Dilian Guadalupe Sampayo Zumaya

Expediente 139/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
139/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
16/03/2022

Partes del expediente

  • Dilian Guadalupe Sampayo Zumaya

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado de Circuito informa admisión de recurso de queja. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso Dilian Guadalupe Sampoyo Zumaya, por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo Rodrigo Iván Ramírez García, en contra del auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado de Distrito, siendo registrado con el número 59/2022, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Quejoso interpone recurso de queja. Agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por Rodrigo Iván Ramírez García, en su carácter de autorizado del quejoso Dilian Guadalupe Sampayo Zumaya, en atención a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de nueve de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito y, por ende, remítase al Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en Turno, el presente expediente, para la substanciación del recurso de queja, sin que haya lugar a distribuir copias entre las partes, ya que no han sido emplazadas dado el desechamiento de la demanda; manifestando en vía de informe que es cierto el acto impugnado. Por tanto, con diversa copia del escrito de recurso de queja, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto; una vez notificado el presente proveído a la parte promovente, remítanse las constancias precisadas dentro del plazo que prevé el artículo 101 de la Ley de Amparo, al citado tribunal colegiado. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, nueve de febrero de dos mil veintidós. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Dilian Guadalupe Sampayo Zumaya, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 139/2022-VI. Se desecha demanda. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." De escrito de demanda que se provee, se advierten como actos reclamados los siguientes: La resolución del recurso de revocación de fecha trece de enero de dos mil veintidós, emitida dentro de la causa penal 11/2020, del índice del Juzgado Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, en la cual se determina ampliar el plazo de suspensión condicional hasta el cuatro de febrero de dos mil veintidós. El auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós emitido dentro de la causa penal 11/2020 del índice del Juzgado Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, en la cual desecha el recurso de revocación interpuesto en contra de la resolución de catorce de enero de dos mil veintidós. Los cuales no produce efectos de imposible reparación a la parte quejosa, por no afectar materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En ese sentido, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En ese tenor, cabe señalar que conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la constitución General de la República y Tratados Internacionales de los que el Estado sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la prerrogativa de que se trate. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia IV.2o. J/13, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 538, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe y contendido: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACION. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial." Así como la tesis P. LVII/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página nueve, que establece: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Sin embargo, a partir de la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once, la cual comenzó a tener vigencia el cuatro de octubre de la citada anualidad, el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente cuando se reclamen actos que sean de imposible reparación dentro del juicio acorde lo previsto en la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, como en el caso serían los que afecten la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, entre los que se encuentran el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordena la intercepción de correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conmina a una parte para que desempeñe un trabajo forzosamente, el arraigo, entre otros, pues en los tres primeros casos se pueden afectar la propiedad o las posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo y en séptima la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar con una actuación posterior en el juicio, ya que verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo por el que se prolongue la medida, no se restituye con el dictado de la sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto; y en todos estos casos la violación de prerrogativas fundamentales subsistiría irremediablemente, aun cuando fueran objeto de estudio en la sentencia que se pronuncie y ésta fuera favorable a los intereses del quejoso. En esas condiciones, es innegable que a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, los actos de ejecución irreparables únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por ende, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía las tesis ya mencionadas. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Bajo esa tesitura, se tiene que los actos que reclama la parte promovente no pueden ser considerados como un acto de imposible reparación, en los términos antes apuntados. Lo anterior es así, porque de la demanda se advierte que los actos reclamados consistentes en: La resolución del recurso de revocación de fecha trece de enero de dos mil veintidós, emitida dentro de la causa penal 11/2020, del índice del Juzgado Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, en la cual se determina ampliar el plazo de suspensión condicional hasta el cuatro de febrero de dos mil veintidós. El auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós emitido dentro de la causa penal 11/2020 del índice del Juzgado Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, en la cual desecha el recurso de revocación interpuesto en contra de la resolución de catorce de enero de dos mil veintidós. No constituyen una resolución de imposible reparación que afecte los derechos sustantivos al no poderse equiparar dichas resoluciones con la que dé por terminado el procedimiento, ni de aquellos que trascienda de forma material y directa a su esfera fundamental, como la vida, la libertad, propiedad o posesión, por citar algunas, para que pueda considerarse como un acto de imposible reparación, pues dicho medio puede quedar subsanado en la sentencia que se le dicte en el procedimiento respectivo. Aunado a que, como refiere la parte promovente en los antecedentes del acto reclamado en su escrito inicial de demanda, el día quince de febrero de dos mil veintidós se llevará a cabo la audiencia relativa a la solicitud de revocación de la suspensión condicional solicitada por la aquí quejosa. Ahora bien, cabe señalar que los antecedentes relevantes del presente asunto, consisten en: El veinte de enero de dos mil veinte, fue vinculado a proceso Juan Diego Sánchez Romero por el delito de abuso sexual cometido en contra de la aquí quejosa. Veinticuatro de junio se llevó a cabo la audiencia de suspensión condicional dentro de la causa 11/2020 del índice del Juzgado Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, en la que se fijó el término de seis meses para la suspensión condicional del proceso -comprendido del veinticuatro de junio al veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno- imponiéndose las siguientes condiciones: Residir en un domicilio determinado en Apizaco, Tlaxcala. El pago de cinco mil pesos, cero centavos moneda nacional por concepto de viáticos. Prohibición de acercarse a la víctima. Prohibición de viajar al extranjero. Tener empleo. Tomar terapia psicológica en una institución pública por un mínimo de cuatro meses, respecto de la cual, le conceden tres días hábiles para informar en qué institución recibirá el tratamiento. Mediante escrito de seis de septiembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa solicitó al Juez Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, señalara fecha y hora para audiencia de nombramiento de asesor jurídico y revocación de suspensión condicional; la cual fue señalada para el diez de noviembre de dos mil veintiuno. El diez de noviembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia de nombramiento de asesor jurídico por parte de la aquí quejosa; sin embargo, no se llevó a cabo la audiencia en lo concerniente a la revocación de la suspensión condicional, pues el imputado no fue debidamente notificado, por lo que la misma se difirió para el quince de febrero de dos mil veintidós. Mediante oficio U.ME.CA./APIZ/0580/2021, notificado el once de noviembre de dos mil veintiuno al asesor jurídico de la aquí quejosa, el Titular de la Unidad de Medidas Cautelares informó que la terapia psicológica impuesta a Juan Diego Sánchez Romero inició el cuatro de octubre de dos mil veintiuno. El siete de enero de dos mil veintidós se notificó a la quejosa la resolución de diez de diciembre de dos mil veintiuno, en la cual el Juez Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, determinó no acordar de conformidad la petición de la quejosa en el sentido de precisar a la Titular de la Unidad de Medidas Cautelares la temporalidad de la condición de tomar terapia psicológica por un mínimo de cuatro meses. En contra de dicha resolución, la parte inconforme aquí quejosa interpuso recurso de revocación. El catorce de enero de dos mil veintidós le fue notificada a la parte quejosa la resolución de la misma fecha en la cual el Juez Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, en la cual resuelve el recurso de revocación interpuesto por la quejosa, y determina ampliar el plazo de suspensión condicional hasta el cuatro de febrero de dos mil veintidós. Resolución que constituye el acto reclamado en el presente asunto. En contra de la resolución de catorce de enero de dos mil veintidós la quejosa interpuso nuevamente recurso de revocación, el cual fue resuelto el veinticuatro de enero siguiente, en el que se determinó su desechamiento. Resolución que se reclama en el presente asunto. Determinaciones que constituyen los actos reclamados en el presente sumario; sin embargo, éstas únicamente son de los que pueden tener efectos intraprocesales, ya que no afecta alguno de los derechos sustantivos tutelados a favor de la quejosa, pues como se advierte de lo relatado, en dichas actuaciones solamente se determinó ampliar el plazo de la suspensión condicional concedida en resolución de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, y se desechó el recurso de revocación intentado, respectivamente, que no constituye una resolución de imposible reparación que afecte los derechos sustantivos, al no poder equiparar dichas resoluciones con la que dé por terminado el procedimiento, ni de aquellos que trascienda de forma material y directa a su esfera fundamental, como la vida, la libertad, propiedad o posesión, por citar algunas, para que pueda considerarse como un acto de imposible reparación, pues dicho medio puede quedar subsanado en la sentencia que se le dicte en el procedimiento respectivo. Aunado a que, como se precisó en párrafos que anteceden el día quince de febrero de dos mil veintidós se llevará a cabo la audiencia relativa a la solicitud de revocación de la suspensión condicional solicitada por la aquí quejosa, en la cual podrá, en su caso determinarse la procedencia de la continuación de la suspensión condicional o su revocación. Destacado lo anterior, las resoluciones de catorce y veinticuatro de enero, de dos mil veintidós, emitidas dentro de la causa penal 11/2020, del índice del Juzgado Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, constituyen determinaciones intraprocesales, pues si bien, la parte quejosa se duele de que en las mismas se amplió el plazo de la suspensión condicional hasta el cuatro de febrero de dos mil veintidós y en la diversa actuación se desecha el recurso de revocación interpuesto en contra de dicha determinación; tal actuar no tiene el carácter de irreparable que exige el dispositivo 107 de la Ley de Amparo para la procedencia del juicio constitucional. Es decir, no actualiza la excepción relativa de que el acto reclamado sea de imposible reparación, ya que el legislador definió tal cuestión en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sin embargo, las determinaciones reclamadas no tienen esas características, pues se limitaron a, por una parte, ampliar el plazo de la suspensión condicional y por otra a desechar el recurso de revocación intentado, circunstancias que no merman derechos sustantivos de la quejosa de forma independiente. Ello es así, pues si bien pudiera afectar derechos, éstos son adjetivos, es decir, no pueden considerarse como irreparables, para que con ello resulte procedente la vía biinstancial, o la acción constitucional que como medio de defensa hace valer el quejoso, tal y como lo exige el citado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que dicha determinación no repercute negativamente en su esfera jurídica, pues no se le está negando el ejercicio de su derecho de defensa, sino que únicamente se concedió un término para que la representación social estuviera en aptitud de definir una postura sobre la solución alterna propuesta, optará por el desahogo de otra salida alterna o forma de terminación anticipada, o decidiera sobre la continuación del proceso, es decir, no genera una afectación irreparable a sus derechos sustantivos, sino que se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal, que puede repararse al dictarse la resolución que dilucide el cumplimiento o no de las obligaciones contraídas por el imputado, y de no ser así, impugnarse como violación procesal en el juicio de amparo directo que llegara a promoverse contra la sentencia definitiva dictada en el citado proceso penal, con fundamento en el artículo 170, fracción I, segundo párrafo de la Ley de la materia. Por tanto, se reitera que los actos que se pretenden impugnar a través de la demanda de amparo que se atiende, hasta este momento, en todo caso, transgrede derechos adjetivos, produce únicamente efectos formales o intraprocesales, que por sus características se refieren a aspectos propios de un proceso, y no una violación directa a la Constitución General de la República; consecuentemente, no es dable a este Juzgador aborde su estudio. Asimismo, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido-; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Dilian Guadalupe Sampayo Zumaya. Consulta de expediente electrónico y notificación electrónica Con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículos 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la consulta y notificación del expediente electrónico a través del usuario "RIRAMIREZ92" toda vez que se encuentra registrado, en la inteligencia de que el Actuario de la adscripción deberá realizar las notificaciones por la vía electrónica. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rodrigo Iván Ramírez García, por contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante quien actúa asistido, del licenciado Jorge Arciniega Alcaraz, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

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