Dimas Ayala Aguilar
Expediente 621/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 621/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Dimas Ayala Aguilar
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de junio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda, en el término legal, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 20, fracción IV de esa normatividad. Notifíquese, personalmente al representante común de la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Y ANOTACIONES Agréguese la papeleta de turno y el oficio proveniente del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad; y atento a su contenido, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del presente asunto; por tanto con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo; fórmese el expediente relativo con el número 621/2023-VI, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. ACTO RECLAMADO Ahora bien, es dable precisar que en el juicio de amparo 617/2023-VI del índice del homologo oficiante, se originó en razón de la separación de juicio de amparo decretada en el diverso 406/2023-VI del índice estadístico, por lo que en el presente sumario, únicamente se proveerá lo conducente respecto al acto reclamado por los quejosos ********************, consistente en la integración de la carpeta de investigación NUC: ********************. DESECHAMIENTO Una vez delimitado el acto reclamado del que conocerá este órgano jurisdiccional, el suscrito considera que respecto a éste, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6° y 107, fracción II, todos de la Ley de Amparo. El segundo precepto invocado dispone que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, mientras que el tercer dispositivo estipula la procedencia de la acción constitucional cuando se combatan actos u omisiones de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Ahora, es necesario tener presente el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.". En relación con el tema que nos ocupa, el precepto transcrito impone al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos, auxiliándose de una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Resulta importante tener presente que la carpeta de investigación constituye medularmente una indagación a través de la cual la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el juez con el fin de que éste tenga buenas posibilidades de éxito. Es decir, dicho procedimiento administrativo-penal constituye el instrumento con el que cuenta en exclusiva el órgano acusador para construir casos penales. Por tal razón, tradicionalmente se ha considerado que uno de los principios que de manera medular rige a dicho procedimiento es el de "sigilo". Se insiste que el precepto constitucional transcrito hace referencia a las facultades de investigador que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la fase de la carpeta de investigación; en esencia, este dispositivo constitucional delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constitución a esa institución pública. Dicho numeral consagra el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que constitucionalmente se impone al Ministerio Público de acreditar, dentro de la fase del procedimiento penal, denominada carpeta de investigación los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, en cualquier caso, dentro del proceso penal y en la etapa de la carpeta de investigación, el representante social debe acreditar que ha acontecido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Lo anterior, en términos de lo que establece el artículo 19 de la Constitución General de la República; de ahí que, como ya quedó expuesto, al Ministerio Público, por mandato constitucional del artículo 21 de la Ley Fundamental, se le impone la obligación de aportar los elementos demostrativos que acrediten que se ha acontecido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga, destruyendo las pruebas aportadas por el representante social, lo cual no constituye una obligación sino una mera facultad potestativa, ya que en todo momento subsiste la carga del Ministerio Público, en todos los delitos, de acreditar que se ha acontecido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participo en su comisión. Por esos motivos, la iniciación, desarrollo e integración de la carpeta de investigación no es susceptible de control constitucional, ya que la impugnabilidad, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la carpeta de investigación debe ser determinada en aras de preservar al menos en su expresión mínima necesaria a la función indagatoria, de manera casuística, tomando en consideración fundamentalmente si éstos constituyen o no actos cuyos efectos podrán o no ser desvirtuados o contrarrestados a través del proceso judicial. Así, ciertamente aquellos actos que de manera irreparable e inmediata trascienden a la esfera jurídica del inculpado son susceptibles de ser combatidos mediante el juicio constitucional. Bajo esa óptica, el hecho de que se continúe con la integración de la indagatoria de origen y que incluso se judicialice, no ocasiona a la parte quejosa un perjuicio de imposible reparación, sino que aquello se materializará, en su caso, hasta que la autoridad judicial conozca de la causa penal y determine si resulta procedente o no librar en su contra alguna orden de captura. En apoyo a lo expuesto se invoca la tesis 1a. CXXXV/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, que estipula: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." También es ilustrativa la tesis XXVII.3o.48 P (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que indica: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.". Al margen de lo anteriormente expuesto, debe señalarse este Juzgado considera, que respecto del citado acto reclamado, también se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; ello, en razón de las consideraciones siguientes: El artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumados irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente.". Eso es así, pues se advierte que la carpeta de investigación NUC: ********************, iniciada en contra de los impetrantes-y de la cual derivó su detención- fue judicializada, pues dentro de la causa penal ********************, el diecisiete de abril de dos mil veintiuno, el Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, dictó auto de vinculación a proceso en contra de los referidos quejosos, lo que conlleva a un cambio de situación jurídica con relación a la integración de la indagatoria reclamada. Bajo ese orden de ideas, se colige que ha cambiado la situación jurídica de los aquí quejosos; circunstancias, que impiden a este órgano jurisdiccional analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica de los quejosos. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de le Ley de Amparo, se tiene como represente común de la parte quejosa a ******************** Quien por su calidad de representante común estará obligado a informar las subsecuentes notificaciones a los demás quejosos. No obstante, se requiere a los promoventes del amparo para que de ser su deseo señalen un representante común de entre los demás quejosos; en el entendido que de nada manifestar seguirá fungiendo con tal carácter el designado por este juzgado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en cuenta que el domicilio proporcionado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) y de la zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan), hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de los municipios anteriores, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del numeral 26, fracción I, inciso k) de esa legislación. Con independencia de lo anterior, dada la naturaleza de la presente determinación, éste notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado en su demanda. Se autoriza a las personas que refieren en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente; II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación; III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; y, IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese; y personalmente al representante común de la parte quejosa.
- Principal
Con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b de la Ley de Amparo vigente procedo a notificar por lista y por lista en página electrónica al quejoso Dimas Ayala...en su carácter de representante común de los quejosos, el auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, misma PUBLICACIÓN que aparecerá en la lista que se coloca en los estrados del juzgado de mi adscripción el día hábil siguiente al de la fecha en que se levanta la presente, y que se fija a las nueve horas del treinta de mayo de dos mil veintitrés. Doy fe. SÍNTESIS DEL AUTO DE VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS: "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Y ANOTACIONES Agréguese la papeleta de turno y el oficio proveniente del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad; y atento a su contenido, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del presente asunto; por tanto con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo; fórmese el expediente relativo con el número 621/2023-VI, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. ACTO RECLAMADO Ahora bien, es dable precisar que en el juicio de amparo 617/2023-VI del índice del homologo oficiante, se originó en razón de la separación de juicio de amparo decretada en el diverso 406/2023-VI del índice estadístico, por lo que en el presente sumario, únicamente se proveerá lo conducente respecto al acto reclamado por los quejosos ********************, consistente en la integración de la carpeta de investigación NUC: ********************. DESECHAMIENTO Una vez delimitado el acto reclamado del que conocerá este órgano jurisdiccional, el suscrito considera que respecto a éste, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6° y 107, fracción II, todos de la Ley de Amparo. El segundo precepto invocado dispone que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, mientras que el tercer dispositivo estipula la procedencia de la acción constitucional cuando se combatan actos u omisiones de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Ahora, es necesario tener presente el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.". En relación con el tema que nos ocupa, el precepto transcrito impone al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos, auxiliándose de una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Resulta importante tener presente que la carpeta de investigación constituye medularmente una indagación a través de la cual la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el juez con el fin de que éste tenga buenas posibilidades de éxito. Es decir, dicho procedimiento administrativo-penal constituye el instrumento con el que cuenta en exclusiva el órgano acusador para construir casos penales. Por tal razón, tradicionalmente se ha considerado que uno de los principios que de manera medular rige a dicho procedimiento es el de "sigilo". Se insiste que el precepto constitucional transcrito hace referencia a las facultades de investigador que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la fase de la carpeta de investigación; en esencia, este dispositivo constitucional delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constitución a esa institución pública. Dicho numeral consagra el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que constitucionalmente se impone al Ministerio Público de acreditar, dentro de la fase del procedimiento penal, denominada carpeta de investigación los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, en cualquier caso, dentro del proceso penal y en la etapa de la carpeta de investigación, el representante social debe acreditar que ha acontecido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Lo anterior, en términos de lo que establece el artículo 19 de la Constitución General de la República; de ahí que, como ya quedó expuesto, al Ministerio Público, por mandato constitucional del artículo 21 de la Ley Fundamental, se le impone la obligación de aportar los elementos demostrativos que acrediten que se ha acontecido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga, destruyendo las pruebas aportadas por el representante social, lo cual no constituye una obligación sino una mera facultad potestativa, ya que en todo momento subsiste la carga del Ministerio Público, en todos los delitos, de acreditar que se ha acontecido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participo en su comisión. Por esos motivos, la iniciación, desarrollo e integración de la carpeta de investigación no es susceptible de control constitucional, ya que la impugnabilidad, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la carpeta de investigación debe ser determinada en aras de preservar al menos en su expresión mínima necesaria a la función indagatoria, de manera casuística, tomando en consideración fundamentalmente si éstos constituyen o no actos cuyos efectos podrán o no ser desvirtuados o contrarrestados a través del proceso judicial. Así, ciertamente aquellos actos que de manera irreparable e inmediata trascienden a la esfera jurídica del inculpado son susceptibles de ser combatidos mediante el juicio constitucional. Bajo esa óptica, el hecho de que se continúe con la integración de la indagatoria de origen y que incluso se judicialice, no ocasiona a la parte quejosa un perjuicio de imposible reparación, sino que aquello se materializará, en su caso, hasta que la autoridad judicial conozca de la causa penal y determine si resulta procedente o no librar en su contra alguna orden de captura. En apoyo a lo expuesto se invoca la tesis 1a. CXXXV/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, que estipula: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." También es ilustrativa la tesis XXVII.3o.48 P (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que indica: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.". Al margen de lo anteriormente expuesto, debe señalarse este Juzgado considera, que respecto del citado acto reclamado, también se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; ello, en razón de las consideraciones siguientes: El artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumados irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente.". Eso es así, pues se advierte que la carpeta de investigación NUC: ********************, iniciada en contra de los impetrantes-y de la cual derivó su detención- fue judicializada, pues dentro de la causa penal ********************, el diecisiete de abril de dos mil veintiuno, el Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, dictó auto de vinculación a proceso en contra de los referidos quejosos, lo que conlleva a un cambio de situación jurídica con relación a la integración de la indagatoria reclamada. Bajo ese orden de ideas, se colige que ha cambiado la situación jurídica de los aquí quejosos; circunstancias, que impiden a este órgano jurisdiccional analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica de los quejosos. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de le Ley de Amparo, se tiene como represente común de la parte quejosa a ******************** Quien por su calidad de representante común estará obligado a informar las subsecuentes notificaciones a los demás quejosos. No obstante, se requiere a los promoventes del amparo para que de ser su deseo señalen un representante común de entre los demás quejosos; en el entendido que de nada manifestar seguirá fungiendo con tal carácter el designado por este juzgado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en cuenta que el domicilio proporcionado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) y de la zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan), hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de los municipios anteriores, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del numeral 26, fracción I, inciso k) de esa legislación. Con independencia de lo anterior, dada la naturaleza de la presente determinación, éste notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado en su demanda. Se autoriza a las personas que refieren en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente; II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación; III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; y, IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional..."
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