Digna Sastre Gutiérrez

Expediente 1199/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1199/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
10/03/2021

Partes del expediente

  • Digna Sastre Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    ..En ese sentido, agréguese el oficio y anexo de la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual remite testimonio de la resolución dictada en el recurso de revisión 261/2020, de su índice, y devuelve el original del juicio de amparo 1199/2019, de nuestra estadística. Acúsese recibo vía interconexión. En atención a lo anterior, glósese al presente juicio de amparo, únicamente las constancias originales correspondientes del cuaderno de antecedentes en que se actuó; y, respecto a las copias certificadas que se formó en sustitución del expediente original, ordénese al Actuario Judicial, la DESTRUCCIÓN de las mismas puesto que se tratan de copias que ya integran el presente juicio, lo anterior para los efectos legales correspondientes. Ahora, tomando en consideración que el órgano colegiado resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo". Ahora, tomando en consideración que el citado órgano colegiado confirmó la sentencia recurrida en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; en tal virtud, hágase del conocimiento de las partes el contenido de este proveído, efectúese las anotaciones en el libro de gobierno, y ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento al primer párrafo del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto del año en curso, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es DESTRUIBLE, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso a) del artículo 21, del citado Acuerdo General1, al ser un juicio de amparo SOBRESEÍDO. En atención a lo anterior, es evidente que, el presente juicio de amparo, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos lo dispuesto en los artículos 21, tercer párrafo, 22, 23 y 24 del acuerdo normativo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, el presente expediente deberá destruirse en el Juzgado y posteriormente remitirse el acta y listados correspondientes a la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 35 del acuerdo en comento. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LA PARTE QUEJOSA Ahora, tomando en consideración que obran en autos copias certificadas exhibidas por la parte quejosa, se dejan a su disposición las mismas, para que pueda comparecer a este juzgado a recoger los documentos que exhibió en el presente juicio. En el entendido que para su comparecencia, deberá generar una cita en a través del programa "Agenda OJ", debiendo portar su identificación oficial vigente con fotografía, así como con el código QR que al efecto genere, para ingresar al recinto judicial que ocupa este Juzgado Sexto de Distrito de 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en términos de lo dispuesto en el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Se conmina al oficial administrativo para que remita físicamente al archivo el presente juicio de amparo, a más tardar en el término de cinco días hábiles.

  2. Principal

    Visto; el estado de autos y el cómputo que antecede, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se provee: Como la parte quejosa, no recurrió dentro del término legal el proveído de once de diciembre del año en curso (fojas 71 a 77), en el que se DESECHÓ PARCIALMENTE LA DEMANDA, por lo que respecta al acto reclamado consistente en:  El acuerdo de doce de julio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente ***, por medio del cual el Tribunal Federal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, tuvo por cumplido los trámites administrativos, atinentes a lo ordenado en la sentencia de once de julio de dos mil diecinueve. En consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado para los efectos legales procedentes.

  3. Principal

    EXPÍDASE LA COPIA QUE SE SOLICITA.

  4. Principal

    Agréguese el escrito de la parte quejosa ***, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento realizado en auto de cinco de diciembre de la presente anualidad (fojas 62 a la 64); en atención a su contenido; se provee al respecto. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda, para que en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Por otra parte, tomando en consideración la ejecutoria de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de queja 332/2019, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, que interpuso la parte quejosa en contra del auto de seis de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó por extemporánea la demanda relativa al presente juicio, con relación al acto reclamado consistente en el acuerdo de doce de julio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente TJA/JCA/436-A/2018, por medio del cual, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, tuvo por cumplidos los trámites administrativos atinentes a lo ordenado en la sentencia de once de julio de dos mil diecinueve. Asimismo, toda vez que, del contenido integral de la citada ejecutoria se advierte que la Superioridad revocó dicho proveído y ordenó que se emitiera otro en el que se previniera a la quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado el memorándum ISSTECH/SPS/2854/2019 de tres de julio de dos mil diecinueve y como autoridad responsable a la Subdirectora de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas. Además, tomando en cuenta que, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, analizó los agravios de la peticionaria del amparo encaminados a combatir el desechamiento de la demanda por extemporánea y los declaró infundados considerando correcto lo señalado por este juzgador en el sentido de que, la quejosa manifestó que el seis de agosto de agosto de dos mil diecinueve tuvo conocimiento del acto reclamado consistente en el acuerdo de doce de julio de dos mil diecinueve y, por tanto, el plazo para promover la demanda transcurrió del siete al veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. En ese orden de ideas, acorde a lo determinado por el Tribunal Colegiado respecto al acto reclamado consistente en el acuerdo de doce de julio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente TJA/JCA/436-A/2018 y estimándolo cosa juzgada, se considera correcto reiterar las consideraciones establecidas en el auto de seis de septiembre de dos mil diecinueve emitido en el presente juicio de amparo. En tal virtud, se advierte que el juicio de amparo es improcedente porque no se promovió dentro de los plazos previstos en la ley de la materia, actualizándose la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" A su vez, los artículos 17 y 18 del mismo ordenamiento, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos antes transcritos, se desprenden los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, siendo la regla genérica el término de quince días hábiles, los cuales deben comenzar a computarse a partir de tres momentos, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución, o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del acto o su ejecución. En el entendido que de no promoverse el juicio de garantías en dicho término, se estimará consentido el acto de que se trate, salvo que se actualice alguna de las hipótesis de excepción contenidas en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, pues en tal virtud el término será de treinta días, siete u ocho años e incluso en cualquier tiempo, según el caso. Se afirma lo anterior, ya que de la lectura íntegra del escrito inicial de demanda, se desprende que la parte quejosa señaló esencialmente como acto reclamado: ? El acuerdo de doce de julio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente TJA/JCA/436-A/2018, por medio del cual el Tribunal Federal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, tuvo por cumplido los trámites administrativos, atinentes a lo ordenado en la sentencia de once de julio de dos mil diecinueve. Ahora, la quejosa manifiesta en su escrito inicial de demanda, bajo protesta de decir verdad, específicamente en el apartado de "fecha de notificación de la resolución", que el seis de agosto de dos mil diecinueve, tuvo conocimiento del acto reclamado, consistente en el acuerdo de doce de julio de dos mil diecinueve. Manifestación que constituye una confesión que hace prueba plena en su contra, conforme con lo establecido por los artículos 95, 99, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2. Es aplicable, la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, revisable en el Semanario Judicial de la Federación, en el tomo XII, Diciembre de 1993, en la página 857, Octava Época, del rubro y texto: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa". De lo anterior, se tiene que la parte quejosa tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado desde el seis de agosto de dos mil diecinueve; de ahí que, el plazo de quince días para promover la demanda, transcurrió del siete al veintisiete de agosto; mientras que la demanda de amparo fue presentada en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en Cintalapa de Figueroa, hasta el día cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, como se advierte del escrito de demanda (foja 2); de ahí que se estime promovida extemporáneamente. En consecuencia, dado que el término de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa promoviera su demanda transcurrió en exceso, su presentación resulta extemporánea, traduciéndose dicha circunstancia, en el consentimiento tácito del acto reclamado. Máxime, que la impetrante no se ubica dentro de las hipótesis legales que contempla el artículo 17, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, pues se trata de un acto que no implica restricción a la libertad del quejoso, por lo que en el caso concreto debe estarse a la regla general que contempla el multicitado numeral 17 del propio ordenamiento legal. Apoya a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la Jurisprudencia P./J. 27/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 57, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar parcialmente la demanda por notoriamente improcedente por cuanto hace a dicho acto reclamado, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal. No es impedimento de lo anterior, el hecho de que la quejosa refiera, que el término de quince días para interponer la demanda de amparo empezó a transcurrir a partir del quince de agosto de dos mil diecinueve, fecha en que la autoridad responsable le hizo entrega de la copia certificada del memorándum ISSTECH/SPS/2854/2019 de tres de julio de dos mil diecinueve, refiriendo que es hasta esa fecha que estuvo en posibilidad de conocer si se dio o no cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad de origen; sin embargo, no debe perderse de vista que el aquí quejoso precisó como acto reclamado el auto de doce de julio de dos mil diecinueve, de manera que son los argumentos de aquélla determinación los que en todo caso serían materia de estudio del presente juicio de amparo y no los contenidos en el oficio ISSTECH/SPS/2854/2019 de tres de julio de dos mil diecinueve, de ahí que si se ostenta sabedora del acto reclamado el seis de agosto de dos mil diecinueve; entonces, desde esa fecha estuvo en aptitud de interponer el juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, las Jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva." Asimismo, debe decirse que la anterior determinación no implica una transgresión al derecho fundamental de acceso a la justicia, pues éste no implica dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen los juicios, ya que de considerarse procedente una demanda presentada de forma extemporánea se contravendría el principio de impartición de justicia pronta, y desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que el promovente obtendría un beneficio no previsto en la norma. Es aplicable al caso, por las razones que informa, la tesis VII.2º.C 14 (10ª.), sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el citado medio de difusión, Décima Época, Libro XII, Tomo 3, septiembre de 2012, página 1495, del rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA Y EFECTIVIDAD DE LOS RECURSOS. NO IMPLICA DEJAR SIN EFECTOS LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA Y ADMISIBILIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, al interpretar el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableció que el acceso a la justicia no se agota con la simple existencia de tribunales, procedimientos formales ni con la posibilidad de acudir a ellos, sino que es necesario que los recursos judiciales tengan efectividad, esto es, que se brinde al justiciable la posibilidad real de interponerlos y el órgano jurisdiccional competente evalúe sus méritos, por lo que serán efectivos en tanto sean capaces de producir el resultado para el que fueron concebidos; sin embargo, fue la propia Corte Interamericana, quien estableció que la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de los recursos resulta compatible con la Convención Americana, y que esa efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan tales requisitos, el órgano judicial evalúe sus méritos. Por tanto, el derecho humano de acceso a la justicia y la efectividad de los recursos, no implican dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen en el juicio de amparo, instrumento éste de justicia constitucional por el que, en sede nacional y en vía judicial, se garantiza al individuo la protección de sus derechos fundamentales". Consecuentemente, con fundamento en los artículos 112 y 113 del ordenamiento jurídico citado, se desecha parcialmente la demanda únicamente por lo que respecta al acto reclamado en mención; en la inteligencia, que como se dijo, dicha determinación se reitera en observancia a la ejecutoria emitida en el recurso de queja 32/2019, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad. ADMISIÓN Establecido lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y IV, de la Constitución Federal, 1, fracción I, 35, 107, 108, 112, 115, 116, y demás numerales relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos, únicamente respecto al acto reclamado consistente en el memorándum ISSTECH/SPS/2854/2019, de tres de julio de dos mil diecinueve, emitido en el expediente TJA/JCA/436-A/2018, atribuido a la Subdirectora de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que se tramite incidente de suspensión, en virtud de no existir solicitud al respecto, no obstante la manifestación realizada en el sentido de que se solicite informe previo, toda vez que ello no se equipara a la petición expresa de la suspensión del acto reclamado. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir en el término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, anexando copia certificada u original, en su caso, de todas y cada una de las constancias que sirvieron de apoyo para su emisión, con apercibimiento que de no hacerlo, se presumirá cierto el acto reclamado y se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el precepto 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Dicho informe deberá rendirlo ante este Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, ubicado en boulevard Ángel Albino Corzo número 2641, colonia Las Palmas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, código postal 29040. Además, en caso de ser cierto el acto reclamado la responsable deberá remitir la resolución que se reclama vía correo electrónico (e-mail) a la dirección 6jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx o en su caso, un disco flexible que la contenga. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para que informe su dirección de correo electrónico institucional, a fin que en su caso, este Juzgado esté en condiciones de remitirle comunicaciones en esa vía. OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD Requiérase a la responsable para que en el momento de rendir su informe justificado comunique a este Juzgado, si se ha promovido diverso juicio de amparo en contra del acto aquí reclamado, en caso de ser así remita la constancia que lo acredite, atento a los artículos 64 y 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 251 de esa misma ley. Hágase saber a las partes que conforme al artículo 64 de la Ley de Amparo, está obligada a informar a este Juzgado Federal cuando hubieren cesado los efectos del acto reclamado u ocurrido causas notorias de sobreseimiento, con la prevención de que en caso de ser omisa al respecto, se le impondrá la multa señalada en el párrafo que antecede. Además, se indica a la autoridad responsable que en caso de no recibir el oficio que le sea remitido, se tendrá por hecha la notificación y será responsable por falta de cumplimiento de la resolución que contenga, de conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que se imponga multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 245 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en los artículos 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, con la finalidad de optimizar los recursos materiales, únicamente se le notificará de manera personal, es decir, por medio de oficio, aquéllas determinaciones que por la trascendencia del contenido del auto o resolución que deba notificársele lo ameriten; en tanto, que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificará de la misma manera que a las demás partes, esto es, por medio de lista. De igual forma, el segundo de los numerales en cita, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, por tanto, se informa a las partes que, en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (www.cjf.gob.mx), o bien, mediante el ingreso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), pueden realizar la consulta de dicha lista, así como de la información que de este expediente se encuentra capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." OBLIGACIONES DE LAS PARTES Se apercibe a la parte quejosa, que si la denominación de la autoridad señalada como responsable en el presente juicio, resulta errónea o imprecisa, ésta se tendrá por no designada para todos los efectos legales a que haya lugar; tomando en consideración que, este Juzgado no está autorizado a llamar a juicio a autoridades no señaladas directamente por la parte quejosa, porque su designación es una carga procesal que pesa sobre ésta, según se deduce del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Acorde con los artículos 22 y 115 de la Ley de Amparo, se fijan las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del quince de enero de dos mil veinte, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Tiene aplicación, la tesis Aislada, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 519, Tomo LXVIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 328173, del rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." PRUEBAS De conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por exhibidas las documentales que en copia certificada anexó al escrito inicial de demanda; asimismo, por ofrecidas las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Por otra parte, respecto de la prueba que ofrece consistente en el expediente de origen, provéase lo conducente en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO Ahora, con relación a la devolución de documentales, se deja de acordar, en virtud de no haber sido solicitada. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO Por lo que hace al emplazamiento de la parte tercera interesada, se reserva de acordar lo conducente, hasta en tanto la autoridad responsable emita su informe justificado. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete.

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