Dina Marisol Vázquez de Enrique

Expediente 264/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
264/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
01/06/2021

Partes del expediente

  • Dina Marisol Vázquez de Enrique

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, uno de junio de dos mil veintiuno. Vista; la certificación precedente, de la cual se advierte ha transcurrido el término establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y que la parte quejosa no se inconformó contra el proveído dictado el quince de abril de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales. ARCHIVO. Tomando en cuenta que del estado de autos se evidencia no hay diligencia o trámite por realizar; con apoyo en el artículo 214, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente, hágase las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; con fundamento en su ordinal 12, se considera susceptible la destrucción de este expediente, al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso d), en relación con el precepto 35, de dicho Acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Se deja de proveer al respecto, en razón a que no se aperturó incidente de suspensión. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el artículo 21, del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER Toda vez que no se advierten documentos, ni tomos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quince de abril de dos mil veintiuno. CALIFICACIÓN DE URGENCIA DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 15 de la Ley de Amparo, 48, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; la presente demanda, se trata de un asunto urgente, toda vez que de su lectura integral, se advierten como actos reclamados la privación y detención de la libertad, incomunicación, orden de ejecución y deportación. REGISTRO. Vista; la demanda de amparo indirecto, promovida por María Virginia Cano Torres, Christian Humberto Torres Aguilar, Juan Erasmo Verdugo Espinoza y Daniel Cruz de Santiago, en nombre de Glenda Maritza Portillo Portillo, Dina Marisol Vazquez de Enrique, Alfonso Mateo Enrique Vázquez y Kevin Eli Ochoa Pineda, presentada en la modalidad en línea, contra actos que reclaman al Instituto Nacional de Migración, Delegación Federal en Palenque, Chiapas. TRAMITE. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 264/2021-IX y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De la lectura integral a la demanda de amparo, se aprecia que los promoventes atribuyen de la autoridad señalada responsable, Instituto Nacional de Migración, Delegación Federal en Palenque, Chiapas, lo siguiente: Privación y detención de la libertad; Incomunicación; Orden de ejecución; y Deportación. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora bien, el artículo 113, de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, es procedente desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa, toda vez que se advierte actualizada la causal de improcedencia deducida de lo previsto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3 y 6, todos de la Ley de Amparo, que textualmente establecen: "Artículo 3º. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. [.] Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. [.]. "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De la interpretación conjunta a los preceptos señalados, se advierte que los gobernados pueden presentar promociones por vía electrónica; no obstante, para ello es necesario que dichas promociones se presenten mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), la cual tendrá los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Asimismo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no existe manifestación de voluntad para ejercer esa acción constitucional que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Ahora, la firma es la manifestación de voluntad por excelencia, la cual hace patente la intensión del justiciable de promover el juicio de amparo; por tanto, ésta es un requisito esencial de la demanda al ser el signo, como se dijo, de la expresión de la voluntad del accionante para demandar la restitución del derecho que se estima violado y sirve, además, para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales. En consecuencia, la ausencia de firma electrónica en la demanda trae consigo la improcedencia del juicio, al no ser patente la manifestación de la voluntad necesaria para ejercer la acción constitucional de amparo. Como apoyo a tal afirmación, cabe indicar que los artículos 6, 10, 16 y 45 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, interpretados de manera conjunta, ponen de manifiesto que para la presentación de las demandas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es necesario el uso de la Firma Electrónica vigente y, además, que los promoventes se registren en el sistema. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 47/2018, consideró que la implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3, de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo. Sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y firmas autógrafas. Por lo que si bien el escrito de la demanda que se provee no contiene la imagen de una firma autógrafa, sino únicamente se encuentra el nombre de los ocursantes, quienes promueven en nombre de Glenda Maritza Portillo Portillo, Dina Marisol Vazquez de Enrique, Alfonso mateo Enrique Vázquez y Kevin Eli Ochoa Pineda, siendo que dicha demanda se presentó vía electrónica, se concluye debió anexarse a la misma la evidencia criptográfica de quienes promueven. A este respecto, es aplicable la jurisprudencia V.2o.J/70, visible en la página setenta y tres, del Tomo 68, correspondiente al mes de agosto de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, con el registro 215183: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las copias fotostáticas para demostrar el interés jurídico de la quejosa." Así, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido criterio en el sentido de que, la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Esto es, la posibilidad de actuar ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, mediante el empleo de las tecnologías de la información, está supeditada a la utilización de una firma electrónica; de modo que, si en este caso la promoción de cuenta se presentó vía electrónica, sin cumplir con dicho requisito, entonces, resulta equiparable a un escrito sin firma. Lo anterior encuentra sustento por analogía en la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, libro 65, abril 2019, Tomo I, página 69, con número de registro 2019715, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO." Sin pasar desapercibido que el artículo 3º, último párrafo, de la Ley de Amparo, señala que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en términos del diverso 15, de la referida ley; empero, en el presente asunto no se surte dicha excepción, ya que, como se apuntó en líneas que anteceden, tampoco se advierte en la misiva que obre plasmada alguna firma autógrafa por parte de los promoventes. DESECHAMIENTO. En mérito de lo expuesto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación el diversos 3 y 6, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo analizada. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados de la parte quejosa a María Virginia Cano Torres, Christian Humberto Torres Aguilar y Juan Erasmo Verdugo Espinoza, con las facultades amplias a que se refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tienen registrada cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho; y como autorizado para oír y recibir notificaciones a Daniel Cruz de Santiago, por así haberlo solicitado expresamente. Del escrito de la demanda de cuenta se advierte que los promoventes señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, sin embargo esa figura jurídica no está contemplada en la ley de amparo, en ese tenor, y para no dejarlos en estado de indefensión, se ordena notificar este proveído por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo estipulado en el ordinal 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. XIV. QUEJOSA SEÑALA NÚMEROS TELEFÓNICOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS. Téngase a los promoventes proporcionando los números telefónicos y los correos electrónicos que al efecto señala, para que a través del mismo se puedan entablar comunicaciones no procesales cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario se incorporará al expediente previa certificación correspondiente X. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.

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