Diego Ramón Figueroa Fragoso

Expediente 230/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
230/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
27/04/2022

Partes del expediente

  • Diego Ramón Figueroa Fragoso

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el once de abril de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, así como el precepto noveno del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el quejoso ********, mediante el cual cumple con la prevención que se le formuló en acuerdo de seis de abril del año actual, ya que precisa cuales son los actos reclamados en el presente asunto. Desechamiento. En primer lugar, debe precisarse que del análisis del ocurso de demanda, se desprende que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: Los criterios básicos para la imposición de correctivos disciplinarios y graduación de los arrestos, contenidos en el Acuerdo Secretarial número ***** ; La inconstitucionalidad de los artículos 12 y 16 del Reglamento de la Junta de Almirantes, Consejos de Honor Superior y Ordinario; y, El procedimiento administrativo de Consejo de Honor Ordinario en la Décimo Primera Zona Naval instaurado en contra del quejoso. Ahora, por lo que hace a los actos reclamados marcados con los numerales 1 y 2, resulta pertinente destacar que la parte promovente, en el escrito aclaratorio de cuenta, manifestó que no existe un acto de aplicación como tal, por lo que reclama a las normas como autoaplicativas. Sentado lo anterior, se estima oportuno atender lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo en mención señala que para que el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. En ese tenor, se estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, con relación en los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años. III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De los artículos transcritos, se obtiene que el juicio de amparo puede, en atención a lo reclamado, instarse en distintos plazos legales; en el caso concreto, el quejoso impugna una ley con motivo de su entrada en vigor, por lo que el plazo de treinta días para la promoción del juicio se cuenta a partir de su entrada en vigor. Ello pues la parte quejosa reclama: Los criterios básicos para la imposición de correctivos disciplinarios y graduación de los arrestos, contenidos en el Acuerdo Secretarial número ***** La inconstitucionalidad de los artículos 12 y 16 del Reglamento de la Junta de Almirantes, Consejos de Honor Superior y Ordinario; y, Al respecto, debe decirse que como bien lo expone el quejoso al manifestar que no existe un acto de aplicación como tal, por lo que reclama a las normas como autoaplicativas, mismas que entraron en vigor el veinticinco de noviembre de dos mil veinte y cinco de julio de mil novecientos setenta y nueve, respectivamente, tal como se advierte de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte y cuatro de julio de mil novecientos setenta y nueve, pues en su único transitorio textualmente dice: "TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Catálogo entrará en vigor al día siguiente de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación." Consecuentemente, la presentación de la demanda de amparo en este Juzgado de Distrito, resulta extemporánea, puesto que ya había transcurrido el plazo que la parte quejosa tenía para tal efecto. Al respecto, resulta necesario precisar que una ley autoaplicativa puede ser combatida en dos diferentes momentos, esto es, dentro de los treinta días a partir de su entrada en vigor, y dentro de los quince días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, o al en que haya tenido conocimiento de ellos, sin que puedan coexistir simultáneamente, pues tal circunstancia provocaría inseguridad jurídica. Así, en el caso concreto, el quejoso impugna la ley a partir de su entrada en vigor como autoaplicativo, pues considera que con su simple entrada en vigor se ubica en riesgo inminente de que el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONSEJO DE HONOR ORDINARIO DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA NÚMERO 25, DE LA DÉCIMO PRIMERA ZONA NAVAL, PERTENECIENTE A LA QUINTA REGIÓN NAVAL DE LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO, pueda ejercer acciones que invadirán su esfera jurídica, asimismo, no puede considerarse como heteroaplicativa pues no se ha actualizado en su contra el decreto reclamado, según lo expuesto bajo protesta de decir verdad por el quejoso. Sin que ello implique obstáculo para que, en su caso, promueva el amparo dentro de los quince días, posteriores a su primer acto de aplicación. En tales condiciones, el plazo para la interposición de la demanda de amparo es de treinta días, pero la demanda la presentan fuera del referido plazo, por lo que el juicio de garantías resulta improcedente por lo que hace a la ley. En consecuencia, a la fecha de presentación de la demanda de garantías en el buzón judicial -como se advierte de la impresión de la boleta de turno, por la Ofician de Correspondencia Común-, treinta de marzo de dos mil veintidós, ésta resulta extemporánea. Dicho de otra forma, la impugnación de inconstitucionalidad de los artículos en mención, que realiza la parte quejosa, con motivo de su entrada en vigor, esa impugnación debió hacerse dentro de los treinta días contados a partir del día en que entró en vigor el decreto, pues el término comenzó el día siguiente hábil que fue el veintiséis de noviembre de dos mil veinte y seis de julio de mil novecientos setenta y nueve, respectivamente, procediendo a hacer el cómputo debido, para la presentación de la demanda constitucional: FECHA DE ENTRADA EN VIGOR TRASCURSO DEL PLAZO Los criterios básicos para la imposición de correctivos disciplinarios y graduación de los arrestos, contenidos en el Acuerdo Secretarial número ***** Veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Del veintiséis de noviembre de dos mil veinte al ocho de enero de dos mil veintiuno. La inconstitucionalidad de los artículos 12 y 16 del Reglamento de la Junta de Almirantes, Consejos de Honor Superior y Ordinario. Cinco de julio de mil novecientos setenta y nueve. Del seis de julio al quince de agosto de mil novecientos setenta y nueve. De ahí, la oportunidad para la presentación de la demanda que motivó el presente juicio, se debe atender al plazo previsto en la ley vigente, mismo que se computará a partir de su entrada en vigor. En consecuencia, al hacer la impugnación de su constitucionalidad en los términos que precisa el quejoso en su demanda, y haber presentada su escrito de demanda en el buzón judicial hasta el treinta de marzo de dos mil veintidós -ya pasado el termino vencido de los treinta días, los cuales concluyeron el ocho de enero de dos mil veintiuno y quince de agosto de mil novecientos setenta y nueve-, es incuestionable que su impugnación es extemporánea, lo que conlleva a desechar por extemporánea la demanda de amparo, con fundamento en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los artículos 17 y 18 ambos de la Ley de Amparo. *En otro orden de ideas, por lo que respecta al acto reclamado señalado con el punto 3, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al dispositivo 6º, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, constitucional, estos últimos interpretados a contario sensu, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley; Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;". Tales dispositivos legales y constitucional prevén el principio rector del juicio de amparo denominado "principio de agravio personal y directo", el cual significa que únicamente quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, puede ser titular de la acción constitucional, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por el Pacto Federal y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sin embargo, en el caso concreto que nos ocupa, no se actualiza el agravio personal y directo que impone dicho principio rector consagrado en los numerales previamente transcritos. Para dar sustento a lo anterior debe tenerse en cuenta que el acto reclamado que se analiza consiste en lo siguiente: "El procedimiento administrativo de Consejo de Honor Ordinario en la Décimo Primera Zona Naval instaurado en contra del quejoso.". Esto es, de lo antes transcrito y del análisis integral de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se obtiene que el peticionario de amparo combate el procedimiento administrativo de Consejo de Honor Ordinario en la Décimo Primera Zona Naval que pretenden instaurar las autoridades responsables instaurar en contra del quejoso. Además, es importante destacar que el propio quejoso en su escrito aclaratorio manifestó, bajo protesta de decir verdad, que reclama como acto inminente al Consejo de Honor el procedimiento al que pretenden sujetar al quejoso, mismo que le fue notificado posteriormente a su demanda de amparo, sin embargo, del anexo presentado por el quejoso se aprecia que únicamente fue llamado a una audiencia de comparecencia para el seis de abril de dos mil veintidós, por lo que se desconoce si a la fecha ya ha sido emitido el acto reclamado en estudio, pues no se le ha notificado el mismo; lo cual constituye una confesión expresa que hace prueba plena, de conformidad con el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de acuerdo a su precepto 2. Por tanto, bajo las anteriores premisas, es claro que se está en presencia de un acto futuro e incierto. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el agravio que da derecho a la promoción del juicio de amparo debe de ser directo, es decir, de realización presente, pasada o bien inminentemente futura, muy cercana a ocurrir. Para mayor entendimiento, cabe precisar que el agravio es presente cuando los efectos del mismo operan al promoverse el amparo; es pasado cuando sus efectos ya han concluido, e inminentemente futuro cuando los efectos aún no se inician, pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño un perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 6 de la Ley de Amparo condiciona su promoción a que el acto reclamado perjudique a la parte quejosa. Con base en lo expuesto en las líneas que anteceden, se evidencia que existen actos futuros e inciertos y actos futuros pero inminentes. En los primeros, su realización está sujeta a meras eventualidades y, por ser inciertos, constituyen un supuesto de improcedencia del juicio de amparo, ya que la eventualidad y la incertidumbre de su realización no permiten asegurar que el acto reclamado perjudica a la parte promovente del amparo o que existe una cercanía en la realización del perjuicio que el artículo 6 de la ley en la materia exige como condición para que pueda promoverse el juicio, por tanto, el agravio futuro remoto, sin proximidad temporal o real, no da lugar a que pueda promoverse el amparo. De igual forma, en lo conducente y a contrario sensu, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que señala: "ACTO INMINENTE. CARACTERÍSTICA. Para que un acto de autoridad revista el carácter de inminente, es menester que el mismo derive de manera directa y necesaria de otro preexistente, de tal manera que con facilidad pueda asegurarse que se ejecutará en breve y sin lugar a dudas, pues de otra manera ese acto no sería inminente sino futuro e incierto, contra el que no procede otorgar la suspensión.". En conclusión, el presente juicio de amparo deviene improcedente contra el acto reclamado en estudio, en primer lugar, porque su característica futura está demostrada en tanto que el quejoso no tiene conocimiento de que ya haya sido emitido, en segundo lugar, su naturaleza incierta deviene en razón de que el quejoso supone que lo sujetaran a un procedimiento administrativo, lo cual no es aceptable, en tanto que el agraviado desconoce siquiera si el acto ya fue emitido, por ende, menos aún puede conocer el sentido del mismo y, en ese contexto, no puede reclamar un agravio al respecto si no tiene noción acerca de si le causará o no una afectación en su esfera jurídica. En consecuencia, todo lo antes expuesto permite establecer que respecto al acto reclamado en estudio, es decir, el precisado en el punto 3, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al 6, ambos de la ley en la materia y 107, fracción I, de la Carta Magna, estos últimos interpretado a contario sensu. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación al diverso 62 del propio ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · 9,407 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano