Diego Uriza Sparrowe

Expediente 953/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
953/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
25/11/2021

Partes del expediente

  • Diego Uriza Sparrowe

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, se hace constar que este juicio no es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Por otra parte, se hace la observación que este expediente es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Visto el escrito de demanda, presentado por ..., por propio derecho, contra el acto del Fiscal Especializado de Control Competencial de la Fiscalía de la República; regístrese en el libro de gobierno con el número 953/2021. DESECHAMIENTO En principio, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al Juez de Distrito para desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen advierta que se surten los siguientes supuestos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; Que ese motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara; . Que sea indudable, esto es que se tenga certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Al respecto, es menester establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos, pues, como se ha visto, tienen diversa connotación por lo que deben aplicarse en forma individual, ante la actualización de cualquiera de las causas de improcedencia establecidas en el artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto, en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con su admisión si desde un inicio se conoce el resultado, que en nada beneficiaría a las partes, primordialmente a la quejosa Sentado lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista, en el numeral 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107 fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la omisión a dar contestación a la petición que se formuló a la responsable en escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en el que el quejoso como asesor jurídico de una persona moral, solicitó la objeción de la consulta del no ejercicio de la acción penal y la devolución de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-CDMX/0011/2021 y su acumulada FED/SEIDF/UEIDFF-CDMX/0024/2021, a la representación social de origen, para la práctica de diversas diligencias que solicitó, en razón de que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria; en consecuencia, el amparo indirecto es improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma y, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo, conforme a la que tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria, para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. Por tanto, la omisión que aquí se reclama, no afecta de manera inmediata y directa los derechos fundamentales o sustantivos del quejoso, para que sea susceptible de ser impugnada mediante el juicio de amparo indirecto. En ese sentido resulta la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1086 Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital: 2011580, de rubro y texto "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como 'irreparables' deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una 'omisión' autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Asimismo, se invoca la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 480, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital: 2008884, de rubro y texto: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." Sin que sea óbice a lo anterior, los criterios aislados invocados por la parte quejosa en su demanda, ya que no son vinculantes para la determinación a la que se arriba. Asimismo, no se desconoce la jurisprudencia de rubro "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE ACORDAR UNA PETICIÓN DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL EN EL QUE EXISTE UNA ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO O SU PARALIZACIÓN TOTAL, AL ACTUALIZARSE LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO.", emitida por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, empero, en el caso, no resulta aplicable, habida cuenta que del análisis a la petición planteada, se trata de una solicitud de objeción a la consulta de no ejercicio, lo que no implica per se dilatación o paralización del procedimiento, si se toma en consideración que como lo manifiesta la parte quejosa, así como se advierte del juicio a que se alude en la certificación, la averiguación previa de la que emana el acto, se encuentra ante la responsable, a fin de que se autorice o no dicha consulta de no ejercicio. En razón de todo lo expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, con fundamento en el diverso 113, todos de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, por resultar en este momento notoriamente improcedente la acción por la cual se pretende ejercer. DE LA PARTE QUEJOSA: Se tiene por autorizadas a las personas que indica, para los efectos que refiere. Por otra parte, del ocurso de cuenta se advierte que el impetrante señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el despacho ubicado en calle Jorge Eliot, número 12, despacho 302, colonia Chapultepec-Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo de esta ciudad, de igual manera, solicitó para los mismos efectos la vía electrónica del expediente bajo el usuario "Ruriza"; en consecuencia, a fin de privilegiar las medidas adoptadas por el Consejo de la Judicatura Federal y tomando en consideración la situación por la que atraviesa nuestro país derivado de la pandemia causada por el virus Covid-19, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la vía electrónica bajo el usuario antes precisado. Hágase saber a la parte quejosa que las listas de acuerdos se publicarán en internet en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Además, de que se publicarán en un acceso del edificio en que se encuentra ubicado este juzgado. Exhorto a tramitar el asunto "en línea" y solicitud de algún medio de comunicación En términos del artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se les exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se requiere propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Autorización de medios digitales Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. Publicación de datos personales Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. Habilitación al actuario Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa, vía portal.

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