Dilsey Alexi Figuera

Expediente 374/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
374/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
30/04/2018

Partes del expediente

  • Dilsey Alexi Figuera
  • Presidente de la Junta Especial N.2 de la Local de Conciliacion Y Arbitraje del Estado, Ciudad
  • DILSEY ALEXI FIGUERA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    En atención al estado procesal de los autos, se desprende que las partes quejosa y tercero interesada no realizaron alguna manifestación con relación a lo acordado el veintisiete de marzo del año en curso, en el sentido de que el núcleo esencial de la ejecutoria de amparo se encuentra cumplido, lo cual les fue notificado el cinco de abril del mismo año; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Además, en atención a la certificación secretarial de cuenta y acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución dictada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, se sobreseyó respecto de ciertos actos reclamados y se concedió la protección constitucional a la parte quejosa con relación a otros. Por tal motivo, deberán conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo cual deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes. En consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Por otro lado, del análisis de este asunto se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, que no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, pues ingresó en este juzgado federal el veintidós de junio de dos mil diecisiete, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido de que, una vez que transcurra el término de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa y a la parte tercero interesada persona moral denominada Internacional de Gas, Sociedad Anónima de Capital Variable, con sede en esta ciudad por conducto de quien legalmente la represent, el auto de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, que a la letra dice: En atención al estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa desahogó la vista ordenada en acuerdo de seis de marzo de dos mil dieciocho, a través de los ocursos presentados el siete y doce del mismo mes y año, con relación a las constancias remitidas por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, inherentes al cumplimiento de la sentencia constitucional emitida en este juicio; por tanto, el suscrito Juzgador analiza si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad responsable. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que por sentencia de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, se sobreseyó el presente juicio de amparo respecto de unos actos reclamados y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Dilsey Alexia Figueroa con relación a otros; resolución que causó ejecutoria el seis de septiembre del año en curso, al no ser impugnada por alguna de las partes. La protección constitucional se concedió para el efecto de que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, realizara lo siguiente: Ordenara de inmediato la notificación a la parte quejosa del proveído de once de julio de dos mil diecisiete, así como girar los oficios que ahí se refieren, para estar en posibilidades de efectuar el requerimiento de pago a la parte patronal demandada en el juicio laboral J.E. No. 2-05-237/2016, y, Formalizara el embargo a la caja de la fuente de trabajo demandada INTERNACIONAL DE GAS, S.A. DE C.V., o quien resulte ser responsable de la fuente de trabajo, consistente en una empresa que se dedica a la venta de gas LP doméstico, comercial e industrial que para identificación al público general le llaman "VELAS GAS"; con depositario en grado de interventor con cargo a la caja, que se tuvo por señalado, realizando las actuaciones y actos positivos necesarios para tal fin, a menos de que existiera un impedimento legal por el cual no pudiera llevarse a efecto; lo cual debía quedar acreditado en autos. Lo anterior a efecto de respetar y cumplir lo que la garantía individual de administración de justicia pronta exige y, por tanto, resarcir así a la quejosa en el pleno goce de la misma, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En esa virtud, el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, a través del oficio número 1867 de nueve de octubre de dos mil diecisiete, remitió copia certificada de las siguientes constancias: Promoción número 600 de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, presentada por el apoderado legal de la parte actora, aquí quejosa. Autos de once de julio y cuatro de octubre de dos mil diecisiete, dictados en el expediente laboral de origen. Notificación realizada a la parta actora, aquí quejosa, de nueve de octubre de dos mil diecisiete. De las constancias reseñadas, se desprende que el tribunal laboral responsable el cuatro de octubre de dos mil diecisiete, ordenó la notificación personal a la parte actora, aquí quejosa, del acuerdo de once de julio del mismo año, en el cual fue designada como depositaria e interventora con cargo a la caja de la fuente de trabajo demandada -primer efecto de la concesión del amparo-, asimismo, la requirió a efecto de que compareciera a esa junta laboral en días y horas hábiles para la protesta de dicho cargo; notificación personal que se verificó el nueve de octubre de dos mil diecisiete. Con lo anterior, se otorgó vista personal a la parte quejosa por el plazo de tres días, el once de octubre de dos mil diecisiete, a fin de que realizara las manifestaciones que a su interés legal conviniera. Al desahogar la vista ordenada, el autorizado legal de la parte quejosa en el ocurso presentado el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, manifestó su inconformidad con el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo, solicitó se le ordenara a la autoridad responsable el señalamiento de hora y fecha para la formalización del embargo materia del presente juicio de amparo y exhibió la constancia de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, relativa a la protesta de depositaria e interventora con cargo a la caja de la fuente de trabajo de la parte demandada -aquí tercera interesada-. En atención a lo peticionado, el veinte de octubre de dos mil diecisiete, se determinó que dichas circunstancias -señalamiento de hora y fecha embargo y otorgamiento de posesión de la caja de trabajo- debía solicitarlas directamente ante la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, quien designaría al actuario correspondiente para el desahogo de la diligencia. Sin que obste lo anterior, en esa fecha se realizó un diverso requerimiento de cumplimiento a la ejecutoria a la autoridad responsable, quien al desahogarlo mediante el oficio número 2121 de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, remitió copias certificadas del auto de diecisiete de octubre de la misma anualidad, y de la identificación de la parte actora; además, manifestó que la diligencia de embargo se encontraba sujeta a la cita que previamente se realizara con el actuario de su adscripción. El seis de noviembre de dos mil diecisiete, se otorgó vista personal a la parte quejosa con el oficio y documentales de referencia a fin de que realizara las manifestaciones que a su interés legal conviniera. El autorizado legal de la parte quejosa a través del escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, desahogó la vista ordenada en el sentido de que en diversas ocasiones solicitaron cita al actuario responsable de la diligencia y que al llegar las fechas acordadas, el presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, no le autorizaba la salida al actuario correspondiente; adujo también, que en distintas ocasiones peticionó el expediente de origen y se lo negaron, bajo el argumento de que el presidente lo tenía resguardado, por lo que el autorizado legal solicitó, de nueva cuenta, se ordenara a la responsable el señalamiento de fecha para realizar la diligencia de embargo. Bajo ese panorama, el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, se requirió a la responsable por el cumplimiento a la ejecutoria, por lo que mediante el oficio número 2490 de siete de diciembre de dos mil diecisiete, remitió copia certificada del acuerdo de esa fecha, en el cual se señaló hora y fecha para llevar a cabo el embargo sobre la fuente de trabajo demandada INTERNACIONAL DE GAS, S.A. DE C.V., con grado de intervención a la caja, es decir, las doce horas del catorce de diciembre de dos mil diecisiete. El trece de diciembre de dos mil diecisiete, se ordenó vista personal a la parte quejosa por el plazo de tres días, a fin de que realizara las manifestaciones que a su interés legal conviniera con relación al oficio y documentales allegadas por la autoridad responsable. Así las cosas, previa la realización de diversos requerimientos, el presidente de la junta laboral responsable a través del oficio número 0432 de seis de marzo del año en curso, remitió copias certificadas de las siguientes constancias que obran en el expediente de origen: Acuerdo de uno de febrero de dos mil dieciocho, en el cual se señaló fecha para la diligencia de embargo. Notificación realizada a la parte quejosa el uno de febrero de dos mil dieciocho, respecto del auto de la misma fecha. Oficio número 0228, dirigido al Director General de Seguridad Pública, con residencia en esta ciudad. Razón actuarial de veinte de febrero del año en curso, en la cual el actuario de la junta laboral responsable hizo constar la imposibilidad para realizar la intervención la caja de la fuente de trabajo demandada. Auto de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, en el que se señaló de nueva cuenta hora y fecha para la diligencia de embargo. Oficio de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, dirigido al Director General de Seguridad Pública, con residencia en esta ciudad. Constancia de notificación realizada a la parte quejosa el dos de marzo del año en curso, relativa al auto de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Diligencia actuarial de cinco de marzo del año en curso. De las constancias citadas, se desprende que al actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, el cinco de marzo del año en curso, se constituyó en compañía de la quejosa Dilsey Alexia Figueroa Corrales y de su apoderado legal, en el domicilio de la fuente de trabajo demandada a efecto de realizar la diligencia encomendada, por lo que declaró material y formalmente embargada la indicada fuente de trabajo con cargo a la caja y, a su vez, puso en posesión física y material a la quejosa como interventora a la misma. En el entendido de que la diligencia se realizó en el domicilio señalado en el juicio natural. Con lo anterior, se ordenó vista personal a la parte quejosa en acuerdo de seis de marzo de dos mil dieciocho, quien al desahogarla a través de los ocursos presentados el siete y doce del mismo mes y año, manifestó su inconformidad con el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo, como se precisó, en esencia manifestó que no se le ha entregado el dinero de las ventas de gas y que cuando se le dio posesión del embargo en grado de intervención en la caja de la fuente de trabajo demandada, no se hizo como lo marca la ley federal de trabajo y, que la responsable no le ha acordado las promociones de seis, ocho y doce de marzo de dos mil dieciocho. Pues bien, el suscrito juzgador estima que no le asiste razón a la parte quejosa. Lo anterior en virtud de que este juicio de amparo versó respecto a la omisión de la responsable de acordar la promoción presentada por la quejosa en la contienda laboral de origen, tendente al embargo de la fuente de trabajo demandada, así como llevar a cabo los actos de ejecución del laudo, de ahí que, al considerar que dichos actos reclamados transgredían la garantía de la gobernada relativa a la administración de justicia pronta, se concedió el amparo y protección constitucional para el efecto de que la responsable, previa la notificación del acuerdo en el cual fue designada la quejosa como depositaria e interventora con cargo a la caja de la fuente de trabajo demandada, formalizara el embargo a la misma, lo cual ya ocurrió. Por su parte, la quejosa asevera que si bien es cierto en la diligencia de embargo se le dio posesión física como depositaria en grado de intervención a la caja de la demandada, lo cierto es que el actuario adscrito a la junta responsable no realizó el embargo conforme a lo dispuesto por la ley, ni el inventario de los bienes existentes en la fuente de trabajo de la demandada que le solicitó, así como tampoco se le entregó el dinero producto de las ventas de gas realizadas por la demandada, ni mucho menos la responsable acordó sus peticiones en el sentido de requerirla para realizar dicha entrega; sin embargo, la forma en que se realizó la diligencia de embargo y la omisión de acordar sus nuevas peticiones son materia de un diverso juicio de amparo, en el que se analicen dichos actos, bajo distintos conceptos de violación. Bajo ese panorama, adverso a lo sostenido por la parte quejosa, la autoridad responsable le notificó personalmente el acuerdo de once de julio de dos mil diecisiete, y el actuario adscrito a la junta laboral responsable declaró material y formalmente embargada la fuente de trabajo demandada con cargo a la caja, asimismo, puso en posesión física y material a la quejosa como interventora a dicha caja, por tanto, es dable establecer que las responsables cumplieron con el núcleo esencial de la concesión del amparo, esto es, la formalización del embargo a la demandada y, en su caso, las cuestiones relativas a su legalidad o formalidad, pueden ser analizadas a la luz de un juicio de amparo diverso. En efecto, el acto reclamado que dio origen al presente juicio de amparo es de naturaleza omisiva, por lo que el efecto de la concesión es un hacer, en el caso concreto la responsable ya notificó y ya embargó en grado de intervención la caja, tal y como lo reconoce la quejosa, por ende, los vicios en el hacer de la autoridad responsable no pueden analizarse en un cumplimiento que versa sobre un no hacer (omisión); de ahí que, los argumentos en torno al actuar de la responsable no pueden ser susceptibles de analizarse en este juicio, pues deberán estar en relación con diversos agravios o conceptos de violación. Así las cosas, se reitera, las autoridades responsables Presidente y Actuario de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, cumplieron con los aspectos fundamentales de la ejecutoria de amparo -notificación personal a la parte quejosa del acuerdo en el cual fue designada como depositaria e interventora con cargo a la caja de la fuente de trabajo demandada a fin de encontrarse en aptitud de requerir de pago a la demandada y formalizar el embargo-, por consiguiente, el núcleo esencial de la concesión del amparo, se encuentra cumplido, dejándose expeditos los derechos de la parte quejosa a efecto de que los haga valer en la instancia correspondiente. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada.". En consecuencia, si la concesión del amparo fue para el efecto de que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, ordenara la notificación personal a la quejosa del proveído de once de julio de dos mil diecisiete, en el cual fue designada como depositaria e interventora con cargo a la caja de la fuente de trabajo demandada y formalizara el embargo a la misma, lo cual ya aconteció; es evidente que el núcleo esencial de la sentencia constitucional ha quedado cumplido, restituyéndose a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo. Máxime que ha sido criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la concesión del juicio de amparo debe ceñirse al momento procesal del acto, en la especie, en el juicio laboral no había notificación ni embargo en grado de intervención, lo que en el caso concreto ya aconteció; por tanto, los posteriores reclamos se deberán ventilar en diversos procedimientos. Lo anterior, así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una nueva reflexión, como se desprende de la Jurisprudencia CV/2013 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida en el recurso de inconformidad 282/2013, el dieciocho de septiembre de dos mil trece, cuyo rubro y texto dicen (lo subrayado es nuestro): "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LO QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN LA CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./J 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función el acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respecto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstas en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.".

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta signado por la quejosa Dilsey Alexia Figueroa Corrales, mediante el cual realiza diversas manifestaciones tendentes a su inconformidad con el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable y exhibe documentales; agréguese a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes. De acuerdo a lo anterior, téngase por realizadas las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, las cuales podrán considerarse en el momento procesal oportuno, esto es, cuando el suscrito juzgador analice si se encuentra cumplida o no, la sentencia constitucional, en relación con la información aportada por la autoridad responsable.

  4. Principal

    Visto el escrito de cuenta signado por la quejosa Dilsey Alexia Figueroa Corrales, mediante el cual desahoga la vista ordenada en acuerdo de seis de marzo del año en curso, y realiza diversas manifestaciones en el sentido de encontrarse inconforme con el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable; agréguese a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes. De acuerdo a lo anterior, téngase por realizadas las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, las cuales podrán considerarse en el momento procesal oportuno, esto es, cuando el suscrito juzgador analice si se encuentra cumplida o no, la sentencia constitucional, en relación con la información aportada por la autoridad responsable.

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