Diego Sánchez Posadas

Expediente 320/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
320/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
08/07/2021

Partes del expediente

  • Diego Sánchez Posadas

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintinueve de abril del año en curso, a través del cual se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Archivo del expediente Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el expediente como concluido. Destino del expediente principal En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación que el expediente es susceptible de destrucción; ya que se desechó la demanda de amparo, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, por lo que una vez que trascurra el termino de cinco años de archivado el expediente procederá a su destrucción Clasificación del asunto Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y como se mencionó una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena agregar a los autos el oficio procedente del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica el proveído de veintiséis de abril de dos mil veintiuno emitido en el cuaderno de varios 2021, de su índice, por el que remite el escrito signado por Diego Sánchez Posadas, del cual se advierte que promueve demanda de amparo indirecto. En ese orden, acúsese recibo del escrito de referencia. Ahora, de la lectura íntegra del escrito remitido por el Juzgado Federal oficiante, se aprecia que Diego Sánchez Posadas, promueve demanda de amparo, por propio derecho y por el derecho que en vida tuviera Angélica Posadas Samperio, contra el acto y autoridades responsables que enseguida se precisan: Actos reclamados. La cancelación de la orden de aprehensión dictada en contra de Angélica Posadas Samperio -finada-, dentro de la carpeta administrativa 362/2018 del índice del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. El acuerdo en el que se ordene la cancelación o baja de los antecedente penales que se generaron por el libramiento de la orden de aprehensión. Autoridades responsables. Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. (Ordenadora) Eduardo García Martínez, Agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. (Ejecutora) Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. (Ejecutora) Coordinador de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. (Ejecutora) Director General de Aprehensiones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. (Ejecutora) Director de Aprehensiones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. (Ejecutora) Radicación de demanda Se ordena registrar este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo 320/2021-III y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Desechamiento Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En el caso, este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia consistente en la falta de interés jurídico, prevista en la fracción XII del ordinal 61, con relación en la fracción I del dispositivo 5, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los artículos en cita se advierte que el juicio de garantías es improcedente cuando el acto reclamado no lesiona intereses jurídicos del quejoso; en otras palabras, el ejercicio de la acción constitucional está reservado a quien resiente un perjuicio real, y objetivo, comprobable, con motivo de un acto de autoridad o una ley. Ese perjuicio, para efectos del amparo, consiste en el daño u ofensa (acreditable) ocasionado a los particulares por un acto de autoridad sobre los derechos o intereses de los cuales son titulares; ello implica que para la procedencia de aquél, necesariamente debe acreditarse la afectación que causa el acto reclamado sobre los derechos legalmente tutelados que se invocan, ya sean posesorios o de cualquiera otra clase. Lo expuesto se advierte de la jurisprudencia identificada con el número 10, emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 46 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Séptima Época, Parte VII, del título y contenido siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4º de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: 'El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona'. Este alto tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, 'no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados' (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sea estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Así como la jurisprudencia, 1a./J. 168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII (enero de dos mil ocho), del rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." (Lo resaltado no es de origen). De esta manera, el interés jurídico no depende de la existencia del acto reclamado, ni de los vicios que se atribuyan a éste, sino de que el promovente de amparo acredite que aquél le afecta en forma personal y directa algún derecho tutelado por el ordenamiento legal; por tal razón, quien ejerza la acción constitucional debe tener una facultad o derecho reconocido por la ley, para exigir coercitivamente al órgano del Estado la obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. En el caso, el quejoso Diego Sánchez Posadas, promueve demanda de amparo, por propio derecho, en la que señaló como acto reclamado la cancelación de la orden de aprehensión emitida en contra de su madre que en vida respondía al nombre de Angélica Posadas Samperio, así como el acuerdo en el que se ordene la cancelación o baja de los antecedentes penales que se generaron por el libramiento de la dicha orden de privación de la libertad. Sin embargo, no se advierte que el quejoso acredite su interés jurídico, ni de manera indiciaría, ni se aprecia que lo podrá acreditar durante la substanciación del juicio de amparo, puesto que en la carpeta de investigación de origen no es parte, dado que, según refiere la orden de aprehensión de que se trata se libró en contra de su difunta madre. Por tanto, es evidente que los actos reclamados no afectan la esfera jurídica promovente de amparo, en virtud de que no es titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo que se le esté segregando. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que orientan las anteriores consideraciones, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2019456, de rubro y texto, siguientes: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. (Las negritas no son de origen). Asimismo, en relación a la demanda de amparo que promueve Diego Sánchez Posadas, por el derecho que en vida tuviera mi madre Angélica Posadas Samperio, este juzgado estima que se actualiza, en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, este último numeral dispone que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo es el de instar la acción constitucional por la parte agraviada, es decir, podrá promoverse únicamente por la persona a quien afecte el acto reclamado, lo cual podrá realizar por sí, por conducto de su representante, defensor cuando provenga de una causa criminal, y cuando expresamente lo permita la ley, por medio de algún pariente o persona extraña. Derivado de lo anterior, de la demanda de amparo y anexos que adjuntó el promovente de amparo, se advierte que se ostenta como hijo de la fallecida Angélica Posadas Samperio; sin embargo, para acreditarlo exhibió el acta de nacimiento a nombre de Gerardo Gómez Escalona y acta de defunción de Gerardo Gómez de Jesús, las cuales no tienen ninguna relación con los datos proporcionados por el promovente en su demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, así como tampoco con los datos proporcionados de la extinta; por ello es evidente que con dichas documentales no lo avalan para instar la acción constitucional. Bajo ese contexto, este órgano de control constitucional estima que el promovente de amparo carece de legitimación para instar la acción constitucional a favor de la fallecida Angélica Posadas Samperio, dado que en términos del artículo 6.1, del Código Civil del Estado de México, no acredita ser el sucesor de los bienes, derechos y obligaciones de la persona por causa de su muerte, dado que lo único con lo que pretende acreditar su interés jurídico en representación de la fallecida, es con copias certificadas de actas de nacimiento y defunción expedidas a nombre de diversas personas. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la tesis XVII.2o.16 K, Novena Época, Materias(s): Común, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Septiembre de 1996, página 673, de rubro y texto: MANDATARIO. NO ESTA LEGITIMADO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO, EN REPRESENTACION DE SU MANDANTE, SI ESTE FALLECIO CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTACION DE LA DEMANDA. Si al momento de fallecer el poderdante, no se había promovido el juicio de garantías, es decir, no existía negocio pendiente del cual los herederos tuvieran que proveer, y obligaran al apoderado a continuar en su encargo a efecto de no causar perjuicios a la sucesión a bienes del de cujus, sino que la demanda de garantías se promovió posteriormente al fallecimiento del poderdante, en este caso, se actualizó la hipótesis a que se refiere el artículo 2494, fracción III, del código sustantivo de la materia, o sea el apoderado dejó de tener el encargo que se le confirió a partir de la muerte del quejoso, pues en aquel tiempo aún no se había promovido juicio de garantías alguno, o algún otro acto que impidiera que el poder no concluyera y, por tanto, no se dio la excepción a que se refiere el artículo 2499 del Código Civil vigente en el Estado, por ello, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 4o., ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de garantías, con fundamento, en el artículo 74, fracción III, del precitado ordenamiento jurídico. En consecuencia, al no haberse acreditado la afectación real, actual y directa como elemento integrante del interés jurídico, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, con relación en la fracción I del artículo 5, interpretada a contrario sensu, y 6, todos de la Ley de Amparo; por tanto, atento a lo establecido en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA signada por Diego Sánchez Posadas, por propio derecho y por el derecho que en vida tuviera mi madre Angélica Posadas Samperio, por notoriamente improcedente. Información pública Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Consulta de medios electrónicos Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Designación de correo De conformidad con el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, se privilegiará el uso de los medios electrónicos frente a las diligencias que requieran interacción física entre las partes, en ese sentido se toma conocimiento de los correos electrónicos proporcionados por la parte quejosa, los cuales se establecerán como datos de contacto cuando este órgano jurisdiccional lo estime pertinente. Domicilio procesal y personas autorizadas Con apoyo en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa en su demanda de amparo. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo Ahora, se autoriza a las personas que refiere, en términos de la parte última del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 24 del mismo ordenamiento legal, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones. Se habilitan días inhábiles Con la finalidad de evitar dilaciones innecesarias en la substanciación de este juicio, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, en concomitancia con los numerales 282 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se habilitan en todo momento días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones encomendadas y se autoriza a los actuarios adscritos para que, en caso de enterarse de un domicilio diverso en donde puedan realizarlas, se constituyan en éste y las lleven a cabo, sin necesidad de nueva determinación judicial que lo ordene, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar y asentar pormenorizadamente la razón correspondiente. Digitalización En términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE); y en el Acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE), procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese personalmente.

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