Dinay Lizbeth Bravo Perea
Expediente 512/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 512/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Dinay Lizbeth Bravo Perea
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de veintisiete de abril del año en curso, dictado en este juicio (fojas 10-16), en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Dinay Lizbeth Bravo Perea, contra actos del Agente del Ministerio Público de Federal (sic), con residencia en esta ciudad y otras autoridades, que hizo consistir en:*** Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 512/2023 2-A. PRECISIONES De la certificación que antecede, se advierte que la demanda con la que se da cuenta, fue presentada a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, carece de firma autógrafa, electrónica y/o evidencia criptográfica de la quejosa Dinay Lizbeth Bravo Perea. Asimismo, del análisis y la calificación jurídica del escrito de demanda, se estima que los actos reclamados no encuadran dentro de alguna de las hipótesis previstas en los artículos 15 de la Ley de Amparo y/o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; toda vez que de su estudio íntegro, no se advierte que se reclame alguno de los actos a que se refieren los mencionados preceptos legales, tampoco de los previstos en el artículo 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Precisado lo anterior, de la lectura integral de la demanda que se provee, se advierte que la misma carece de firma autógrafa, electrónica y/o evidencia criptográfica de la parte quejosa, por lo que en el caso concreto, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, coligado con el diverso 6º, ambos de la Ley de Amparo, que literalmente señalan:*** De la interpretación a lo trascrito, se obtiene que las causas de improcedencia factibles de actualizarse en el juicio de amparo no se limitan a las hipótesis previstas en las primeras XXII fracciones del citado numeral 61 de la Ley de Amparo, dado que su fracción XXIII posibilita la improcedencia de la instancia constitucional en comento, en razón de cualquier otro motivo derivado de la Constitución General de la República o de la ley, uno de los cuales es el que deriva de lo ordenado por el artículo 6º, de la ley de la materia, de acuerdo con el cual, el juicio de amparo sólo es procedente si es promovido por la persona a quien perjudique la ley, tratado internacional, reglamento o cualquier otro acto que se reclame, o en ciertos casos, a través de su representante, por su defensor, algún pariente e inclusive, por persona extraña, siempre que la ley de la materia así lo permita. Lo anterior es así, ya que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo es el de iniciativa o instancia de parte agraviada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 constitucional, fracción I; en concordancia con lo expuesto, en el procedimiento, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho se manifiesta a través de su firma, y cuando no sabe hacerlo o no puede firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirá su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. Ahora bien, en el caso, la demanda de amparo fue presentada a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, pero de la simple revisión del escrito que se provee, se aprecia que no se estampó firma autógrafa, electrónica y/o evidencia criptográfica de la directa quejosa, ya que el sistema no arrojó la constancia condigna; ello pues, la demanda que se provee fue firmada electrónicamente por Luis Antonio Díaz Jiménez, lo que así se advierte de la constancia de la evidencia criptográfica que se tiene a la vista (fojas 2 y 5). Tampoco es el caso que conste alguna manifestación de la quejosa respecto a que diversa persona promovería a su ruego con motivo de alguna imposibilidad jurídica o material para hacerlo, sino que por el contrario, la redacción de la demanda indica que se elaboró de tal manera por Dinay Lizbeth Bravo Perea y que solicita el amparo sin destacar ninguna imposibilidad jurídica ni material para presentar la demanda. Por lo tanto, la suscrita no advierte la manifestación de la voluntad de la promovente, ya que como se ha precisado, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo el artículo 3°, dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso aI sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, a través del cual las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, y con ello se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Lo que en el caso, no se cumple, por lo que hay ausencia de la voluntad de la parte quejosa para dar inicio a la presente instancia constitucional. Por tanto, se insiste, es evidente que no se puede determinar que se encuentra exteriorizada la voluntad de la directa interesada en la promoción del juicio de amparo, pues como ya se dijo, el amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, requisito que debe quedar plenamente acreditado para que esta juzgadora se encuentre en condiciones de admitir una demanda de amparo. Además, que como se precisó en párrafos que anteceden, el acto reclamado no encuadra dentro de alguna de las hipótesis previstas en los artículos 15 de la Ley de Amparo y/o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tampoco de los previstos en el artículo 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; toda vez que de su estudio íntegro, no se advierte que se reclame alguno de los actos a que se refieren los mencionados preceptos legales. Máxime, que de admitir y tramitar el escrito de que se trata, sin la firma correspondiente, fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona presentara escritos instando la función jurisdiccional, cuando no existe en realidad la voluntad respectiva. Por lo anterior, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR DINAY LIZBETH BRAVO PEREA, recibida a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sin que el desechamiento en atención al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, implique agravio o deje sin defensa al amparista, pues la hipótesis en que se sustenta es notoria, manifiesta e indudable, de tal suerte que, ni aun admitiéndose la demanda podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Cabe precisar también que, en el caso además no procede prevenir la demanda, puesto que la falta de firma respectiva no es un requisito de forma contenido en el artículo 108 de la Ley de Amparo, sino un presupuesto de validez, como es la voluntad. En virtud de las anteriores consideraciones, al carecer la demanda de amparo de firma autógrafa, electrónica y/o evidencia criptográfica de la quejosa Dinay Lizbeth Bravo Perea, denota la falta de voluntad de la peticionaria del amparo; por ende, como se precisó anteriormente, no puede considerarse ejercida la acción constitucional. Toda vez que la parte promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones "los estrados", lo cual, técnicamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo; en consecuencia, no ha lugar a tenerle señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y, por tanto, con apoyo en la fracción III, inciso a), del citado precepto, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos.
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