Diego Romero Pérez

Expediente 1257/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1257/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
28/04/2022

Partes del expediente

  • Diego Romero Pérez
  • Gobernador del Estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que por acuerdo de treinta de marzo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, con el cumplimiento informado por la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en autos y los datos aportados por la autoridad; tal acuerdo le fue notificado el cinco de abril de la actual anualidad. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, en virtud de que la invocada parte, no formuló manifestación al respecto, y este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con lo establecido por el numeral 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Así las cosas, en la sentencia dictada por este juzgado de Distrito el once de febrero de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, en lo que interesa, para los efectos siguientes: ". de que la autoridad responsable Gabriel Espinosa Plascencia, servidor público adscrito al Área de Gestión del Estacionamiento dependiente de la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara, Jalisco, dentro del ámbito de sus atribuciones: - Deje insubsistente la cédula de notificación de infracción 3151074.". Mediante proveído de treinta de marzo de dos mil veintidós, la sentencia de mérito causó ejecutoria y en esa misma fecha se proveyó lo conducente respecto del oficio del Titular de la Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio de Guadalajara, que se reservó acordar el catorce de marzo anterior, por lo que se tuvo a dicha autoridad informando sobre el cumplimiento dado al fallo protector, toda vez que el tres de marzo de la actual anualidad, se dejó insubsistente la cédula de notificación de infracción número 3151074, aplicada al vehículo con placa de circulación JPL9620, asentando en el sistema denominado estacionómetros de Guadalajara, en el apartado operación en cada una de las cédulas la leyenda "Cancelado", lo que acredita con el documento relativo a la impresión original histórica de no adeudo del municipio. Constancia a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se pone de manifiesto que ha quedado cumplida la ejecutoria de amparo, sin incurrir en exceso o defecto. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto, previas las anotaciones que se haga en el libro de gobierno. En otro aspecto, tomando en consideración que por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo y por otra se concedió el amparo solicitado, este expediente es susceptible de depuración, en términos de la hipótesis contemplada el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En ese orden de ideas, de conformidad a lo establecido en el artículo 15 del Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante. Notifíquese, y de manera electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, el once de febrero de dos mil veintidós, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, con fundamento en los artículos 2° de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. La circunstancia anterior, hágase del conocimiento de las partes, de conformidad a lo establecido en el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora, por proveído de catorce de marzo de la presente anualidad, se reservó proveer en relación al oficio suscrito por el Titular de la Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio de Guadalajara, hasta que causara ejecutoria la sentencia dictada en autos; circunstancia que ya aconteció como quedó evidenciado párrafos precedentes. En tal virtud, visto nuevamente el oficio de mérito, téngase a la autoridad responsable informando respecto al cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio de cuenta, se ordena dar vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, manifieste lo que a su derecho convenga, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, este juzgado resolverá lo que en derecho corresponda.

  3. Principal

    Visto el oficio signado por el Titular de la Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio de Guadalajara, mediante el cual informa con relación al cumplimiento de la sentencia de amparo; en consecuencia, agréguese a los autos y resérvese acordar lo que en derecho corresponda una vez que cause ejecutoria la sentencia dictada en el sumario en que se actua.

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1257/2021-VIII-A, promovido por Diego Romero Pérez, por su propio derecho, contra actos del Director de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, por considerarlos violatorios de las garantías contenidas para su protección en los artículos 1, 14, 16, 22 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Diego Romero Pérez, el ocho de julio de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra actos del Director de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco y otras autoridades, por los actos que serán precisados en el considerando correspondiente. El quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 1, 14, 16, 22 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite y remisión del juicio de garantías. La demanda de garantías de referencia, se turnó para su conocimiento al Juzgado Decimosexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular mediante proveído de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, la registró con el número 1257/2021-VIII-A, de su índice y, entre otras cosas, determinó escindir la demanda de amparo y ordenó la separación de juicios, correspondiendo a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, conocer únicamente del acto reclamado al Director de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco. TERCERO. Recepción y trámite de demanda. Recibida que fue la copia certificada de la demanda de amparo, por medio de oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, mediante proveído de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, el entonces Titular de este Juzgado de Distrito, ordenó admitir a trámite la aludida demanda, formar el expediente y se registrarlo bajo el número 1257/2021-VIII-A; de igual forma, se solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, quien formuló pedimento. Asimismo, mediante proveído de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo al quejoso ampliando su demanda de amparo, en contra de Gabriel Espinosa Plascencia, servidor público adscrito al Área de Gestión del Estacionamiento dependiente de la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara, Jalisco (denominación correcta), motivo por el cual se solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento. De igual forma, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con los numerales 103, fracción I, y 107, fracciones IV y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 36, 107 fracción III, de la Ley de Amparo y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se combaten actos de autoridades administrativas, cuya ejecución tuvo lugar en la demarcación territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, de la ampliación de la misma, así como de las demás constancias que integran el sumario en que se actúa, se advierte que los actos reclamados se hicieron consistir en la cédula de notificación de infracción con número de folio 3151074, impuesta al vehículo automotor con número de placas JPL9620, Marca Audi, color plata. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Director de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, al momento de rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le atribuyó. Por su parte, el quejoso no aportó elemento de convicción suficiente para desvirtuar tal negativa, dado que únicamente exhibió copia digitalizada de una factura 2121 y de una tarjeta de circulación; sin embargo, de dichas documentales no se advierte la participación de la referida responsable. Consecuentemente, al no haberse demostrado el acto reclamado a la autoridad responsable Director de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, procede sobreseer en el juicio de garantías, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que reza: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." Es aplicable, la jurisprudencia número 310, publicada en la página doscientos nueve, tomo Sexto, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuya sinopsis es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En otro orden de ideas, Gabriel Espinosa Plascencia, servidor público adscrito al Área de Gestión del Estacionamiento dependiente de la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara, Jalisco, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante de haber sido notificado oportunamente para dicho fin, al así advertirse del acuse de recibo del oficio 30767/2021, que obra en el sumario; por tanto, de conformidad al numeral 117 de la Ley de Amparo, se presume la existencia del acto que se le atribuye, precisado en el considerando que antecede. A lo anterior, tiene aplicación la tesis II.1o.P.35K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XV, Marzo de 2002, página 1363, que expone: "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal." Además, tal certeza se corrobora con la constancia que fue remitida por la Directora de lo Jurídico Contencioso del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, mediante oficio recibido por este órgano jurisdiccional el ocho de septiembre del año próximo pasado, consistente en copia certificada de la cédula de notificación de infracción 3151074, documental pública con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de garantías, por así contemplarlo el artículo 2° de la Ley de Amparo. CUARTO. Conceptos de violación. En el presente caso no se transcriben los conceptos de violación, por no exigirlo algún precepto de la Ley de Amparo, además de que con ello no se deja en estado de indefensión al impetrante. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página ochocientos treinta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". QUINTO. Estudio del fondo del asunto. Es fundado el concepto de violación en el que la parte quejosa sostiene esencialmente que el acto reclamado consistente en la cédula de notificación de infracción folio 3151074, transgrede sus derechos fundamentales al inobservar el numeral 13 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, puesto que carece de fundamentación y motivación, al no establecer en qué se basó para determinar la cuantía de sanción de tarifa mínima y máxima. En efecto, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse; principio que se encuentra reflejado en el numeral 13. Así pues, debe entenderse por fundamentación la expresión de los preceptos legales aplicables al caso y por motivación las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Además, es necesario, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se explique razonadamente por qué se surten las hipótesis normativas que se invocan. Al respecto es aplicable la siguiente jurisprudencia número 204 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 166, Tomo VI, Apéndice Semanario Judicial de la Federación 2000, Séptima Época, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Por ello, todo acto en general que emita o realice una autoridad, debe tener como sustento las disposiciones constitucionales, legales o reglamentarias que instituyan su capacidad para conocer, decidir o actuar en un determinado asunto y materia que se somete a su jurisdicción; ya que, para que el acto de autoridad sea jurídicamente válido, es necesario además, la adecuación entre tales fundamentos con los motivos aducidos, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis previstas en la normativa por los cuales se causó la expedición del acto. A su vez, es conveniente precisar que se produce la falta de fundamentación y motivación cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica, se trata de la ausencia total de dichos requisitos. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad no contiene tal ausencia, sino que se invoca preceptos legales inaplicables al caso, impidiendo la adecuación a la hipótesis normativa, y existirá una incorrecta motivación, en el supuesto en que se indican las razones que tuvo en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas está no se ajustan al contenido de la norma legal que se aplica en el caso. Es aplicable la jurisprudencia I.3o.C. J/47 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 1964, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo". Ahora, en atención a la expedición de un acto de autoridad identificado como una multa de infracción cuyo monto no constituya la mínima prevista en la ley, debe decirse que al imponerse a un particular, la autoridad se encuentra obligada a señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, pues tales elementos deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima. Dicho criterio se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 127/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Diciembre de 1999, cuyo robro y texto establecen: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima". Asimismo, debe precisarse que para que una multa no resulte excesiva y, por tanto, violatoria del artículo 22 constitucional, resulta necesario que se faculte a la autoridad sancionadora con el objeto de que se encuentre en condiciones de correlacionar dos elementos, a saber: a) Que exista correspondencia entre la cuantía de la multa y las condiciones económicas del infractor. b) Que la sanción pecuniaria tome en cuenta la gravedad de la falta. Sin embargo, de la cédula de infracción con número de folio 3151074, por concepto de estacionamientos, se advierte que se emitió con apoyo en los artículos 73, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de Estacionamientos en el Municipio de Guadalajara, así como el artículo 75, fracción VII, apartado B, numeral 4, de la Ley de Ingresos de Guadalajara correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dos mil diecinueve, los cuales a la letra estatuyen lo siguiente: "Artículo 73. 1. Serán motivo de sanción en la vía pública las conductas que se enumeran en las siguientes fracciones: [.] VI. Estacionarse en intersecciones de calles, donde se deberá respetar la línea amarilla que indica la intersección; y". "Artículo 75. Las sanciones administrativas y fiscales por infringir las Leyes, Reglamentos, Disposiciones, Acuerdos y Convenios de carácter Municipal, serán aplicadas con sujeción a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y conforme a la siguiente: [.] VII. Sanciones por contravenir las disposiciones reglamentarias municipales vigentes, referentes al servicio de estacionamientos: [.] B. Del estacionamiento en la vía pública regulado por cobro: [.] 4. Por estacionarse en intersección de calles sin respetar la línea amarilla que señala el límite del estacionamiento, o por estacionarse en calle con señalamiento de línea amarilla, de: $394.00 a $788.00" De los preceptos en consulta se advierte que establecen un parámetro mínimo y otro máximo, en relación con las sanciones a imponer a los particulares que incurran en las conductas contempladas como sancionadas por la propia legislación. En ese sentido, retomando el análisis a la cédula de infracción en estudio, se advierte que se establece como monto de la sanción la cantidad de $788.00 (setecientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), el cual es el mayor contemplado por la legislación transcrita, ya que el rango inferior inicia en la cantidad de $394.00 (trescientos noventa y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). Sin embargo, no se advierte que la autoridad responsable hubiese individualizado, en el caso concreto, el monto de la multa, tomando en cuenta la capacidad económica del infractor, la gravedad de la conducta a sancionar y la mayor o menor trascendencia del asunto en que se cometió la falta, a fin de determinar las razones que la llevaron a imponer la multa de mayor cuantía y no otra menor; por lo que, es precisamente esa falta de individualización, por parte de la autoridad que la impone, lo que conduce a considerar que una multa es contraria a lo dispuesto por los artículos 16 y 22 de la Constitución Federal. Lo anterior es así, se insiste, porque en la infracción en estudio se sancionó a la quejosa conductora de un vehículo porque éste se encontraba en alguno de los espacios previstos por el ya citado artículo 75, fracción VII, apartado b), numeral 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve; no obstante, ello en modo alguno justifica que se viole lo dispuesto por los numerales 16 y 22 de nuestra Constitución al imponer al infractor la multa máxima prevista en un precepto que establece mínimos y máximos; por ende, resulta excesiva su imposición al no haber ponderado y establecido los factores determinantes para establecer porqué decidió imponer el monto mayor y no otro de menor cuantía. Efectivamente, de la citada infracción y del informe justificado rendido, se advierte que nada se manifestó en relación con las causas, motivos o razones por las cuales impuso a la quejosa la multa máxima contemplada por estacionarse en línea amarilla clave 4; pues, en la cédula únicamente se expresa la conducta. Luego, en lo relativo a la individualización de la sanción impuesta, la autoridad responsable no colmó los requisitos formales de fundamentación y motivación, lo que provoca incertidumbre jurídica en la parte quejosa, pues el vicio formal detectado le impide conocer los preceptos legales en los cuales dicha autoridad apoyó su actuación, así como las razones, motivos y elementos que consideró para graduar la multa, situación que incuestionablemente constituye una violación al principio de legalidad que consagra el artículo 16 del Pacto Federal y, a su vez, en el precepto 22 de dicha Carta Magna. Es así, pues como se precisó, la primera norma constitucional invocada impone a todas las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, lo que se traduce en que se deben expresar los fundamentos de derecho y los motivos de hecho que sean considerados para su dictado, además debe existir siempre adecuación entre unos y otros, todo lo anterior con la finalidad de que el gobernado conozca los hechos que se le atribuyen, así como la ley aplicada por la autoridad para emitir en su contra el acto de molestia, para el efecto de que esté en posibilidad de impugnarlo si considera que la cita y aplicación de dichos fundamentos fueron incorrectos, o bien, que los hechos no fueron acordes con la motivación citada. En ese contexto, es evidente la autoridad responsable señalada, transgredió en perjuicio del quejoso el principio de legalidad establecido en los preceptos 16 y 22 de la Carta Magna, pues al realizar la determinación y calificación de la boleta de infracción no fundó ni motivó la individualización de la multa impuesta. En conclusión, al no advertirse que la responsable realizara ponderación, ejemplificativamente, respecto a la gravedad de la falta por estacionarse en zona prohibida, la reincidencia y capacidad económica del infractor, a fin de determinar el monto de la sanción materia de reclamo, evidentemente resulta inconstitucional dicha sanción. Cobra aplicación a lo antes expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 17/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 59, que señala: "MULTAS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE FIJAS LAS ESTABLECIDAS EN PRECEPTOS QUE PREVÉN UNA SANCIÓN MÍNIMA Y UNA MÁXIMA. El establecimiento de multas fijas es contrario a los artículos 22 y 31, fracción IV, de la Constitución, por cuanto que al aplicarse a todos los infractores por igual, de manera invariable e inflexible, propicia excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares. En virtud de ello, los requisitos considerados por este Máximo Tribunal para estimar que una multa es acorde al texto constitucional, se cumplen mediante el establecimiento, en la norma sancionadora, de cantidades mínimas y máximas, lo que permite a la autoridad facultada para imponerla, determinar su monto de acuerdo a las circunstancias personales del infractor, tomando en cuenta su capacidad económica y la gravedad de la violación". En las relatadas condiciones, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos humanos y garantías individuales vulnerados, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, como se anticipó, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable Gabriel Espinosa Plascencia, servidor público adscrito al Área de Gestión del Estacionamiento dependiente de la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara, Jalisco, dentro del ámbito de sus atribuciones: Deje insubsistente la cédula de notificación de infracción 3151074. Cabe señalar que si bien en párrafos que anteceden se determinó sobreseer en el presente asunto, por lo que ve al Titular de la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara y no tuvo intervención en la emisión de la cédula de notificación de infracción en comento, puesto que no la dictó, ordenó, ejecutó o trató de ejecutar, lo cierto es que dentro del ámbito de sus atribuciones, dicha autoridad es quien habrá de proveer lo conducente para restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos violados en los términos apuntados en el párrafo que antecede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción VIII, del Reglamento de Estacionamientos en el Municipio de Guadalajara. Tiene sustento lo anterior por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 57/2007 de rubro, texto y datos de localización siguientes: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Asimismo se señala que, en esta resolución, el análisis de legalidad del acto reclamado derivó en su inconstitucionalidad por un vicio de fondo, que implica que la cédula reclamada sea inconstitucional de origen. De tal manera, se considera que el acto reclamado presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad responsable su reiteración, tal como lo indica el artículo 124 in fine, de la Ley de Amparo. Motivo por el cual la autoridad responsable no podrá subsanar el vicio en el que incurrió, sin que ello implique que no pueda ejercer las actividades y facultades que le corresponden. En apoyo a lo anterior, se cita la de rubro y texto: "ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO SE ACTUALIZA RESPECTO DE LOS EMITIDOS EN FORMA UNILATERAL. La porción normativa que establece: "En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración.", debe entenderse referida exclusivamente a los actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos, toda vez que cualquier acto administrativo, que recae a una solicitud de parte interesada, o bien, al ejercicio de un derecho de acceso a la información, de acceso a la justicia y de audiencia y defensa, invariablemente -de considerar que contiene un vicio que lo torna inconstitucional- debe subsanarse (a través de un nuevo acto) en la parte que corresponde a la afectación del derecho relativo, pues de lo contrario, quedaría inaudita la violación alegada bajo el argumento de que la autoridad responsable, al rendir su informe de ley, no complementó la fundamentación y motivación del acto reclamado y que, por tanto, existe "un impedimento para reiterarlo", lo que no es acorde con el objetivo del juicio de amparo de restituir al gobernado en el pleno goce del derecho violado y obligar a la autoridad responsable a respetarlo". Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Diego Romero Pérez, contra el acto del Director de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, por las razones expuestas en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Diego Romero Pérez, contra el acto que reclamó de Gabriel Espinosa Plascencia, servidor público adscrito al Área de Gestión del Estacionamiento dependiente de la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara, Jalisco, por las razones y para los efectos expuestos en el último considerando de la presente sentencia.

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