Diego Rodríguez Herrera
Expediente 1577/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1577/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Diego Rodríguez Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de trece de noviembre de dos mil diecinueve, que sobreseyó en el presente juicio, transcurrió sin que se haya hecho valer el medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Téngase este asunto como concluido y envíese al archivo. Ahora bien, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de dos mil nueve, se determina lo siguiente: El expediente principal es conservable de conformidad con lo dispuesto en el párrafo último de la fracción III, del artículo vigésimo primero, en razón de que el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, se otorgó la suspensión de plano. Asimismo, como se hizo constar, no obran documentos originales. De conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(VI)
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte lo siguiente: a) Por escrito presentado el cuatro de noviembre del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado a este tribunal el mismo día, Roberto Ibarra Triana solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de Diego Rodríguez Herrera, contra el acto reclamado al Juez Calificador en Turno adscrito a la Dirección de Justicia Municipal del Estado de Aguascalientes. Los actos reclamados se hicieron consistir en: - Privación ilegal de la libertad y/o arresto; e, -Incomunicación. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 1577/2019-V, se concedió la suspensión de plano para el efecto de que la autoridad responsable suspendiera de inmediato cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, cometido en contra del aquí quejoso, tales como penas de mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tomento de cualquier especie, privación de alimentos y agua, y cualquiera otra pena inusitada y trascendental. También para que fuera puesto en libertad en el caso de que la detención de la parte quejosa fuere efectuada por la autoridad administrativa señalada como responsable distinta del Ministerio Público, salvo que la detención obedeciera a la comisión de un delito y se tratara de flagrancia o en ejecución de una orden del Ministerio Público, en uso de la facultad que le otorga el párrafo sexto del artículo 16 constitucional en vigor, casos en que la medida cautelar se concedió para que la parte agraviada quedara a disposición del suscrito por lo que hacía a su libertad personal en el lugar donde se encontrara, sin perjuicio de que sin dilación alguna fuere puesto a disposición del Ministerio Público para que éste determinara sobre su libertad si procediese o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo décimo del artículo 16 constitucional establece, o bien determinara su consignación a la autoridad judicial. c) Se solicitó informe sobre el cumplimiento de la suspensión de plano a la autoridad señalada como responsable y se ordenó al actuario que se constituyera en el lugar en que se encontraba el directo quejoso, para que se le requiriera a fin de que manifestara si ratificaba o no la demanda presentada a su favor, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendría por no presentada la misma y se dejarían sin efecto las providencias decretadas. d) Consta que el Actuario Judicial se constituyó en las instalaciones de la responsable, en busca del directo quejoso con el objeto de notificarle el proveído de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, quien ratificó la demanda presentada en su nombre. e) Por acuerdo de cinco de noviembre de dos mil diecinueve se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. f) El Juez Municipal el cinco de los corrientes rindió informe sobre la suspensión de plano, y en él solicita se sobresea el presente juicio de amparo por haber cesado los actos reclamados, ya que el quejoso quedó libre, lo que se constató con la boleta de libertad que en copia certificada anexó a su comunicación, pues se advierte que Diego Rodríguez Herrera, fue puesto en libertad a las veinte horas con veintitrés minutos del cuatro de noviembre de este año. De los anteriores antecedentes se obtiene que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia de cesación de efectos que invoca la autoridad responsable, la cual se encuentra actualmente prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, que al respecto dispone: ..En sustento de lo anterior, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Luego, si la autoridad responsable solicita el sobreseimiento por cesación de efectos, es indicativo que no solamente lo dejó en libertad por motivo de la suspensión de plano, sino que ya dejó sin efectos la privación de libertad del mismo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: ...Del análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que por lo que hace a la detención del quejoso Diego Rodríguez Herrera han cesado los efectos del acto reclamado, porque tal como se advierte de la copia certificada de la boleta de libertad con folio A761756 que acompañó la autoridad responsable a su informe de suspensión de plano y del propio informe, se advierte que el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, a las veinte horas con veintitrés minutos se le dejó en libertad, en cumplimiento a la suspensión de plano ordenada en el presente juicio de amparo, y que la autoridad responsable ya no ejecutará dicha medida al dejarlo en libertad. Dichos documentos tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio de sus funciones. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Tesis: 2a./J-10/2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Finalmente, en la situación en concreto resulta innecesario dar vista al agente del Ministerio Público de esta adscripción, en términos de la tesis 1a. CCVII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo de 2014, tomo I, página 561, de rubro: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA". Lo anterior, cuenta habida que de las constancias que obran en el presente expediente, específicamente la razón asentada por el actuario de esta adscripción el cuatro de noviembre del año en curso, se advierte que el directo quejoso presentó buen estado en cuanto a su integridad física, que las instalaciones en que fue localizado se apreciaron en buen estado, limpias y espaciosas, aunado a que no presentó evidencia física sobre tortura y, al ser cuestionado al respecto, manifestó no haber sido objeto de tortura, ni malos tratos...se notifica por lista a la parte quejosa
- Principal
Visto el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Municipal en turno adscrito a la Dirección de Justicia del Municipio de Aguascalientes, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; déjese a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Conforme al artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas las documentales que acompaña la autoridad responsable a su informe de Ley, y únicamente escanéense las constancias que integran el acto reclamado, para que formen parte del expediente electrónico; las cuales serán tomadas en consideración al momento de llevar a cabo la audiencia constitucional. Con fundamento en el numeral 9 de la invocada ley, ténganse como delegados de la autoridad responsable, a los profesionistas que designa.
- Principal
Vista la razón actuarial de esta misma fecha, de la que se advierte que el quejoso... ratificó la demanda de amparo presentada a su favor... se admite la demanda en sus términos. -Suspensión- No ha lugar a aperturar el incidente de suspensión que solicita el quejoso, toda vez que el acto reclamado es la privación ilegal de la libertad y/o arresto, así como la incomunicación de que afirma es objeto, siendo precisamente dicho acto respecto del cual se concedió la suspensión de plano conforme a lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo; resultando innecesario el trámite de la citada incidencia. -Informe Justificado- Pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días improrrogables, de conformidad con el último precepto citado, en la inteligencia de que deberá exhibir copia certificada legible, completa y ordenada del acto reclamado y sus antecedentes. Apercibida que, en caso de ser omisa a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 117 y 260 fracción II de la ley de la materia, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario y se impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, acorde con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del numeral 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de conformidad con el artículo 4, fracciones I, II y III de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, dio a conocer que el valor diario de la unidad de medida y actualización... -Audiencia constitucional y apercibimiento- Se señalan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio, lo anterior atento a lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo. De igual manera con fundamento en el numeral 64 de la ley de la materia, se hace saber a las partes que tengan conocimiento de alguna causal de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional; apercibidas que, en caso de no hacerlo, con apoyo en el numeral 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de... -Ministerio Público- Por otra parte, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en los términos del artículo 5, fracción IV, de la ley reglamentaria. -Vista por inexistencia de autoridad- Dese vista a la parte quejosa para que si la autoridad que señaló como responsable no existe con la denominación que se indica en la demanda, manifieste lo que a su legal interés convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que de no hacerlo así, al celebrar dicha audiencia se tendría por inexistente a tal autoridad, mientras tanto se suspendería toda comunicación con ella. Sin perjuicio de que durante la tramitación de este juicio rectifique el señalamiento en su correcta denominación. -Habilitación de Horas- Con apoyo en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la materia, este Juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente. -Información reservada o confidencial- En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, exponiendo las razones por las que le hayan otorgado dicha clasificación, lo anterior sin perjuicio de que sean considerados como sujetos obligados, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -Consulta vía internet- De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Del mismo modo, se les hace saber que podrán recibir notificaciones vía electrónica, previa manifestación expresa que al efecto realicen a este tribunal; solicitud que podrá ser revocada, si así lo manifiestan. -Transparencia- Finalmente, con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 73, fracción II, y así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán con la supresión de sus datos personales, salvo que medie consentimiento expreso por escrito, de conformidad con el último párrafo del artículo 68 de la citada Ley General. -Informe suspensión de plano- Por otra parte, visto el oficio de cuenta, con apoyo en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, téngase al Juez Municipal en Turno adscrito a la Dirección de Justicia Municipal del Estado, informando sobre la suspensión de plano dictada el cuatro de noviembre de este año. Con fundamento en el numeral 9 de la invocada ley, ténganse como delegados de la autoridad responsable, a los profesionistas que designa.(VI)
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