Diego Rubén Lechuga Rodríguez

Expediente 1565/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1565/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
09/12/2016

Partes del expediente

  • Diego Rubén Lechuga Rodríguez
  • No existe

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo en el plazo de cinco días señalado en el numeral 98 de la citada legislación; en consecuencia, con fundamento en los ordinales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida a favor de Diego Rubén Lechuga Rodríuez, HA QUEDADO FIRME. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. De conformidad con los puntos décimo primero y vigésimo primero, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que este expediente no tiene valor jurídico o histórico trascendental, ni es de relevancia documental; por tanto, es susceptible de destrucción. En razón de lo expuesto, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, trasládese este expediente al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta y se tiene al Director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México dando cumplimiento a lo solicitado en proveído de diecisiete de noviembre del año en curso; en consecuencia, téngase por desahogado el requerimiento formulado en autos. Por otra parte, del estado procesal que guardan los autos, se destaca que la demanda de amparo fue promovida, a favor de dicho quejoso a quien se le concedió la suspensión de plano en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, por lo que la actuaria de la adscripción se constituyó ante la responsable a efecto de hacer de su conocimiento la medida cautelar y poner en libertad al arrestado; sin embargo, no fue posible localizarlo, por las razones que expuso en la razón actuarial de veintiuno de octubre del año en curso. (Foja 9) En ese sentido, por acuerdo de veinticuatro de octubre siguiente se requirió a Julio Carmona quien promovió demanda la demanda de garantías en nombre del quejoso, para que en término de veinticuatro horas y bajo protesta de decir verdad informara el lugar en donde se encontraba Diego Rubén Lechuga Rodríguez, sin que lo haya realizado en dicho lapso. Por lo anterior, dada la naturaleza del acto reclamado, con el objeto de agotar todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de la parte quejosa, en proveído de veintiocho de octubre de la presente anualidad, se requirió al Secretario de Seguridad Pública, al Director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social y al Director Ejecutivo de Justicia Cívica, todos en la Ciudad de México, para que dentro de las veinticuatro horas siguientes, informaran si tenían conocimiento de la detención o arresto de Diego Rubén Lechuga Rodríguez. Mediante proveídos de siete y nueve de los actuales se tuvo al Director Ejecutivo de Justicia Cívica y al Director de Sanciones Administrativas y de Integración Social ambos de la Ciudad de México, comunicando que en los archivos con los que cuentan no localizaron registro a nombre del solicitante de amparo. De actuaciones, se advierte que el Secretario de Seguridad Pública en esta ciudad hizo del conocimiento que Diego Rubén Lechuga Rodríguez, fue remitido al Juez Cívico Itinerante Coyoacán Seis, con la boleta de remisión A847794, por conducir un vehículo automotor por la vía pública rebasando los límites de alcohol en aire expirado, lo que se corroboró del examen 0116 de dieciséis de octubre pasado, por lo que se requirió el informe correspondiente al Juez Cívico en mención. Respecto a dicho requerimiento el Juez Cívico Itinerante Seis adscrito a la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica del Gobierno de la Ciudad de México, informó que Diego Rubén Lechuga Rodríguez, en atención a la resolución administrativa emitida el dieciséis de octubre pasado fue enviado al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social en esta urbe, para cumplir el arresto inconmutable de veintiún horas a las que fue sancionado. Motivo por el cual se requirió de nueva cuenta al Director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de esta ciudad capital y de las constancias que remite en el oficio de cuenta se desprende que efectivamente Diego Rubén Lechuga Rodríguez, ingreso el dieciséis de octubre pasado a esas instalaciones; sin embargo, fue puesto en libertad en cumplimiento a la suspensión concedida en esa misma fecha en el juicio número 1723/2016-III de la estadística del Juzgado Décimo de Distrito de la misma materia y jurisdicción, con motivo de la demanda presentada en su favor por Pilar Moreno. En esas condiciones, dado que este juzgador agotó todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de la parte quejosa sin obtener resultados favorables, tomando en cuenta la naturaleza del acto reclamado se estima necesario realizar las consideraciones siguientes: El artículo 15 de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo podrá promoverse por cualquier persona a nombre de otra, aunque sea menor de edad, cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para hacerlo en los casos siguientes: Cuando el acto importe peligro de privación de la vida; Además de lo anterior, cuando se reclamen los siguientes actos: ... La demanda de amparo fue promovida en contra de un arresto administrativo, cuya ejecución fue atribuida al Director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México, ya que la promovente manifestó que Diego Rubén Lechuga Rodríguez se encontraba privado de su libertad en dicho centro. En ese tenor, es pertinente tener en cuenta los elementos que obran en el sumario, por lo que se destacan las siguientes constancias de autos: Razón de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis signada por la actuaria judicial adscrita a este Juzgado de Distrito; y Notificación realizada por las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado, realizada al promovente de amparo Julio Carmona, de veinticinco de octubre de este año. Oficios con registros de correspondencia 19434, 19648, 19842 y 20237 del Director Ejecutivo de Justicia Cívica, del Director de Sanciones Administrativas y de Integración Social, Director Ejecutivo de Justicia Cívica, del Secretario de Seguridad Pública y del Juez Cívico Itinerante Seis adscrito a la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, todos de la Ciudad de México. Las documentales referidas gozan de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de documentos públicos y acreditan que la Actuaria Judicial el veintiuno de octubre de la anualidad en curso se constituyó en el domicilio oficial del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social para dar cumplimiento a la suspensión de plano concedida en este asunto, para lo cual solicitó la presencia del quejoso; sin embargo, la persona con quien entendió la diligencia manifestó que Diego Rubén Lechuga Rodríguez no se encontraba en ese lugar, circunstancia que corroboró la fedataria judicial con la revisión de las constancias del registro de ingreso de personas arrestadas remitidas a ese centro, no obstante ello, se le permitió el ingreso a las galeras en donde voceó el nombre de la persona buscada sin que nadie respondiera a su llamado. También se evidencia que la persona que promovió amparo en favor de la parte quejosa no desahogó el requerimiento formulado en auto de veinticuatro de octubre del año que transcurre, en el término que se le concedió. No pasa inadvertido para este Juzgador que como se hizo patente en párrafos precedentes el Secretario de Seguridad Pública, el Juez Cívico Itinerante Seis adscrito a la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica del Gobierno, todos de la Ciudad de México y el Director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, todos de la Ciudad de México, hayan informado que existía orden de detención a nombre de Diego Rubén Lechuga Rodríguez, sin embargo, de las constancias que obran en autos se desprende que ésta fue emitida y ejecutada el dieciséis de octubre del año en curso, quedando en libertad en esa misma fecha con motivo de la suspensión de plano concedida en el juicio de amparo 1723/2016 del índice del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en esta ciudad, de lo que se colige que la orden aquí reclamada es diversa. Por ende del examen de las constancias referidas, revela la inexistencia de la orden de arresto administrativo reclamado y su ejecución, lo que indica que ninguno de los dos se actualizó como se planteó en la demanda de amparo. Por otra parte, los artículos 12 y 13, fracción IV, del Reglamento de los Centros de Reclusión del Distrito Federal, refieren lo siguiente: ... Los Centros de Reclusión del Distrito Federal, estarán destinados a recibir internos indiciados, depositados con fines de extradición, procesados y sentenciados por delitos del fuero común y del fuero federal, estos últimos con base en los acuerdos que suscriba la Administración Pública del Distrito Federal con la Federación, así como las personas sujetas a arresto administrativo por resolución de autoridad competente. ... De lo trascrito, se advierte que existen diversos centros de reclusión en la Ciudad de México, entre los que se encuentra el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, y que tienen por objeto recibir internos indiciados y depositados a causa de delitos de fuero común y federal con base en los acuerdos celebrados entre la administración pública y la federación; asimismo, que únicamente podrán internarse a las personas en alguno de los centros de reclusión descritos a causa de un arresto derivado de una determinación de autoridad competente y que el internamiento de personas en dichos centros tiene lugar, entre otras cosas, en el caso de arrestos emitidos por autoridad competente. En adición a lo anterior, el artículo 60 del Reglamento de los Centros de Reclusión del Distrito Federal, establece lo siguiente: ... De lo transcrito, se desprende que el centro de sanciones en comento tiene por objeto el cumplimiento de arrestos y la ejecución de las sanciones o medidas privativas de libertad hasta por 36 horas, impuestas en resolución dictada por autoridad competente. Por tanto, el Centro de Sanciones Administrativas de la Ciudad de México es un centro de reclusión cuyo funcionamiento está regido por el mencionado Reglamento de los Centros de Reclusión del Distrito Federal, en el cual deberán ejecutarse los arrestos administrativos emitidos por resolución de una autoridad competente. Luego, como el acto reclamado en este asunto es el arresto administrativo ejecutado en contra del quejoso, el cual se estimó inexistente en párrafos precedentes, se precisa que aun en el caso de que pudiera existir la orden referida, su ejecución necesariamente debió llevarse a cabo en dicho centro de reclusión; sin embargo, la búsqueda realizada en las instalaciones de la referida institución reveló que Diego Rubén Lechuga Rodríguez no se encontraba ahí por lo que ve a la orden de arresto o detención aquí reclamada, sino por una diversa ejecutada con fecha anterior y por la que se le concedió la suspensión de plano por el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en esta sede. Por lo expuesto con anterioridad, ante la inexistencia del arresto reclamado es dable tener por no presentada la demanda de amparo promovida en su favor. Esta determinación no contraviene lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, ya que no puede soslayarse que el arresto administrativo reclamado, dada su naturaleza, no encuadra en las hipótesis a que se refiere ese numeral, máxime que, como se determinó en párrafos precedentes, dicho acto y su ejecución son inexistentes, además de que ni Diego Rubén Lechuga Rodríguez, ni de la persona que promovió en su nombre hayan comparecido a este Juzgado a fin de ratificar la demanda como se constata con las actuaciones del expediente, denotando no sólo la falta de interés en la prosecución del presente juicio. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la suspensión de plano del acto reclamado, ordenada en proveído de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, la cual se decretó para que Diego Rubén Lechuga Rodríguez, fuera puesto en libertad por la autoridad que materialmente había ejecutado la orden de arresto aquí reclamada. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable esta determinación, a efecto de que provea lo que en derecho corresponda. Notifíquese; y por medio de lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, y téngase al Secretario del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, comunicando el proveído de quince de noviembre del año en curso, dictado por el Magistrado Presidente de ese tribunal en el toca R.A. 10/2016, del que se deduce que ordenó aplazar el dictado de la sentencia hasta en tanto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fije los criterios correspondientes en los asuntos que subsista la impugnación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguense a los autos los oficios y anexos de cuenta del Director de Investigación "A", del Encargado Circunstancial, del Director General de Responsabilidades, todos de la Dirección General de Investigación Interna de la Unidad de Asuntos Internos, al Suplente Permanente del Presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial y al Comisionado General, todos de la Policía Federal, mediante los cuales hacen del conocimiento a este órgano jurisdiccional que dejaron insubsistentes las siguientes constancias: Por parte del Encargado Circunstancial de la Dirección General de Investigación Interna de la Unidad de Asuntos Internos: Por parte del Director de Investigación "A" adscrito a la Dirección General de Investigación Interna de la Unidad de Asuntos Internos: Por parte del Director General de Responsabilidades de la Unidad de Asuntos Internos: Por parte del Suplente Permanente del Presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial y del Comisionado General, ambos de la Policía Federal: De las imágenes insertas de puede advertir que las responsables dejaron insubsistentes los acuerdos a los que hacen referencia, con los cuales pretenden acreditar el cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, por tanto, este juzgador determina que no es el momento procesal oportuno para dar vista a la parte quejosa con los oficios de cuenta hasta en tanto se dé cumplimiento total al fallo constitucional. Notifíquese.

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