Diego Vázquez Madrigal
Expediente 2262/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 1 actuación registrada, la última del 26 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2262/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 26/11/2019
Partes del expediente
- Diego Vázquez Madrigal
Actuaciones
- Principal
***Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el oficio que remite el Director General Jurídico de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, a través del cual, en atención al requerimiento de trece de noviembre del año en curso, informa la imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en virtud de que la autoridad competente para ello es la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, por las razones que informa. Así las cosas, con el fin de lograr el debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo -respetándose con ello el procedimiento derivado de los artículos 107, fracción XVI, constitucional, y del 192 al 197 de la ley de la materia-, se indica, de forma puntual, a la autoridad o autoridades responsables y/o a la autoridad o autoridades vinculadas, los actos que deben verificar y/o ejecutar para cumplimentar el fallo, que en la especie consisten en: [.] a) Deje insubsistente el auto de inicio del procedimiento administrativo de separación 152/2016, así como todo lo actuado en el mismo, y dicte otro en el que lo declare prescrito. b) Realicen el pago de la indemnización y demás prestaciones a las que tenga derecho el quejoso, con motivo de la separación de su cargo. Esto es, la presente resolución de amparo constriñe a las autoridades responsables a subsanar la violación correspondiente (garantía de audiencia y seguridad jurídica) y resarcir integralmente el derecho del que se vio privado el quejoso, mediante el pago de: I. La indemnización respectiva, consistente en el pago de tres meses de salario, veinte días por año de servicio y partes proporcionarles de las prestaciones de gratificación anual, vacaciones, gratificaciones o cualquier otra establecida en los presupuestos correspondientes, conforme a lo que establecen los artículos 123, apartado B, fracción XIII, constitucional y 141 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco; y, II. De las demás prestaciones a que tenga derecho, consistente en el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional. Se acata, por obligatoria, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 103/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previamente citada. c) Ordenen se realice la anotación en el expediente personal del quejoso y en los registros en que se debe inscribir tal acuerdo de prescripción conforme a lo establecido en los artículos 127 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco y 74 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de que la resolución de separación de nueve de noviembre de dos mil diecisiete se declaró inconstitucional en el presente juicio de amparo, porque no se respetó la garantía de audiencia del interesado. En el entendido de que, como resultado de esta sentencia de amparo, quedan vinculadas todas las autoridades que deban darle cumplimiento, aun cuando no hubieran sido señaladas como responsables, o bien, que se haya decretado el sobreseimiento respecto de los actos que se les hayan atribuido, como es el caso de la ahora Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco y su Titular, de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 57/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 144, Tomo XXV, mayo de 2007 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica". Establecido lo anterior, se requiere al Gobernador del Estado de Jalisco, en su calidad de superior jerárquico de las autoridades requeridas, para que en el término de tres días legalmente computados, a partir de que se le comunique el presente proveído, determine cuál es la autoridad competente para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Esto es, deberá determinar si la obligada a cumplir con la ejecutoria referida es la Secretaría de Transporte o la Secretaría de Seguridad, ambas del Estado de Jalisco, para lo cual se le remite copia simple de la demanda de amparo. Es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, página 832 de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, entonces, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, en cuyo caso, si no cumple con la sentencia de amparo aun después de habérsele impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 57/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 144, Tomo XXV, mayo de 2007 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica". Notifíquese.
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