Dilan Osmar Diaz Araujo
Expediente 891/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 891/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Dilan Osmar Diaz Araujo
Actuaciones
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LOS PROMOVENTES POR LISTA DE ACUERDOS LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose de los mismos que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el promovente hubiere recurrido el auto de doce de noviembre de dos mil dieciocho, a través del cual se desechó la demanda de amparo con que se formó el presente expediente; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso artículo 2º ibídem, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con apoyo en el artículo 214 de la referida Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con la fracción I, del capítulo relativo a "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE CLASIFICAR COMO DEPURABLES O DESTRUIBLES POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO" del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en razón que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, toda vez que la parte promovente exhibió con su escrito de demanda documentos en original y copia certificada, de conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo Primero y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, del citado acuerdo, requiérasele para que acuda al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger el documento exhibido en el presente expediente, apercibido que, en caso de no hacerlo en el plazo que para ello se le concede, será destruido junto con el juicio de amparo en que se actúa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LOS PROMOVENTES POR LISTA DE ACUERDOS LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, doce de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta y las copias que acompañan, signado conjuntamente por los quejosos Laura Araujo Isidoro y Dilan Osmar Díaz Araujo, a través del cual da cumplimiento a la prevención formulada por acuerdo de seis de noviembre del año en curso. Sin embargo, de la lectura integral del ocurso de cuenta se aprecia que los promoventes además de atender lo solicitado, manifestaron expresamente que su deseo es no señalar como autoridades responsables a las que inicialmente refirió como: Juez 37 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, Juez Octavo de Primera Instancia de lo Familiar en Materia Civil, con sede en Veracruz, Veracruz. Por lo que así deberá tenerse para efectos del pronunciamiento respectivo en este asunto, de lo que resulta que los promoventes únicamente le atribuyen actos de molestia al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), con sede en la Ciudad de México. DESECHAMIENTO En tales condiciones, una vez precisado lo anterior, el suscrito juzgador determina que debe desecharse la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones. Respecto del acto reclamado a la citada autoridad, se actualiza en el presente asunto, la causal de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XXIII, pero ésta en relación con los diversos 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales e los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía. Modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De esos dispositivos legales se advierte con claridad que el juicio de amparo procede solamente contra "actos de autoridad", concepto que, en la especie, no se estima que pueda recaerle al acto impugnado al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), con sede en la Ciudad de México. La definición del concepto "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, ha sido delimitado con precisión por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, tal como se puede observar en la tesis P. XXVII/97, visible en la página 118, Tomo V, febrero de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Aclarado lo anterior, cabe afirmar que, al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), con sede en la Ciudad de México, no le resulta el carácter de autoridad para los efectos del amparo; lo cual se sostiene así, partiendo de la base de que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 103, fracción I, constitucional y el artículo 1º, fracción I, de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos que en el mismo se reclamen provengan de autoridad; en esa medida, si el acto reclamado por la parte quejosa a la mencionada, lo hizo consistir en lo siguiente: "(.) la orden de no darle trámite al auto de fecha 13 de Abril del 2018, emitido por el C. JUEZ OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR EN MATERIA CIVIL VERACRUZ, VER. DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL 2034/2011, referente al exhorto número 321/2018, girado en 25 de Abril del 2018, que dice en consecuencia procédase a girar EXHORTO con las inserciones necesarias, al Ciudadano Juez de lo Familiar Competente en la Ciudad de México que corresponda en razón del Domicilio de la parte demandada, para que ordene a quien corresponda se sirva girar oficio al (I.S.S.F.A.M.), INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS (.), para que proceda a efectuar el descuento decretado como pensión alimenticia provisional la parte demandada (.)." Ello pone de manifiesto que tal acto reclamado deriva de la tramitación de un juicio de alimentos, en el que se giró la orden para que proceda a efectuar el descuento respectivo a la parte demandada en el juicio natural; por lo que la omisión al cumplimiento aludido, que en su caso, debe darse a dicha orden judicial, no constituye un acto de autoridad para los efectos del amparo, pues atento a su naturaleza, se trata de un trámite administrativo que deberán efectuar aquéllos en su calidad de patrón del deudor alimentario y no como autoridad, pues su intervención en el juicio sólo se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de la justicia. De ese modo, la actuación de esa dependencia, no debe tomarse como base para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque no actúa como autoridad, sino como patrón, y los actos de ejecución para efectos del juicio de amparo, conforme al artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, deben provenir necesaria y forzosamente de una autoridad en estricto sentido, y no del patrón del deudor alimentario, aun cuando se tratara de autoridades, pues en ese caso no actúan como tal, sino que su proceder se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de la justicia, actualizándose por tanto, respecto del acto que se atribuye al señalado Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), con sede en la Ciudad de México, la causa de improcedencia invocada. Se cita en apoyo de lo antes considerado, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página dos mil ciento noventa y seis, del Tomo XXV, correspondiente al mes de enero del dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CUANDO EL ACTO QUE DE ELLOS SE RECLAMA CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL DESCUENTO A UNO DE SUS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA. La omisión de efectuar el descuento por concepto de pensión alimenticia, derivado del cumplimiento dictado por un órgano jurisdiccional en un juicio de alimentos cuya parte demandada es un trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social, no da a los funcionarios de este instituto la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando el acto reclamado es, precisamente, esa omisión, pues tal conducta es desplegada en su carácter de patrón y, por ende, su actuar no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad necesarias para establecer el concepto de autoridad". Igualmente, se cita por su aplicación al caso concreto, la jurisprudencia VII.2o.C. J/28, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Novena Época, con registro 168203, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, visible en la página 2360, cuyo rubro y texto disponen: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, CUANDO EL ACTO QUE DE ELLAS SE RECLAMA CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL DESCUENTO A UNO DE SUS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA. La omisión de efectuar el descuento por concepto de pensión alimenticia, derivado del cumplimiento dictado por un órgano jurisdiccional en un juicio de alimentos cuya parte demandada es un trabajador de alguna dependencia gubernamental, no da a los funcionarios de ésta la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando el acto reclamado es, precisamente, esa omisión, pues tal conducta es desplegada en su carácter de patrón y, por ende, su actuar no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad necesarias para establecer el concepto de autoridad." En mérito de lo anterior, el que suscribe estima que se actualiza la diversa causa de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XXIII, pero ésta en relación con los diversos 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, por tanto, lo que procede es desechar la demanda de amparo promovida por los quejosos Laura Araujo Isidoro y Dilan Osmar Díaz Araujo, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, pues se actualizó la causal de improcedencia a que se hizo referencia en los párrafos precedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno relativo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).
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