Diego Moroni Martinez Rivera

Expediente 353/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
353/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
26/07/2019

Partes del expediente

  • Diego Moroni Martinez Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    XI... Naucalpan de Juárez, Estado de México; veintiséis de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia en la que se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido. ... se hace constar que el juicio de garantías en que se actúa no es de relevancia documental y se considera, susceptible de destrucción. ... el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, toda vez que la medida cautelar solicitada se negó. Por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, trasládense ambos cuadernos al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ... el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por tanto, una vez transcurridos más de seis meses a partir de la fecha, procederá este juzgado federal a la destrucción del mismo conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión.

  2. Principal

    XI... Naucalpan de Juárez, nueve de julio de dos mil diecinueve. V I S T O S para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo 353/2019-XI, promovido por Diego Moroni ..., por derecho propio, de lo que R E S U L T A: PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el veinte de marzo de dos mil diecinueve, que por razón de turno correspondió conocer al día siguiente a este Juzgado Decimoprimero de Distrito, Diego Moroni ..., por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que señaló en su demanda. SEGUNDO. El quejoso narró los antecedentes del acto reclamado y consideró infringidos en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 5º y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 6º, numerales 1 y 2 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador, 1988). TERCERO. Por auto de veintidós de marzo de dos mil diecinueve se desechó la demanda por considerar actualizada la causa de improcedencia contenida en las fracciones XII y XIV del artículo 61, en relación con el 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo; inconforme con dicha determinación el solicitante del amparo interpuso recurso de queja del que por razón de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito quien por resolución de veintitrés de mayo del mismo año determinó declarar fundado dicho medio de impugnación, ordenando la admisión de la demanda; así, en cumplimiento a ello, el siete de junio del año en curso, se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se desahogó conforme al acta que antecede; por lo que se C O N S I D E R A: PRIMERO. Este Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 Constitucionales; 107 fracción I de la Ley de Amparo; y 48 en relación con el 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el acuerdo 3/2013 emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito. SEGUNDO. De conformidad con lo que establece el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al estudio de la certeza o inexistencia del acto reclamado, es necesaria la fijación clara y precisa de éste, con el objeto de resolver efectivamente la litis constitucional planteada por la quejosa. En ese orden de ideas, de la lectura del escrito de demanda, se desprende que la agraviada lo hizo consistir en: La expedición por parte del Ayuntamiento Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, del Bando Municipal 2019 para ese Municipio, publicado en la Gaceta de Gobierno, Periódico Oficial del Gobierno Municipal de ese lugar y que entró en vigor el cinco de febrero de dos mil diecinueve, específicamente por lo que se refiere al artículo 27, fracción III, en su carácter de norma autoaplicativa. Como consecuencia de ello, el arresto y privación de la libertad con motivo de la colocación y aplicación de anuncios publicitarios y sus estructuras en derechos de vía pública de jurisdicción federal y estatal. TERCERO. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que por esta vía se controvierten, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto, ya que, por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente. Así, los Oficiales Calificadores de los turnos Primero, Segundo y Tercero, así como Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, todos del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos a ellos reclamados sin que la parte quejosa hubiera aportado medio de prueba alguno para desvirtuar la negativa sostenida por las responsables; por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo procede sobreseer el juicio respecto de dichos actos y autoridades. CUARTO. Por su parte el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del acto reclamado, por lo que se tiene plenamente probado. Máxime que la existencia de las disposiciones legales constituye un hecho notorio, por encontrarse publicadas en el medio oficial de difusión en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y la jurisprudencia 65/200, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 26, tomo XII, agosto de dos mil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". QUINTO. En razón de que el estudio de las causas de improcedencia es una cuestión que debe realizarse de oficio, como lo dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo, a continuación se hará el examen correspondiente. En la especie la autoridad responsable refirió que se actualizaba la hipótesis normativa prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso no acreditó el acto de aplicación de la porción normativa reclamada, manifestaciones que se estiman fundadas en atención a las siguientes consideraciones. En efecto, asiste razón al Ayuntamiento responsable en razón de que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º, de la Ley de Amparo, y contra normas generales que por su sola entrada en vigor no afecten los intereses apuntados, sino que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Sobre estos conceptos, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la fracción I, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: I. Ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad -interés jurídico-; o, II. En caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución establece la posibilidad de aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. El interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Por ello, el Alto Tribunal determinó que para demostrar el interés legítimo, se requiere la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse; que mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal . Con base en la disposición de la Carta Magna antes analizada, la Segunda Sala del Máximo Tribunal estableció cuáles son los elementos constitutivos del interés legítimo e interés jurídico, que deben probarse traduciéndose en requisitos para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto; esto, conforme a lo siguiente: En lo que atañe al interés jurídico: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por lo que respecta al interés legítimo: a) La existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) Que el promovente pertenezca a esa colectividad, ya que si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Tratándose de leyes, el interés jurídico o legítimo para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe acreditarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. En este contexto, para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general, por lo que debe aplicarse el criterio de clasificación de ambos tipos de normas, que con base en la actual regulación del juicio constitucional aún subsiste, relacionado con el concepto de "individualización incondicionada", que define la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto, pues si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa; de este modo, el juez de amparo debe aplicar el criterio clasificador de las normas para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando haya precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico . Ahora, los artículos 17, 18 y 61, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de garantías cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso, es suficiente con que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, que desde su entrada en vigor obligan al particular, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto de que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, una ley es autoaplicativa cuando lleva en sí misma un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al gobernado, pues los preceptos adquieren, por su sola entrada en vigor, el carácter de inmediatamente obligatorios; en otras palabras, el principio de ejecución se realiza por la existencia misma de la ley sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta; es decir, que por su sola expedición, y por los actos relativos a su promulgación e inicio de vigencia, quedan señaladas las personas o entidades que, en acatamiento de la ley, están obligadas a hacer o no hacer alguna actividad en determinada forma. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, los supuestos de la norma no cobran eficacia con su sola entrada en vigor, sino que requiere de un acto posterior y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días a partir del acto de aplicación, atendiendo a los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En este orden, se concluye que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos de los propios particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario a la parte quejosa con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas . Ahora bien, en el caso concreto, la quejosa reclama el artículo 27, fracción III, del Bando Municipal 2019 para el Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Al efecto es preciso establecer el contenido del artículo reclamado, mismo que dispone: "Artículo 27. En el Municipio se considerarán faltas administrativas las siguientes conductas, serán sancionadas conforme a la siguiente tabla, y siempre tomando en consideración condición social, entre otras que establezca la Ley. CONDUCTA SANCIÓN (UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN) III. Colocar y ampliar anuncios publicitarios y sus estructuras, en derechos de vía pública de jurisdicción federal, estatal y municipal, en inmuebles públicos o privados, sin contar con la autorización, permiso o licencia previa, expresa y vigente expedida por la autoridad competente. 24 a 40 UMA De la interpretación armónica del precepto trascrito se desprende, en lo que interesa que, aquella persona que coloque anuncios publicitarios y sus estructuras, en derechos de vía pública de jurisdicción federal, estatal y municipal, en inmuebles públicos o privados, sin contar con la autorización, permiso o licencia previa, expresa y vigente expedida por la autoridad competente, será sancionada con una multa que irá de las veinticuatro a las cuarenta Unidades de Medida y Actualización. En ese orden de ideas, contrario a lo que pretende el quejoso, con la sola entrada en vigor de la norma mencionada se aprecia que no se afecta su esfera jurídica, pues para ello debió haber demostrado, en principio, que alguna de las autoridades responsables pretendió imponerle la multa a que se refiere por no contar con la licencia, permiso o autorización correspondiente para llevar a cabo la actividad que desempeña para la empresa Operación Total en Exteriores, Sociedad Anónima de Capital Variable. Ello porque, la sanción contenida en la hipótesis normativa reclamada se actualiza únicamente con un acto de aplicación concreto, como sería que con motivo de la colocación de algún anuncio publicitario o su estructura en alguna de las vialidades públicas de jurisdicción federal, estatal o municipal sin el permiso respectivo, le fuera impuesta la multa a que se refiere. Ahora bien, contrario a lo que refiere el quejoso, la normatividad reclamada no puede causarle un perjuicio a su interés jurídico, ya que como él mismo lo manifestó bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda, la empresa para la cual presta sus servicios tiene como actividad principal, la de publicidad exterior en vías públicas de jurisdicción federal, estatal y municipal; por lo que sería ésta quien tendría que contar, en todo caso, con los permisos o licencias correspondientes y si no fuera así, sería aquella a quien se impondría la sanción indicada en el numeral combatido y no a sus empleados. En dicho sentido, no basta que el quejoso acuda a juicio señalando que labora para la referida persona moral y que como consecuencia de la entrada en vigor de la porción normativa reclamada puede ser sancionado al desempeñar sus labores pues, como se ha visto, sería, en todo caso, a la empresa para la cual trabaja a quien se le impondría la multa de mérito. Luego entonces, el quejoso a efecto demostrar el perjuicio ocasionado a su esfera jurídica de derechos por la norma impugnada, únicamente ofreció como pruebas copia simple de un recibo de pago expedido, supuesta o realmente, a su favor por Operación Total en Exteriores, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como copia simple del acta constitutiva de dicha persona moral, las cuales carecen de valor probatorio. Máxime que tratándose de amparo contra leyes, el interés jurídico debe acreditarse fehacientemente, con el propósito de evidenciar, sin lugar a dudas el acto que que lo legitime para impugnar en el juicio de amparo una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, es decir, resulta necesario que se compruebe que a través de dicho acto, la respectiva hipótesis normativa se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de amparo o en los diversos escritos presentados durante la tramitación del juicio sino, en todo caso, del contenido del supuesto acto de aplicación. Lo anterior permite concluir que la sola entrada en vigor de la norma reclamada no afecta la esfera jurídica del quejoso, ya que el artículo 27, fracción III, del Bando Municipal 2019 para el Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, es de carácter heteroaplicativo, toda vez que es necesario la realización de un acto para que dicho artículo adquiera individualización, esto es, la existencia de un acto concreto de aplicación para que se actualice su perjuicio; circunstancia que no acontece en la especie, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, por ende, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la misma legislación, se debe sobreseer en este juicio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 61, 63, 73, 74, 75, y 76 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por Diego Moroni ..., por derecho propio, en contra de los actos y autoridades precisados en los considerandos segundo, tercero y cuarto, por las razones contenidas en los puntos considerativos tercero y quinto de este fallo.

  3. Principal

    XI.- Con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo ténganse por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli (por conducto de su apoderado), Oficiales Calificadores del primer, segundo y tercer turno, Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, todos del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México; con sus contenidos dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda.

  4. Incidental

    XI.- Único.- Se niega suspensión definitiva...

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