Dilan Rodrigo Chan Garcia

Expediente 2618/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2618/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • Dilan Rodrigo Chan Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte a la fecha no obran en los mismos, las constancias requeridas por auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, a la autoridad responsable Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, las cuales se consideran necesarias para mejor proveer en el presente asunto, ni obra en autos el acuse de recibo correspondiente al oficio mediante el cual se le efectuó el requerimiento aludido. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan como nueva fecha y hora las DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese por lista de estrados.

  2. Principal

    Visto, para resolver el juicio de amparo 1613/2022-VI-B, promovido por RICARDO MARRUFO GÓMEZ, en contra del acto que reclama de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), y otra autoridad; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante oficio recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, el veintisiete de junio de dos mil veintidós, el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, remitió el juicio de amparo 1129/2022-II del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, a fin de que fuera turnado al Juzgado de Distrito correspondiente. Ello, en virtud de que mediante ejecutoria de veintidós de junio del año en curso, dictada en el toca 18/2022, se calificó de legal el impedimento formulado por la Juez Tercero de Distrito en el Estado para conocer del referido juicio constitucional. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de uno de julio de dos mil veintidós, este Juzgado Federal se avocó al conocimiento de la demanda de amparo de que se trata, la que se registró con el número 1613/2022-VI-B; se admitió a trámite la misma; se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se pidió su informe justificado a las autoridades responsables; y, finalmente, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 57 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, de la lectura de la demanda de amparo, como de las constancias que obran en autos, se tiene que la parte quejosa reclama: La omisión de concluir el trámite de titulación iniciado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, y en su caso, la entrega del título y cédula profesional que corresponda; así como la omisión de dar contestación al escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. TERCERA. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) y Coordinadora de Servicios Escolares de dicha Universidad, ambas con sede en esta ciudad, al rendir sus informes justificados negaron los actos que se les reclaman; sin embargo, realizaron manifestaciones que evidencian su certeza; en consecuencia, se desvirtúa tal negativa y deberán tenerse como ciertos los actos reclamados. Cobra aplicación el criterio contenido en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo IXV-julio, Octava Época del semanario Judicial de la Federación, registro 211,004, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTA. Análisis de las causales de improcedencia. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto de autoridad, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En efecto, de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se advierte que el catorce de julio de dos mil veintidós, la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública, expidió la constancia de autenticación del título electrónico en la licenciatura en derecho y ciencias a favor del aquí quejoso Ricardo Marrufo Gómez. Asimismo, mediante oficio recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el veinte de octubre del año en curso (foja 187), la autoridad responsable Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), con sede en esta ciudad, por conducto de su Rector, informó que, de conformidad con el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, será el interesado quien, personalmente o vía electrónica, tendrá que iniciar el trámite para la obtención de la cédula profesional, una vez que tenga en su poder el título profesional, lo que en el caso, como quedó establecido, ya ocurrió. Lo anterior evidencia indudablemente que cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido al impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto, que era para que la autoridad responsable, como fin último, pusieran a su disposición el título y cédula profesional correspondientes. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En consecuencia, al haberse concretado la causal de improcedencia respecto a dicho acto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio constitucional, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTA. Oposición a la publicación de datos personales Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMA. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por RICARDO MARRUFO GÓMEZ, en contra de los actos que reclama de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) y Coordinadora de Servicios Escolares de dicha Universidad, ambas con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en la consideración cuarta de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración sexta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese una reimpresión de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, once de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: toda vez que mediante acuerdo de diez de los corrientes dictado en el expediente principal de donde deriva este incidente, se ordenó dar vista en estos autos de los veintitrés oficios siguientes, emanados de este incidente, que devolvió la Oficina de Correos de México, en esta ciudad, por los motivos insertos en el reverso de los sobres correspondientes: Expediente incidental 37962/2022 15. Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel, en el Estado de Quintana Roo. 37974/2022 27. Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, en el Estado de Quintana Roo. 37975/2022 28. Juzgado de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Cancún, en el Estado de Quintana Roo. 37977/2022 30. Juzgado Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, en el Estado de Quintana Roo. 37978/2022 31. Juzgado Civil y Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, en el Estado de Quintana Roo. 37983/2022 36. Juzgado Civil y Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, en el Estado de Quintana Roo. 37984/2022 37. Juzgado Civil y Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel, en el Estado de Quintana Roo. 38015/2022 68. Encargado de la Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Quintana Roo. 38023/2022 76. Secretario de Turismo del Gobierno Federal. 38033/2022 86. Encargado del Despacho de la Delegación Federal en el Estado de Quintana Roo de la Procuraduría General de la Republica con sede en la ciudad de Cancún. 38034/2022 87. Subdelegado Sustantivo de la Procuraduría General de la Republica en el Estado de Quintana Roo, con sede en la ciudad de Chetumal. 38038/2022 91. Fiscal Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y por Razones de Género, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. 38041/2022 94. Fiscal Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. 38043/2022 96. Fiscal Titular de la Fiscalía Especializada en Secuestros, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. 38046/2022 99. Fiscal Titular de la Fiscalía Contra la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. 38049/2022 102. Fiscal Titular de la Fiscalía de Investigación Territorial, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. 38050/2022 103. Fiscal Titular de la Fiscalía de Atención Especializada, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. 38052/2022 105. Fiscal Titular de la Fiscalía de Ejecución Penal, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. 38053/2022 106. Fiscal Titular de la Fiscalía de Mandamientos Judiciales, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. 38054/2022 107. Fiscal Titular de la Vice-Fiscalía de la Zona Sur, con sede en la ciudad de Chetumal y con jurisdicción territorial en los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar, en el Estado de Quintana Roo. 38055/2022 108. Fiscal Titular de la Vice-Fiscalía de la Zona Centro, con sede en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto y con jurisdicción territorial en los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, en el Estado de Quintana Roo. 38056/2022 109. Fiscal Titular de la Vice-Fiscalía de la Zona Norte, con sede en la ciudad de Playa del Carmen y con jurisdicción territorial en los municipios de Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, en el Estado de Quintana Roo. 38059/2022 112. Secretario General de Gobierno del Estado de Quintana Roo. Al efecto, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto se provea en el expediente principal del que deriva este incidente, lo que legalmente corresponda con relación a las citadas autoridades; lo anterior por tratarse de un hecho notorio las actuaciones que se practiquen en dicho expediente. Notifíquese por lista de estrados.

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