Diego Paredes González

Expediente 1096/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1096/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
11/08/2023

Partes del expediente

  • Diego Paredes González

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja, contra el auto de dos de agosto de dos mil veintitrés, por el que se desechó de plano la demanda de amparo, se declara que dicho proveído ha CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en los libros de control y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el mismo se dictó un acuerdo que desechó la demanda de amparo.

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo aparentemente promovida por ***, quien se ostenta como apoderado legal de ****, contra actos de la Junta Especial Número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, que a su consideración son violatorios de derechos humanos. Regístrese en los libros de control concernientes de este Juzgado, bajo el número 1096/2023-II que por orden le corresponde, y acorde a las disposiciones legales aplicables, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos. Por tanto, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración de ese expediente en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales, no puedan digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría respectiva de este órgano jurisdiccional. Ahora bien, tal como lo dispone el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna, previo a admitir la demanda de amparo, debe examinarse la misma en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. En efecto, quien resuelve estima que del análisis del libelo constitucional de cuenta, se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 6º, ambos de la Ley de Amparo, y la fracción I del artículo 107 Constitucional. En el caso, del examen íntegro de la demanda de amparo adminiculada con la certificación de cuenta, se advierte que fue presentada en línea, sin que se haya anexado el archivo que contenga la evidencia criptográfica de la firma electrónica de la parte quejosa. Ahora bien, los artículos 1, 3, 4, 5, 6 y 12, inciso f) del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; así como los diversos 1, 6, 9, 10, 11, 16, 45, 46 y 472 del Acuerdo General Número 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, que derogó el Título Cuarto denominado "De los servicios electrónicos del CJF", del diverso Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación tecnológica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; contemplan la posibilidad de enviar y recibir demandas de amparo, promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias, a través del uso de la tecnología en la tramitación del juicio constitucional, en específico, con la utilización de la firma electrónica denominada FIREL y de la integración del expediente electrónico. No obstante lo anterior, para que una persona pueda presentar escrito de demanda de amparo debe contar con la firma electrónica (FIREL); de no ser así, debe otorgar poder bastante para que un representante legal, a su nombre, realice trámites legales y su apoderado especial, al presentar vía electrónica el amparo indirecto en comento, debe acreditar su personalidad con el documento correspondiente, que en forma digitalizada y bajo protesta de decir verdad (de que la documentación respectiva es copia íntegra e inalterada del documento impreso), se anexe a su escrito, según lo establecido en el párrafo segundo del inciso f) del artículo 12 del primero de los Acuerdos mencionados. Atento a lo anterior, si de la lectura del escrito de demanda no se desprende que se haya acompañado de la evidencia criptográfica que demuestre la firma electrónica (FIREL) de la parte promovente; entonces, debe concluirse que carece de firma, en virtud de que los documentos presentados a través de firma digital producen los mismos efectos que los escritos con firma autógrafa. Sin que en la especie se surta el supuesto de prevención a que se contrae el ordinal 114 de la Ley de Amparo, ya que la falta de firma del escrito accionario no se encuentra dentro de las hipótesis a que se refiere el numeral en cita, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria; aunado a que tampoco se actualiza la hipótesis prevista en el último párrafo del artículo 109 de la ley de la materia, ya que si bien el artículo 15 de la citada legislación no exige la firma electrónica en las demandas promovidas en vía electrónica, ello sólo acontece en tratándose de demandas promovidas en términos del aludido dispositivo, esto es, cuando el acto reclamado se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, lo que en el caso tampoco acontece. En esas condiciones, es dable concluir que en la especie no se cumple con el principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo, por lo que se surte la invocada causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 6°, ambos de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción I del artículo 107 Constitucional; de modo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, lo que se impone es desechar de plano la demanda, ante su notoria e indudable improcedencia. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de trato, por su notoria e indudable improcedencia, acorde con lo establecido por los numerales 62 y 113 del ordenamiento legal antes citado. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, y 30, ambos de la Ley de Amparo, hágansele las notificaciones vía electrónica, bajo los datos de Firma Electrónica (FIREL) que precisa en el líbelo accionario, con nombre de usuario: *** En el entendido que, solo se practicarán por esa vía aquellas notificaciones que se equiparen a las que deban hacerse personales, tomando en consideración que el alcance de la vía electrónica no puede sustituir la operatividad de las notificaciones por lista, las cuales se seguirán practicando según sea la naturaleza de la determinación. Asimismo, se le otorga autorización para realizar la consulta del expediente electrónico relativo al juicio en que se actúa, bajo los datos de usuario ya referidos. Por tanto, se instruye al oficial judicial "A" de la adscripción, para que en el sistema concerniente, realice las acciones atinentes a ese respecto. Por otra parte, se le tiene señalando como forma especial y expedita de contacto para entablar comunicaciones no procesales, el correo electrónico y número telefónico que indica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 27 de la citada Ley de Amparo. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido.

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