Diego Verduzco Moreno
Expediente 730/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 730/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 09/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Diego Verduzco Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, a nueve de enero de dos mil veintitrés. Por recibida la comunicación firmada por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, en atención a su solicitud, mediante oficio remítase copia con firmas electrónicas del auto de quince de julio de dos mil veintidós, en el que este órgano jurisdiccional recibió el expediente relativo al juicio de amparo directo ********************, remitido por el entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, virtud de la determinación de incompetencia y en el cual, este Juzgado admitió a trámite el mismo. Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, a veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio que remite vía sistema electrónico de interconexión el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, en el que se informa la admisión del recurso de queja interpuesto contra el auto de trece de septiembre del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo; circunstancia de la cual se toma el debido conocimiento, y se estará a la espera de lo resuelto por la superioridad. Finalmente, como lo solicita, se instruye a la Oficial Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que realice la vinculación del expediente electrónico; comuníquese lo anterior al Tribunal oficiante Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, seis de octubre de dos mil veintidós Agréguese a los autos el escrito signado la autorizada de la parte quejosa por medio del cual interpone recurso de queja en contra del acuerdo dictado por este juzgado el trece de septiembre de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo en vigor, intégrese a estos autos una de las copias exhibidas y remítase el aludido recurso de queja al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, residente en Mazatlán. De igual forma, de conformidad con el artículo 101 de la Ley de Amparo en vigor, ríndase el informe respectivo sobre la materia del recurso de queja interpuesto. Notifíquese
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados y página electrónica a la parte quejosa. En Culiacán, Sinaloa, a trece de septiembre de dos mil veintidós. I. Desahogo de prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por Lucia Félix Armenta, en su carácter de defensora pública del quejoso Diego Verduzco Moreno, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, por tenerla acreditada en el juicio de origen; mediante el cual desahoga la prevención realizada en quince de julio pasado. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señala en el escrito recibido en esta fecha. II. Acto reclamado. La parte quejosa reclama la resolución de veintidós de abril de dos mil veintidós, emitida en el toca 28/2022, en la que la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, en la cual se declaró improcedente la recusación presentada en la causa penal 73/2021 del Tribunal de Enjuiciamiento de Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescente en el Estado de Sinaloa. III. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta a desechar de plano la demanda de amparo al advertir la existencia de causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por manifiesto, se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En principio, el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] De la interpretación conjunta de las normas legales transcritas (la segunda de ellas en sentido contrario) lleva al conocimiento que el juicio de amparo es improcedente contra actos en juicio cuya ejecución no sea irreparable. El segundo de los preceptos es claro al establecer cuándo se está ante actos cuyos efectos son de imposible reparación, al disponer que por éstos se entiende aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, la connotación que el legislador aportó a la Ley de Amparo respecto el significado jurídico de imposible reparación desplazó al anterior criterio analógico entre actos que afectaban derechos meramente sustantivos y actos que afectaban derechos procesales en grado predominante o superior. Derivado de ese cambio legislativo, en los juicios de amparo debe prescindirse de este último concepto, puesto que no lleva a la afectación directa e inmediata de derechos sustantivos como lo establecen los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en juicio que no afecten derechos sustantivos, pues sólo la trasgresión a éstos es considerada de imposible reparación. De tal manera, el juicio de amparo biinstancial resulta improcedente contra actos que sólo involucren derechos procesales, pues con ello no se inmiscuyen derechos sustantivos, como pudiera ser la vida, propiedad, posesión, etcétera; sin que bajo la vigencia de la actual Ley de Amparo sea válido acudir al concepto de violación procesal que produce afectación en grado predominante o superior, conforme la abrogada Ley de Amparo. En este contexto, la resolución de veintidós de abril de dos mil veintidós, emitida en el toca 28/2022, en la que la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, en la cual se declaró improcedente la recusación presentada en la causa penal 73/2021 del Tribunal de Enjuiciamiento de Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescente en el Estado de Sinaloa, no puede ser de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo biinstancial ya que sus efectos son meramente procesales. Es así, pues como se ha precisado dicha cuestión no se refiere a una transgresión a los derechos sustantivos, ya que el juicio de origen se seguirá hasta el dictado de la sentencia y, sólo en caso de que ésta sea contraria a los intereses de la parte demandada en el juicio natural, aquí quejoso, éste podrá controvertir dicha violación como procesal, cuando reclame dicho fallo en el juicio de amparo directo. Por tanto, el acto reclamado no corresponde a aquellos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues en su caso existe la posibilidad de que la parte promovente obtenga una resolución favorable a sus intereses y, en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama. En ese sentido se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) publicada en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, donde sostiene: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. En la jurisprudencia 2a./J. 29/2021 (10a.), publicada en la página 1770, Libro 3, Julio de 2021, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene el criterio que contra la resolución que declara infundado un incidente de recusación no procede el juicio de amparo indirecto, al no tratarse de acto de imposible reparación sino que, al constituir violación a derechos adjetivos, debe reclamarse en amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva. Dicha jurisprudencia es la siguiente: RECUSACIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE RELATIVO NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera discrepante respecto a si procede el juicio de amparo indirecto contra la resolución que declara infundado un incidente de recusación o si se trata de una violación procesal reclamable en amparo directo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que en contra de la resolución que declara infundado un incidente de recusación no procede el juicio de amparo indirecto, al no tratarse de un acto de imposible reparación sino que, al constituir una violación a derechos adjetivos, debe reclamarse en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo. Justificación: En términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, esta Segunda Sala determina que la resolución que declara infundado un incidente de recusación, no se trata de un acto de imposible reparación en contra de la cual proceda de manera inmediata el amparo indirecto, pues dicha resolución tiene como único efecto que el Juez, Magistrado o miembro de un tribunal, respecto de quien se haya promovido una recusación, continúe conociendo del asunto, cuyas consecuencias sólo tienen que ver con la afectación a derechos adjetivos o procesales que inciden, en todo caso, en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, pero que de obtenerlo, sus efectos o consecuencias se extinguirán en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de la persona o a su esfera jurídica y, por el contrario, si la sentencia le es desfavorable, podrá reclamarla en la vía de amparo directo, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo, haciendo valer como violación dicha cuestión procesal. En la contradicción de tesis de la cual surgió la anterior jurisprudencia, uno de los criterios contendientes fue el invocado en la demanda de amparo para sustentar la procedencia de este juicio constitucional, esto es, la del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, contenido en la la aislada I.5o.P.25 K (10a.), de rubro: "RECUSACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE RELATIVO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN QUE AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (INTERPRETACIÓN CONFORME DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Al respecto, el citado Alto Tribunal señaló que, aun cuando los Tribunales Colegiados contendientes analizaron la procedencia del juicio de amparo indirecto contra diversas resoluciones que declararon infundado un incidente de recusación; empero, sus posturas interpretativas derivaron del análisis de las particularidades en que acontecieron los casos analizados y, principalmente, de distintos preceptos legales. Ello, pues mientras los Tribunales Colegiados Primero en Materia Civil del Séptimo Circuito y Noveno en Materia Civil del Primer Circuito tomaron en cuenta para ello si en términos del numeral 172 de la Ley de Amparo -referente a las hipótesis en que se consideran violadas las leyes del procedimiento tratándose de juicios tramitados ante tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo-, los actos reclamados podían reclamarse en amparo directo. Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, lo que esencialmente consideró fue que si bien en el numeral 159, fracción X, de la abrogada Ley de Amparo, el tema de la recusación se consideró como una violación procesal reclamable en amparo directo, dicha hipótesis ya no existía en ninguno de los supuestos contenidos en el actual artículo 173 de la Ley de Amparo vigente -relativo a las hipótesis en las que se consideran violadas las leyes del procedimiento en los juicios del orden penal-. Circunstancia -la cual no consideraron los demás Tribunales Colegiados-, la que sustancialmente llevó a dicho órgano jurisdiccional a estimar que conforme a la fracción VIII del numeral 107 de la Ley de Amparo, procedía el amparo indirecto contra la resolución que declara infundado un incidente de recusación. Con base en ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para sentar criterio único, aplicable a todos los casos en los que se cuestione si procede el amparo indirecto contra la resolución que declara infundada una recusación, para ello deberá considerarse si la resolución de origen fue dictada en un juicio tramitado ante un tribunal administrativo, civil, agrario o del trabajo (los cuales se rigen por lo establecido en el numeral 172 de la ley) o bien, dentro de un juicio del orden penal (al que le resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 173 de la ley de la materia). Por lo que estimó que no es jurídicamente factible considerar en la contradicción de tesis el criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Por otro lado, al resolver la cuestión contradictoria, en esencia ese Alto Cuerpo Colegiado señaló que el derecho a reclamar alguna determinación de manera inmediata en la vía indirecta, nace únicamente cuando el acto afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse ni con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio y, precisamente por ello, en estos supuestos puede acudirse sin demora al amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento ordinario. Precisó que los efectos y consecuencias que produce una resolución que declara infundada una recusación, no son de los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, sino que sólo producen la continuación del juicio por la autoridad que previno en el conocimiento del asunto hasta el dictado de la sentencia respectiva, la cual, de serle favorable al interesado, traerá como consecuencia que se extinga en la realidad de los hechos la posible violación cometida, sin haber originado una afectación a los derechos fundamentales del gobernado o a su esfera jurídica y, por el contrario, si la sentencia le es desfavorable, podrá reclamarla en la vía de amparo directo. Máxime que, señaló, conforme la fracción XII del numeral 172 de la Ley de Amparo, dicha violación procesal resulta análoga a la prevista en la fracción X de dicho numeral, que establece que en los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello; por lo que podrá reclamar la referida resolución en la vía de amparo directo, haciendo valer como violación dicha cuestión procesal. Consideraciones aplicables en relación con los juicios del orden penal, en la medida que se trata de recusación que no afecta directamente derechos sustantivos del interesado; aunado a que de conformidad con el artículo 173, Apartado B. Fracción III, en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral se considera violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando intervenga en el juicio el órgano jurisdiccional que haya conocido del caso previamente. De tal manera, como el sustento de la recusación a la jueza consistió en que conoció de etapas previas al juicio oral, por tanto, en el caso tiene actualización el supuesto indicado en el párrafo anterior; por lo que esa trsagresión debe ser motivo de análisis en el amparo directo que, en su caso, se ponga contra el fallo definitivos al no afectar derechos sustantivos del quejoso. Por dos motivos indicados, en el caso no es aplicable el criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, contenido en la la aislada I.5o.P.25 K (10a.), de rubro: "RECUSACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE RELATIVO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN QUE AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (INTERPRETACIÓN CONFORME DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013); en la medida que, conforme el artículo 173, Apartado B. Fracción III, en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral se considera violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando intervenga en el juicio el órgano jurisdiccional que haya conocido del caso previamente. En relacionadas condiciones, como la determinación reclamada no constituye acto de imposible reparación para efectos del juicio de amparo indirecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en el precepto 113 del ordenamiento en cita, procede desechar de plano la demanda de amparo por manifiesta y notoria improcedencia. Notifíquese de manera personal a la parte quejosa. Así lo acordó el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido del licenciado José Alejandro Bringas Aquino, Secretario que da fe.
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