Diego Roberto Vázquez Barrera
Expediente 1032/2014 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 20 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1032/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 15/05/2015
Partes del expediente
- Diego Roberto Vázquez Barrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Incidental
México, Distrito Federal, quince de mayo de dos mil quince. Visto el estado de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que no obra algún medio de defensa legal pendiente de resolverse ni diligencias pendientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, se establece que el original de este incidente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otro lado, respecto del duplicado del incidente de suspensión con fundamento en el artículo vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez transcurridos seis meses a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, procédase a su destrucción. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el juez José Alfonso Montalvo Martínez, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, ante Javier Arturo Herrejón Cedeño, secretaria de juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
México, Distrito Federal, a quince de mayo de dos mil quince. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de revisión contra del proveído por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Finalmente, visto el estado que guardan los autos, y toda vez que no es necesaria la permanencia de las constancias remitidas por el Juez Vigésimo Sexto Penal del Distrito Federal (ANEXO I), hágase la devolución de las mismas, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
México, Distrito Federal, veinticuatro de abril de dos mil quince. Agréguese a los autos la razón del actuario judicial adscrito a este juzgado, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo de notificar personalmente al quejoso DIEGO ROBERTO VÁZQUEZ BARRERA, el proveído de 20 de abril de 2015. Por lo anterior, demostrada la imposibilidad material que tuvo la funcionaria judicial para practicar la notificación de mérito en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, notifíquese por lista que se fije en los estrados de este juzgado, el auto de referencia, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal hasta en tanto señalen domicilio para tal efecto. Notifíquese.
- Principal
(Razón de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de veinte de abril de dos mil quince a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:" ". México, Distrito Federal, a veinte de abril de dos mil quince. Vista la certificación y cuenta que anteceden y el estado que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días, otorgado a la quejosa DIEGO ROBERTO VÁZQUEZ BARRERA para acreditar la publicación de los edictos respectivos para lograr el emplazamiento al presente juicio de Marcial Flores González representante legal de Inmobiliaria Alcalla, Sociedad Anónima de Capital Variable, tercero interesado, ha transcurrido en exceso. Para justificar lo anterior es necesario tomar en cuenta: - El trece de noviembre de dos mil catorce, al rendir su informe justificado la autoridad responsable Juez Vigésimo Sexto Penal en el Distrito Federal, proporcionó un domicilio donde pudiese encontrarse a Marcial Flores González representante legal de Inmobiliaria Alcalla, Sociedad Anónima de Capital Variable; por tal motivo, se ordenó al actuario judicial adscrito a que se constituyera en el domicilio señalado por la autoridad antes mencionada, sin que hubiera logrado localizarlo. - El veintitrés de noviembre de dos mil catorce, se requirió a la parte quejosa y al juez responsable para que, en el plazo de tres días, proporcionara un domicilio donde pudiese ser notificado Marcial Flores González representante legal de Inmobiliaria Alcalla, Sociedad Anónima de Capital Variable. - El uno de diciembre de dos mil quince, la autoridad responsable proporcionó, un nuevo domicilio fuera de esta jurisdicción para emplazar a dicho tercero; por tal motivo, se ordenó al actuario judicial adscrito a que se constituyera en el domicilio señalado por la autoridad antes mencionada, sin que hubiera logrado localizarlo. - El diez de diciembre de dos mil quince, el quejoso proporcionó, un nuevo domicilio fuera de esta jurisdicción para emplazar a dicho tercero; por tal motivo, se ordenó al actuario judicial adscrito a que se constituyera en el domicilio señalado por la autoridad antes mencionada, sin que hubiera logrado localizarlo. - El diecisiete de diciembre de dos mil catorce, para evitar mayores dilaciones, se requirió a diversas autoridades, a saber: Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral; al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social; al Administrador General de Servicios al Contribuyente, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Distrito Federal; al Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado; al Secretario de Relaciones Exteriores; a la Compañía Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., y, al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito, para que, en auxilio de la Justicia Federal proporcionaran el domicilio actual y correcto del tercero interesado Marcial Flores González representante legal de Inmobiliaria Alcalla, Sociedad Anónima de Capital Variable; así también, se dijo a la quejosa que de resultar infructuosa dicha localización, el emplazamiento respectivo se haría por medio de edictos a su costa, de conformidad con el artículo 27, fracción III, última parte de la Ley de Amparo y 315, del Código Federal de Procedimientos Civiles (foja 323). Todas la dependencias no tenían registro alguno con excepción del Administrador General de Servicios al Contribuyente, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Distrito Federal, la cual proporcionó el domicilio en Calle Ferrocarril a Cuernavaca, Número 283-A, Colonia Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11529, en esta ciudad; por tal motivo, se ordenó al actuario judicial adscrito a que se constituyera en el domicilio señalado por la autoridad antes mencionada, sin que hubiera logrado localizarlo. - En dos de marzo actual, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y, por ello, se requirió a la parte quejosa para en el plazo de veinte días, recogiera los edictos respectivos y, así, lograr el emplazamiento de Marcial Flores González representante legal de Inmobiliaria Alcalla, Sociedad Anónima de Capital Variable, tercero interesado; sin que hasta la fechas los hubiera recogido, ya que, a la fecha, ha transcurrido el término otorgado para ello. Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III y 5°, fracción III, del propio ordenamiento legal, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, ya que la parte quejosa incumplió con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que este juzgador no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el presente juicio constitucional. Además de que el quejoso por sí ni por conducto de sus autorizados hizo manifestación alguna en el sentido de que no cuenta con la solvencia económica para pagar los referidos edictos, a pesar de la vista que se le concedió en su momento en auto de dos de marzo del año en curso. Apoya lo anterior, la jurisprudencia en Materia Común 1a./J. 84/2011, visible en la página doscientos sesenta y seis, Tomo XXXIV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, septiembre de dos mil once, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 161091, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO. El artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, impone la obligación de emplazar al tercero perjudicado al juicio de garantías, inclusive mediante edictos, ante el extremo de no obtener datos para localizarlo. La observancia de esta formalidad en el juicio de amparo directo en materia penal promovido por el enjuiciado cumple con el objetivo de otorgar a la víctima u ofendido del delito, con derecho a recibir la reparación del daño, la oportunidad de ser escuchado respecto del interés que tiene en la subsistencia del acto reclamado. Ahora bien, en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso que le impidan dar cumplimiento al requerimiento para que se realice el emplazamiento del tercero perjudicado mediante edictos, como la falta de recursos económicos para cubrir el costo, derivada de la privación de su libertad personal como consecuencia de la sentencia condenatoria que reclama o de sus condiciones personales, basta que se exprese esta condición de insolvencia económica para que, en estricto apego a los fines del juicio de amparo y de la garantía de acceso a la justicia, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se proceda a ordenar la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal.". Tiene apoyo lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, IUS 164074, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, agosto de 2010, página 416, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo". En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las 9:20 HORAS DEL 30 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. Notifíquese personalmente.
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