Dilan Said Quintana Mares
Expediente 267/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 267/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Dilan Said Quintana Mares
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, y el estado que guardan los autos, en el sentido de que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo promovido por Dilan Said Quintana Mares. En tal virtud, se declara que ha causado ejecutoria dicha determinación, con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo en relación con el artículo 81 del mismo ordenamiento legal; comuníquese lo anterior a las partes. Lo anterior, no obstante que no ha transcurrido el término de diez días concedido a la autoridad responsable por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión a que se refiere el artículo 81 del mismo ordenamiento; toda vez que como lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo, que prevé que sólo podrán interponer recurso de revisión las autoridades a las que les afecte directamente el acto, y como es el caso, en el presente juicio se decretó el sobreseimiento, por lo que es indefectible que no le depara perjuicio a las referidas autoridades.
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 267/2019-3. R E S U L T A N D O Primero. Demanda. Por escrito presentado el doce de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, turnada a este órgano jurisdiccional el día siguiente hábil, ********************* solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO: Del H. Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California reclamo la indebida impartición de justicia dentro de los plazos y términos que fija la ley, omitiendo dictar las resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, toda vez que sin motivo aparente alguno la responsable no ha continuado con la tramitación del juicio laboral burocrático interpuesto por el suscrito quejoso en contra del H. Poder Ejecutivo de Baja California tramitado bajo el número de expediente 29012019- VI, a pesar de haber transcurrido tres meses y 05 días de haberse celebrado la audiencia de ofrecimiento de pruebas y a la fecha se ha abstenido de dictar el acuerdo de admisión y desahogo de las misma, dejando de cumplir con los términos que enumera la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California para tal efecto." Segundo. Trámite. Por auto de diecisiete de marzo del año que transcurre, se admitió la demanda, la que se registró en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como juicio de amparo 267/2020-3; se solicitó a las autoridad señalada como responsable su informe con justificación; se reconoció el carácter de tercero interesado al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California y Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, ordenando su emplazamiento al juicio, se otorgó al Agente del Ministerio Público de la Federación la participación que legalmente corresponde; y por último, se señaló día y hora para que tuviera lugar la audiencia constitucional, la que debido a la suspensión de labores decretada por el Consejo de la Judicatura Federal, la cual, con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, tuvo verificativo, previo diferimiento hasta el día de hoy al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, tiene competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al reclamarse una omisión de autoridad con residencia en el lugar en donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Conforme a lo anterior, del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, de dictar en el expediente 290/2019-VI de su índice, auto en donde se admitan las probanzas ofrecidas por las partes en dicho asunto, y se ordene su desahogo. Tercero. Certeza del acto. Es cierto el acto que se les atribuye a la autoridad Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California y su presidente, con sede en esta ciudad, toda vez que al momento de rendir su informe justificado, así lo manifestó. Lo anterior se corrobora con que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -doce de marzo de dos mil veinte-, aún no se emitía el proveído cuya omisión de dictado se reclama, pues no fue, hasta el veinte de agosto del año en curso, cuando se emitió el mismo; lo que se corrobora con la constancia que remitió en apoyo a su informe la responsable en cita, consistente en copia certificada del auto de veinte de agosto de dos mil veinte, dictado en el expediente laboral 290/2019-VI de su índice, en el que se acordó sobre la admisión de las probanzas ofrecidas por las partes en dicho asunto. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. (Fojas 30 a 34). Apoya lo anterior, la jurisprudencia 133 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156, del tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, del Apéndice 2011, con registro 1002199, que establece: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Cuarto. Improcedencia. Al ser una cuestión de orden público, previamente al análisis de los conceptos de violación, es necesario abordar las causas de improcedencia del presente sumario constitucional, sea que las partes lo aleguen, o bien, sean advertidas de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, analizadas las constancias de autos, este órgano de control constitucional de manera oficiosa advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que impide continuar con su substanciación a fin de realizar estudio sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. De conformidad con la disposición legal, el juicio de amparo deviene improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, es decir, que todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". De igual forma, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Ahora, como ya se dijo, el quejoso reclama la omisión de la responsable de dictar el acuerdo de admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral burocrático 290/2019-VI del índice del tribunal responsable, incumpliendo con los términos que enumera la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California. Empero, de las documentales que remitió el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en apoyo a su informe justificado, se advierte que el veinte de agosto del presente año, dicto auto en el que se acordó sobre la admisión de las probanzas ofrecidas por las partes en juicio génesis del presente asunto. De ahí que, si bien es cierto que al momento de la presentación de la demanda de amparo - doce de marzo de dos mil veinte- el Tribunal responsable no había dictado el auto relativo a la admisión y desahogo de pruebas en comento, en el juicio laboral de origen 290/2019-VI; también lo es, que con posterioridad a ello, la responsable el veinte de agosto del presente año, emitió el auto correspondiente; por tanto, se tiene que dejó de prevalecer la actitud de abstención y por consecuencia, todos los efectos del acto reclamado fueron destruidos en forma total e incondicional, como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tal motivo, no es factible emprender un estudio sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la omisión reclamada, dado que dejó de producir sus consecuencias, con lo que se actualiza la causa de improcedencia invocada. En consecuencia, satisfecha la causa de improcedencia que prevé la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto en el diverso numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76, y demás aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ****************, contra los actos reclamados de la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · 8,097 expedientes
- Diego Montoya Leal759/2014
- Diego Orlando Valeriano Caruajulca1892/2022
- Diego Osuna Martínez1975/2022
- Diego Rene Martens Bermudez904/2022
- Diego Rene Martens Bermudez1257/2023
- DIF de San Luis Rio Colorado, Sonora728/2017
- Dilan Said Quintana Mares580/2021
- Dilan Valentin Sanchez Sandoval629/2015
- Dinael Valenzuela Gomez523/2021
- Dione del Carmen Aviles Zamarron842/2019
- Dionicio León Higuera389/2021
- Dionis Alexander Bello Vinagera1661/2022