Diego Velazquez Mora

Expediente 786/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 17 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
786/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
10/10/2022

Partes del expediente

  • Diego Velazquez Mora
  • Priscila Nevarez González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diez de octubre de dos mil veintidós. I. Entrega de cheque. Agréguese a los autos el oficio SF/SPFI/PF/SFCO/*/2022, signado en representación del Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante el cual informa que la parte quejosa acudió a sus instalaciones a recibir el título de crédito expedido con motivo del concepto de la actualización respecto de la contribución enterada, sustentando su dicho al tenor de la documental que acompaña, lo que será tomado en consideración al hacer el pronunciamiento respectivo. II. Calificación de cumplimiento. Por otro lado, vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa, en auto de veintiocho de septiembre pasado, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la vista que se le otorgó en relación con el cumplimiento del fallo protector, sin que hubiese hecho manifestación al respecto, no obstante, resulta procedente que este juzgado se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al promovente. Para lo cual conviene utilizar la siguiente tabla comparativa, en que se contrasta sustancialmente los efectos del amparo con las acciones realizadas por la autoridad y el fedatario público vinculados, y que se advierte de los comunicados y documentos remitidos, para después asentar la conclusión respectiva. EFECTOS DE LA EJECUTORIA. 1. Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. SE CUMPLIÓ SI NO I. Para que la autoridad que sea vinculada por razón de sus funciones a dar cumplimiento a esta sentencia, lleve a cabo las acciones administrativas necesarias a fin de desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa, la aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales; lo cual no implica que en el futuro se exente a la parte quejosa del pago del derecho registral por ese concepto, pues en todo caso se le cobrará dicho derecho en los términos que se precisarán en el punto dos (II) de este considerando; siendo estos preceptos: Los artículos 90 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, que dispone el mecanismo de pago de derechos registrales por la inscripción de compraventa y constitución de garantías reales sobre inmuebles. II. Para que se deje insubsistente el acto de aplicación de los artículos 90 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, dados los efectos que se han señalado en el párrafo precedente, y se cobre al solicitante del amparo únicamente la cantidad equivalente a tres punto setenta y cinco veces la Unidad de Medida y Actualización a que se refiere la Ley de la Unidad de Medida y Actualización del Estado de Querétaro, debiendo restituirle al agraviado el numerario excedente que le corresponde respecto de las cantidades que haya pagado por servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad por la inscripción de la compraventa y constitución de garantías reales sobre inmuebles. Mediante el oficio SF/SPFI/PF/SFCO/*/2022, agregado en autos, la autoridad exactora emitió la declaratoria de inconstitucionalidad correspondiente e informó que se encuentra a disposición de la parte quejosa el pago en ventanilla, por la cantidad a devolver, por concepto de los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio por la inscripción de compraventa de inmuebles y constitución de garantías reales sobre inmuebles. Asimismo, la citada autoridad exactora informó que la parte quejosa acudió a sus instalaciones a recibir los títulos de crédito, expedidos con motivo de los impuestos declarados inconstitucionales y por concepto de la actualización devuelta. CONCLUSIÓN. En términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de Amparo. II. Archivo definitivo. En consecuencia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; en el entendido de que de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de depuración, la cual ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, no se considera de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos que se señalan en el artículo 15 del mencionado Acuerdo. III. Otras consideraciones. Finalmente, se hace la aclaración que las partes no allegaron documentos que por sus características ameriten ser devueltos. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. I. Se agrega como constancia. Visto el oficio **, signado en representación del Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; atento a su contenido, se ordena agregar a los autos únicamente para que obre como constancia, en atención a que, por auto de ¨¨, se acordó lo conducente su contenido. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. I. Informa cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio ***, signado en representación del Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; mediante el cual, en atención al requerimiento efectuado en auto de doce de septiembre del año en curso, informa que se encuentra a disposición de la parte quejosa el pago en ventanilla, por concepto de la actualización respecto de la contribución enterada, y para corroborarlo, adjunta las documentales respectivas. II. Vista. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexos de mérito y las diversas remitidas en fase de ejecución, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, se efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente. III. Se hace del conocimiento de la parte quejosa. Bajo esa tesitura, hágase del conocimiento de la parte solicitante del amparo, que a la brevedad deberá acudir a las instalaciones de la autoridad exactora ubicado en calle Pasteur número treinta y cinco (35), Sur, Centro Histórico, con la finalidad de que le sea entregado el pago en ventanilla, para su posterior cobro en la institución bancaria de referencia. Se hace la precisión que la autoridad exactora refiere que derivado del fenómeno de salud pública emanado del virus COVID-19, la entrega del mencionado cheque se realizará únicamente previa cita, la cual puede ser agendada en la dirección electrónica https://procuraduriafiscal.queretaro.gob.mx/citas/, para los días martes y jueves (hábiles), en un horario de las nueve a las trece horas, siendo requisito acompañar identificación oficial y copia de la misma. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa vía electrónica.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, doce de septiembre de dos mil veintidós. I. Autoridad informa imposibilidad para dar cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio SF/SPFI/PF/SFCO/03357/2022, signado en representación del Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; en el que informa su imposibilidad para remitir la cantidad actualizada respecto de la contribución declarada inconstitucional mediante sentencia definitiva de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, confirmada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito, en el amparo en revisión administrativa 366/2021. Así es, la autoridad exactora refiere que no resulta procedente restituir a la parte quejosa las cantidades actualizadas de los montos pagados por la aplicación de los artículo 90 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro; en virtud de que en la sentencia definitiva no se condenó expresamente a su pago, lo que fue consentido por la parte quejosa al no inconformarse con dicha determinación, dentro del plazo establecido para tal efecto. Además refiere que ordenar su devolución sin haberse ordenado en los efectos de la sentencia definitiva equivaldría a conceder una protección excesiva al quejoso y quebrantar la certeza jurídica de la cosa juzgada. Para sustentar su postura la autoridad responsable, refiere encontrarse en el supuesto a que hace referencia la jurisprudencia 2a./J. 136/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. LA RESOLUCIÓN QUE LA AUTORIZA TOTAL O PARCIALMENTE, SIN HACER MENCIÓN A LA ACTUALIZACIÓN E INTERESES QUE, EN SU CASO, DEBAN PAGARSE, CONSTITUYE UNA NEGATIVA IMPLÍCITA O TÁCITA IMPUGNABLE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS CORRESPONDIENTES. Conforme a la interpretación armónica y sistemática del artículo 22, párrafo séptimo, del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales podrán devolver una cantidad menor a la solicitada por el contribuyente con motivo de la revisión efectuada a la documentación aportada, en cuyo caso, la solicitud se considerará negada por la parte que no sea devuelta, salvo que se trate de errores aritméticos o de forma, y si la autoridad devuelve la solicitud del contribuyente se considerará que fue negada en su totalidad, para lo cual, deberán fundar y motivar las causas que sustentan la negativa parcial o total de la devolución respectiva. En ese contexto, cuando se solicita la devolución de contribuciones y se dicta una resolución en donde se autoriza total o parcialmente (incluida la devolución en cantidad menor), pero sin hacer referencia a la actualización y a los intereses que, en su caso, deban pagarse -con independencia de que se hayan solicitado o no-, esa ausencia de pronunciamiento actualiza una ficción jurídica, consistente en que se consideran negados, lo que faculta al contribuyente a combatir esa negativa por ficción de la autoridad fiscal a través de los medios de defensa ordinarios correspondientes (recurso de revocación o juicio contencioso administrativo). De esa forma, es innecesario, por una parte, que el contribuyente solicite por separado la devolución de la actualización y los intereses -que correspondan- a la devolución autorizada y, por otra, que se emita una resolución por escrito de la autoridad fiscal en la que se pronuncie al respecto, pues basta que no exista pronunciamiento en cuanto a tales intereses y actualización para que se actualice la ficción legal de mérito. Así, la ausencia de pronunciamiento al respecto justifica la inexistencia de una resolución por escrito, fundada y motivada, en la que se determine el no pago de los intereses respectivos, ya que a esa omisión, por ficción legal, debe atribuírsele la consecuencia jurídica de que se consideren negados, porque no sólo resultaría impráctico obligar a la autoridad fiscal a emitir una resolución por escrito fundada y motivada en cuanto a la negativa, cuando es factible, vía interpretación, aplicar la ficción jurídica referida, sino que también se afectaría el derecho de petición reconocido por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenerse que presentar una nueva solicitud de devolución por los intereses y actualización no pagados, y se vería en entredicho el derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 17 de la Ley Fundamental, al obligar al contribuyente a recurrir por los medios de defensa ordinarios la resolución que en su caso se dicte negando los intereses que fueran procedentes. Por tal motivo, la ausencia de pronunciamiento total o parcial implica que el contribuyente debe impugnar esa resolución, pues de otro modo su inacción implica que la consienta en detrimento de su esfera jurídica. Además, el párrafo antepenúltimo del artículo 22-A del Código Fiscal de la Federación, confirma que en caso de que la autoridad fiscal no pague intereses o los pague en cantidad menor, ante la ausencia de pronunciamiento al respecto, el legislador también estableció, como ficción legal a esa ausencia de pronunciamiento, la consecuencia jurídica consistente en que se considerarán negados los que correspondan, ya sea en todo o en parte. Del criterio jurisprudencial antes transcrito, se obtiene la hipótesis que ahí se plantea, no es aplicable al caso que nos ocupa, pues, en ella, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País realizó una interpretación armónica y sistemática del artículo 22, párrafo séptimo, del Código Fiscal de la Federación, referente a las autoridades fiscales, ante las que se plantea una solicitud de devolución de contribuciones derivado de una declaración de impuestos ya sea por solicitud del propio contribuyente o de una revisión hecha por la propia autoridad hacendaria respectiva, así como la facultad que tiene el gobernado, para impugnar las determinaciones que autorizan total o parcialmente la devolución solicitada (recurso de revocación o juicio contencioso administrativo); mientras que en el presente juicio de amparo indirecto se analizó el perjuicio ocasionado al contribuyente, derivado de la aplicación de una norma declarada inconstitucional, como es el caso de los artículos 90 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro. II. Se requiere cumplimiento a ejecutoria de amparo. Así es, contrario a lo que refiere la autoridad oficiante, procede restituir a la parte quejosa las cantidades actualizadas de los montos pagados por la aplicación de los artículo 90 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro. En el caso concreto, mediante resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justifica federal en los siguientes términos: "51. ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *******, respecto de los artículos 90 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, así como por lo que respecta a su acto de aplicación, en los términos y para los efectos precisados en los considerandos quinto y sexto de esta sentencia.". Lo anterior, bajo los efectos precisados en la sentencia respectiva, que para su mejor apreciación se transcribe el apartado que aquí interesa: II. Para que se deje insubsistente el acto de aplicación de los artículos 90 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, dados los efectos que se han señalado en el párrafo precedente, y se cobre al solicitante del amparo únicamente la cantidad equivalente a tres punto setenta y cinco veces la Unidad de Medida y Actualización a que se refiere la Ley de la Unidad de Medida y Actualización del Estado de Querétaro, debiendo restituirle al agraviado el numerario excedente que le corresponde respecto de las cantidades que haya pagado por servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad por la inscripción de la compraventa y constitución de garantías reales sobre inmuebles. Efectivamente, de lo antes transcrito se advierte que en la sentencia de que se trata se ordenó la devolución del pago de lo indebido al gobernado, esto derivado de la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional; por lo que el cálculo respectivo se efectuará con base en la contribución indebidamente pagada, su actualización y los intereses correspondientes al perjuicio ocasionado al contribuyente, derivado de la aplicación de una norma declarada inconstitucional, como es el caso de los artículos 90 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, y por los posteriores, a partir de que se efectuó el pago. Cobra sustento a lo anterior, la tesis I.4o.A.626 A, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 2263, registro digital 170334, de contenido siguiente: "DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO INDEBIDO. CUANDO DERIVA DE UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL POR HABERSE DECLARADO INCONSTITUCIONAL LA NORMA CONFORME A LA CUAL SE ENTERÓ EL TRIBUTO, DEBE INCLUIR LA CONTRIBUCIÓN PAGADA, SU ACTUALIZACIÓN Y LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERJUICIO OCASIONADO AL CONTRIBUYENTE. De los artículos 22 y 22-A del Código Fiscal de la Federación se advierte que la devolución del pago de lo indebido puede derivar, de la denegación de la solicitud correspondiente, de una resolución dictada en un recurso administrativo o de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, y en estos casos el cálculo de los intereses se efectuará a partir de que se interpuso el recurso administrativo, o bien, la demanda del juicio respectivo, por los pagos efectuados con anterioridad a dichos supuestos, y por los posteriores, a partir de que se efectuó el pago. En esa tesitura, la aludida devolución se traduce en la obligación estatal de proteger las garantías del contribuyente mediante la restitución de lo pagado en demasía o no establecido en la ley, lo que se actualiza en aquellos casos en que la norma conforme a la cual se realizó se declare inconstitucional y, por ende, la erogación resulte ilegal; en este caso, la determinación de la cantidad líquida que las autoridades deben devolver a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria debe incluir la contribución pagada, su actualización y los intereses correspondientes como consecuencia del perjuicio que le ocasionó verse privado de los recursos erogados y de los productos financieros correspondientes, al poner a disposición de la autoridad dinero que a la postre resultó que no le correspondía percibir." Por tanto, aun cuando en la sentencia respectiva no se hubiera establecido la actualización del monto a devolver, la autoridad fiscal queda obligada a reintegrar el importe debidamente actualizado, ya que sólo así se restituye al particular en el pleno goce del derecho fundamental violado, lo que constituye una obligación clara y sin excepción alguna. Así lo establece la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a. LXXIII/2012 (10a.), visible en la página 871, Libro VII, Tomo 1, correspondiente al mes de abril de dos mil doce, materia administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. LA AUTORIDAD FISCAL DEBE DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE LAS CANTIDADES ACTUALIZADAS, AUN CUANDO ÉSTE NO LO SOLICITE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17-A, 22, PÁRRAFO OCTAVO, Y 22-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTES EN 2005). Este alto tribunal ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo se manifiesta de manera positiva, sino también de forma negativa, al prohibir a la autoridad recaudar cantidades superiores a las debidas, obligándola a reintegrar al particular las obtenidas injustificadamente; asimismo, que en el caso de normas declaradas inconstitucionales, aun cuando no establezcan la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, ya que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada. Por tanto, no es válido justificar la omisión de actualizar las cantidades enteradas indebidamente con la afirmación de que el contribuyente "no solicitó la actualización", ya que, por una parte, los formatos emitidos por la autoridad fiscal no tienen un espacio para solicitarla, lo cual no puede ser una omisión atribuible al contribuyente, pero además, éste tampoco puede solicitar el monto de la devolución actualizado, pues al presentar la solicitud no puede saber cuándo recibirá por parte de la autoridad la cantidad solicitada, y dado que la actualización del pago indebido debe realizarse desde que éste se efectuó hasta que la devolución se recibe, aquél no cuenta con los elementos necesarios para hacer el cálculo al presentar la solicitud de devolución. Por otra parte, la falta de una solicitud expresa no exime a la autoridad de cumplir con las obligaciones impuestas por la ley, ya que la actualización de las cantidades a su cargo no es optativa, sino que constituye una obligación clara y sin excepción alguna, de reintegrar al contribuyente los pagos de lo indebido actualizados." Igualmente, surte efectos la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 204 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época que dice: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DEL AMPARO CUANDO SE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS EN QUE SE FUNDÓ EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS). La declaratoria de inconstitucionalidad de las normas que rigen un tributo, derivada del juicio de garantías, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la respectiva obligación tributaria, y devolverle el saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Ahora bien, aun cuando la actualización del monto respectivo para este supuesto no esté expresamente previsto en la norma, el derecho del contribuyente a recibirla deviene de la propia naturaleza del sistema que rige las relaciones entre el fisco y el contribuyente, del que deriva que el monto pagado debe efectuarse en valor presente, pues de otra manera no podría restituirse al gobernado en el pleno goce de la garantía violada en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo." Consecuentemente, la actualización constituye una consecuencia lógica de la concesión otorgada, por lo que no es óbice para que la autoridad observe la referida obligación, el hecho de que no se le ordene expresamente en el fallo constitucional. Es pues que, la determinación de la cantidad líquida que las autoridades deben devolver a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria, debe incluir la contribución pagada y su actualización, como consecuencia del perjuicio que le ocasionó a la parte quejosa verse privada de los recursos erogados y de los productos financieros correspondientes, al poner a disposición de la autoridad exactora dinero que a la postre resultó que no le correspondía percibir. Resulta aplicable la tesis que se transcribe a continuación: "IMPUESTO PREDIAL. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO EN QUE SE FUNDA SU PAGO, CONLLEVA LA OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD FISCAL DE DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE EL EXCEDENTE DEL IMPORTE PAGADO POR ESE CONCEPTO DEBIDAMENTE ACTUALIZADO, AUN CUANDO LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL NO PREVEA EL PROCEDIMIENTO PARA SU CÁLCULO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). Hechos: La parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto en contra del Decreto 308 mediante el cual se aprueba la tabla de valores catastrales unitarios, base del impuesto predial del Municipio de Mexicali, Baja California, para el ejercicio fiscal del 2019 y se le concedió para el efecto de que las autoridades responsables calcularan la contribución a su cargo aplicando el monto de menor cuantía establecido en la referida tabla, respecto de los inmuebles materia del juicio. En la etapa de ejecución, la autoridad responsable calculó el monto del impuesto a pagar, pero omitió actualizar el del excedente devuelto, manifestando su imposibilidad de llevarla a cabo, en virtud de que la Ley de Hacienda Municipal de dicha entidad no contempla un procedimiento para calcular actualizaciones. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la declaración de inconstitucionalidad en el juicio de amparo del decreto en que se funda el pago del impuesto predial, conlleva la obligación de la autoridad fiscal de devolver al contribuyente el excedente del importe pagado debidamente actualizado, cálculo que, ante la ausencia del procedimiento relativo en la ley referida, debe realizarse conforme al Código Fiscal de la Federación, utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Justificación: Lo anterior, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. LXXIII/2012 (10a.), de rubro: "DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. LA AUTORIDAD FISCAL DEBE DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE LAS CANTIDADES ACTUALIZADAS, AUN CUANDO ÉSTE NO LO SOLICITE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17-A, 22, PÁRRAFO OCTAVO, Y 22-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTES EN 2005).", estableció que en el caso de normas tributarias declaradas inconstitucionales, aun cuando no establezcan la actualización del monto a devolver, la autoridad fiscal queda obligada a reintegrar el importe debidamente actualizado, ya que sólo así se restituye al particular en el pleno goce del derecho fundamental violado, lo que constituye una obligación clara y sin excepción alguna. En ese tenor, la ausencia de un procedimiento para calcular actualizaciones en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California, no puede justificar un perjuicio para la parte quejosa ni el indebido beneficio correlativo del que gozaría la autoridad exactora al omitir la actualización del importe correspondiente, pues ello contravendría el artículo 78 de la Ley de Amparo. Asimismo, la actualización constituye una consecuencia lógica de la concesión alcanzada, por lo que no es óbice para que la autoridad observe la referida obligación, el hecho de que no se le ordene expresamente en el fallo constitucional. Por tanto, el monto respectivo debe actualizarse conforme al Código Fiscal de la Federación, utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor para ajustar el valor histórico del monto que la responsable debe reintegrar a la accionante, conforme a la diversa tesis aislada 2a. XXV/2008, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS." Sin que pase desapercibida la jurisprudencia que cita la autoridad responsable, de rubro siguiente: "DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. LA RESOLUCIÓN QUE LA AUTORIZA TOTAL O PARCIALMENTE, SIN HACER MENCIÓN A LA ACTUALIZACIÓN E INTERESES QUE, EN SU CASO, DEBAN PAGARSE, CONSTITUYE UNA NEGATIVA IMPLÍCITA O TÁCITA IMPUGNABLE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS CORRESPONDIENTES."; no obstante, como se expuso, no resulta aplicable al caso concreto, debido a la naturaleza de la devolución del pago de lo indebido, la cual en el caso concreto, deriva de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, en la que se declaró la inconstitucionalidad de las normas en que se fundó el pago de la contribución reclamada (derechos registrales). III. Requerimiento a la autoridad exactora. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para que, dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir de su legal notificación, remita copia del cheque que ampare la cantidad actualizada respecto de la contribución enterada en forma indebida, lo anterior tomando en consideración la exposición efectuada en párrafos precedentes. Bajo apercibimiento que, de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa de CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, en relación con los numerales 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, en turno, para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, acorde a lo dispuesto en el párrafo segundo y tercero del numeral 192 en relación con el 194, ambos de la Ley de Amparo en cita. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia número 66/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el doce de junio del dos mil diez, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, agosto de dos mil diez, que a la letra establece lo siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ANTE LA FALTA DE PRECISIÓN DE LA CANTIDAD QUE DEBE DEVOLVERSE AL QUEJOSO QUE OBTUVO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DEL ARTÍCULO 149, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE DEL 1o. DE ENERO DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, ES EN SEDE JURISDICCIONAL DONDE DEBE SUSTANCIARSE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO PARA PRECISARLA (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 46/2009). Conforme a los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105, 111 y 113 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo que haya dictado un fallo protector debe velar por que éste se acate, sin que pueda ordenar el archivo de expediente alguno si no está cumplida la sentencia relativa. De ahí que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia concesoria de la protección constitucional contra el artículo 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal vigente del 1o. de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2007, es la falta de precisión de la cantidad que la autoridad responsable debe devolver al quejoso, resulta evidente que corresponde al Juez de amparo o a la autoridad que haya conocido del juicio precisarla, para lo cual deberá desarrollar el siguiente procedimiento: 1. En relación con la devolución de la cantidad derivada de los actos de aplicación de la norma inconstitucional, requerirá al quejoso para que con los recibos oficiales correspondientes acredite las cantidades pagadas en cumplimiento de aquélla y, en atención al principio de autoliquidación tributaria que rige a dicha contribución, formule el cálculo del impuesto a su cargo, desaplicando la parte del precepto declarada inconstitucional, precisando la cantidad que debe quedar en poder de la autoridad fiscal como pago del impuesto y la que se le debe devolver; en la inteligencia de que el juzgador no señalará plazo para su desahogo, pero hará saber al quejoso que éste es una condición indispensable para continuar con el procedimiento de cumplimiento de la sentencia de amparo. 2. Desahogado el requerimiento, el Juez Federal -quien podrá considerar la pertinencia de los elementos aportados por el quejoso, puesto que él ejerce el control de este procedimiento- dará vista con dicho documento a la autoridad responsable o a la competente para ordenar la devolución de mérito, por un plazo de cinco días, para que de manera motivada manifieste lo que a su interés convenga, apercibida en el sentido de que, de no hacerlo, se tendrá como consentida la cantidad a devolver precisada por el quejoso y con base en ésta se formularán los requerimientos de ejecución de sentencia. 3. Si ambas partes coinciden en el monto a devolver, el juzgador de amparo sólo deberá requerir a la autoridad correspondiente su devolución, junto con el que pudiera generarse por su actualización, así como por los intereses de acuerdo con las leyes fiscales aplicables, hasta que sea devuelto, a fin de que dé cumplimiento a la sentencia concesoria. 4. De no coincidir, el juzgador de amparo ordenará la devolución del monto que la autoridad reconoce y dejará a salvo los derechos del interesado en la parte que no se satisfizo su pretensión, para que los haga valer a través del recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo." IV. Cambio de denominación. Finalmente, con fundamento en el Acuerdo General 15/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a la modificación de la especialización de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro; a las Oficinas de Correspondencia Común que les prestarán servicio; así como las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los juzgados de distrito referidos; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, que establece que a partir del uno de septiembre de dos mil veintidós, la denominación de este órgano jurisdiccional es Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo, Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, y conserva la residencia y jurisdicción territorial actual; se informa a las partes que el trámite del presente asunto continúa en este órgano jurisdiccional hasta su total conclusión. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa y mediante oficio a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

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