Diego Santiago María y Otros.

Expediente 848/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
848/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
26/10/2021

Partes del expediente

  • Diego Santiago María y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    ... transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer... se declara que CAUSÓ ESTADO para los efectos legales procedentes... archívese este asunto como concluido...

  2. Principal

    ... anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio de amparo indirecto 848/2021 que le corresponde... se concluye respetuosamente que la demanda de amparo es improcedente, pues la parte quejosa reclama en forma genérica la omisión de ejecutar el laudo, mas no un acto específico derivado de que la junta responsable se haya negado a llevar a cabo la ejecución del laudo. No pasa inadvertido que la parte quejosa refiera que el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, presentó una solicitud para que la autoridad responsable señalara fecha y hora para llevar a cabo el requerimiento de pago a la parte demandada en el juicio de origen, así como también fijar las medidas de apremio para poder cumplimentar dicho laudo, situación que refiere ha omitido la responsable, sin embargo, ello no constituye una negativa si no en su caso una omisión equiparable a la omisión de responder a un derecho de petición, lo cual tampoco es procedente a través del juicio de amparo indirecto cuando acontece dentro de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio... Máxime que en el caso, la parte quejosa es la parte actora en el juicio de origen, de ahí el interés de que se ejecute el laudo respectivo para efecto de que le sean otorgadas las prestaciones concedidas, por lo que en todo caso tiene expedito su derecho para hacer valer lo anterior, en el juicio de origen... SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO respecto del acto reclamado señalado... se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica... Se exhorta al promovente a que haga uso del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que, previa promoción, pueda consultar el expediente electrónico, presentar promociones y notificarse vía electrónica en este asunto... Se comunica a la parte quejosa que... tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales... en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales... se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente...

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: *** en su carácter de representante legal de ***, ***, *** y ***, promueve juicio de amparo indirecto contra actos de la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio de amparo indirecto 848/2021 que le corresponde. PROPUESTA DEMOSTRATIVA En el caso, se considera de manera respetuosa que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo respecto del acto reclamado en este asunto, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional para desechar de plano la demanda de amparo, si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por otra parte, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esa ley. Tal disposición se relaciona con el diverso artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6º de la Ley de Amparo, que señala que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. En ese contexto, cabe mencionar que como requisito para que el juicio de amparo sea procedente, corresponde a la parte quejosa demostrar el derecho que le asiste para reclamar por esta vía, e indicar con exactitud el acto o actos violatorios de los derechos fundamentales en su perjuicio, y demostrar que dicho acto reclamado le ocasiona un perjuicio, esto es, una ofensa o daño en sus derechos o intereses. Ahora bien, en materia de ejecución de laudos, específicamente de aquellas dictadas por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, resulta necesario atender lo dispuesto en los artículos 940, 945 y 950 de la Ley Federal del Trabajo, que se citan a continuación: "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita" "Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación. Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento". "Artículo 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo". De los preceptos transcritos se advierte que una vez dictado el laudo, los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje tienen la obligación de ejecutarlo, pero al señalar "a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo", se estima necesaria la intervención de la parte actora. Aunado a lo anterior, se puntualiza que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la ejecución forzosa de un laudo, no es una fase en la cual la autoridad laboral pueda y deba seguir de forma oficiosa la ejecución de un laudo, sino que requiere la solicitud de la parte ejecutante para su inicio, así como su directa intervención. Es aplicable la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2000025 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4 Materia(s): Laboral Tesis: 2a./J. 16/2011 (10a.) Página: 2772 "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo". HECHOS Del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en: La inejecución del laudo emitido dentro de los autos del expediente laboral ***. Asimismo, de los antecedentes de la demanda de amparo se advierte que en dicho laudo se condenó al ***, con sede en esta ciudad al pago de diversas prestaciones a favor de la parte quejosa, sin que a la fecha se haya logrado su ejecución. CONCLUSIÓN Al respecto, se concluye respetuosamente que la demanda de amparo es improcedente, pues la parte quejosa reclama en forma genérica la omisión de ejecutar el laudo, mas no un acto específico derivado de que la junta responsable se haya negado a llevar a cabo la ejecución del laudo. No pasa inadvertido que la parte quejosa refiera que el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, presentó una solicitud para que la autoridad responsable señalara fecha y hora para llevar a cabo el requerimiento de pago a la parte demandada en el juicio de origen, así como también fijar las medidas de apremio para poder cumplimentar dicho laudo, situación que refiere ha omitido la responsable, sin embargo, ello no constituye una negativa si no en su caso una omisión equiparable a la omisión de responder a un derecho de petición, lo cual tampoco es procedente a través del juicio de amparo indirecto cuando acontece dentro de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio. Son aplicables al caso, las tesis siguientes: Época: Décima Época Registro: 2008884 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 17, Abril de 2015, Tomo I Materia(s): Administrativa Tesis: 1a./J. 7/2015 (10a.) Página: 480 "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto la previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento". Época: Décima Época Registro: 2008883 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 17, Abril de 2015, Tomo I Materia(s): Administrativa Tesis: 1a./J. 8/2015 (10a.) Página: 478 "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA).De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada". Máxime que en el caso, la parte quejosa es la parte actora en el juicio de origen, de ahí el interés de que se ejecute el laudo respectivo para efecto de que le sean otorgadas las prestaciones concedidas, por lo que en todo caso tiene expedito su derecho para hacer valer lo anterior, en el juicio de origen. Similares criterios fueron sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver la queja de trabajo *** de su índice y por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver la queja de trabajo *** de su índice. Por lo tanto, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO respecto del acto reclamado señalado, con fundamento en el artículo 113, en relación con los diversos 6 y 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOMICILIO Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. DEL USO DE MEDIOS DIGITALES Se exhorta al promovente a que haga uso del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que, previa promoción, pueda consultar el expediente electrónico, presentar promociones y notificarse vía electrónica en este asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 3 y Décimo Primer Transitorio de la Ley de Amparo, así como en los "Acuerdos Generales Conjuntos 1/2013 y 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como al expediente electrónico". LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. USO DE LENGUAJE INCLUYENTE PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Los artículos 1 y 4 constitucionales establecen los principios de igualdad y no discriminación hacia las personas. Ahora bien, debido a que el lenguaje legal debe ser acorde a dichos principios, se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente, es decir, un lenguaje que no establezca discriminaciones injustificadas de género ni desconozca las opciones de vida que se fundan en el principio de dignidad humana y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; lo anterior de conformidad con las herramientas proporcionadas en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponibles en www.equidad.scjn.gob.mx. Acorde con lo anterior, se exhorta respetuosamente a las partes para que utilicen dicho lenguaje en las promociones que realicen en este juicio de amparo.

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