal o por conducto de un apoderado. Artículo 13. Cuando la demanda se promueva por dos o más quejosos con un interés común, deberán designar entre ellos un representante, en su defecto, lo hará el órgano jurisdiccional en su primer auto sin perjuicio de que la parte respectiva lo substituya por otro. Los terceros interesados podrán también nombrar representante común. Cuando dos o más quejosos reclamen y aduzcan sobre un mismo acto u omisión ser titulares de un interés legítimo, o bien en ese mismo carácter reclamen actos u omisiones distintos pero con perjuicios análogos, provenientes de la misma autoridad, y se tramiten en órganos jurisdiccionales distintos, cualquiera de las partes podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que determine la concentración de todos los procedimientos ante un mismo órgano del Poder Judicial de la Federación, según corresponda. Recibida la solicitud, el Consejo de la Judicatura Federal, en atención al interés social y al orden público, resolverá lo conducente y dictará las providencias que resulten necesarias. Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribual que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente. Si el promovente del juicio posteriormente carece del carácter con el que se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada y ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días. Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado siempre en presencia de su defensor, ya sea de oficio o designado por él, mientras no constituya representante dentro del juicio de amparo. De lo contrario, la demanda se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. (.) Artículo 16. En caso de fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte sus derechos estrictamente personales, el representante legal del fallecido continuará el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión. (.) Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. En forma personal: a) Al quejoso privado de su libertad, en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o en el de su reclusión o a su defensor, representante legal o persona designada para oír notificaciones; (.) Artículo 30. Las notificaciones por vía electrónica se sujetarán a las reglas siguientes: I. A los representantes de las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, así como cualesquier otra que tuviere intervención en el juicio, la primera notificación deberá hacerse por oficio impreso, en los términos precisados en el artículo 28 de esta Ley y excepcionalmente a través de oficio digitalizado mediante la utilización de la Firma Electrónica. (.)" Como se ve, la figura del representante en la Ley de Amparo resulta versátil, porque dicho concepto alude tanto al representante legal de la persona física o moral que promueve el juicio, al representante de la persona moral pública que insta la acción constitucional, el legítimo representante del menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción, el representante legal del particular señalado con el carácter de autoridad responsable, el representante común de dos o más quejosos que promueve una demanda de amparo, el representante legal del quejoso o tercero interesado que hubiere fallecido, así como al representante legal del quejoso privado de su libertad. Asimismo, el artículo 12 de la Ley de Amparo dispone que tanto el quejoso como el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero, a quienes comúnmente se les ha identificado como abogados autorizados en términos amplios. Sin embargo, dicha norma establece, en su segundo párrafo, que las partes podrán designar solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior, a quienes coloquialmente se les ha denominado autorizados en términos restringidos. Dicha posibilidad de designación se reitera posteriormente en el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en tanto dispone que el quejoso y el tercero interesado podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal exclusivamente para oír notificaciones aún las de carácter personal e imponerse de los autos, quien no gozará de las demás facultades previstas en el artículo 12 de esta Ley. A partir de lo anterior, se considera que las personas que las partes designan solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a quienes coloquialmente se les ha denominado autorizados en términos restringidos, se les puede catalogar en la hipótesis de representantes a que alude el numeral 51, fracción VII, de la Ley de Amparo. Esta conclusión deriva, en primer lugar, de que la figura del representante en la Ley de Amparo resulta versátil, pues en ese concepto se actualizan diversas y variadas hipótesis de representación, de tal manera que ese concepto no puede entenderse únicamente referido a quien ostenta una representación derivada de un instrumento jurídico. Además, no se debe perder de vista que la persona autorizada en términos del artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, está en aptitud de oír notificaciones e imponerse de los autos, lo que implica que adquiera un conocimiento relevante de la tramitación del juicio de amparo e, incluso, pueda sugerir a su autorizante la realización de ciertos actos procesales o estrategias defensivas, lo que conduce a estimar que se le puede catalogar en la hipótesis de representante a que alude el numeral 51, fracción VII, de la ley de la materia. Caso concreto. En este contexto, se estima que, en la especie, se actualiza el impedimento previsto en el artículo 51, fracción VII, de la Ley de Amparo, en virtud de que en la demanda de amparo se señaló como tercera interesada a ---, por conducto de su apoderada o representante legal y, toda vez que el representante de esta moral lo es ---- administradora única de la tercera interesada ---, con quien el suscrito tiene una enemistad. Lo anterior se corrobora del contenido de la demanda de amparo que, en la parte que interesa, es del tenor siguiente: Como se adelantó, el suscrito mantiene una animadversión con el referido representante de la tercera interesada, porque en múltiples ocasiones al acudir a este Juzgado de Distrito, la citada representante y sus autorizados se ha conducido de manera agresiva, prepotente y grosera en contra del personal de este Juzgado, particularmente con las oficiales judiciales, secretario particular, coordinador administrativo y secretaria de juzgado, inclusive, en contra del suscrito Juez de Distrito, exigiendo trato preferencial y haciendo comentarios ofensivos contra el personal, lo que ha generado en el suscrito una manifiesta animadversión hacia la referida representante y autorizados de la tercera interesada, lo cual continúa ocurriendo cada vez que se presenta ante esta sede jurisdiccional. Ahora bien, en este Juzgado de Distrito obra el juicio de amparo y del incidente de suspensión 1805/2021, del que se advierten los siguientes datos: A.- Parte quejosa. ---- B.- Tercero interesado. ---. Por conducto de ----, administradora única de la referida moral. C.- Autoridad responsable. Juez Primero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla y Especializado en Extinción de Dominio del Poder Judicial del Estado de Puebla. En ese sentido, dentro del referido juicio se han venido frecuentando las siguientes circunstancias: 1.- Dentro del referido juicio de amparo el día veintinueve de abril de dos mil veintidós, ----, administradora única de la tercera interesada ---, Informo que derivado de una seria de irregularidades las cuales motivaron la queja administrativa presentada ante mi persona y en contra de la secretaria de acuerdos y actuario de la adscripción, con motivo de que le han hecho dar de vueltas y por no avisarme su intención de dialogar conmigo. 2.- La aludida queja fue promovida por --- en contra del Juez Francisco Rene Olivo Loyo titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, de ----, en su actuación como entonces secretaria de juzgado y ----, actuario judicial, adscritos al citado órgano jurisdiccional, por su actuación en el juicio de amparo 1805/2021, radica con el número 1371/2022-IV del índice de la Secretaria Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. 3.- ----, administradora única de la tercera interesada ---, en la referida queja señaló como posibles conductas de responsabilidad administrativa las siguientes: "a). El juez y la secretaria contrario a constancias sin fundar y motivar otorgaron al quejoso la suspensión provisional. (.) c). No leen las demandas ni escritos de pruebas que se presentan en ese juzgado pues omiten pronunciarse respecto de las peticiones. d). Actuaron contrario a lo que señalan las jurisprudencias de número 2002635 y 201335 , toda vez que se difirió la audiencia señalada para el cuatro de abril de dos mil veintidós, sin causa justificada y sin existir fundamentación motivación, no obstante que ya obraba el informe previo de la responsable. e). No acuerdan las promociones dentro de las veinticuatro horas que tienen para ello.. (.) 2. Secretaria ---. Obsequió beneficios a los hijos del exgobernador del Estado de Puebla en contravención a constancias de autos y de la propia ley, ya que de llevarse legalmente un juicio no los hubieran obtenido, con eso se demuestra la parcialidad, falta de diligencia e ineptitud. 3. Actuario ----. Falta de preparación probidad diligencia y profesionalismo al realizar la diligencia de inspección judicial de doce de abril de dos mil veintidós, en la que asentó cosas falsas y alteró la pertinencia de la prueba para beneficiar a los hijos del exgobernador del Estado de Puebla, ----. Cabe precisar que dicha queja fue declarada improcedente, tal como se advierte del oficio SED/8021/2022, de veinticinco de mayo de dos mil veintidós. 4.- Luego, mediante escrito de tres de mayo de dos mil veintitrés, ---, administradora única de la tercera interesada ----, refirió que su autorizado al solicitar la consulta del expediente, fue interrumpido por una oficial administrativa adscrita a este Juzgado, la cual es ajena al asunto, quien además de ser GROSERA Y PREPOTENTE, IMPEDÍA LA CONSULTA DEL EXPEDIENTE DEL ABOGADO, INTENTANDO PROVOCARLO MEDIANTE LA CONFRONTACIÓN INNECESARIA. Como se observa: Además, refirió que fue injustificadamente ACORRALADO en el juzgado por dos personas más de este juzgado de distrito, sin que hubiera razón. Asimismo, manifestó que no le fue permitido la consulta de diversos acuerdo no obstante en el expediente electrónico se podían observar. De igual forma solicitó se giraran instrucciones al personal adscrito a este Juzgado para que se trate con respeto a todo litigante y/o justiciable. Solicitó que VERIFIQUEN, ANTES DE REALIZAR ACUERDOS ERRONEOS, EL CORRECTO CONTENIDO DE LOS ESCRITOS Y CONSTANCIAS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE, PARA ASI NO COMETER TANTOS ERRORES DENTRO DE LOS JUICIOS. Así mismo, solicito instruir al personal tener los expedientes completos y que se ABSTENGAN DE PREJUZGAR RESPECTO DE LOS JUICIOS Y SE LIMITEN A REALIZAR SU ACTIVIDAD JURISDICCIONAL DE FORMA IMPARCIAL Y DILIGENTE. Lo anterior se corrobora enseguida: 5.- Por otra parte, en la misma fecha, en el escrito de agravios----, administradora única de la tercera interesada, manifestó que con el actuar de este Juzgador se ADVIERTE LA PREFERENCIA Y PARCILIDAD DEL ÓRGANO DE CONTROL. Como se observa: Circunstancias -la queja entablada en mi contra- que obviamente ha generado en mi persona una animadversión con la tercera interesada, que influye en mi apreciación subjetiva hacia su persona y hace perder mi objetividad e imparcialidad con la que debo conducirme en el juicio. En tal virtud, no obstante que en todo momento me he conducido con imparcialidad, objetividad, profesionalismo, independencia y autonomía, en todos los asuntos de los que he tenido conocimiento tanto frente a los particulares como a las autoridades y, por lo que respecta al caso particular que nos ocupa, a diferencia de la referida tercera interesada por conducto de su apoderada ----, siempre se le he tratado de manera respetuosa junto con el personal adscrito a este Juzgado. Sin embargo, las conductas que él ha tenido con el personal y la manera de referirse con el suscrito en los términos de las líneas que se precisaron, además de que son conductas que no toleraré, ahora han generado animadversión hacia la tercera interesada, lo que afecta mi ánimo interno en cuanto a la valoración personal para seguir conociendo de este asunto, y de los demás en los que sea parte la tercera interesada Formula Angelópolis, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su representante y autorizados. Lo expuesto de manera indudable origina que el suscrito pierda objetividad al analizar asuntos planteados en el que dicha moral es parte. Así, el suscrito considera muy respetuosamente que el sentimiento de animadversión que me produce ----, administradora única de la tercera interesada ----, satisface el primero de los requisitos necesarios en el caso para que se califique de legal el impedimento que pongo a consideración del honorable tribunal que corresponda conocer del mismo, lo anterior, en mérito de la credibilidad de la que goza el propio reconocimiento que hago como funcionario judicial de albergar tal sentimiento. Por otra parte, el suscrito estima que también se cumple el segundo de los requisitos en estudio, pues tal como quedó anotado, se señalaron una serie de eventos que justifican la animadversión que el suscrito siente por ----, administradora única de la tercera interesada ----, quien a la postre será emplazada en el presente juicio, por ser tercera interesada y parte demandada en el juicio de origen, consistentes, sucintamente, en la conducta que dicho quejoso ha asumido al acudir en diversas ocasiones al Juzgado de Distrito, en donde se ha conducido de forma agresiva, prepotente y grosera con el personal que ahí labora. De ahí que, en virtud de todo lo acontecido por las conductas intolerables que la referida tercera ha tenido con el personal de este órgano jurisdiccional y con el suscrito, las cuales han quedado previamente descritas de manera sucinta, han generado animadversión hacia dicha parte, lo que afecta mi ánimo interno en cuanto a la valoración personal para seguir conociendo de este asunto, y de los demás en los que él es parte. Sin que pase desapercibido para este juzgador, que la demanda que se provee fue tramitada por ----, a través de su apoderada ---, pues de admitirse por este juzgador la demanda de que se trata, llamara a juicio a la moral ----. En consecuencia, con la finalidad de resguardar en forma absoluta el principio de imparcialidad en la administración de justicia en el presente asunto, conforme a lo establecido en el artículo 17 Constitucional, el cual consiste en la neutralidad que se debe presentar respecto de quien solicita una tutela jurídica y respecto de aquél frente a quien esa tutela se solicita se califique como legal el impedimento para continuar conociendo de este asunto, por actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 51, fracción VII, de la Ley de Amparo. Ante tales circunstancias, dado que mi subjetividad se ve inclinada a sentimientos negativos hacia la señora ---, administradora única de la tercera interesada ---, estimo que no puedo mantenerme ecuánime en el trámite del asunto y por esa razón me encuentro legalmente impedido para seguir conociendo del presente juicio de amparo, en aras de preservar la legitimidad, independencia e imparcialidad que rigen la función jurisdiccional de los juzgadores constitucionales y que siempre he observado en todos los asuntos que se someten a mi decisión. Por las razones expuestas, con el objeto de evitar causas de responsabilidad, así como para salvaguardar uno de los principios rectores en la administración de justicia, como lo es la imparcialidad, estimo necesario declararme impedido para resolver el presente asunto. Cabe precisar que lo anterior tiene el propósito de poner de manifiesto una circunstancia que de conformidad con la ley de la materia, incide en el óptimo desempeño de la función jurisdiccional y, que de no formularse, puede dar origen a alguna causa de responsabilidad; de modo, que el impedimento invocado se somete a consideración del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, en turno, para que tenga a bien dictar la resolución correspondiente. Asimismo, es pertinente destacar que la exposición de la causa de impedimento puede manifestarse en todo momento durante la tramitación del juicio de amparo, incluso, aun después de dictada la sentencia de amparo. Consecuentemente, al estimarse actualizado el supuesto de impedimento previsto en la fracción VIII del artículo 51 de la ley de la materia, de conformidad con los artículos 54, fracción III, inciso c), y 55 de la Ley de Amparo, mediante oficio con transcripción de este proveído remítase el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para que tenga a bien dictar la resolución correspondiente; solicitando que de no existir inconveniente acuse de recibo de los autos. Cuaderno de antecedentes. En tal virtud, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo con las constancias conducentes.
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8.- Oficio El quejosa hace diversas manifestaciones en relación a la vista otorgada en auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. .. Acuerdo y/o motivación Consecuentemente, se tiene por recibido el escrito y se toma conocimiento de lo informado, para ser considerado en el momento procesal oportuno. Notifíquese en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. ..
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