Diego Romero García

Expediente 137/2020 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
137/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
09/04/2021

Partes del expediente

  • Diego Romero García

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a nueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se aprecia que feneció el plazo de quince días que establece el párrafo primero del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera el auto que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 196, párrafo cuarto, de la ley reglamentaria, en su oportunidad, envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Por último, tomando en consideración que el asunto se encuentra concluido, es innecesaria la retención de los anexos que enviaron las autoridades responsables, por tanto, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo, porque será suficiente con el sello de dichas autoridades que se estampe en la constancia respectiva. Notifíquese; y personalmente a la defensora pública del quejoso.

  2. Principal

    Ciudad de México, a nueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, así como el citatorio y las razones actuariales, se advierte que la defensora pública María Del Carmen Yáñez Ramírez, no generó cita en este juzgado, ni contactó al actuario de esta adscripción en la temporalidad que se le concedió, a fin de notificarle personalmente el acuerdo de veintidós de febrero pasado; consecuentemente, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 21 del Acuerdo General 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, notifíquesele tal determinación mediante lista. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo ordenado, se notifica por lista a la defensora pública el auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno: Ciudad de México, a veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Vista la primera parte de la certificación de cuenta, y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 37/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, de conformidad con el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en este asunto, lo que implica la reanudación de su trámite. En ese sentido, vista la segunda parte de dicha certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que lo hubieren hecho. Por consiguiente, en razón que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192 y 196 de la ley de la materia, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la sentencia protectora se encuentra o no cumplida. Así, por sentencia de catorce de octubre del año pasado, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa, para que la Segunda Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad realizara lo siguiente: I. Dejara insubsistente la resolución reclamada; y II. Dictara otra determinación, en que siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia dictada en este controvertido, revocara la determinación de siete de octubre de dos mil diecinueve, emitida en la carpeta de ejecución 376/2019, del registro del Juzgado Tercero de Ejecución de Sanciones Penales de esta ciudad y concediera al quejoso el beneficio de la libertad condicionada. Concesión que se hizo extensiva al acto de ejecución al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Determinación que se declaró causó ejecutoria el doce de noviembre del año pasado, al no haber sido recurrida, por lo que se requirió a las autoridades responsables informaran el cumplimiento relativo. Así, las autoridades responsables, mediante diversos comunicados recibidos en este juzgado el dieciocho de noviembre del año pasado, informaron haber dado cumplimiento al fallo protector. Con base en lo anterior, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que lo hubieren hecho. En ese contexto, se concluye que la ejecutoria de amparo está cumplida. Así se considera, porque de las constancias remitidas se advierte que la sala responsable dejó sin efectos la resolución controvertida, asimismo, emitió otra siguiendo los lineamientos del fallo protector y concedió al quejoso el beneficio penitenciario señalado, asimismo, en cumplimiento, se ordenó la excarcelación del justiciable, quedando sujeto a las obligaciones correspondientes. Consecuentemente, es inconcuso que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, acorde con el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Finalmente, resérvese el envío del expediente al archivo de este juzgado, hasta en tanto transcurra el plazo de quince días que establece el primer párrafo del numeral 202, de la ley de la materia, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el último párrafo de dicho precepto. Notifíquese; y personalmente a la defensora pública del quejoso.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Vista la primera parte de la certificación de cuenta, y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 37/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, de conformidad con el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en este asunto, lo que implica la reanudación de su trámite. En ese sentido, vista la segunda parte de dicha certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que lo hubieren hecho. Por consiguiente, en razón que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192 y 196 de la ley de la materia, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la sentencia protectora se encuentra o no cumplida. Así, por sentencia de catorce de octubre del año pasado, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa, para que la Segunda Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad realizara lo siguiente: I. Dejara insubsistente la resolución reclamada; y II. Dictara otra determinación, en que siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia dictada en este controvertido, revocara la determinación de siete de octubre de dos mil diecinueve, emitida en la carpeta de ejecución 376/2019, del registro del Juzgado Tercero de Ejecución de Sanciones Penales de esta ciudad y concediera al quejoso el beneficio de la libertad condicionada. Concesión que se hizo extensiva al acto de ejecución al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Determinación que se declaró causó ejecutoria el doce de noviembre del año pasado, al no haber sido recurrida, por lo que se requirió a las autoridades responsables informaran el cumplimiento relativo. Así, las autoridades responsables, mediante diversos comunicados recibidos en este juzgado el dieciocho de noviembre del año pasado, informaron haber dado cumplimiento al fallo protector. Con base en lo anterior, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que lo hubieren hecho. En ese contexto, se concluye que la ejecutoria de amparo está cumplida. Así se considera, porque de las constancias remitidas se advierte que la sala responsable dejó sin efectos la resolución controvertida, asimismo, emitió otra siguiendo los lineamientos del fallo protector y concedió al quejoso el beneficio penitenciario señalado, asimismo, en cumplimiento, se ordenó la excarcelación del justiciable, quedando sujeto a las obligaciones correspondientes. Consecuentemente, es inconcuso que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, acorde con el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Finalmente, resérvese el envío del expediente al archivo de este juzgado, hasta en tanto transcurra el plazo de quince días que establece el primer párrafo del numeral 202, de la ley de la materia, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el último párrafo de dicho precepto. Notifíquese; y personalmente a la defensora pública del quejoso.

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