Diego Rafael Del Castillo Trujillo

Expediente 1430/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1430/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
09/11/2016

Partes del expediente

  • Diego Rafael Del Castillo Trujillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA VII "... Agréguese el oficio procedente del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta localidad; atento a su solicitud infórmese a la oficiante, que mediante auto de primero de septiembre pasado este juzgado acepto la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo 679/2016 de su índice, promovida por Diego Rafael del Castillo Trujillo y se avocó al conocimiento de dicha demanda de amparo. Acúsese recibo correspondiente..."

  2. Principal

    MESA VII "... Vistos los autos y la certificación de cuenta; toda vez que por auto del seis de septiembre de dos mil dieciséis, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo (foja 17), el cual no fue recurrido por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión y dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, así como el original del incidente de suspensión, serán conservados en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Dedúzcase copia autorizada para el incidente de suspensión..."

  3. Incidental

    MESA VII "... Agréguese sin mayor proveído, el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, mediante el cual solicita: 1) Que sea revocada la suspensión provisional concedida al quejoso DIEGO RAFAEL DEL CASTILLO TRUJILLO a fin de que se dejen expeditas las facultades de las autoridades responsables para ejecutar la orden de aprehensión, detención o consignación por no haber cumplido con los requisitos que establece el artículo 135 y 139 de la Ley de Amparo; toda vez que en proveído de seis de septiembre del año que transcurre el presente juicio se declaró sin materia. Notifíquese..."

  4. Principal

    MESA VII "... Vista la demanda de amparo promovida por DIEGO RAFAEL DEL CASTILLO TRUJILLO, contra actos del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el juicio de amparo indirecto 1430/2016. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, XII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 117, 128 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se admite la demanda de garantías promovida; tramítese con incidente de suspensión, por SÍ haberse solicitado. Con apoyo en el normativo 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita y que, de ser ciertos los actos reclamados, en el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; DEBIENDO COMUNICAR EL CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA DE LA PARTE QUEJOSA. Apercibidas que de no rendir el informe justificado y remitir copia certificada, completa y legible de las constancias necesarias para resolver este juicio; con apoyo en el artículo 260 fracción II, de Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien a mil días calculados al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación. TAMBIÉN, cuando las partes tengan conocimiento de causa de sobreseimiento alguna, la comunicarán de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. Se fijan las NUEVE HORAS CUARENTA MINUTOS DEL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para celebrar la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la ley de la materia, emplácese a juicio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, haciéndole entrega de copia simple de la demanda de amparo. Con apoyo en el numeral 5º, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, con transcripción de este auto, una vez que las autoridades responsables rindan informe justificado, en caso de ser ciertos los actos reclamados, notifíquese la presentación de esta demanda al Agente del Ministerio Público que actúa en el proceso penal del que derivan. Asimismo, se solicita a la autoridad responsable que informe a este Juzgado, si se ha promovido juicio de garantías diverso contra los actos aquí reclamados o cualesquiera otra resolución que verse sobre los mismos hechos que generaron la causa penal relativa y, en su caso, remitan copia certificada de las constancias relativas; de existir, expresen el Juzgado de Distrito que conoció o que esté conociendo, así como el número de juicio de amparo; también informe, en su caso, la existencia de juicios de amparo diversos, el Juzgado de Distrito correspondiente, el número de expediente y, si ya fue resuelto o se encuentra en trámite. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 2jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (951) 51 55260, al cual también, en su caso, pueden mandar sus informes vía fax. Por otra parte, se requiere a la autoridad que, en su caso, convenga en la existencia el acto reclamado, precise si las constancias que remita como justificación a su informe, contienen información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo". (Jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época). Se autoriza al Actuario (a) adscrito (a), para el caso de ser necesario, en el acto de la notificación señale la denominación correcta de la autoridad responsable. Se precisa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio de amparo se les remitan, en términos del artículo 28 fracción I, de la Ley de Amparo; con apercibimiento que de no recibirlo, en términos del diverso numeral 245, se les impondrá una multa de cien a mil días calculados al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación; lo anterior, sin perjuicio que al rendir su respectivo informe, precisen su denominación correcta o manifiesten la inexistencia de la autoridad responsable conforme a su organigrama y/o reglamento interno; con la precisión que la sustitución de funciones de la autoridad no constituye inexistencia de la autoridad. Se apercibe a la parte quejosa, que para el caso de que las autoridades señaladas como responsables no existan, conforme a lo que el destinatario del oficio manifieste al rendir su informe o devuelva el oficio que se les dirija, en lo sucesivo se les tendrá aquí como inexistentes y no se les dirigirá comunicación alguna; salvo prueba en contrario. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica, y por autorizados en los términos que refiere, a las personas que menciona. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo..."

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