Dilva Margarita Ponce Ibarra
Expediente 181/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 181/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 30/08/2021
Partes del expediente
- Dilva Margarita Ponce Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mexicali, Baja California, a treinta de agosto de dos mil veintiuno. Cumplimiento consentido. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de inconformidad en contra de la resolución en la que se declaró cumplido el fallo protector; por lo tanto, se declara que dicha determinación ha quedado consentida para todos los efectos legales correspondientes. Documentos originales. Requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, comparezca debidamente identificada ante este Juzgado Federal en días y horas hábiles, a recibir los documentos que en copia certificada u originales hubiere exhibido; lo anterior previa cita que deberá hacer a fin de que pueda tener acceso a las instalaciones de este Juzgado de Distrito, conforme lo establecen los artículos 2 y 4 del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus del COVID-19"; con el apercibimiento que de no hacerlo así, el documento de que se trate podrá ser destruido junto con el expediente; lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Mexicali, Baja California, a treinta de julio de dos mil veintiuno. Calificación del cumplimiento. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veinte de abril de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra los actos reclamados a las autoridades responsables para los efectos siguientes: "SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a *****, para los siguientes efectos: i) Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), deberá dar respuesta de inmediato, por escrito, en forma definitiva, completa, integral y congruente, a la solicitud elevada por la parte quejosa presentado el veintisiete de octubre de dos mil veinte, la cual puede ser en cualquier sentido, tomando en cuenta que el fin perseguido por el numeral 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el de que las autoridades aseguren una respuesta al gobernado, y no de que se acuerde favorablemente la petición relativa. Empero, para tal efecto, las autoridades responsables deberán vigilar que la respuesta que otorguen a la parte quejosa en cumplimiento al presente fallo protector, se fundamente en la normatividad vigente y aplicable al caso concreto, debiéndose ceñir a lo previsto en la Ley que rige al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Estado de Baja California (ISSSTECALI) y, en su caso, al Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados de dicho instituto, siempre y cuando éste no contemple supuestos distintos a los previstos en la ley, y no la contradiga o vaya más allá; es decir, las autoridades responsables no deberán introducir requisitos extralegales previstos en normas secundarias que no correspondan al trámite respectivo contemplado en la ley que rige la materia para el otorgamiento de pensiones y jubilaciones. Lo anterior es así pues, conforme a los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, cuando se reserva expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, ésta no puede regularse por otras normas secundarias, y por otro lado, en el reglamento únicamente se desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos ni mucho menos contradecirla, sino que sólo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla. [.] ii) Deberá notificar personalmente a la quejosa la contestación en el domicilio que se le proporcionó en dicho formato, porque únicamente así, se restituirá a la inconforme en el goce del derecho vulnerado con la omisión que nos ocupa. En la inteligencia que cualquier otra autoridad que esté relacionada al cumplimiento de este fallo protector, pueda vincularse eventualmente, en virtud que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento. [.] En la inteligencia que cualquier otra autoridad que esté relacionada al cumplimiento de este fallo protector, podrá vincularse eventualmente, en virtud que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento. [.]" Causa ejecutoria y se requiere cumplimiento. Por auto de once de mayo de dos mil veintiuno, causo ejecutoria la sentencia que concedió el amparo a la parte quejosa. En consecuencia, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector. Ahora, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables estuvieron constreñidas a proceder en los términos siguientes: Dar respuesta de inmediato, por escrito, en forma definitiva, completa, integral y congruente a la solicitud, presentada por la quejosa el veintisiete de octubre de dos mil veinte; Notificar dicha respuesta en el domicilio que proporcionó en dicho formato. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Por oficio recibido en este Juzgado de Distrito y acordado el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, el delegado de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Baja California, remitió constancia de la que se desprende que mediante oficio de cuatro de junio del año en curso, dio contestación al escrito de la quejosa, en la cual se le otorgó la pensión solicitada mediante resolución de veintisiete de mayo de los corrientes, por acuerdo general *****; lo cual le fue notificado a la parte quejosa de manera personal. Vista con el cumplimento. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad. Desahogo de la vista. Sin que la parte quejosa hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable dio respuesta al escrito presentado por la quejosa, mismo que le fue notificado; lo que se corrobora con las constancias que obran en autos. Vista con la presente resolución. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibidas para el caso que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente.
- Principal
Mexicali, Baja California, a treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Delegado de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, quien manifiesta que por parte del Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones del Instituto responsable, se ha cumplido con la sentencia de amparo por lo que a ella respecta, pues integró el expediente de la quejosa y lo turnó a la Dirección de Pensiones y Jubilaciones del propio Instituto, para la prosecución del procedimiento pensionario, por lo que afirma que no existen más acciones que realizar por lo que a sus facultades corresponde; lo que se tiene por manifestado para los efectos legales correspondientes. Efectos del fallo protector: Cabe recordar que los efectos del fallo protector, mismos que son los siguientes: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión. ************************* ii) Deberá notificar personalmente a la quejosa la contestación en el domicilio que se le proporcionó en dicho formato, porque únicamente así, se restituirá a la inconforme en el goce del derecho vulnerado con la omisión que nos ocupa. En la inteligencia que cualquier otra autoridad que esté relacionada al cumplimiento de este fallo protector, pueda vincularse eventualmente, en virtud que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento. No pasa inadvertido para quien resuelve, que la presente sentencia se emitió conforme a la normatividad prevista por la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece y, no obstante ello, se aplicaron criterios jurisprudenciales y aislados emitidos con antelación a la actual legislación de amparo; sin embargo, ello no es óbice, dado que el artículo sexto transitorio de aquélla dispone: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Lo que implica que dichos criterios son aplicables, mientras no contravengan lo plasmado en la actual legislación de amparo; de ahí que puedan ser invocados en el presente fallo, a fin de proporcionar soporte jurídico a la determinación adoptada por este Juzgado Federal. En la inteligencia que cualquier otra autoridad que esté relacionada al cumplimiento de este fallo protector, podrá vincularse eventualmente, en virtud que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento." Además, si se toma en consideración lo que establecen los numerales artículos 7, 8 y 9, del aludido reglamento, como se observa a continuación (énfasis añadido): "Artículo 7°.- El dictamen de referencia, acompañado de su respectivo expediente será turnado a la H. Junta Directiva a efecto de que conceda, niegue, suspenda, modifique o revoque las Jubilaciones o Pensiones acorde con lo señalado por el Artículo 116, Fracción IV, de la Ley. Artículo 8o.- El dictamen de la H. Junta Directiva a que se refiere el Artículo anterior, será remitido dentro de los 15 días siguientes al Oficial Mayor de Gobierno del Estado o quien tenga esa facultad en los Municipios u Organismos incorporados, quien revisará y resolverá en definitiva, respecto de la Pensión solicitada, para que pueda ser ejecutada. Artículo 9o.- El Director General del Instituto comunicará por escrito a los interesados el Acuerdo del Ejecutivo, en un tiempo que no exceda de cinco días hábiles; asimismo, remitirá copia del Dictamen sancionado por el Ejecutivo del Estado, a la Dependencia donde laborare el solicitante de pensión, para efecto de su correspondiente baja como trabajador (...)" Último requerimiento para que se cumpla en forma total el fallo protector. En consecuencia, dado que el cumplimiento al fallo protector es una cuestión de orden público y, por ende, debe acatarse en todos sus términos por las autoridades responsables, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, procede requerir nuevamente y por última vez el cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, cumplan en forma total con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, y remitan de inmediato las constancias con las que acrediten lo anterior. Apercibimiento. Apercibidas para el caso de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les hará efectiva una multa en lo particular equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por lo que si dicha unidad equivale al día de la fecha a $ 89.62 M.N. (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), al multiplicarla por cien, la citada multa será equivalente a la cantidad de $ 8,962.00 M.N. (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional). Separación del cargo y consignación. Asimismo, una vez impuesta la multa respectiva, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que podrá culminar con la SEPARACIÓN DE SU CARGO y su consignación ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, por el delito de DESACATO A UN MANDAMIENTO JUDICIAL; lo anterior, con fundamento en los artículos 108 párrafo tercero, 109 fracción III y 110 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 267, fracción I, y último párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 29/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019625, publicada en cinco de abril de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Rubro texto siguiente: "DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. Del citado precepto se advierte que el tipo penal se integra por los siguientes elementos: a) que el sujeto activo tenga la calidad de autoridad, b) con esa calidad incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir y c) que la acción u omisión sea en forma dolosa, lo que revela que se está en presencia de un tipo penal mixto alternativo, pues basta que se realice cualquiera de las conductas, ya sea incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, para que se consume el ilícito. Ahora bien, por incumplir debe entenderse no llevar a efecto, dejar de cumplir, esto es, el tipo penal requiere que se deje de cumplir una sentencia de amparo, también el término "no la haga cumplir", redunda en el incumplimiento del fallo, lo que revela que en ambos supuestos se pretende sancionar la conducta que implica una resistencia de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en una sentencia protectora, ya sea a la responsable obligada al cumplimiento o a su superior jerárquico. Aunado a lo anterior, el legislador expresamente señaló en el referido artículo 267, último párrafo, de la Ley de Amparo que las mismas penas que se impongan por incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, serán impuestas al superior de la autoridad responsable. Asimismo, estableció el rango de punibilidad para ambas conductas, a saber, pena de cinco a diez años de prisión, entre otras sanciones, ya que conforme al precepto 194 de la ley citada, en caso de que no se logre el cumplimiento de la sentencia, el superior jerárquico incurre en responsabilidad en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Por tanto, la porción normativa impugnada señala las diversas conductas que están plenamente descritas en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que hace posible a la autoridad responsable directamente vinculada con el cumplimiento y a su superior jerárquico, anticipar cuál es la conducta penalmente relevante, el parámetro de punibilidad y, en consecuencia, la pena que les sería aplicable en caso de incumplir o no hacer cumplir dolosamente una sentencia de amparo, pues el juzgador cuenta con un rango mínimo y máximo de cinco a diez años de prisión, el que también es aplicable a la autoridad directamente vinculada con el cumplimiento y su superior jerárquico, por lo que el precepto mencionado cumple con el grado de determinación necesario de la conducta que es objeto de prohibición y contempla una penalidad clara, de forma tal, que dota de certeza jurídica a su destinatario y, por ende, no es contrario al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, contenido en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, diversos actos de retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, que dice así: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Escrito. Glósese a los propios autos, para que surta los efectos legales conducentes, el escrito con registro 7788, signado por la autorizada de la parte quejosa; y en atención a su contenido dígasele que se esté a lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a once de mayo de dos mil veintiuno. Ejecutoria. Vista la certificación que antecede, de la que logra advertirse que transcurrió para las partes el término de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que hayan hecho uso de ese derecho; con fundamento en los numerales 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Requerimiento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días siguientes, contado a partir de que reciba la notificación del presente proveído, cumplan con la ejecutoria de amparo. Apercibimiento. Apercibida para el caso de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258, 192 y 193 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la propia autoridad responsable o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Superior jerárquico. Finalmente, con fundamento en el artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena notificar al Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, autoridad a quien le asiste el carácter de superior jerárquico de las autoridades responsables que deben dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; para que ordene a éstas cumplir con el fallo protector, con el apercibimiento para el caso de no demostrar que dio la orden referida, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá a su titular multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de las autoridades responsables. Notifíquese.
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