Dileri Ramírez Arreola

Expediente 68/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
68/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
24/04/2023

Partes del expediente

  • Dileri Ramírez Arreola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE DICHO 07/01/24 15:24:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f6.1a Diana Laura Mireles Ramírez AUTO EN EL QUE SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido 07/01/24 15:24:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f6.1a Diana Laura Mireles Ramírez TRÁMITE 3 JUICIO DE AMPARO P- 68/2023- VIII impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Subdirectora de Amparos Administrativos, en suplencia de la Coordinadora General de Administración y de la Directora General Jurídica Consultiva y de Implementación del Sistema de Justicia Penal, todos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por el cual, realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo que nos ocupa; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese

  3. Principal

    Ciudad de México, a diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio signado por la Actuaria Judicial del Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual, devuelve los autos originales del juicio de amparo 407/2021-VIII, e informa que por auto de catorce de los corrientes, dictado en el toca R.A.116/2023, se declaró firme el diverso auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, en que se desechó el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable; tomando conocimiento de su contenido. Sin que haya lugar de acusar el recibo correspondiente, por así haberlo expresado el tribunal oficiante; glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos originales el tribunal citado y atento a lo determinado en el oficio que se provee, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia dictada el tres de noviembre de dos mil veintidós, ha causado ejecutoria. Atento a lo anterior, es conveniente precisar que los artículos 192, 193, 194 y 197, de la Ley de Amparo prevén: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, que prevén: Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días." (Lo subrayado es propio). Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la protección constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y sancionado penalmente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que, al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal Ahora bien, conviene precisar que mediante sentencia de tres de noviembre de dos mil veintidós, se concedió la Protección Constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: [.] Por lo expuesto, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Ariel Ernesto Rojas Maytin, para el efecto de que la Subdirectora de Atención a Trámites de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, dentro del término de veinte días, siguientes al en que surta efectos la notificación del proveído por el que se declare que ha causado ejecutoria la presente sentencia, dada la naturaleza de los actos a realizar, emita una nueva resolución, en la que, en respeto al derecho fundamental de previa audiencia, de vista al quejoso, ya sea personalmente o por conducto de sus autorizados, haciendo uso de los conductos legales con que cuente para ello, los motivos por los cuales se emitió la alerta migratoria contenida en el correo de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, que contiene la alerta migratoria en contra del aquí quejoso, asimismo, le permita formular, dentro del plazo razonable que legalmente establezca para tal efecto, las manifestaciones o alegatos pertinentes, incluyendo también la posibilidad de ofrecer las pruebas que estime necesarias, y hecho lo anterior, de manera fundada y motivada, se pronuncie respecto a la procedencia o no del otorgamiento de la visa por unidad familiar. En el entendido que, de acuerdo con el penúltimo párrafo del artículo 43 de la Ley de Migración, la autoridad responsable cuenta con la facultad expedita de allegarse y tomar en consideración los medios de convicción que estime necesarios, a efecto de emitir su resolución conforme a derecho. [.] Por ende, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II del supletorio código adjetivo federal, se requiere a la Subdirectora de Atención a Trámites de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, para que dentro del término de veinte días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante éste Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos precisados. En atención a lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a Alma Rubí Pérez Morales, quien ostenta el cargo de Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, como superior jerárquico de la Subdirectora de Atención a Trámites de la citada Oficina, la conmine a cumplir con el fallo protector y dentro del término de VEINTE DÍAS, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, dada la naturaleza de los actos a realizar, remita a este órgano jurisdiccional, las constancias con las que acredite haber ordenado a la responsable al cumplimiento del presente requerimiento, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibida que, en caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo. b) Apercibida que en caso de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se impondrá a la persona física que ostente el cargo de autoridad responsable, una multa por cien veces la unidad de medida actualizada en la Ciudad de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y sancionado penalmente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad requerida en este proveído, que aun cuando deje su encargo, seguirá siendo responsable del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa

  4. Principal

    Ciudad de México, a catorce de marzo de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria adscrita al Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual solicita le sea permitido el acceso al expediente electrónico de este juicio, asimismo, se le informe el estado procesal que guardan los presentes autos; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a sus autos para que obre como corresponda, y para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia y como lo solicita, hágase disponible la "vinculación con otro órgano" del presente asunto con el juzgado oficiante, en el apartado respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que se encuentre en aptitud de consultar el expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa; asimismo, hágase de su conocimiento que mediante proveído de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se ordenó el archivo del presente asunto como total y definitivamente concluido. Notifíquese

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