Diego Segura Delgado

Expediente 1935/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 16 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1935/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
17/05/2023

Partes del expediente

  • Diego Segura Delgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Escrito. Agréguese únicamente para efectos de control el oficio que remite el autorizado de la parte quejosa mediante el cual informa que dentro del juicio de origen las partes llegaron a un convenio; lo anterior, toda vez que el dos de mayo del año en curso, se ordenó el archivo del asunto como concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; dos de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en contra de la resolución que negó el amparo en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2º, se declara que dicha resolución ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No existen para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de depuración, en los términos del numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA GABRIELA GUAJARDO GARCIA VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cinco de diciembre de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, ********************, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra la autoridad y acto que a continuación se trascriben: "c) AUTORIDADES RESPONSABLES: --- 1. MAGISTRADA DEL SEGUNDO TRIBUNAL DISTRITAL CON RESIDENCIA EN TORREÓN, COAHUILA, en su carácter de ordenadora con domicilio ampliamente conocido en esta ciudad. --- 2. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TORREÓN, en su calidad de ejecutora, que tiene domicilio ampliamente conocido en esta ciudad. d) ACTOS RECLAMADOS. --- I. De la Magistrada del Segundo Tribunal Distrital, se reclama la resolución emitida el once de noviembre de dos mil veintidós, en el recurso de apelación tramitado bajo el número de toca ********************, interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de catorce de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de liquidación de sociedad conyugal, relativo al juicio de divorcio incausado ********************, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Torreón. --- II. De la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Torreón, el acatamiento y/o ejecución de la resolución de once de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación ********************. En la demanda de amparo, la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos y, señaló que los derechos humanos que en su concepto se vulneraron, los cuales son los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda fue turnada de inicio al Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna, quien mediante acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintidós, determinó carecer de competencia legal por razón de turno, planteándola a este órgano jurisdiccional. Mediante acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veintidós, se aceptó el returno planteado, se ordenó formar y registrar el juicio de amparo 1935/2022, se admitió a trámite la demanda, se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, se solicitaron los informes justificados correspondientes y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción XVII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, puesto que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta al tratarse de un acto reclamado a una autoridad residente en el territorio donde este juzgado ejercerse jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.) "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa es el siguiente: i. La resolución de once de noviembre de dos mil veintidós, dictada por el Magistrado del Segundo Tribunal Distrital, con residencia en esta ciudad, en el toca civil ********************, con motivo del recurso de apelación interpuesto por ********************, y la apelación adhesiva promovida por ********************, contra la sentencia interlocutoria de catorce de octubre de dos mil quince, dictada por la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, dentro de los autos del juicio de divorcio, del que deriva el incidente de liquidación de sociedad conyugal ********************, promovido por ********************, en contra de ********************. ii. El acatamiento y ejecución de la misma. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por el hoy impetrante, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Magistrado del Segundo Tribunal Distrital y Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, toda vez que al rendir su informe justificado así lo manifestaron, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener por demostrados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional, 1 Común Primera Parte-SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Improcedencia del juicio constitucional. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. No existe causal de improcedencia que se actualice, ni ninguna otra que hayan hecho valer las partes, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación. QUINTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso y que sustancialmente hace consistir en que: a) La resolución de once de noviembre de dos mil veintidós, no colmó los extremos de exhaustividad y congruencia, toda vez que la autoridad responsable no analizó ni tomó en consideración la totalidad de los agravios hechos valer por el quejoso, pues se limitó a realizar un estudio genérico, enderezado a sostener que la simple manifestación de la voluntad de los ex cónyuges resultaba suficiente para llegar a la conclusión de que el bien inmueble ubicado en ********************, no formó parte de los bienes materia de liquidación de la sociedad conyugal, sin que diera contestación al agravio que se le hizo valer, en relación a que la juez de origen consideró que el bien inmueble antes citado integra la sociedad conyugal y que correspondería en un 50% (cincuenta por ciento) y posteriormente indicó que el mencionado bien no formaba parte de los bienes materia de liquidación, excluyéndolo de la sociedad. Indica también que la autoridad responsable no realizó un análisis sobre las actuaciones que contienen el repudio a la propuesta de convenio por la parte demandada, así como a la resolución de la autoridad en el sentido de que no se llegó a un acuerdo en relación con la propuesta que constituyen la instrumental de actuaciones. b) Refiere que el magistrado responsable no dio respuesta a los agravios destacados en los incisos c) y d) de su escrito de apelación, pues -indica-, solo se limitó a plasmar que el multicitado bien inmueble, no formó parte de la liquidación ante la existencia de la voluntad de las partes de ceder el mismo en favor de sus menores hijos. c) Que existe una incorrecta fundamentación y motivación en la resolución reclamada, ya que, la autoridad responsable señaló que si bien no existe un acuerdo en que el convenio fuera aprobado, el bien inmueble controvertido, se desliga al existir un acuerdo de voluntades de ambas partes de ceder en favor de los menores hijos, la propiedad de dicho bien, pero que tal determinación deviene incorrecta, en tanto que no existe una determinación judicial mediante la cual se calificara tanto la propuesta de convenio como su aceptación, por lo que no existe una manifestación plena de la voluntad. Precisado lo anterior, como se adelantó se dice que son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, toda vez que no es verdad que el magistrado responsable no diera contestación al agravio relativo a que la juez de origen consideró que el bien inmueble antes citado integra la sociedad conyugal y que correspondería en un 50% (cincuenta por ciento) y posteriormente indicó que el mencionado bien no formaba parte de los bienes materia de liquidación. Ello es así, en tanto que, si bien el magistrado responsable precisó que los agravios esgrimidos por el quejoso serían analizados en su conjunto dada la estrecha relación que guardan entre sí, indicó que de las constancias que integran el testimonio de apelación, se advierte que mediante escrito de siete de julio de dos mil catorce, el quejoso ********************, presentó nueva propuesta de convenio en la cual en la cláusula sexta dice: ".Conforme a la liquidación de la sociedad conyugal a que se refiere el numeral 1 que es relativo al inmueble en construcción de la casa habitación ubicado en ********************, mi 50% lo cedo a nombre de mis menores hijos y en caso de negativa de la parte demandada y si así lo considera prudente la juzgadora no hay objeción que sea a parte de la demandada, con relación al numeral 2,3,4 y 6 de la presente cláusula dichos inmuebles tienen valor menor al 50% del inmueble ubicado en ********************, por lo que dichos inmuebles quedan en custodia y propiedad de la parte actora, por las razones antes expuestas y de acuerdo a los avalúos que obran en autos." Mencionando que, en efecto, el citado convenio no fue aprobado según se desprende de las constancias, pero que el tema a tratar se desliga del convenio, toda vez que su origen deriva de un acuerdo de voluntades respecto de la cesión de derechos del bien inmueble ubicado en ********************, el cual fue cedido por ambas partes, ya que incluso el quejoso ********************, mediante escrito de dos de marzo de dos mil quince, solicitó retractarse de esa propuesta, al cual le recayó el acuerdo de diez de marzo del mismo año, en el que se ordenó dar vista por el término de tres días a ********************, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, hecho lo anterior, la juez responsable pronunció resolución el nueve de abril de dos mil quince, determinando no ha lugar a tener a ********************, por retractándose de la cesión hecha en favor de sus menores hijos, dado que respecto a la cesión de derechos de la que pretendía retractarse, no hubo desacuerdo de las partes; proveído que indicó la responsable, no fue impugnado y por ende, se encuentra firme y surte efectos legales en favor de los menores. Por lo que, en ese orden de ideas, el magistrado responsable consideró que fue correcto el actuar de la juez de origen al excluir el inmueble de marras de la liquidación conyugal por haber existido consenso expreso de ambas partes, en el sentido de que el inmueble de referencia fue cedido por ambo a sus menores hijos. En ese sentido, se sostiene que el magistrado responsable si abordó el agravio que refiere el quejoso, ya que este fue estudiado de manera implícita al indicar que el inmueble materia de disputa, no fue incluido en la liquidación dada la cesión por ambas partes en favor de sus hijos. De ahí que tampoco tenga razón en lo plasmado en el concepto de violación sintetizado en esta sentencia bajo el inciso c), relativo a que fue incorrecto que el magistrado responsable señaló que si bien no existe un acuerdo en el que el convenio fuera aprobado, el bien inmueble controvertido se desligó al existir un acuerdo de voluntades. Por otro lado, en relación a que la autoridad responsable no realizó un análisis sobre las actuaciones que contienen el repudio a la propuesta de convenio por la parte demandada, así como a la resolución de la autoridad en el sentido de que no se llegó a un acuerdo en relación con la propuesta que constituyen la instrumental de actuaciones, tampoco asiste razón. Se dice lo anterior, toda vez que basta la simple lectura de la sentencia reclamada, para advertir que el magistrado responsable al respecto mencionó que dado el escrito suscrito por ********************, de dos de marzo de dos mil quince en donde solicitó retractarse de la propuesta de ceder su 50% (cincuenta por ciento) a favor de sus hijos, recayó el acuerdo de diez de marzo del mismo año, en el que se ordenó dar vista por el término de tres días a ********************, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, hecho lo anterior, la juez responsable pronunció resolución el nueve de abril de dos mil quince, determinando no ha lugar a tener a ********************, por retractándose de la cesión hecha en favor de sus menores hijos, proveído que indicó la responsable, no fue impugnado y por ende, se encuentra firme y surte efectos legales en favor de los menores. Por lo que con ello, se considera que sí se realizó un análisis de las actuaciones, máxime que de las constancias que fueron señaladas para integrar el testimonio de apelación, se advierte la consistente en el escrito de veintisiete de marzo de dos mil quince, signado por ********************, en el que en síntesis dada la vista otorgada por la juez de origen se advierte que se opuso a la retractación realizada por ********************, así como el acuerdo de nueve de abril de dos mil quince en el que la juez de origen, determinó no ha lugar a tener por retractándose de la cesión de derechos del inmueble ubicado en ********************, en virtud de que de las constancias de autos se desprende que respecto de la cesión de derechos del mencionado inmueble, no hubo desacuerdo de las partes. Por otra parte, en relación al concepto de violación sintetizado en el inciso b), relativo a que el magistrado responsable no dio respuesta a los agravios destacados en los incisos c) y d) de su escrito de apelación, cabe decir que son infundados, pues básicamente en ellos el quejoso refiere que la juez de origen pasó por alto que a pesar que se realizó una nueva propuesta de convenio, esta no fue aprobada, por lo que al no obrar en autos una determinación que tenga firmeza procesal y haga las veces de cosa juzgada, no puede considerarse convenido lo plasmado en dicha propuesta. Sin embargo, en respuesta a dichos agravios la autoridad responsable dijo: "Sin embargo, no pasa inadvertido lo señalado por el recurrente en cuanto a que el citado convenio, no fue aprobado en los términos propuestos, no obstante, en lo relativo al inmueble ********************, hubo consenso, es decir, fue voluntad de las partes ceder dicho inmueble en favor de sus menores hijos, auto que quedó firme y ratificado en autos, según se aprecia por auto de nueve (09) de abril de dos mil quince (20015), En tal sentido, contrario a lo señalado por el apelante, la jueza natural no revoco sus propias determinaciones, habida cuenta de que las partes consistieron ceder la casa habitación, l cual consistía en el domicilio conyugal, en favor de sus menores hijos." De ahí lo infundado de su argumento. En conclusión, este juzgador afirma que -contrario a lo sostenido por el quejoso-, la sentencia reclamada cumple con los requisitos de legalidad, congruencia, correcta valoración probatoria, y por ende, satisface lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y por ende, lo procedente, es negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; once de abril de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación que antecede de la cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por la Administradora Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, sin que lo hiciera; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo fueron los siguientes: "1. Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, el artículo 54, fracción II, inciso 1), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, cuyo texto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho y en vigor a partir del uno de enero de dos mil diecinueve. 2. Deje insubsistentes el pago contenido en el recibo de quince de mayo de dos mil veinte, expedido a nombre del quejoso con número de referencia ********************. 3. En congruencia con lo anteriormente determinado, devuelva al justiciable la cantidad pagada en el mencionado recibo, si se tiene en cuenta que el contribuyente fue objeto de subsidio. En el entendido que las cantidades deberán devolverse debidamente actualizadas, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido". Impugnación. Inconformes con el fallo constitucional, las autoridades responsables Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, interpusieron recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, con el número de amparo en revisión administrativo ********************, quien confirmó la sentencia impugnada. Requerimiento. Tan pronto fue recibida la ejecutoria, mediante acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintitrés, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. En el caso, de las actuaciones que aparecen agregadas al presente sumario, deriva que la autoridad responsable Administradora Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, realizó diversos actos para cumplir con la ejecutoria de amparo, a saber: 1. Desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos declarados inconstitucionales, ordenando que no se le apliquen en lo presente y en lo futuro; y, 2. Dejó sin efectos los actos de aplicación contenido en el recibo con número de transacción ********************, por lo que procedió a la devolución del pago relativo a dicho documento, mediante la elaboración del cheque número ********************, por la cantidad de $********************(********************moneda nacional), el cual fue entregado a la parte quejosa. Vista con cumplimiento. Con dichas constancias, por acuerdo de veintidós de marzo del dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa. Desahogo de la vista. Sin que la parte hubiese hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Ahora bien, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable desincorporó los preceptos declarados inconstitucionales, razón por cual, procedió a dejar sin efectos el acto de aplicación contenido en el recibo con número de transacción ********************, devolviendo los montos actualizados de las contribuciones reclamadas. Vista a las partes. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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