Diego Vargas Morales
Expediente 732/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 16 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 732/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 16/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Diego Vargas Morales
- Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
Apizaco, Tlaxcala, a dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista de tres días concedida a las partes mediante acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. Del estudio de las constancias que integran este juicio, se advierte que por sentencia de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, este juzgado determinó conceder la protección constitucional, para el efecto de que: "(.) se concede el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, en términos de los artículos 74 y 77 de la Ley de Amparo, para que la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, Integrante del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, realice lo siguiente: Se abstenga de aplicar a la parte quejosa, el artículo 167, párrafos tercero, cuarto y quinto, fracción XVII, del Código Nacional de Procedimientos Penales y el diverso numeral 2° de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, al haberse declarado su inconvencionalidad. Deje sin efectos la determinación emitida respecto a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, impuesta a los aquí quejoso ********************, dentro de la causa penal ********************, de su índice; Cite a las partes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la imposición de la medida cautelar procedente y Una vez escuchadas las partes en el debate respectivo, siguiendo los lineamientos expuestos en la presente sentencia y atendiendo a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Sentencias de siete de noviembre de dos mil veintidós y veinticinco de enero de dos mil veintitrés, dentro de los casos Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México y García Rodríguez y otro Vs. México, con libertad de jurisdicción, resuelva lo conducente; es decir, imponer cualquier otra medida incluso imponer la de prisión preventiva, pero absteniéndose de partir de las razones de la mera oficiosidad, sino que en su caso deberá vertir si procede conforme a las reglas de la justificada. (.)" Mediante oficio ********************, el Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer en funciones de guardia y en auxilio de la Juez Tercero de Control y de Juicio Oral, por encontrarse gozando de periodo vacacional, informó las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, señalando las ocho horas con cero minutos, del veintinueve de agosto de dos mil veintitrés para la audiencia de debate sobre la imposición de medida cautelar (foja 60). Aunado a lo anterior, mediante oficio número ********************, el Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, hizo del conocimiento que mediante audiencia de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, dejó sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, impuesta al aquí quejoso ********************, dentro de la causa judicial ******************** de su índice, imponiendo en su lugar la presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares, cada quince días, la prohibición de salir sin autorización del país, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares; y la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas con la víctima. Asimismo, dejó insubsistente la prisión preventiva oficiosa de fecha dieciocho de octubre de dos mil veintidós y decretándose la inmediata libertad del aquí quejoso ********************, única y exclusivamente por cuanto hace a la causa judicial ********************. (foja 65). Por lo anterior, este Juzgado de Distrito, en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, dio vista a las partes con dichas documentales. En consecuencia, esta Juzgadora Federal procede a calificar el cumplimiento dado por la autoridad responsable. Impuesta de las constancias que obran en autos, se advierte que el Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer en funciones de guardia y en auxilio de la Juez Tercero de Control y de Juicio Oral, por encontrarse gozando de periodo vacacional, dio cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo. Ello es así, en razón que mediante audiencia de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, el Juez responsable dejó sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, impuesta al aquí quejoso ********************, dentro de la causa judicial ******************** de su índice. Imponiendo en su lugar la presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares, cada quince días, la prohibición de salir sin autorización del país, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares; y la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas con la víctima. Asimismo, dejó insubsistente la prisión preventiva oficiosa de fecha dieciocho de octubre de dos mil veintidós y decretándose la inmediata libertad del aquí quejoso ********************, única y exclusivamente por cuanto hace a la causa judicial ********************. Atento a lo anterior, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y archívese este juicio como concluido; asimismo, gírese oficio a la responsable que tuvo el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente y el incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), este expediente es conservable. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, realizará la transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Respecto al incidente de suspensión, tomando en consideración que, en el incidente se negó la suspensión definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción III, del citado ordenamiento; en consecuencia, el cuaderno incidental es destruible. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el cuaderno incidental. Como se advierte en la certificación, en el presente asunto no obran documentos aportados por la parte quejosa. Devuélvase a la Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, la copia autentica de la causa judicial ********************, así como dos discos versátiles en formato digital que contienen audio y video de la audiencia de revisión de medidas de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintitrés; y audiencia de veintinueve del actual, registrados con números 11473 y 16303, (fojas 28 y 65); sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, en razón de que en su momento correrá agregada la constancia de notificación que se recabe para tal efecto. Finalmente, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese por lista al quejoso; electrónicamente a la tercera interesada y Agente del Ministerio Público Federal adscrito; y por oficio a las autoridades, responsable y tercera interesada. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista de tres días concedida a las partes mediante acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. Del estudio de las constancias que integran este juicio, se advierte que por sentencia de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, este juzgado determinó conceder la protección constitucional, para el efecto de que: "(.) se concede el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, en términos de los artículos 74 y 77 de la Ley de Amparo, para que la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, Integrante del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, realice lo siguiente: Se abstenga de aplicar a la parte quejosa, el artículo 167, párrafos tercero, cuarto y quinto, fracción XVII, del Código Nacional de Procedimientos Penales y el diverso numeral 2° de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, al haberse declarado su inconvencionalidad. Deje sin efectos la determinación emitida respecto a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, impuesta a los aquí quejoso Diego Vargas Morales, dentro de la causa penal 08/2020, de su índice; Cite a las partes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la imposición de la medida cautelar procedente y Una vez escuchadas las partes en el debate respectivo, siguiendo los lineamientos expuestos en la presente sentencia y atendiendo a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Sentencias de siete de noviembre de dos mil veintidós y veinticinco de enero de dos mil veintitrés, dentro de los casos Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México y García Rodríguez y otro Vs. México, con libertad de jurisdicción, resuelva lo conducente; es decir, imponer cualquier otra medida incluso imponer la de prisión preventiva, pero absteniéndose de partir de las razones de la mera oficiosidad, sino que en su caso deberá vertir si procede conforme a las reglas de la justificada. (.)" Mediante oficio 5358/2023, el Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer en funciones de guardia y en auxilio de la Juez Tercero de Control y de Juicio Oral, por encontrarse gozando de periodo vacacional, informó las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, señalando las ocho horas con cero minutos, del veintinueve de agosto de dos mil veintitrés para la audiencia de debate sobre la imposición de medida cautelar (foja 60). Aunado a lo anterior, mediante oficio número 5408/2023, el Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, hizo del conocimiento que mediante audiencia de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, dejó sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, impuesta al aquí quejoso Diego Vargas Morales, dentro de la causa judicial 08/2020 de su índice, imponiendo en su lugar la presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares, cada quince días, la prohibición de salir sin autorización del país, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares; y la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas con la víctima. Asimismo, dejó insubsistente la prisión preventiva oficiosa de fecha dieciocho de octubre de dos mil veintidós y decretándose la inmediata libertad del aquí quejoso Diego Vargas Morales, única y exclusivamente por cuanto hace a la causa judicial 08/2020. (foja 65). Por lo anterior, este Juzgado de Distrito, en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, dio vista a las partes con dichas documentales. En consecuencia, esta Juzgadora Federal procede a calificar el cumplimiento dado por la autoridad responsable. Impuesta de las constancias que obran en autos, se advierte que el Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer en funciones de guardia y en auxilio de la Juez Tercero de Control y de Juicio Oral, por encontrarse gozando de periodo vacacional, dio cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo. Ello es así, en razón que mediante audiencia de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, el Juez responsable dejó sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, impuesta al aquí quejoso Diego Vargas Morales, dentro de la causa judicial 08/2020 de su índice. Imponiendo en su lugar la presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares, cada quince días, la prohibición de salir sin autorización del país, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares; y la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas con la víctima. Asimismo, dejó insubsistente la prisión preventiva oficiosa de fecha dieciocho de octubre de dos mil veintidós y decretándose la inmediata libertad del aquí quejoso Diego Vargas Morales, única y exclusivamente por cuanto hace a la causa judicial 08/2020. Atento a lo anterior, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y archívese este juicio como concluido; asimismo, gírese oficio a la responsable que tuvo el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente y el incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), este expediente es conservable. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, realizará la transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Respecto al incidente de suspensión, tomando en consideración que, en el incidente se negó la suspensión definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción III, del citado ordenamiento; en consecuencia, el cuaderno incidental es destruible. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el cuaderno incidental. Como se advierte en la certificación, en el presente asunto no obran documentos aportados por la parte quejosa. Devuélvase a la Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, la copia autentica de la causa judicial 08/2020, así como dos discos versátiles en formato digital que contienen audio y video de la audiencia de revisión de medidas de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintitrés; y audiencia de veintinueve del actual, registrados con números 11473 y 16303, (fojas 28 y 65); sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, en razón de que en su momento correrá agregada la constancia de notificación que se recabe para tal efecto. Finalmente, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese por lista al quejoso; electrónicamente a la tercera interesada y Agente del Ministerio Público Federal adscrito; y por oficio a las autoridades, responsable y tercera interesada. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en la que se determinó conceder el amparo de la justicia de la unión a la parte quejosa; atento a lo anterior, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, hágase del conocimiento de las partes que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes. Ahora bien, en el fallo protector se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: siguientes: "(.) se concede el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, en términos de los artículos 74 y 77 de la Ley de Amparo, para que la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, Integrante del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, realice lo siguiente: Se abstenga de aplicar a la parte quejosa, el artículo 167, párrafos tercero, cuarto y quinto, fracción XVII, del Código Nacional de Procedimientos Penales y el diverso numeral 2° de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, al haberse declarado su inconvencionalidad. Deje sin efectos la determinación emitida respecto a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, impuesta a los aquí quejoso Diego Vargas Morales, dentro de la causa penal 08/2020, de su índice; Cite a las partes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la imposición de la medida cautelar procedente y Una vez escuchadas las partes en el debate respectivo, siguiendo los lineamientos expuestos en la presente sentencia y atendiendo a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Sentencias de siete de noviembre de dos mil veintidós y veinticinco de enero de dos mil veintitrés, dentro de los casos Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México y García Rodríguez y otro Vs. México, con libertad de jurisdicción, resuelva lo conducente; es decir, imponer cualquier otra medida incluso imponer la de prisión preventiva, pero absteniéndose de partir de las razones de la mera oficiosidad, sino que en su caso deberá vertir si procede conforme a las reglas de la justificada." En consecuencia, no es procedente requerir el cumplimiento a la ejecutoria de mérito a la autoridad responsable Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en virtud de que mediante proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, se le tuvo manifestando dar cumplimiento al fallo protector concedido a la parte quejosa. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de tres días, computado a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal federal, resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el presente expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; por lista al quejoso; electrónicamente a la tercera interesada y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y por oficio a las autoridades, responsable y tercera interesada. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial que antecede de la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, en la que se hace constar que no le fue posible notificar la resolución de treinta y uno de julio del año en curso, al quejoso Diego Vargas Morales, toda vez que al constituirse Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Tlaxcala, fue informado por la licenciada Sandra Flores Castillo, quien dijo ser secretaria del área jurídica de dicho centro penitenciario, que la persona buscada, obtuvo su libertad el día veintinueve de agosto del año en curso. En tales condiciones, se comisiona al Actuario, proceda a notificarle la resolución de treinta y uno de agosto del año en curso, así como las subsecuentes actuaciones que tengan el carácter de personal, por lista de acuerdos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Por otra parte, glósese el oficio del Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en funciones de guardia y en auxilio de la Juez Tercero de Control y de Juicio Oral, por encontrarse gozando de período vacacional, mediante el cual, manifiesta las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo dictada el treinta y uno de julio del año en curso; en consecuencia, se reserva proveer sobre contenido, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia dictada en autos. Notifíquese. SE INSERTAN PUNTOS RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA DE 31 DE JULIO DE 2023:....Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal AMPARA Y PROTEGE a ********, contra el acto de la autoridad responsable indicada en el resultando primero, por las consideraciones precisadas en el considerando quinto del presente fallo. SEGUNDO. Atento a lo expuesto en el considerando sexto de este fallo, se califica que la concesión otorgada atendió a un estudio de fondo. TERCERO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. CUARTO. Entréguese copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. QUINTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, hasta el día de hoy treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Damayanty Rojas Huerta, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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