Digna Mayanin Melo Montor

Expediente 795/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
795/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
07/09/2023

Partes del expediente

  • Digna Mayanin Melo Montor

Actuaciones

  1. Principal

    ....el oficio del Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que ese tribunal admitió el recurso de queja interpuesto por ******************** por conducto de su autorizado ********************contra el acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, en el cual se desechó la demanda de amparo de origen de este asunto, y lo radicó con el queja ********************

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a treinta de agosto de dos mil veintitrés. Recurso de queja. Agréguese el escrito de Alfonso Villarnobo Cruz autorizado de la quejosa Digna Mayanin Melo Montor y no como lo refiere en el de cuenta como Dipna Sánchez Melo, a través del cual interpone recurso de queja contra el auto de veintitrés de agosto del año dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo. Informe. ... Remisión. Envíese el escrito de agravios, copia certificada de las constancias pertinentes y el informe relativo al recurso de queja al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Séptimo Circuito en Turno, con sede en esta ciudad, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común adscrita a esos órganos colegiados, para que realice el turno correspondiente. Disponibilidad de expediente electrónico. Infórmese a la Superioridad que está disponible el expediente electrónico para su consulta, mismo que de acuerdo con la certificación secretarial, se encuentra debidamente integrado. Notifíquese. ...

  3. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Radicación. ... Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, por lo que a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Así, este Juzgado de Distrito considera que el juicio de amparo promovido deviene improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, y 103, fracción I, de la Constitución Federal. De los preceptos anteriores, se advierte que el juicio de amparo procede contra actos de autoridad, entendiéndose por estos aquellos que derivan de la actuación de un ente del estado, en uso de su poder coercitivo y unilateral; por esa razón, el acto aquí reclamado no se considera como de aquéllos contra los cuales proceda la acción constitucional. Lo anterior es así, pues debe considerarse que el juicio de amparo indirecto, tiene por objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos del gobernado, es decir para la procedencia de la instancia extraordinaria de amparo, es necesario que la reclamación se enderece contra una actuación de autoridad o "equivalente" a la de ésta, conforme a lo preceptuado en el artículo 5, fracción II de la ley de la materia. Así, para los efectos del juicio de amparo de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS"; es autoridad aquélla que de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado. Por tanto, se tiene que para que una autoridad pueda ser considerada como tal para efectos del juicio de amparo, debe cumplir con lo siguiente: 1. Entre el ente de hecho o de derecho y el particular debe existir una relación de supra a subordinación entre el quejoso y la autoridad responsable; 2. Esa relación debe nacer de una norma general (en términos de la Ley de Amparo vigente), con una facultad administrativa irrenunciable; 3. Los actos emitidos son unilaterales y por ello se afectan situaciones jurídicas del quejoso; 4. La emisión de esos actos no requiere la aprobación de órganos judiciales ni el consenso de la voluntad del afectado. Bajo ese contexto, es dable señalar que la demanda de amparo promovida contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan en relaciones de coordinación es improcedente; toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de suprasubordinación. Tiene aplicación al caso la tesis I.6o.T. J/28 (10a.) sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que aparece publicada en la página un mil novecientos cincuenta y seis, Libro XXIX, Tomo III, Abril de dos mil dieciséis, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN.". Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa labora en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad; y, que señaló como autoridad responsable, entre otras, a la Sub Directora Médica de la Clínica de dicha Institución, de quien reclama: -Los diversos oficios CEI//413/2013, CEI//415/2013, CEI//417/2013, CEI//418/2013 y CEI//419/2013 todos expedidos el veintiuno de julio del año dos mil veintitrés, en donde se advierte la negativa de expedirle licencias médicas, a pesar de que, a decir de la quejosa, se encuentra incapacitada para laborar por diversos padecimientos que se le han diagnosticado por haber padecido de COVID-19, ya que es hipertensa, diabética y de la tercera edad, por contar con sesenta y siete años, además que requiere de oxigenación, por lo que se ubica como persona vulnerable. Bajo esa tesitura, es evidente que la relación establecida entre la quejosa y las autoridades responsables que emitieron el acto reclamado, no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, dado que como se aprecia el acto reclamado no es considerado de autoridad, ya quedan excluidas las autoridades responsables del juicio de amparo indirecto, a quienes se les reclama algún acto derivado de la relación de trabajo con el quejosa, pues se da en un plano de coordinación en función de la relación patrón - trabajador que los une. Por lo que es indudable la improcedencia del juicio promovido contra la negativa de la responsable de continuarle otorgando las licencias solicitadas con goce de sueldo, al no tener el carácter de autoridad responsable. Así las cosas, no hay duda que la quejosa somete a la consideración constitucional de este órgano jurisdiccional, no puede ser ventilada a través del juicio de amparo, pues se concluye que, los entes señalados como responsables, no tienen el carácter de autoridad para los efectos del amparo. ... Al caso resulta oportuno señalar, que en términos de lo dispuesto por el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, resulta un hecho notorio que el Pleno del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 42/2020, en el que se analizó un caso similar al presente asunto, estimó que la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario, como medida de prevención de contagio, carece del carácter de acto de autoridad, en virtud de que constituye un acto generado a partir del vínculo jurídico que existe entre el empleador y el trabajador, es decir, se ubica dentro de una relación de coordinación, de modo que el patrón no actúa con facultades de imperio, sino como sujeto dentro de una relación de trabajo, por lo que su cumplimiento es exigible en los términos de la legislación laboral correspondiente. ... Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el acto reclamado consistente en la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, constituye o no un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, en los casos en que el quejoso argumenta tratarse de un trabajador de una institución de salud pública, ubicado en una situación de vulnerabilidad, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación: Si bien es cierto que la mencionada medida de resguardo constituye una de las prácticas que el Gobierno Federal instrumentó, dirigidas a los sectores público, social y privado a efecto de prevenir, mitigar y controlar el contagio derivado del virus SARS-CoV2, su naturaleza es laboral, en virtud de que se encuentra orientada a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Por tanto, la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario, como medida de prevención de contagio, carece del carácter de acto de autoridad en los términos previstos por los artículos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que constituye un acto generado a partir del vínculo jurídico que existe entre el empleador y el trabajador, es decir, se ubica dentro de una relación de coordinación, de modo que el patrón no actúa con facultades de imperio, sino como sujeto dentro de una relación de trabajo, por lo que su cumplimiento es exigible en los términos de la legislación laboral correspondiente.". Criterio que este órgano jurisdiccional estima oportuno citar en apoyo a la presente determinación, por ser sustentado por un Tribunal Colegiado de este Séptimo Circuito, al cual pertenece este Juzgado de Distrito. En consecuencia, al actualizarse un motivo notorio e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII y 113 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte promovente para recibir notificaciones, el que señala en su escrito de cuenta y por autorizados en términos amplios, acorde a lo previsto en el artículo 12 de la citada ley, a Alfonso Villarnobo Cruz, Flor García Hernández, Luis Alfonso Villarnobo García y Jorge Luis López Castillo en virtud de que la certificación secretarial, se conoce que cuentan con cédula profesional. Consulta de expediente electrónico. De la certificación de cuenta, se conoce que el usuario "VILLARNOBO", es válido; por tanto, se autoriza el acceso de la parte promovente al expediente electrónico. Medios de comunicación. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura, se tiene a la parte quejosa proporcionando el número telefónico y el correo electrónico que citada como medios de comunicación. Horas y días inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones. Integración de expedientes. Se instruye al secretario, así como a los actuarios (as), para que, de acuerdo a sus funciones, supervisen la debida integración de los expedientes, tanto físico como electrónico. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. ...

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