Diego Pedroza Lozano
Expediente 808/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 808/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/07/2019
Partes del expediente
- Diego Pedroza Lozano
- Director de Seguridad Publica del Ayutamiento de Metepec Estado de Mexico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México; doce de julio de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de tres de julio de dos mil diecinueve, a través del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente es susceptible en su oportunidad de ser depurable (vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y cuarto), pues se concedió la suspensión de plano en el presente asunto. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; dos de julio de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa no desahogó los requerimientos formulados en auto de veintidós de junio de dos mil diecinueve, en tales condiciones, con apoyo en lo anotado en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo y dada la naturaleza del acto que por esta vía se tilda de inconstitucional, se hace efectivo el apercibimiento inserto en la providencia de referencia y se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. En otro aspecto, si bien es cierto que la notificación de la presente determinación debe ser en forma personalísima, porque dicha notificación permite que el peticionario de amparo haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las disposiciones judiciales, no menos cierto resulta que mediante proveído de veintidós de junio de dos mil diecinueve, se tuvo como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este juzgado; por tanto, practíquese esta notificación, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintisiete de junio de dos mil diecinueve. Por recibido el ocurso signado por Sergio Ruiz Peña, apoderado legal de Laura Puente Franco y Carlos Eusebio Rosales Gómez, a través del cual, con fundamento en los artículos 66, 67 y 196 de la Ley de Amparo, promueve incidente de ejecución de sentencia; el cual se desecha por notoriamente improcedente. A efecto de evidenciar tal aserto, resulta oportuno precisar que el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 57. Los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o promociones notoriamente maliciosos o improcedentes. Los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni dar traslado, ni formar artículo.". El énfasis es propio. Por su parte, el ordinal 66 de la Ley de Amparo aplicable, prevé: "Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia.". Lo resaltado es nuestro. Del precepto legal invocado en primer término se concluye que los órganos jurisdiccionales se encuentran facultados para desechar de plano incidentes, recursos o promociones notoriamente improcedentes. Asimismo, del segundo de los numerales señalados se aprecia que en el juicio de amparo habrán de sustanciarse por la vía incidental, ya sea a petición de parte u oficiosamente, las cuestiones expresamente establecidas en la Ley de Amparo. Ahora bien, del escrito de cuenta se advierte que los promoventes sustentan su petición en el artículo 196 de la Ley de Amparo, afirmando que las autoridades responsables dieron un cumplimiento parcial y que, por ende, este juzgador debe ordenar el desbloqueo de la cuenta que refieren. Sin embargo, de la disposición en que fundan su petición se aprecia que en ella, el legislador estableció el procedimiento a seguir por el órgano jurisdiccional en aquéllos asuntos en los que se concedió la protección de la Justicia de la Unión, destacando que si bien en el último párrafo del mencionado precepto, se prevé la posibilidad de remitir los autos a un Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en los conducente el artículo 193 del referido ordenamiento; ello sólo opera en el supuesto que el Juez de Distrito considere que la sentencia de amparo no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento. De ahí que tal disposición no resulte aplicable en el caso concreto, pues al igual que el artículo 193 de la Ley de Amparo, en que sustentó diverso incidente, tales mecanismos legales solo son procedentes en aquéllos asuntos en los que aún no se hubiese tenido por cumplido el fallo protector. No así en todos los supuesto; y, menos aún, en los que se hubiese tenido por cumplida la concesión, como en el particular acontece. En este sentido, si del estado de autos se aprecia que el nueve de abril de dos mil diecinueve, este juzgador tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, al considerar que la autoridad responsable se ciñó a los efectos de la sentencia; y, la quejosa pretende tramitar un incidente de ejecución de sentencia porque afirma que el cumplimiento fue parcial; tal incidente resulta notoriamente improcedente y, por tanto, en términos del artículo 66 de la Ley de la Materia en relación con el diverso 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en el caso, procede desecharlo de plano. Máxime que del contexto de su reclamo, este juzgador advierte que en realidad lo que pretende plantear es que no se dio cabal y completo cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual, la propia Ley Amparo, establece un mecanismo legal distinto; y, no lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, ya que dado el estadio procesal del presente asunto, en el caso es innecesario requerir cumplimiento de la ejecutoria, pues ésta ya se tuvo por cumplida. No obstante, hágase saber a la parte quejosa que el artículo 201 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 201. El recurso de inconformidad procede contra la resolución que: I. Tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de esta Ley; II. Declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma u ordene el archivo definitivo del asunto; III. Declare sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado; o IV. Declare infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad." Notifíquese personalmente.
- Principal
vi) Toluca, Estado de México a veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibida la constancia de notificación practicada por el Actuario de la adscripción, en la cual se desprende que el quejoso Diego Pedroza Lozano, sí ratificó la demanda promovida en su representación por Javier Morán García, mismo que autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. A dicha diligencia se le otorga valor probatorio pleno, ya que al tratarse de actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Sobre el particular por similitud jurídica se invoca la jurisprudencia publicada con el número 573, visible en la página 405 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, cuyos rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Javier Morán García. Se reserva proveer sobre su admisión o desechamiento, hasta en tanto, se dé cumplimiento a los puntos de prevención formulados el veintidós de junio de este año, o bien, fenezca el plazo otorgado en dicha determinación. Por otro lado, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Metepec, Estado de México, a través del cual rinde informe de cumplimiento a la suspensión de plano, concedida al quejoso en proveído de veintidós de junio pasado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 126 de la ley de amparo dese vista a la parte agraviada con el informe de cuenta. En términos del artículo 28, fracción I, de la citada ley, en relación con el 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa del diverso 2º, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por la responsable en el oficio de mérito. Asimismo, de conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia se tiene como delegados a las personas que refiere la responsable en el citado informe. Ahora, del informe de cuenta se advierte que la autoridad responsable comunica que el Oficial Calificador de la Municipal del Primer Turno del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social del Municipio de Metepec, Estado de México, puso en inmediata libertad al solicitante del amparo Diego Pedroza Lozano; sin embargo no se adjuntaron las constancias que avalen su dicho, las cuales este juzgado de Distrito considera indispensables para resolver el presente juicio de amparo. Por ende, con fundamento en el párrafo tercero del numeral 75 de la Ley de Amparo, se requiere al Oficial Calificador del Primer Turno del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social y al Director de Seguridad Pública y Tránsito, ambos del Municipio de Metepec, Estado de México, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, envíe copias certificadas de las constancias en donde se advierta la libertad del quejoso Diego Pedroza Lozano. En lo conducente se invoca, la tesis visible en la página 309, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Se apercibe a dichas autoridades que en caso de no cumplir con dicho requerimiento se les impondrá una multa por el importe de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, todos de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Victor Manuel Rendon Sosa que autoriza, firma y da fe.
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