Dilan Brandon Martínez Camacho

Expediente 329/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
329/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
31/08/2021

Partes del expediente

  • Dilan Brandon Martínez Camacho

Actuaciones

  1. Principal

    MESA "9" Ciudad de México, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja contra del proveído por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo dentro del presente juicio, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes generados en los Órganos Jurisdiccionales, publicado el, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 de dicho ordenamiento y ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Por tanto, una vez transcurridos tres años procédase a su destrucción y hecho que sea remítase el acta de destrucción respectiva a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así

  2. Principal

    MESA "9" Ciudad de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días otorgado a la parte quejosa a efecto de que desahogara la prevención realizada en autos, sin que a la fecha realizara manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de doce de mayo actual y por ello, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, dicha solicitud de amparo se tiene POR NO PRESENTADA. Lo anterior, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente....."

  3. Principal

    mesa 7*** En la Ciudad de México, doce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ****, regístrese con el número 329/2021-7; Genérese el expediente electrónico e impreso. Consideración previa Ahora bien, previo a pronunciarse sobre la admisión de la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis se advierte que hubiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión, mandará prevenir al promovente para que subsane los requisitos omitidos, .... Prevención En ese sentido, ...., se previene a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, realice lo siguiente: 1. Deberá precisar las autoridades que pretende señalar como responsables. .... 2. Bajo protesta de decir verdad, ahonde en los antecedentes del acto que por esta vía pretende combatir; lo anterior, en el entendido que dichas manifestaciones deben realizarse de manera personalísima. ... Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa, que ....de no desahogar la prevención antes indicada en los términos expuestos, de...., se tendrá por no presentada la demanda de amparo. ... Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO EL ACUERDO DE DOCE DE MAYO DE DOS MJIL VEINTIUNO: "En la Ciudad de México, doce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por DILAN BRANDON MARTÍNEZ CAMACHO, regístrese con el número 329/2021-7; Genérese el expediente electrónico e impreso. Consideración previa Ahora bien, previo a pronunciarse sobre la admisión de la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis se advierte que hubiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión, mandará prevenir al promovente para que subsane los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que los quejosos puedan subsanarlas en tiempo. Prevención En ese sentido, de conformidad con el artículo 112, 114, fracciones I y II; 108 fracciones III y V de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, realice lo siguiente: 1. Deberá precisar las autoridades que pretende señalar como responsables. Lo anterior es así dado que, una vez examinado el contenido íntegro del ocurso inicial que nos ocupa, no se advierte con claridad cuál es el acto que pretende combatir en esta vía indirecta, pues de la manera en que se encuentra redactada la demanda de amparo que nos ocupa, genera incertidumbre al momento de fijar la litis constitucional, por las razones que enseguida se exponen. En el apartado correspondiente, el promovente del amparo señaló como actos reclamados las órdenes de aprehensión y/o presentación y detención; sin embargo, dichos actos fueron atribuidos de manera genérica a diversas autoridades tanto ministeriales como judiciales; situación que genera confusión en la suscrita a efecto de fijar de manera correcta la litis en el presente asunto. Esto es, en el inciso a) de las autoridades responsables señaló como tal: - "Al Titular de la Agencia del Ministerio Público de las siguientes AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO:" Posteriormente, insertó una tabla en la cual hizo referencia a diversas agencias del Ministerio Público de cada alcaldía de esta metrópoli. Luego, de manera consecutiva, insertó una segunda tabla en la cual hizo referencia a diversas autoridades judiciales, entre las cuales, incluso, señaló como responsables a diferentes secretarios de acuerdos adscritos a los órganos jurisdiccionales que ahí precisó. Por último, en el inciso b) de ese mismo apartado, señaló como autoridad responsable al: - Coordinador de Policía Judicial de cada una de las Agencias del Ministerio Público antes mencionado. En ese sentido, estos señalamientos resultan confusos en la medida que, en el apartado relativo a los actos reclamados señaló: "a).- A la primera de ellas, le reclamo la ilegal Orden de Aprehensión y/o presentación y detención que arbitrariamente ha emitido en mi contra. b).- A la segunda le reclamo, la ejecución de la orden de Aprehensión y/o presentación y detención que s quiere ejecutar en mi contra de manera antijurídica." Lo destacado es propio Empero, toda vez que en las tablas referidas señaló a diversas autoridades tanto judiciales como ministeriales, no se desprende con precisión a qué autoridad o autoridades se refiere cuando indica a la primera de ellas o, a la segunda. Ahora bien, con relación a la diversa potestad que precisó como Coordinador de Policía Judicial de cada una de las Agencias del Ministerio Público antes mencionado; aunado a que dicha denominación es imprecisa, es de explorado conocimiento que en la actualidad, no existe en la estructura orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, alguna dependencia perteneciente a la Policía Judicial. Luego, por lo que hace a las diversas autoridades ministeriales (agencias del Ministerio Público) que el promovente señaló como responsables, se estima necesario requerir a la parte quejosa a efecto de que especifique de manera concreta la denominación completa y correcta de cada una de las potestades a quien en específico atribuya los actos que pretende reclamar. Ello es así, en la medida que, si bien señaló a diversas agencias del Ministerio Público pertenecientes a las diversas alcaldías de esta Ciudad de México, lo cierto es que en dichas dependencias existen Unidades con o sin Detenido, y además, forman parte de determinadas coordinaciones territoriales. Por ende, se estima necesario que el justiciable precise de manera concreta la denominación completa y correcta de cada ente ministerial que pretenda señalar como responsable, esto es, deberá señalar a que unidad se encuentra adscrito, así como la Coordinación Territorial a la que pertenezca. Estos datos se estiman indispensables a efecto de no contravenir lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y evitar diligencias innecesarias que retrasen el trámite del presente asunto. Máxime que, no es material, ni jurídicamente posible que esa cantidad de autoridades ministeriales y judiciales que señaló como responsables instruyan una carpeta de investigación o causa penal en contra del agraviado, por lo que deberá señalar exclusivamente a la autoridad que integra el expediente respectivo de donde emanan los actos que en esta vía combate. En ese mismo orden, no pasa desapercibido para esta juzgadora que el promovente del amparo haya señalado como autoridades responsables a diversos secretarios de acuerdos adscritos a los órganos jurisdiccionales que señaló con tal carácter. Sin embargo, de los hechos que plasmó como antecedentes de los actos que reclama, no se desprende que a dichas autoridades les haya atribuido el incumplimiento a sus obligaciones legales que tienen a su cargo (tales como dar cuenta con los escritos o promociones que se le presentan dentro del término previsto para ello, o bien, asentar en autos las certificaciones que deba realizar) Situación que deberá tomar en cuenta el justiciable al momento de desahogar la presente prevención, en la medida que, al menos por lo que hace a la orden de aprehensión que pretende reclamar, esta es emitida por el juzgador respectivo, y, los secretarios de acuerdos únicamente intervienen validando la actuación del titular de la función jurisdiccional al que se encuentran adscritos, dando fe de lo resuelto por él. De ahí que, para el caso de insistir en señalar a dichas autoridades como responsables en el presente juicio constitucional, deberá considerar si dichas autoridades cumplen o no, con los requisitos establecidos en el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo1 . 1 "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones En esa tesitura, las precisiones requeridas se estiman indispensables a efecto de establecer la relación jurídico procesal con base en el señalamiento preciso que se haga de las autoridades a quienes se imputa el acto reclamado, lo que traerá como consecuencia que las partes comparezcan a defender sus derechos, de modo tal, que se logren los postulados previstos en el artículo 17 Constitucional, relativos a la administración de justicia pronta y expedita. En razón de lo anterior, se estima necesario que el quejoso especifique cuáles son las autoridades responsables a quienes en concreto atribuye los actos que pretende combatir en esta vía indirecta; ello, desde luego, considerando lo expuesto en párrafos precedentes. Lo anterior, en tanto es obligación de la parte quejosa señalar con precisión quién es la autoridad responsable ordenadora y ejecutora, en virtud de que en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, la suplencia de la queja no tiene el alcance para cambiar a las autoridades responsables que señala. Máxime que un presupuesto fundamental del juicio de amparo lo constituye el señalamiento de la autoridad que ordena o emite el acto reclamado; en consecuencia, es evidente que sería contrario a la naturaleza del amparo entrar al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, sin oír previamente a las autoridades de quienes emana el acto reclamado, dato que se estima necesario para jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. III. (.)" integrar la relación jurídico procesal, en la hipótesis de admitir la demanda de amparo y de esa manera estar en aptitud legal de cumplir con las exigencias previstas en la Ley de Amparo. Además, se considera que esta situación debe ser superada por la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 108, de la Ley de Amparo, y no dejarlo a la interpretación de este órgano jurisdiccional, dado que con la información requerida se fijará la litis constitucional en el presente asunto y así las autoridades responsables a las que se les atribuya el acto reclamado estarán en aptitud de rendir con mayor certeza el informe que les sea solicitado, y ésta juzgadora contará con los elementos suficientes para determinar lo que en derecho corresponda. Además, al promover en esta vía indirecta, no se tienen más datos que los proporcionados por el promovente, y si bien, tratándose de un asunto en materia penal opera la suplencia prevista en el artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, ésta consiste únicamente en suplir los razonamientos por los cuales la parte quejosa estima se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado, lo cierto es que dicha figura jurídica no autoriza al juzgador de amparo a cambiar el acto reclamado señalado, o bien precisar las autoridades responsables indicadas por la parte quejosa. Sobre el particular se aplica la tesis de jurisprudencia 711, visible en la página 593, Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL, NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO. Si bien es verdad que el artículo 76 bis, fracción II de la ley de amparo, establece que, en materia penal, operará la suplencia de la queja, aun ante la ausencia de conceptos de violación, o de agravios del reo, también es cierto que la suplencia de la deficiencia de la queja, en materia penal, de conformidad con lo preceptuado por el artículo en comento, consiste únicamente en suplir los razonamientos por los cuales el quejoso estima que se violaron su garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado." 2. Bajo protesta de decir verdad, ahonde en los antecedentes del acto que por esta vía pretende combatir; lo anterior, en el entendido que dichas manifestaciones deben realizarse de manera personalísima. Superado el punto anterior, y una vez precisadas las autoridades a las cuales atribuye los actos que reclama, deberá señalar los hechos que constituyen los antecedentes de dicho acto. Es decir, deberá indicar todos los pormenores del acto que pretende reclamar, así como la participación de cada una de las autoridades que señale como responsables, tanto ordenadoras como ejecutoras. Ello, en la medida que, de las propias manifestaciones vertidas por el justiciable en su demanda de amparo, éste únicamente se limitó a referir que el once de noviembre de dos mil diecisiete se enteró que dos personas del sexo masculino se encontraban preguntando por él; y, que al parecer, se trataba de policías ministeriales. Cuestión que se destaca, en el sentido que el promovente no hace referencia a la manera en que se enteró de que dichas personas eran policías ministeriales; lo que, en conjunto a la fecha en que sucedió ese acontecimiento, no se desprende con claridad si actualmente se ha tratado de ejecutar en su contra alguna de las órdenes que pretende reclamar. Dicha situación, de igual manera resulta relevante, en razón de que, posteriormente el propio justiciable refirió: "Ante este estado de cosas me avoque a investigar quienes eran las dos personas que me andaban buscando y saber el motivo por el cual estaban preguntando por mi domicilio y mis generales. Sin embargo, no pude localizar a las dos personas ya mencionadas. (.) Acto seguido, procedí a comunicarme con un familiar para que me auxiliara y ya no vi más a las dos personas, (.)" En ese sentido, de dichas manifestaciones no se desprende que desde el once de noviembre de dos mil diecisiete se haya tratado de ejecutar algún mandamiento de captura en su contra, ni mucho menos se advierte la participación de cada una de las autoridades tanto ministeriales como judiciales, que señaló como responsables. Al respecto, es preciso señalar que los antecedentes del acto reclamado se conforman por todos aquellos hechos o abstenciones que constan al quejoso en relación con el acto que pretende combatir, esto es, son todos aquellos hechos que rodean al acto reclamado, antes de su emisión, durante su emisión y con posterioridad a ella; es todo aquello de lo que tengan conocimiento, mismo que debe expresarse en el cuerpo de la demanda. Precisiones que se estiman relevantes y trascendentales, pues traerán como consecuencia que se resuelva realmente la litis que se pretenda plantear y de esa manera las otras partes en el juicio contaran con elementos para defender sus derechos. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa, que transcurrido el plazo mencionado y de no desahogar la prevención antes indicada en los términos expuestos, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Eduardo Ernesto Sánchez Campos. Luego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, párrafo segundo, en relación con el artículo 12, segunda parte, ambos de la ley que rige la materia, se tienen por autorizadas a las demás personas que designa, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, quedando a salvo su derecho para acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Se exhorta al trámite electrónico Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5° del citado Acuerdo General 21/2020, a efecto de brindar atención a las partes -respecto de comunicaciones no procesales-, se habilita el correo electrónico 4jdo1ctoap@correo.cjf.gob.mx, así como el teléfono (55)-53-22- 17-00, extensión 4303. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Autorización del Ministerio Público Se autoriza la consulta electrónica del presente asunto a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; por ello, instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Lo anterior de conformidad con el numeral 67, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente...."

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