Dina Basulto Villa
Expediente 1181/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 26 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1181/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 22/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Dina Basulto Villa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
México, Ciudad de México, a veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y en atención a su solicitud, hágase de su conocimiento que a la fecha el proveído de ocho de agosto de dos mil veintidós, no fue recurrido por las partes y en esa misma fecha se ordenó su archivó. Notifíquese por medio de oficio a la Sala responsable y por lista a las demás partes.
- Principal
México, Ciudad de México, a ocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, con vista en las constancias del sumario, se procede a resolver si ha quedado satisfecho o no el fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial número 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de tres de marzo de este año, con el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días, para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades, que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el Tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad, y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Substanciado el presente juicio de amparo, el once de junio de dos mil veinte, se dictó sentencia definitiva en la cual se concedió el amparo a la quejosa Dina Basulto Villa, a efecto que la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, realizara lo siguiente: "Concesión que, acorde a lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, se hace para el efecto que la Sala responsable: a) Deje insubsistente la sentencia de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el toca 1707/2019. b) En su lugar, dicte otra en la resuelva el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa, atendiendo efectivamente a los agravios planteados; y, c) Con plenitud de jurisdicción, fundando y motivando su determinación, resuelva lo que en derecho corresponda." Lo que la sala responsable debía considerar es lo siguiente: "En efecto, como lo afirma la quejosa, la Sala responsable fue incongruente al emitir la sentencia que constituye el acto reclamado, ya que partió de una premisa incorrecta al señalar que se trataba de una liquidación de bienes derivado de un concubinato, cuando la accionante en el juicio principal no pretende que se concluya el concubinato, sino lo que pide es el pago de alimentos, así como que se decreten diversas medidas respecto de los bienes que aduce se obtuvieron durante la vigencia de dicha unión con su contrario. Así, tenemos que, en primer término, no se está en un juicio donde se reclame la terminación del concubinato y que, por tal circunstancia, la accionante solicite se "liquiden" los bienes que se adquirieron durante su vigencia y, como segundo aspecto, la Sala responsable pasó por alto el hecho que la aquí quejosa señaló en los agravios que el concubinato subsistía y que, por tal hecho, requiere que se establezca que puede hacer uso del bien inmueble que, afirma, compró junto con su contrario, además que pretende que se le decrete que puede hacer uso del menaje de la casa y que su concubino no dilapide dichos bienes. Por tanto, no fue adecuado el pronunciamiento de la responsable, al establecer que las prestaciones que la actora identificó con los incisos f), g) y h), de la demanda que dio origen al juicio de donde deriva el acto reclamado, no sean admitibles ya que, en el concubinato, no se establece un régimen patrimonial sobre los bienes que se hayan adquirido durante la relación de hecho; ello, puesto que, como se precisó, no se está reclamando la liquidación de dicho régimen, sino que dichas prestaciones derivan del pago de alimentos que pretende la ahora quejosa por el estado de necesidad en que aduce se encuentra, ya que, reitera, su concubino no le permite usar el inmueble que alega compraron, además de las diversas expresiones que realiza respecto de la falta de capacidad económica que tiene para poder subsistir. En esta guisa, si la responsable no atendió a las particularidades del caso planteadas a su revisión, la sentencia que dictó carece de congruencia externa ya que sus consideraciones y puntos resolutivos no son conformes con los hechos sujetos a debate." En auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia por lo que se solicitó a la autoridad responsable a fin de que diera cumplimiento a la misma. Mediante oficio registrado con el número de correspondencia 11198, la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, informó que había dejado insubsistente la resolución de "veintidós de octubre de dos mil diecinueve", dictada en el toca 1707/2019. Posteriormente, mediante oficio registrado con el número de folio 12681, la sala responsable manifestó que había dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo para acreditarlo remitió la resolución de catorce de julio de dos mil veintiuno, dictada en el toca 1707/2019. Con lo anterior, en auto de cinco de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa. Luego, en auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, este juzgado de Distrito determinó que la resolución de catorce de julio de dos mil veintiuno, dictada en el toca 1707/2019, era incongruente consigo misma, porque, por una parte, se había considerado que los agravios expresados por la inconforme eran fundados porque las prestaciones identificadas con las letras f), g) y h), debían ser objeto a dilucidar en la controversia de origen, ya que respecto de la identificada con la letra f), atendiendo a los hechos aducidos en la demanda donde manifestó que le impedían el acceso al inmueble de su copropiedad la cual se encontraba vinculada a la relación familiar de concubinato era necesario admitir dicha prestación, a efecto que dentro del controvertido se acreditaran tales circunstancias en términos del artículo 281 del código adjetivo de la materia. Respecto de la prestación g), determinó que era procedente admitir dicha prestación y emitir la medida provisional correspondiente. Con relación a la prestación h), determinó declarar que se admitía dicha prestación y previno al demandado para que se abstuviera de realizar cualquier acto que llevara a su dilapidación o que pretendiera menoscabar los derechos de uso y disfrute que con motivo de la relación concubinal se hubiere generado. Sin embargo, en el resolutivo segundo, en la parte relativa a la manera en que debía quedar el auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Séptimo de lo Familiar de la Ciudad de México, en el expediente 882/2019, indicó literalmente lo siguiente: "Asimismo no se admiten las prestaciones marcadas con los incisos f), g) y h), se pasa a proveer lo siguiente:." Por tanto, se requirió a la sala responsable para que en el término de veinticuatro horas informara sobre el cumplimiento a la ejecutoria precisada y conforme a lo indicado anterior. Así, mediante oficios registrados con los números 3284 y 3379, la sala responsable informó que había dejado sin efectos la resolución de catorce de julio de dos mil veintiuno, dictada en el toca 1707/2019, con la que había pretendido dar cumplimiento y remitió la diversa de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, dictada en el toca mencionado, en la que en el resolutivo segundo, subsanó la incongruente determinada para quedar en los términos siguientes: ". Asimismo se admiten las pretensiones marcadas con los incisos f), g) y h), ." En atención a lo expuesto, se considera que con las documentales que obran en autos se acredita que la sala responsable, por una parte, dejó insubsistente la resolución de "catorce de julio de dos mil veintiuno, dictada en el toca 1707/2019", en la que se detectó la incongruencia mencionada en auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, posteriormente, dictó otra resolución, en la que consideró lo expuesto en el proveído mencionado de catorce de febrero del año en curso, y determinó la admisión de las pretensiones identificadas con los incisos f), g) y h). En atención a lo expuesto, se determina que con las documentales que obran en autos se acredita el cumplimiento dado a la ejecutoria, en virtud que la sala responsable admitió las pretensiones de la parte actora identificadas con los incisos f), g) y h). Por lo tanto, con fundamento en los artículos 77 fracción I, 196 tercer párrafo y 214 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, sin que se advierta que exista exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria, en razón que la sala responsable: Dejó sin efectos la resolución de "catorce de julio de dos mil veintiuno, dictada en el toca 1707/2019", en la que se detectó la incongruencia mencionada en auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, posteriormente, dictó otra resolución, en la que consideró lo expuesto el proveído mencionado de catorce de febrero del año en curso, y determinó la admisión de las pretensiones identificadas con los incisos f), g) y h). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 22/2021 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 1891, Undécima Época, registro digital 2023104, que dice: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva." No obstante lo anterior, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, ya sea las partes o una persona extraña a juicio puede hacer valer el recurso de inconformidad que prevé dicho numeral. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, agréguese el oficio con número de registro 14554 suscrito por la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual solicita que se informe el estado procesal del presente juicio de amparo, al efecto infórmese a la autoridad oficiante que en esta fecha se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 196 cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, en la remesa correspondiente al quince de agosto de dos mil veintidós. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En ese sentido, también se comunica a las partes que, de conformidad a lo señalado en el Capítulo Séptimo, artículo 18 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, se procederá a su depuración conservándose únicamente las constancias a que hace alusión el citado numeral. Por lo que posterior a dicha depuración, se procederá hacer la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, vista la certificación que antecede, de la que se desprende que no obran documentos originales exhibidos por las partes, se ordena que el presente proveído se le notifique por lista. Finalmente, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes.
- Principal
AVISO.- SE ORDENA NOTIFICAR POR LISTA A LA QUEJOSA, LAS RESOLUCIONES DE 24/02/2022 Y 30/05/2022, EN LA QUE SE LEEN: México, Ciudad de México, a veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta proveniente de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, remite copia certificada de las constancias que acreditan el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con el contenido de las minutas de cuenta y constancias anexas, se ordena dar vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, se imponga del contenido de las constancias citadas y anexos que se acompañaron. Lo anterior bajo el apercibimiento que de ser omisa, éste órgano jurisdiccional procederá a analizar de oficio el cumplimiento al fallo protector, con los elementos que obran en autos, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la tesis 1a. XC/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, visible en la página 358, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, con número de registro IUS 188635, del tenor literal: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO EN EL QUE SE LE DA VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE RESPECTO DE TAL ACATAMIENTO, DEBE HACERSE EN FORMA PERSONAL. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en relación con el sistema sobre el cumplimiento de las sentencias protectoras, que es obligación de los juzgadores de amparo el dictar un acuerdo en el que se dé vista al quejoso con el informe de la autoridad responsable, respecto del referido acatamiento, con el apercibimiento de que de no hacer manifestación alguna dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el citado informe y con los demás elementos con los que cuenten. Ahora bien, la notificación que se realice a la parte quejosa, del informe que rinden las autoridades responsables para justificar el cumplimiento de la sentencia protectora y de las constancias que adjuntan al informe, debe hacérsele en forma personal, pues, por un lado, el mencionado auto trae aparejado un apercibimiento o prevención y, por otro, porque dicha notificación permite que el quejoso haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, y de no hacerlo así se le dejaría en estado de indefensión." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. México, Ciudad de México, a treinta de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que del control interno de la mesa-I de amparo, se advierte que se turnó al área correspondiente el citatorio para notificar el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, dirigida a la parte quejosa xxxxxxxxx, el siguiente veinticinco de febrero de dos mil veintidós, a fin de notificar la vista que se le concedió a la impetrante de amparo con el cumplimiento que dio la autoridad responsable Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a la ejecutoria de amparo; sin que obre resultado alguno de dicha notificación. En virtud de lo anterior y a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa xxxxxxxxx, se ordena notificar nuevamente el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, así como este que se dicta a dicha impetrante, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes, con excepción de las autoridades responsables.
- Principal
México, Ciudad de México, a treinta de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que del control interno de la mesa-I de amparo, se advierte que se turnó al área correspondiente el citatorio para notificar el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, dirigida a la parte quejosa XXXXXXXXXXXX, el siguiente veinticinco de febrero de dos mil veintidós, a fin de notificar la vista que se le concedió a la impetrante de amparo con el cumplimiento que dio la autoridad responsable Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a la ejecutoria de amparo; sin que obre resultado alguno de dicha notificación. En virtud de lo anterior y a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa XXXXXXXXXXXXXX, se ordena notificar nuevamente el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, así como este que se dicta a dicha impetrante, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes, con excepción de las autoridades responsables.
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