Diego Uriel Popo Colmenares

Expediente 1502/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1502/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
20/12/2023

Partes del expediente

  • Diego Uriel Popo Colmenares

Actuaciones

  1. Principal

    Notifíquese personalmente al promovente. MESA II

  2. Principal

    AVISO: NOTIFÍQUESE EL PRESENTE PROVEÍDO POR LISTA AL PROMOVENTE. México, Ciudad de México, a veinte de diciembre de dos mil veintitrés. REGISTRO DE LA DEMANDA Vista la demanda de cuenta promovida por Diego Uriel Popo Colmenares, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales D.A.P.C., en contra de los actos que reclama del (1) Juez Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1502/2023-II y NEUN 34149432. REGLAS DE BEIJING Toda vez que en el presente asunto se encuentra involucrado un infante, debe reservarse la información en cuanto su nombre o características, en acatamiento de la regla 8.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, conocidas como "Reglas de Beijing", adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, de veintiocho de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco.1 En virtud de lo anterior, el nombre del infante involucrado, será sustituido por las iniciales D.A.P.C. FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de garantías, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. ACTO RECLAMADO El peticionario de amparo, medularmente señala como acto reclamado el siguiente: El auto de nueve de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de controversia del orden familiar alimentos, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, por el que ordenó la presentación del menor de iniciales D.A.P.C. a la diligencia de platica fijada a las trece horas del once de enero de dos mil veinticuatro, apercibiéndolo con arresto, en caso de no presentar al infante. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO De lo narrado por el solicitante del amparo y los anexos que adjunto a su escrito de demanda, se desprenden como antecedentes del acto reclamado los siguientes: 1. Los actos reclamados derivan del juicio controversia del orden familiar alimentos, promovido por Diego Uriel Popo Colmenares, - hoy solicitante del amparo - en contra de Laura Georgina Cortés Guillermo, radicado ante el Juzgado Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, expediente 498/2020. 2. Seguido el procedimiento, por auto de veinticinco de mayo de dos mil veinte, el juez de origen decreto a favor del hoy solicitante del amparo la guarda y custodia provisional del infante de iniciales D.A.P.C. 3. El dos de diciembre de dos mil veinte, se fijó como pensión alimenticia el 20% (veinte por ciento) de todas sus percepciones a Laura Georgina Cortés Guillermo. 4. Por auto de auto de nueve de octubre de dos mil veintitrés, el juez de origen ordenó al hoy quejoso la presentación del menor de iniciales D.A.P.C. a la diligencia de platica, fijada a las trece horas del once de enero de dos mil veinticuatro, apercibiéndolo con arresto, en caso de no presentar al infante. Dicho auto constituye el acto reclamado - CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA Se advierte que en el caso en concreto se actualiza la causal de improcedencia contenida en el MOTIVO DEL DESECHAMIENTO En primer término, este órgano jurisdiccional federal, considera pertinente dejar asentado, que dentro del cuerpo de principios fundamentales que rigen el juicio de garantías, existe el denominado principio de definitividad consagrado en las fracciones III, inciso a) y IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, revistiéndolo, por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley Fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. De esta suerte, el principio de definitividad del juicio de amparo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria, la cual, por tal motivo, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para nuestra noble institución controladora encarnada en el juicio de amparo. Asimismo, cabe resaltar que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de defensa, sin que lo interponga la parte promovente, el amparo resulta improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, para invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultáneamente o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría, al considerarlo como un medio común de defensa, toda vez que si el amparo es el arma jurídica suprema de que dispone el gobernado para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, si su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales. En ese contexto es lógico que, antes de recurrir al amparo, se deduzcan por el interesado todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado que sólo se ataca directamente, situación que resulta contraria cuando la legislación que lo norma no brinda al afectado ningún medio legal de reparación, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio, como puede ser la hipótesis contemplada en la fracción VII, del artículo 107 de nuestra Carta Magna, o bien que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. En tales condiciones, tomando en consideración que el juicio de amparo, es un medio extraordinario, que conforme a su esencia y naturaleza, sólo procede contra actos respecto de los cuales la ley no concede remedio alguno, por virtud del cual puedan repararse, en la vía común, los perjuicios que dichos actos causen, y que, por tanto, se hallen agotados todos los remedios ordinarios, llámense juicio o recurso, que la ley del acto establezca para esa posible reparación, de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario, con notoria violación del espíritu jurídico y fin político que informó su creación, pues no se tuvo el propósito de crear un recurso ordinario más, sino una institución política de carácter extraordinario, para el mantenimiento del orden constitucional, y por lo mismo, dentro de un sistema jurídico racional y lógico. Por tanto no puede acudirse a él, cuando en el orden común exista todavía un remedio legal, que haga posible la reparación del perjuicio que cause el acto que lo motiva, por otra parte, sólo habiendo perjuicio, puede haber motivo para que pida amparo la persona que resienta aquél, por causa de una ley o de un acto; y cesando el perjuicio, cesa también el derecho de promover amparo y surge la improcedencia de éste. Así las cosas, mientras el perjuicio pueda ser reparado en la vía común, a ella debe acudirse, de modo que cuando la ley del acto envía a dilucidar previamente la cuestión del perjuicio a un juicio, o establece expresamente algún medio legal para repararlo, mientras ese juicio no se siga, o el recurso no se agote, no puede saberse si el perjuicio existe, y por tanto, si el amparo procede. En lo relativo al principio de definitividad que se consagra en forma específica en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, opera para los actos o resoluciones que emanan de un procedimiento judicial, administrativo o laboral, respecto de los cuales proceda algún recurso o medio ordinario de defensa mediante el cual puedan ser revocadas, modificadas o confirmadas; de modo que aquellas resoluciones que son susceptibles de ser revocadas, modificadas o confirmadas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de garantías, ya que con ello se da oportunidad al gobernado que interviene dentro de uno de esos procedimientos judiciales, administrativos o laborales, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación de la que se quejan los gobernados que se aducen agraviados. Por lo anterior, se actualiza el supuesto previsto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que en el presente caso a estudio se desprende que el quejoso, debió haber impugnado el auto de nueve de octubre de dos mil veintitrés, por el que el juez de origen ordenó al hoy quejoso la presentación del menor de iniciales D.A.P.C. a la diligencia de platica, fijada a las trece horas del once de enero de dos mil veinticuatro, apercibiéndolo con arresto, en caso de no presentar al infante en comento, a través del recurso de apelación, por tanto, deviene improcedente reclamarlo a través del juicio de amparo indirecto, lo anterior en virtud de que dicho medio de defensa se contempla en la legislación que rige el procedimiento. Asimismo, se debe tomar en consideración los artículos 685, 685 Bis, 688, 689 y 691 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, disponen: "Artículo 685.- En los juicios en que la sentencia definitiva sea apelable, la revocación es procedente únicamente contra determinaciones de trámite, en los términos del artículo 79, fracción I de este código. En aquellos casos en que la sentencia no sea apelable, la revocación será procedente contra todo tipo de resoluciones con excepción de la definitiva. En todo caso, debe interponerse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación, pudiéndose resolver de plano por el juez, o dar vista a la contraria por un término igual y la resolución deberá pronunciarse dentro del quinto día. En contra de esta resolución no se admitirá ningún recurso." "Artículo 685 Bis. La resolución que declare la disolución del vínculo matrimonial es inapelable, pero sí podrán impugnarse las resoluciones que recaigan respecto del o los convenios presentados durante el juicio; de tal manera que, son apelables los autos y sentencias interlocutorias que se dicten después de decretada la disolución del vínculo matrimonial, y son revocables las determinaciones de trámite emitidas durante el procedimiento." "Artículo 688. El recurso de apelación tiene por objeto que, el Tribunal confirme, revoque o modifique la resolución del Juez. La apelación procede en el efecto devolutivo o en ambos efectos. La apelación en efecto devolutivo podrá ser de tramitación inmediata, o bien, de tramitación preventiva. En la de tramitación inmediata los agravios deberán expresarse al interponerse el recurso y se sustanciarán en los términos previstos en el Artículo 693 de este Código. En la de tramitación preventiva bastará con que el apelante exprese su inconformidad al interponer el recurso, y la expresión de agravios deberá hacerse en los términos previstos en el segundo párrafo del Artículo 692 Quáter." "Artículo 689. Pueden apelar: el litigante si creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al juicio y los demás con interés jurídico a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; salvo lo dispuesto en el Artículo 692 Quáter, así también podrá apelar el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas." "Artículo 691.- La apelación debe interponerse por escrito y procede sólo contra aquellas resoluciones que no permitan su revocación o regularización. Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva. La apelación no procede en los juicios cuyo monto sea inferior a quinientos mil pesos, moneda nacional, por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados, a la fecha de presentación de la demanda, dicho monto se actualizará en los términos que establece el último párrafo de la fracción II del artículo 62. Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables." En ese entendido, debió seguir las reglas establecidas en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, e interponer con los requisitos y formalidades previstas por la ley ordinaria, el recurso de apelación, mismo que de acuerdo a la interpretación de los artículos 685, 685 Bis, 688, 689 y 691 del Código referido, resulta procedente respecto del acto reclamado en la presente demanda de amparo, sin embargo al no haberse agotado ese medio de defensa, antes de acudir al juicio de garantías, se advierte que el acto reclamado carece de definitividad. Consecuentemente, el hoy promovente debió de haber empleado el medio de impugnación previsto en la ley ordinaria antes de acudir al juicio constitucional, ya que con el medio ordinario de defensa, denominado apelación, pudo haber obtenido la confirmación, revocación o modificación del acto que reclama en esta instancia, con el fin de satisfacer el principio de definitividad que rige el juicio de garantías; en tales circunstancias, es factible concluir que al no haberse agotado el citado recurso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Al respecto se cita, sólo en la idea jurídica y sustancialmente conducente, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, junio de 2018, Tomo I, página 8, registro digital 2017117, de rubro y texto siguientes: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Es también aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, publicada en la página 902, del tomo XV, mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, en la que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito consideró lo siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Además, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 de la Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 350, Libro I, Tomo I, Diciembre de 2013, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; cuyo contenido es el siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En lo conducente es también aplicable a lo anterior, la tesis PC.I.C. J/2 C, publicada en la página 2557, del tomo II, septiembre de 2021, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, que refiere lo siguiente: RÉGIMEN PROVISIONAL DE VISITAS Y CONVIVENCIAS FAMILIARES. CUANDO SE RECLAME SU INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES NECESARIO AGOTAR, PREVIAMENTE, EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 688 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones diferentes al analizar si cuando se reclama en amparo indirecto la resolución que decreta un régimen provisional de visitas y convivencias entre un menor de edad y su progenitor es necesario agotar, previamente, el recurso de apelación, o si se actualiza una excepción al principio de definitividad a partir de la no idoneidad y eficacia de ese medio ordinario de defensa, pues mientras uno consideró que no se actualiza la excepción a dicho principio, en virtud de que el medio ordinario de defensa sí admite el efecto suspensivo, el otro determinó lo contrario. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito establece que el recurso de apelación de tramitación inmediata, en ambos efectos, regulado por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, es un recurso ordinario idóneo y eficaz, ya que admite la suspensión del acto recurrido; razón por la cual, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se actualiza una excepción al principio de definitividad y, por ende, las personas que pretendan promover el juicio de amparo están obligadas a interponer dicho recurso de manera previa a acudir a aquél, so pena de que el juicio de amparo sea improcedente. Justificación: La Primera Sala, al fallar la contradicción de tesis 139/2013, resolvió que en los casos en que esté involucrado un menor de edad, la regla de definitividad encuentra una excepción si el recurso ordinario no admite la suspensión del acto, ya que ello torna que el recurso no sea idóneo ni eficaz. Luego, contra la determinación que decreta un régimen de visitas y convivencias entre un menor de edad y su progenitor procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo; sin embargo, el artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, prevé la posibilidad de que contra los autos y las interlocutorias de los que derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación, la apelación se admitirá en ambos efectos, siempre que el apelante así lo solicite al interponer el recurso, señale los motivos por los que se considera el daño irreparable o de difícil reparación y, finalmente, la apelación proceda en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. De esa forma, las apelaciones que se interpongan contra las resoluciones que decreten de forma provisional un régimen de visitas y convivencias son susceptibles de colmar dichos requisitos y, en consecuencia, de tramitarse de forma inmediata en ambos efectos. Ello, dado que, en las controversias del orden familiar, las apelaciones son de tramitación inmediata en efecto devolutivo por mandato del artículo 950 del código mencionado, por lo que bastará que la parte inconforme solicite que la apelación sea tramitada en ambos efectos para que el medio de defensa se tramite en efecto suspensivo, por así permitirlo el artículo 696 citado. Lo anterior es así ya que, por cuanto hace a que se señalen los motivos por los que se considera que el daño es irreparable o de compleja reparación, éste es susceptible de colmarse porque bastará con que el apelante formule un ejercicio mínimo de argumentación por el cual demuestre que el acto recurrido causa afectaciones graves en su esfera jurídica y, aun cuando no lo hiciera, se estima que dicha omisión quedaría subsanada, ya que al tratarse de una controversia del orden familiar procede aplicar la suplencia de la queja en términos del artículo 941 del código procesal citado, por lo que aun cuando el apelante no expresara los argumentos de referencia, el juzgador estaría obligado a suplirlos en atención a la naturaleza del juicio, sin que en este tipo de controversias el juzgador pueda exigir al apelante que exhiba la garantía a que hace referencia el artículo 696 de la legislación procesal, ya que ésta sólo es exigible en contiendas judiciales de orden económico cuya resolución, eventualmente, pudiera causar afectaciones patrimoniales y no así en controversias del orden familiar, ya que en éstas sólo se deducen derechos de orden público e interés social. Consecuentemente, el recurso de apelación de tramitación inmediata, en ambos efectos, es un recurso idóneo y eficaz para los justiciables, ya que admite la suspensión del acto recurrido y, por ello, no se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) de la Primera Sala. En virtud de lo anterior, al no haber interpuesto el promovente, el medio de defensa idóneo, es decir, el recurso de apelación en contra del acto reclamado, trae como consecuencia la improcedencia la demanda de amparo a estudio y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA, la demanda de amparo promovida por Diego Uriel Popo Colmenares, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales D.A.P.C. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos de la parte promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia prevista en la ley de amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, se traduce en una forma de impartir justicia por este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconózcase como domicilio de la parte promovente el que señala en su demanda. Asimismo, se le tiene señalando el correo electrónico referido en el escrito de cuenta, únicamente como medio alterno de comunicación no procesal. Asimismo, se tienen por autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que tengan inscritas sus cédulas profesionales en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, lo anterior de conformidad al Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en caso de no estar autorizados en términos amplios del citado artículo, se les autoriza de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Amparo. AUTORIZACIÓN ELECTRÓNICA Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para consultar expedientes de manera electrónica, el usuario GARCIALEMUS, luego como lo solicita, con fundamento en los artículos 26 fracción IV, 30, fracción II y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se les autoriza la consulta vía electrónica del presente expediente. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la utilización de medios electrónicos para la consulta del presente expediente, en términos de la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFICACIÓN EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Finalmente, se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al promovente. MESA II

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,086 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano