Diego Ramón Figueroa Fragoso

Expediente 1058/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1058/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
20/10/2021

Partes del expediente

  • Diego Ramón Figueroa Fragoso
  • Presidente del Honorable Consjeo de Honor Ordinario de la Primera Zona Naval de Ciudad Madero, Tamaulipas de la Primera Región Naval de la Secretaría de Marina Armada de México

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, así como de la demanda de garantías, de los que se advierte que la parte quejosa solicitó que las notificaciones en el presente juicio se le realizaran de manera electrónica y proporcionó cuenta de correo electrónico, circunstancia que se omitió acordar en el auto de radicación. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se regulariza el procedimiento, y se procede acordar de conformidad a lo solicitado. Notificaciones electrónicas. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica, en el entendido de que la[s] parte[s] que así lo solicita[n] quedaran sujetas a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), que dice: NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica. En virtud de lo anterior, se ordena que la notificación del auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno se realice de manera electrónica. . Designación de correo electrónico. Con apoyo en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene al promovente proporcionando la[s] cuenta[s] de correo electrónico que indica, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN III, 27 FRACCIÓN I Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, ASÍ COMO SE ENCUENTRA ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA SÍNTESIS DEL AUTO DE VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO: Ciudad Madero, Tamaulipas, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Presidente del Honorable Consejo de Honor Ordinario de la Primera Zona Naval de Ciudad Madero, Tamaulipas de la Primera Región Naval de la Secretaría de Marina Armada de México, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Regístrese en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 1058/2021-V-B. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda. Esta juzgadora procede a examinar la demanda de amparo y su anexo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dice: [A]rtículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Los citados preceptos imponen, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS"1. Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados 1 Jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77. claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Conforme a esos lineamientos, a criterio de esta juzgadora, considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario. Numerales que son de contenido siguiente: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De lo anterior se advierte que el amparo indirecto procede contra actos de autoridades administrativas, distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emitidos en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Además, establece que dichos actos sólo pueden reclamarse hasta que se dicte la resolución definitiva, ya sea por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de éstas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución, o bien, si se trata de actos en el procedimiento que sean de imposible reparación. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que por procedimiento seguido en forma de juicio debe entenderse tanto aquél en que la autoridad dirime una controversia entre partes, como en el que prepara su resolución final, con audiencia del gobernado. Tal criterio se advierte de la jurisprudencia 22/2003, de contenido siguiente: PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo2. Por otra parte, debe resaltarse que de conformidad con el propio artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, las violaciones procesales acontecidas dentro del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, no son reclamables de manera inmediata a través del juicio de amparo indirecto, sino que, en su caso, se podrán impugnar en la demanda de amparo promovida contra la resolución definitiva, siempre que hayan dejado sin defensa al quejoso e incidido en el resultado de esta última decisión. Por el contrario, el citado numeral, en el inciso b), dispone que sí podrán reclamarse de manera inmediata, a través del juicio de amparo indirecto, los actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendidos como aquellos que afectan materialmente los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano es parte. En este sentido, un acto procesal será de imposible reparación cuando afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos, de modo que no pueda ser subsanado aunque se obtenga sentencia favorable, por haberse consumado irreparablemente el derecho humano de que se trate. Sobre el tema señalado en el párrafo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintidós de mayo de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, consideró que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, Novena Época. Tomo XVII. Abril de 2003. Página 196. Registro: 184435 se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en lo anterior, sostuvo nuestro Máximo Tribunal, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. La interpretación que antecede, refirió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dedujo de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivossino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo la línea argumentativa que precede se concluyó, que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" se abandonaba el criterio de que el juicio de amparo indirecto procedía excepcionalmente en contra de violaciones procesales cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse dicha concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos, y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza material de la lesión que producen3. Conforme a lo anterior, es dable concluir que para que sea procedente el juicio de amparo indirecto contra un acto, omisión o resolución proveniente de un procedimiento administrativo seguido 3 Lo anterior, se vio reflejado en la jurisprudencia de la Época: Décima. Registro: 2006589. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios en forma de juicio, es condición necesaria que se trate de la resolución definitiva, o bien, que afecte de manera directa derechos sustantivos; de ahí que, si el acto reclamado no constituye alguna de estas determinaciones, entonces el amparo será improcedente de conformidad con la última fracción del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción III, interpretado en sentido contrario. Estudio de la demanda Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo4, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado la citación para comparecer personalmente a la audiencia y procedimiento ante el Consejo de Honor Ordinario en la Primera Zona Naval instaurado en su contra, previsto en el Reglamento de la Junta de Almirantes, Consejos de Honor, Superior y Ordinario5, que se llevará a cabo el veintiuno de 4 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Registro: 192097. 5 Artículo 14.- La comparecencia del personal naval que deba presentarse ante los organismos a que se refiere el Artículo 1° de este Reglamento será por orden escrita del Mando correspondiente, acompañándola del expediente del interesado y de los elementos de juicio necesarios para conocer de las faltas. Artículo 15.- El Presidente designará quien llevará la voz acusadora, de entre el personal del mismo grado o superior al del acusado, de preferencia de su mismo Cuerpo o Servicio, residente en la sede del Mando correspondiente. Tratándose de Clases y Marinería deberá ser invariablemente un Capitán u Oficial y en ningún caso, de mayor grado que el Presidente. Artículo 16.- Al notificar por escrito al acusado su obligación de comparecer ante el Organismo, se le harán saber las faltas de que se le acusa, así como el derecho que tiene para designar su defensor, debiendo ser éste del mismo grado o superior, y de preferencia de su mismo Cuerpo o Servicio, pero en ningún caso de mayor grado que cualesquiera de los integrantes del Organismo; previniéndole que de no hacerlo, le será designado uno por el Presidente del Organismo, el Defensor será de la adscripción del Mando correspondiente. Tratándose de Clases y Marinería el defensor será Capitán u Oficial. Sólo en casos especiales, y previa autorización del Comandante General de la Armada, el acusado podrá designar su defensor de entre el personal que no resida en la sede del Mando a que esté adscrito, siempre que los pasajes y gastos de estancia corran por parte del propio acusado. Artículo 17.- El acusado no podrá designar su defensor de entre los integrantes del organismo. Artículo 18.- El Presidente comunicará por oficio al acusado, al defensor y a la voz acusadora, con copia al Mando correspondiente, la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la primera audiencia. Si fuere necesario realizar más audiencias, al término de cada una de ellas, se comunicará verbalmente lo conducente, debiendo quedar asentado en el acta respectiva. Artículo 19.- Salvo causa de fuerza mayor, debidamente comprobada a satisfacción del Presidente del Organismo, la no comparecencia del acusado ante el mismo será sancionada como previene el Código de Justicia, sin perjuicio de que al presentarse, se continúe el juicio por la falta que se le impute. Artículo 20.- El Organismo actuará en forma abierta, pero no podrá asistir, en ningún caso, personal de menor jerarquía a la del acusado. Artículo 21.- Reunido el Organismo y estando presente el acusado, su defensor y la voz acusadora, el Presidente declarará abierta la audiencia, tomándole sus generales de identidad y lo exhortará a conducirse con verdad. De no haber nombrado defensor el Presidente procederá a designarlo, permitiéndole 24 horas para conocer de los hechos. Artículo 22.- En primer término, el Presidente concederá el uso de la palabra a la voz de la acusación, que deberá expresar en forma concreta los cargos y pruebas que tuviere que ofrecer. Artículo 23.- Una vez formulados los cargos, el Presidente exhortará al acusado a exponer su defensa, ya sea por si mismo o por voz de su defensor. En su defensa el acusado podrá manifestar lo que considere conveniente, estando en aptitud de ofrecer las pruebas que a su juicio fueren favorables, sin más limitaciones que las reglas de disciplina y el respeto a sus superiores. De confesarse culpable, tal hecho se considerará como atenuante. Artículo 24.- Analizadas las pruebas ofrecidas, el Organismo resolverá cuáles se admiten y cuáles se desechan por no ajustarse a derecho. Esta resolución no admitirá recurso alguno. ALICIA JANNETHE VELASCO RUIZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.38.34.36.30.35.35 22/04/24 14:05:14 septiembre de dos mil veintiuno, así como todas sus consecuencias jurídicas, para exponer lo que a su derecho convenga en torno a la presunta comisión de una falta grave en contra de la disciplina naval. Asimismo, de la lectura de la demanda y sus anexos, se advierte en forma patente y absolutamente clara [manifiesto] que [1] que en el oficio 04/2021, de siete de septiembre de dos mil veintiuno, en autos del expediente ANT´S Rad. RN.- 1.- INSP.- C.- 2417/2021.- 363 del 10/07/21 el Presidente del Consejo de Honor Ordinario, con sede en Ciudad Madero, lo cita a comparecer personalmente, a las diez horas del veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, a fin de determinar la existencia de una falta grave en contra de la disciplina naval que se le imputa y la presunta responsabilidad del aquí quejoso, lo anterior a efecto de formular su contestación sobre los hechos que se le atribuyen y ofrezca las pruebas que estime necesarias para su defensa. De igual manera, se tiene la certeza y plena convicción [indudable] de que la causa de improcedencia de que se trata efectivamente se actualiza en el caso concreto, porque la improcedencia del acto reclamado es incuestionable desde este momento procesal; esto es, es innecesario recabar constancias para recabar mayor información a la que actualmente se tiene, pues es patente que la citación para comparecer a la audiencia señalada, únicamente produce efectos intraprocesales; por tanto, no es un acto de imposible reparación susceptible de combatirse a través del juicio Artículo 25.- De ser necesario se fijará fecha para audiencia de desahogo de pruebas, comenzando por las de la voz acusadora. Artículo 26.- En caso de que por causa de fuerza mayor no pueda desahogarse alguna de las pruebas ofrecidas, podrá diferirse la audiencia por el término que se estime conveniente y por una sola ocasión. Si en el tiempo señalado no fuere posible el desahogo de la prueba, la misma se desechara de plano sin ulterior recurso. Artículo 27.- Los integrantes del Organismo podrán interrogar a testigos, peritos o al enjuiciado, para fundamentar mejor su opinión. Los peritos y testigos únicamente estarán presentes en el momento del desahogo de la prueba y cuando el Presidente lo estime conveniente. Artículo 28.- Si las personas requeridas en el Organismo, no pertenecen a la unidad de su jurisdicción, el Presidente solicitará su comparecencia al Comandante del Mando respectivo, quien resolverá lo conducente. Presentes los involucrados, se les hará saber el día y la hora de la celebración de la audiencia, para que comparezca a ella. Artículo 29.- Desahogadas las pruebas y concluidos los alegatos de fiscal y defensor se concederá el uso de la palabra al acusado para que manifieste lo que a sus intereses convenga. Artículo 30.- Concluida la audiencia, el Presidente ordenará desalojar la Sala y procederá a recabar la votación, que será secreta. La votación empezará por la del más novel de los Vocales y concluirá con la del Presidente. Artículo 31.- La votación sólo determinará si el acusado es culpable o inocente. Cuando el veredicto sea de culpabilidad, se deliberará el castigo que deba imponerse o recomendarse. En caso de no llegar a un acuerdo respecto a la sanción, el Presidente decidirá lo que corresponda. ALICIA JANNETHE VELASCO RUIZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.38.34.36.30.35.35 22/04/24 14:05:14 de amparo indirecto. Lo anterior es así, toda vez que el presente asunto proviene de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en el que se pretende que un servidor público responda por actos indebidos en el desempeño de su cargo, donde no se ha dictado resolución definitiva. Además, que los actos reclamados no constituyen la resolución definitiva con la que se concluya el procedimiento de responsabilidad instaurado en contra del aquí quejoso, pues como ha quedado de manifiesto, en dicho acto únicamente se decretó la citación a la audiencia inicial para rendir declaración en relación a los hechos que se le atribuyen a fin determinar su responsabilidad, esto es, dicha determinación constituye una actuación procedimental. Efectivamente, pues en atención a la naturaleza y efectos del aludido citatorio, se concluye que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tiene como efecto sujetar al servidor público, presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la disciplina, prestigio e imagen pública de la Armada de México, al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia Constitución. Lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior, en virtud de que ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiere adolecer dicho citatorio pueden no llegar a trascender ni producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener sentencia desfavorable, podría controvertirlos cuando promoviera el medio de defensa legal y, de ser el caso, el amparo indirecto contra la resolución definitiva para obtener la insubsistencia del procedimiento relativo al nulificarse el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto Igualmente, tampoco se trata de actos de imposible reparación, pues para poder reclamar dichos actos en esta vía de amparo indirecto, tendrían que producir una ejecución de imposible reparación, es decir, que afectara materialmente en forma directa e inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa, lo que en el caso no sucede, pues como se dijo, se trata de actos intraprocesales. En este sentido, si la condición para que el amparo indirecto proceda contra un acto, omisión o resolución proveniente de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, es que se trate de la resolución definitiva, o bien, que afecte de manera directa derechos sustantivos y, en el presente caso, los actos reclamados no constituyen alguna de estas determinaciones. Es aplicable, por identidad, la jurisprudencia que dice: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE. La determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de la materia, debe atender a su naturaleza y a las consecuencias que produce, es decir, a si afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, o si produce una afectación en grado predominante o superior de derechos formales o procesales, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, ya que bastaría que le imputara al acto correspondiente una transgresión a sus derechos sustantivos para que procediera el juicio de garantías, independientemente de lo fundado o infundado de su planteamiento, en tanto ello sería cuestión que atañe al fondo del asunto, además de que sería contrario a la presunción de legalidad o legitimidad del acto jurídico administrativo, que lleva a considerarlo legalmente válido mientras no sea declarado nulo, y que impide tener por cierta, a priori, la violación que le impute el gobernado, como lo sería la relativa a que el citatorio para la audiencia del procedimiento de responsabilidades administrativas de un servidor público viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por incompetencia de la autoridad que lo emitió. Así, en atención a la naturaleza y efectos del aludido citatorio, se concluye que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tiene como efecto sujetar al servidor público, presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia Constitución; lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior, en virtud de que ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiere adolecer dicho citatorio pueden no llegar a trascender ni producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener sentencia desfavorable, podría controvertirlos cuando promoviera el medio de defensa legal y, de ser el caso, el amparo indirecto contra la resolución definitiva para obtener la insubsistencia del procedimiento relativo al nulificarse el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto6. Máxime que en el propio oficio 04/2021 en donde se le cita para comparecer a la audiencia inicial el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se comunica que su expediente de cuerpo y la documentación a la falta que se le imputa se encuentra en poder de la presidencia de dicho Consejo de Honor, los que en caso de solicitar, le serán facilitados para su consulta a fin de que este en oportunidad de ofrecer y desahogar todas las pruebas que considere a su favor. En esas condiciones, el procedimiento prevé que se llevarán a cabo todas las audiencias que resulten necesarias; asimismo, de resultar pertinente se fijará audiencia para desahogo de pruebas y en caso de que alguna de las pruebas admitidas no pueda desahogarse, podrá diferirse la audiencia por el tiempo que se estime conveniente, por lo que es evidente que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos. En tales condiciones, con fundamento en los arábigos 112 y 113, del ordenamiento legal mencionado, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Diego Ramón Figueroa Fragoso; al reclamar un acto que no es de ejecución irreparable. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a los promoventes o sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo se tiene[n] y como autorizado[s] en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] María del Socorro Ramírez Caballero, Jacinto Iturbe Lara, David Antonio Torre Prieto, Mauricio Morales de Santiago y José Julián Blanquel Romero; así como autorizados en términos del segundo párrafo del citado ordenamiento legal, a los diversos profesionistas que indica, en virtud de no contar con cédula debidamente registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Conforme lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. Así, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la presente determinación se adopta así, con fundamento en la ampliación de plazos procesales a que se refiere el artículo 2°, fracciones III, IV, V y VIII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese en términos de ley.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 9,351 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano