Diego Pedroza Castro
Expediente 6/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 6/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Diego Pedroza Castro
- Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos Y Sustancias Químicas de la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)
- Asociación de Condominios de Kloster Sumiya, Asociación Civil
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Cuernavaca, Morelos, a siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, por el que remite copia de diversas constancias, en cumplimiento a la sentencia de seis de octubre del año en curso. VISTA CON CUMPLIMIENTO En tales condiciones, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, con copia del oficio y anexos de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, manifieste lo que a su derecho corresponda; con el apercibimiento que de no realizarlo, este órgano jurisdiccional con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, en el momento procesal oportuno acordará lo que legalmente proceda. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con copia del oficio y anexos de cuenta.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
V I S T O S para resolver los autos relativos a la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 6/2023-II, promovido por Diego Pedroza Castro, por propio derecho, en contra del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), por considerar que incumplieron la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, I. TRÁMITE PRIMERO. Presentación de la denuncia. Mediante escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés (fojas 2 a 8), en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el veinticuatro siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Diego Pedroza Castro, por propio derecho, denunció el incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la autoridad y acto siguientes: AUTORIDAD DENUNCIADA "ÚNICO.- Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y/o quien legalmente la represente, con domicilio ubicado en: Oklahoma 14, Nápoles, Benito Juárez, 03810 Ciudad de México, CDMX." ACTO DENUNCIADO "A la que se le denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 del índice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el 15 de julio de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, y que me fue notificada a través del oficio NO. ******************** signado en fecha 28 de junio de 2023." SEGUNDO. Admisión de la denuncia. En proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad, registrándola con el número 6/2023, se dio la vista correspondiente a la autoridad denunciada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera; y, transcurrido tal plazo se procede a dictar la resolución que en derecho procede conforme a lo siguiente: II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, tiene competencia legal para conocer y resolver la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo previsto en los numerales 72, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 210 de la Ley de Amparo y el punto Primero, fracción I y Segundo, fracción I, número 3, y Cuarto, fracción I, del Acuerdo General número 03/2013, expedido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; en razón de que el incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, tiene ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano constitucional. SEGUNDO. Legitimación. El denunciante está legitimado para presentar la denuncia que se analiza, en razón de que con posterioridad a la entrada en vigor de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aduce que le fue aplicada la norma declarada inválida. TERCERO. Oportunidad. Se concluye que es oportuna la presentación de la denuncia puesto que en el caso no existe disposición que prevea un plazo para instar la denuncia de incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. CUARTO. Existencia y efectos de la declaratoria general de inconstitucionalidad. El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, en los términos siguientes: "PRIMERO. Es procedente y fundada la presente declaratoria general de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la inconstitucionalidad de los artículos 235, párrafo último, en su porción normativa 'sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y', y 247, párrafo último, en su porción normativa 'sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y', de la Ley General de Salud para los alcances establecidos en esta ejecutoria, la cual surtirá efectos generales a partir de la notificación de estos puntos resolutivos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de conformidad con los apartados II y III de esta decisión. TERCERO. Notifíquese esta sentencia a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para los efectos precisados en el apartado III de esta determinación. CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta." Dicha determinación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de julio de dos mil veintiuno, visible en el portal de internet oficial del Diario Oficial de la Federación. Cabe precisar que en términos del artículo 234 de la Ley de Amparo, el Pleno del Máximo Tribunal al declarar la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "solo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", y 247, último párrafo, en su porción normativa "solo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", de la Ley General de Salud, para los alcances establecidos en esa ejecutoria, precisó que surtiría efectos generales a partir de la notificación de dichos puntos resolutivos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de conformidad con los apartados II y III de esa decisión. El artículo 234 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 234. La declaratoria en ningún caso podrá modificar el sentido de la resolución o jurisprudencia que le dio origen, será obligatoria, tendrá efectos generales y establecerá: I. La fecha a partir de la cual surtirá sus efectos; y II. Los alcances y las condiciones de la declaratoria de inconstitucionalidad. Los efectos de estas declaratorias no serán retroactivos salvo en materia penal, en términos del párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Determinación en la que, entre otras cosas, se enfatizó que los alcances de la misma se limitaban a remover los obstáculos jurídicos para permitir la autorización del consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como "marihuana". Además, se estableció que esa declaratoria general de inconstitucionalidad no tenía como efectos permitir que se autorizara el consumo lúdico o recreativo de estupefacientes o psicotrópicos distintos a los que en conjunto se conocen como marihuana, sino que, con la declaratoria general de inconstitucionalidad de esas porciones normativas, se buscaba la remoción del obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, autorizara en lo sucesivo las actividades relacionadas con el autoconsumo de, exclusivamente, cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, respetando el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atendiendo a lo resuelto por la Corte y mientras el Congreso de la Unión no legisle al respecto, la Secretaría de Salud, por conducto de la autoridad competente, deberá emitir esas autorizaciones solo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias respectivas, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana. Por ello, también se determinó que la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, debía establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado, sin que la autorización incluya en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación o distribución de las substancias antes aludidas. Es decir, se puede concluir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al invalidar las porciones normativas precisadas, determinó que la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, se encuentra compelida a emitir las autorizaciones necesarias para permitir las actividades necesarias para el autoconsumo recreativo de cannabis y THC, con las limitaciones y restricciones precisadas. Lo anterior, pues de esta manera, el Máximo Tribunal Pleno consideró que así se supera el problema de constitucionalidad advertido por la jurisprudencia de la Primera Sala. QUINTO. Acto de aplicación de la norma declarada inconstitucional. Conforme a lo manifestado por la parte actora al realizar la denuncia correspondiente, el acto consiste en el oficio ******************** (foja 9), emitido el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mediante el cual manifestó estar imposibilitada para evaluar la petición para obtener una autorización para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo de uso lúdico o recreativos del estupefaciente "cannabis" y de psicotrópico "THC", en conjunto conocido como marihuana, lo cual constituye una negativa a la autorización sanitaria para el consumo individual de los componentes activos de la planta denominada marihuana, así como la autorización accesoria, para la adquisición legal de semillas. SEXTO. Procedencia de la denuncia. Conforme a lo expuesto en el considerando que antecede, debe decirse que respecto de la autoridad denunciada Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, este órgano de control constitucional sí observa la existencia del acto de aplicación de la norma declarada inconstitucional y por tanto es procedente la denuncia en análisis. Ello, ya que dicha autoridad lo emitió conforme a sus atribuciones, en representación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Santuarios, de conformidad con el artículo Vigésimo Sexto, fracciones I y III, del "Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los Órganos Administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios", publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de abril de dos mil veinte, que textualmente dice: "VIGESIMO SEXTO. Se delegan en la Dirección Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal, las siguientes facultades: I. Expedir, prorrogar o revocar las autorizaciones sanitarias relacionadas con las materias a que se refiere el artículo 3, fracción I inciso j del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; . III. Expedir, prorrogar o revocar en los términos de la Ley, las autorizaciones a organismos o instituciones para la adquisición de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, químicos esenciales y precursores químicos, y establecer los requisitos a que deberán sujetarse los profesionales que prescriben estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como asignar los códigos de barras correspondientes; ." Máxime que en la propia declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, se vinculó a dicha Comisión Federal, por ser el órgano competente de la Secretaría de Salud, conforme el artículo 17 bis de la Ley General de Salud, a emitir las autorizaciones para permitir las actividades necesarias para el consumo personal, privado y recreativo de cannabis y THC, con las limitaciones y restricciones ahí precisadas, para superar el problema de constitucionalidad advertido por la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "Declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 94. De esta manera, invalidando las porciones normativas precisadas y vinculando a la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, a emitir las autorizaciones necesarias para permitir las actividades necesarias para el autoconsumo recreativo de cannabis y THC, con las limitaciones y restricciones precisadas, este Tribunal Pleno considera que se supera el problema de constitucionalidad advertido por la jurisprudencia de la Primera Sala." "Ley General de Salud. Artículo 17 bis. La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la presente Ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden a dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud a los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta Ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres y XXVII, esta última salvo por lo que se refiere a personas, a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior compete a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios: I. a III. [.]; IV. Evaluar, expedir o revocar las autorizaciones que en las materias de su competencia se requieran, así como aquellos actos de autoridad que para la regulación, el control y el fomento sanitario se establecen o deriven de esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y los demás ordenamientos aplicables; V. a XIII. [.]." De ahí la procedencia respecto de dicha autoridad. SÉPTIMO. Estudio de fondo y resolución de la denuncia. Es fundada la denuncia en estudio, respecto de la autoridad denunciada Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). En el caso, la parte actora denunció que le fue aplicada la norma declarada inválida por la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 con la emisión del oficio ********************, de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se le negó la autorización sanitaria para el consumo individual, privado y recreativo del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC", en conjunto conocidos como marihuana. Tal negativa, señala, a la letra, lo siguiente: ". Derivado de lo anterior, se colige que esta Comisión Federal sólo se encuentra investida por una facultad de ejecución, es decir, se limita a acatar lo relativo a control, vigilancia y fomento sanitarios en materia de los productos señalados párrafos arriba, y que en el caso concreto se refiere a estupefacientes y substancias psicotrópicas, pero no se pronuncia respecto a la creación del marco que las regula, toda vez que la Autoridad Ordenadora es el Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 Constitucional, es el poder facultado para crear y promulgar leyes. En virtud de lo expuesto, esta autoridad se encuentra imposibilitada para evaluar su petición para obtener una autorización para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC", en conjunto conocido como marihuana." De lo anterior se deduce lo siguiente: 1.- Que la autoridad denunciada no aplicó de manera expresa los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248, todos de la Ley General de Salud, materia de la ejecutoria pronunciada por la Primera Sala de La Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2.- Que no obstante lo anterior, la autoridad denunciada negó la solicitud formulada por la parte denunciante con el fin de que se le expidiera la autorización sanitaria correspondiente para el consumo personal bajo el argumento que, conforme a la Ley General de Salud, no está facultada para otorgar la autorización requerida. Con base en lo anterior, es posible concluir que al rechazar la autorización para el consumo de marihuana por considerar que la ley de la materia no le confiere facultades para emitir tal determinación, la autoridad denunciada aplicó, de manera tácita e implícita los artículos invalidados por la Corte en la declaratoria aludida. Ello, pues son dichos artículos los que constituyen el sistema prohibiciones administrativas que impiden la emisión de las autorizaciones sanitarias para que las personas puedan consumir privada, personal y lúdicamente, los componentes activos de la marihuana. Lo que cobra relevancia si se toma en consideración que en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invalidó dos de los artículos mencionados, a saber, el numeral 235, último párrafo y el diverso 247, último párrafo, en las porciones normativas que, precisamente, establecen que el uso de la planta marihuana únicamente se encuentra permitido para fines médicos y científicos. En relación con este tema, es ilustrativa la jurisprudencia I.15o.A. J/12, con registro digital: 162657, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Novena Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 2071, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. HIPÓTESIS EN QUE UNA NORMA GENERAL PUEDE CAUSAR AL GOBERNADO UNA AFECTACIÓN QUE LO LEGITIMA A PROMOVER EL JUICIO. En el escenario del juicio de amparo contra leyes pueden presentarse diversos supuestos en los que es posible ubicarse en la hipótesis de afectación de una norma de carácter general, a precisar: 1. Actualización automática del supuesto normativo con motivo de su sola entrada en vigor, al comprender la situación jurídica del particular afectado (norma autoaplicativa); 2. Aplicación expresa en el acto reclamado que implica la actualización de su hipótesis (norma heteroaplicativa); 3. Aplicación tácita de acuerdo con los supuestos que se concretaron en el acto controvertido; y 4. Aplicación negativa (interpretación a contrario sentido). En el primer caso, basta que el quejoso se encuentre ubicado en la situación regulada por la disposición para que se genere el perjuicio con la sola vigencia de la norma, sin tener que esperar algún acto de aplicación para solicitar la protección de la Justicia Federal. Respecto del segundo caso, la autoridad responsable, el propio particular o un tercero que actúa por mandato de la ley actualiza los supuestos jurídicos plasmados en una norma, esto es, tanto la hipótesis como la consecuencia están inmersas en el acto de aplicación. En cambio, en el tercer supuesto no existe invocación expresa de la norma jurídica que pretende controvertir el quejoso, pero sí la regulación de su situación jurídica por la norma no señalada, por lo que tanto la hipótesis como la consecuencia están implícitamente contenidas en el acto, de ahí que la observancia se actualiza de manera tácita. Finalmente, en cuanto a la aplicación negativa de una norma reclamada, la situación jurídica del quejoso es análoga, semejante, equiparable o idéntica a la establecida en una disposición que lo excluye de la observancia de ciertos de sus efectos, causándole así un perjuicio por discriminación jurídica, siendo entonces la pretensión principal del solicitante del amparo la de incorporarse en un supuesto que lo excluye por diversas cuestiones, es decir, parte de la premisa de que el precepto reclamado no está dirigido a su situación jurídica y según el mandato de la propia norma no es posible que actualice sus efectos, sin embargo, al contener un beneficio o prerrogativa, pretende obtenerla aduciendo violaciones a garantías constitucionales, principalmente, por generalidad, igualdad o equidad tributaria en términos de lo dispuesto en los artículos 1o. y 31, fracción IV, de la Constitución General de la República." Por tanto, a través de la presente denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad se observa que la autoridad denunciada realizó una simulación jurídica al no fundamentar su actuar, de manera expresa, en los preceptos citados párrafos precedentes, pero empleando tácitamente el sistema prohibicionista sobre el cual el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018. Lo que es de la mayor relevancia para el asunto que se resuelve si se toma en consideración, como se ha expuesto, que la naturaleza jurídica de la denuncia prevista en el artículo 210 de la Ley de Amparo, únicamente consiste en determinar sí, con posterioridad a que surtió efectos la declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplicó la norma general ahí declarada inconstitucional. Circunstancia que en el presente caso se encuentra demostrada, al haber sustentado tácitamente, la denunciada, su actuar, en los numerales invalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018. OCTAVO. Efectos. En consecuencia, al haberse acreditado la aplicación implícita de las porciones normativas respecto de las que se declaró su invalidez por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, de conformidad con el artículo 210 de le Ley de Amparo, debe declararse procedente y fundada la denuncia planteada de incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad para que la autoridad denunciada Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dentro de los tres días siguientes a partir de que se notifique la presente resolución, realice lo siguiente: a) Debe dejar sin efectos el oficio ********************, de veintiocho de junio de dos mil veintitrés. b) En su lugar, deberá emitir otro que contenga una regulación particularizada únicamente respecto del denunciante que implique una autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos, esto es, a adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar, exclusivamente del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, en condiciones de certidumbre jurídica y de seguridad sanitaria en términos de lo dispuesto por el artículo 368, en relación con el diverso 376 de la Ley General de Salud. Autorización que no deberá incluir permisión de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros. En ese sentido, la autoridad responsable otorgará esa autorización para que sea ejercido ese derecho únicamente por el denunciante, siempre y cuando demuestre su mayoría de edad y plena capacidad jurídica, de modo que el uso de la sustancia en cuestión no se realice por menores de edad. Es decir, dicha autorización sanitaria deberá expedirse respecto de las sustancias y para los efectos a los que se ha hecho referencia en los párrafos anteriores, sólo en cuanto a la parte que realizó la solicitud mencionada. Lo anterior, en el entendido que corresponderá a la autoridad de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho reconocido en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a esta resolución. Lo expuesto puede lograrse, por ejemplo, a través del otorgamiento de permisos especiales y/o tenedores legales con los controles administrativos conducentes, garantizando siempre que la adquisición de la semilla por la parte quejosa se materialice bajo el amparo de la ley y asegurando a todos los terceros que participen en ella que su conducta se encuentra ajustada a derecho. Debe destacarse además que las conductas que la parte denunciante realice en el contexto del consumo producidas cuando se encuentre bajo los efectos de la sustancia autorizada, que afecten injustificadamente la esfera jurídica de terceros (como podrían ser hipotéticamente los actos de alteración del orden público, violencia frente a terceros o cometer delitos, entre otros), se encuentran fuera de la protección de la presente resolución y por tanto deberán sancionarse de acuerdo a las leyes aplicables. Tampoco podrá conducirse vehículos, operar maquinas peligrosas, bajo el influjo de dicha sustancia, ni podrá ejercerse ese derecho frente a menores de edad, o en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización, por lo que su ejercicio será únicamente en lugares privados, sin que pueda practicarse en lugares públicos; aunado a que tampoco podrá realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. Deberá remitir las constancias con que acredite el cumplimiento de lo ordenado en la presente resolución. Se hace del conocimiento de la autoridad denunciada que, en caso de no hacerlo en dicho plazo -conforme a lo establecido en el último párrafo de la fracción I del artículo 210 de la Ley de Amparo-, se estará a lo que disponen los artículos 192 al 198 de dicha legislación. En otro aspecto, y con fundamento en la fracción II del artículo 210 de la Ley de Amparo, también se hace del conocimiento de la autoridad denunciada que, si con posterioridad, incurriera de nueva cuenta en aplicar la norma general declarada inconstitucional, el denunciante podrá combatir dicho acto a través del procedimiento de denuncia de repetición del acto reclamado previsto por la ley de la materia. III. DECISIÓN Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en el artículo 210 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se declara procedente y fundada la Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, promovida por ********************, por derecho propio, en contra de la autoridad denunciada que fue mencionada en el considerando sexto, por los motivos y para los efectos establecidos en los dos últimos considerandos de este fallo. Notifíquese; y personalmente al denunciante.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Cuernavaca, Morelos, a tres de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente asunto, se advierte que la parte denunciante no desahogó la vista ordenada en auto de veinte de septiembre del año en curso, no obstante de estar debidamente notificado para ello; en consecuencia, se ordena turnar el presente expediente al área de proyecto a fin de que se dicte la resolución correspondiente. Notifíquese.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Cuernavaca, Morelos, a veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe rendido por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en representación de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes y Sustancias Químicas de dicha Comisión Federal. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad mencionada dando contestación a la denuncia admitida en auto de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, lo que se toma del conocimiento para los efectos legales que haya lugar, y dese vista a las partes con el mismo. De igual forma, con apoyo en los numerales 9 y 26, fracción II, de la ley en cita, se tienen como sus delegados a las personas que mencionan, y como para oír y recibir notificaciones el que indica, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Notifíquese.
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