Diego Silva Soto
Expediente 747/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 747/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Diego Silva Soto
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de once de septiembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de control de este Juzgado. Orden de archivo del expediente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. Valoración del expediente. Como el asunto que nos ocupa no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera destruible de conformidad con el diverso artículo 20, fracción IV, por lo que una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, deberá ser destruido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo supuestamente promovida por********************, que se recibió a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, de conformidad con los artículos 10, 14 y 45 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, contra actos de la Junta de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado con el número 747/2023-IV. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, en la especie el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6°, ambos de la Ley de Amparo, así como la fracción I del artículo 107 Constitucional, dispositivos que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada..." Los artículos antes mencionados establecen que el amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, lo que trae como consecuencia que los actos que se contienen en ella no afecten los intereses jurídicos del que aparece como promovente del amparo, por lo que resulta indispensable que en el escrito de demanda conste el original de la firma de quien promueve o la huella digital en sustitución de la firma, o en su caso, la firma electrónica por la persona física quejosa, o bien, tratándose de personas morales privadas u oficiales, la de su representante legal, ya que sólo así se acredita su voluntad. Lo anterior, en términos de la fracción I del artículo 107 Constitucional, y los artículos 3° y 6° de la ley de la materia, en relación con los numerales 3 y 4 del Acuerdo General 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del poder judicial de la federación (FIREL) y al expediente electrónico; así como los arábigos 6 y 16 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De la interpretación de dicho precepto legal y de los Acuerdos Generales citados, se tiene que es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Para el caso de que opte por medios electrónicos, deberá realizarse mediante la FIREL (Firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación) o la firma electrónica o "e.firma", instrumentos a través de los cuales se ingresa al sistema electrónico para presentar demandas, enviar promociones y/o documentos. Asimismo, cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de dicha firma. De lo que se sigue, que para promover la demanda de amparo respectiva es necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación, así como por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública (FIREL, firma electrónica o "e.firma" -antes firma electrónica avanzada o FIEL-). Por tanto, es dable establecer que dicha normativa interpretada a la luz del principio de parte agraviada, prevé que la demanda de amparo, como requisito esencial, debe contar con la firma electrónica de quien se ostenta como quejoso en el juicio constitucional. Es decir, en el escrito de demanda en formato digital remitido vía electrónica deberá obrar la firma electrónica reconocida por el Poder Judicial de la Federación, así como por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública de la persona física quejosa, o bien, del representante legal de la persona moral oficial o privada que se ostenta como parte agraviada en el juicio de amparo. De lo contrario, se entenderá que dicha demanda carece del signo electrónico que evidencia de manera indubitable que es precisamente la intención de la parte quejosa de acudir al juicio de amparo a demandar la tutela de sus derechos fundamentales. Lo que generaría la improcedencia de la acción constitucional. En el caso concreto, se advierte que la demanda de amparo que se presentó a través del Portal de Servicio en Línea del Poder Judicial de la Federación, carece de la firma electrónica de quien aparece como promovente, lo que denota su falta de voluntad, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo. Además, no se está en el supuesto de excepción a que se refieren los artículos 3° y 109 de la Ley de Amparo, que establecen que no se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del arábigo 15 de la legislación en comento, pues el presente asunto no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior se afirma, porque los actos reclamados se hacen consistir en la determinación a través de la cual la Junta de Conciliación y Arbitraje que señala como responsable, decretó la caducidad de la instancia en el expediente **************. Por ello, se estima que no se está en los casos de excepción previstos en los artículos 3° y 109 de la Ley de Amparo, conforme a los cuales será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Consecuentemente, al evidenciarse la falta de firma electrónica de la quejosa en la demanda, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 3° y 6° del mismo ordenamiento, y lo procedente, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, es desecharla de plano. Ahora bien, tomando en consideración que la parte quejosa solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados. Por otro lado, se hace la precisión que un correo electrónico no puede tenérsele como domicilio para oír y recibir notificaciones, ya que dichos supuestos no están previstos en la Ley de Amparo; y el correo al que alude el indicado Acuerdo General únicamente es para establecer contacto en caso de estimarse necesario. Se tiene al promovente autorizando en términos de la última parte, segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***************, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado
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