Diego Valle Varela

Expediente 1052/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1052/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
29/10/2019

Partes del expediente

  • Diego Valle Varela
  • Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de siete de octubre de dos mil diecinueve, por el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó en el presente juicio de amparo y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que aún no haya constancia de notificación, ni transcurrido el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo aplicable a la autoridad responsable, la cual tienen su domicilio fuera de la residencia de este juzgado, para que cause ejecutoria el presente juicio de amparo, por cuanto que en este caso se sobreseyó en el presente juicio, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, en el sentido de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los Tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, y dado el sentido en el que se resolvió el presente juicio de amparo, no se les vulnera a las demás partes sus derechos con los cuales pueda subsistir algún interés jurídico contrario al de la parte quejosa, por lo tanto, este Juzgado Federal, estima que no es necesario esperar a dicha autoridad el transcurso del término indicado. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    CITATORIO-IV... Mérida, Yucatán, siete de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos el oficio suscrito por la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, mediante la cual devuelve diligenciado el despacho 106/2019-D-IV-AMPARO, del índice de este Juzgado, deducido del presente juicio de amparo, en el que se le solicitó emplazar a la tercero interesada Marissa Chávez Verduzco. Acúsese recibo. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: .XVI.- Contra actos consumados de modo irreparable;." Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) Actos consumados de modo reparable, y b) Actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo), de ahí que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias jurídicas de su ejecución. Así tenemos que cuando se reclame un acto que dada la imposibilidad no sólo física, sino también jurídica no podría restituirse al peticionario en el goce del derecho violado, por virtud de que haya sido superada por alguna cuestión que fue debatida y que dada su naturaleza no podría dejarse sin efectos lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. Sirve de apoyo la tesis aislada: I. 3o. A. 150 K, visible a foja 325, Tomo XIV, Materia Común, Diciembre de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación del texto siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo y de todas las constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de nueve de julio de dos mil diecinueve emitida en el juicio oral familiar de guarda y custodia 727/2015, en la que se resolvió el recurso de revocación interpuesto por la quejosa en contra del proveído de uno de julio del año en curso en el que la Juez responsable fijó la fecha y hora para que se realizara la entrega de los menores A.D.V.CH. y D.O.V.CH. Por tanto, si en el caso el peticionario de amparo reclamó el referido acto, es inobjetable que se actualiza la causal de improcedencia de que se trata, ante la imposibilidad jurídica de restituirlo en el goce del derecho violado, toda vez que de las constancia remitidas por la autoridad responsable, a las que este Órgano de Control Constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que si bien es cierto que la Juez responsable resolvió el recurso de revocación interpuesto por la quejosa en contra del proveído de uno de julio del año en curso en el que la Juez responsable fijó la fecha y hora para que se realizara la entrega de los menores A.D.V.CH. y D.O.V.CH., también es cierto que el diez de julio de dos mil diecinueve el quejoso entregó a los menores antes citados a su madre la aquí tercero interesada; asimismo, el uno de agosto de esta anualidad dicho menores fueron entregados al quejoso, lo anterior como fue ordenado en proveído de uno de julio de la misma anualidad. Partiendo de las anteriores premisas, se llega a la conclusión que al haberse trasladado los menores con su madre a la ciudad Valladolid, Yucatán, el acto reclamado ha sido consumado de forma irreparable, pues aun y cuando se concediera el amparo a la parte quejosa, no se podría reparar ni física, ni materialmente, debido a que la fecha ya transcurrió y con esto no sería dable restituirlo en el derecho que aduce le fue transgredido. En las relatadas condiciones, como ya se dijo, por lo que hace al acto que se analiza, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XVI, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. En consecuencia, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del catorce de octubre de dos mil diecinueve. Por otra parte glósese a estos autos el escrito signado por la tercero interesada Marissa Chávez Verduzco, mediante el cual señala domicilio para oír y recibir notificaciones, designa autorizados y formula alegaciones con relaciona este asunto. En tal virtud, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala para tal efecto y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, por así solicitarlo y encontrarse registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Asimismo, se autoriza el uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales y celulares, lectores ópticos o cualquier otro similar, a fin de capturar las actuaciones que obran en los presentes autos, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la Tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Finalmente, por lo que respecta a las alegaciones formuladas, no ha lugar hacer pronunciamiento alguno en virtud de los acordado en los párrafos que anteceden. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    ... En las relatadas condiciones, como ya se dijo, por lo que hace al acto que se analiza, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XVI, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento legal....

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que Willian Leonel Cachón Rosales, Asesor Jurídico Federal adscrito al Instituto Federal de Defensoría Pública, el diecinueve de septiembre del año en curso, compareció a protestar el cargo de representante especial de los menores A. D. V. CH. y D. O. V. CH., se le tiene por reconocido dicho carácter. Ahora, en virtud que en proveído de trece de septiembre del año en curso se reservó acordar el escrito signado por el citado Cachón Rosales; en tales condiciones, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de mérito; asimismo, como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Addy Patricia Sabido Baquedano y Erik Jiménez Contreras y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos de conformidad con la parte final del segundo párrafo del precepto legal antes citado a Ricardo Lizama Lira, Roxana Concepción Cachón Vargas y Lourdes Beatriz Cano Alfaro, por así solicitarlo expresamente. De conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General Conjuntos 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal, se autoriza al promovente y las personas que señala, el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo a través del sistema integral de seguimiento de expedientes, notificaciones electrónicas y documentos de los acuerdos judiciales del presente asunto. Lo anterior, en virtud de que el referido representante especial proporciona a este órgano jurisdiccional su clave de usuario y las de sus autorizados con las que afirma se encuentran registradas. Finalmente, agréguese a los presentes autos el escrito signado por el citado Cachón Rosales, mediante el cual hace manifestaciones con relación al presente asunto, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo ténganse por formuladas sus alegaciones, las que podrán ser tomadas en consideración al momento de dictarse sentencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

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