Diego Morales Rivera

Expediente 614/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
614/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
19/11/2020

Partes del expediente

  • Diego Morales Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso contra el auto que desechó la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por Diego Morales Rivera, signada electrónicamente por Juana Pérez Torres, contra actos del Juez de Control de Valles Centrales, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 614/2020, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. Desechamiento. En principio, de la certificación de cuenta se aprecia que el escrito de cuenta carece de firma autógrafa y electrónica de la directa parte agraviada, y sólo tiene firma electrónica de la parte señalada como autorizada en la propia demanda de amparo; además, de dicha demanda no se advierte que se reclame alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, o de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, sino esencialmente se advierte que los actos reclamados consisten en las órdenes de aprehensión, detención, presentación, comparecencia o arresto, así como su ejecución, tal como se precisará más adelante. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En ese sentido, es pertinente precisar que de la demanda de amparo de que se trata, se advierte que esencialmente el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión y/o presentación librada en su contra, atribuida al Juez de Control del Circuito de Valles Centrales, Fiscal General del Estado de Oaxaca y al Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones. Una vez precisado lo anterior, se considera que en el presente se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3 y 6, este último interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, dispositivos legales que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)". "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Como se puede apreciar, del primer precepto legal transcrito no se advierte que contemple una causa específica de improcedencia, sino que contempla la posibilidad de que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo; por su parte, se tiene que el artículo 107, fracción I, de la Constitución, determina que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, ello en relación con el diverso 6° de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo puede promoverse por la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos por la ley de la materia; asimismo, el diverso numeral 3 del ordenamiento legal antes citado, establece que la demanda de amparo se puede promover mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Así, se tiene que el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que en su artículo 2, fracción II, establece: "Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo General Conjunto, se entenderá por: [.]. II. Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL): El Documento Electrónico expedido por alguna de las Autoridades Certificadoras Intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico remitido mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación;.". En ese contexto, se destaca que en el procedimiento la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho se manifiesta a través de su firma ya sea autógrafa o electrónica. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que fue presentada de manera electrónica; sin embargo, como ya se vio, sólo obra firma electrónica de Juana Pérez Torres, no así de la directa quejosa Diego Morales Rivera; así, en el presente no se advierten actualizados los supuestos del aludido artículo 6, de la ley de la materia, relativo a que el acto reclamado derive de un procedimiento penal en el que se autoriza la promoción de la demanda de amparo, por conducto del defensor o de cualquier persona en los casos en que la propia ley lo permita. Es decir, toda vez que del propio escrito de demanda, como se vio, no se advierte la firma electrónica de la quejosa Diego Morales Rivera, y quien firma electrónicamente la demanda de mérito es Juana Pérez Torres, quien no refiere tener el carácter de defensor de la directamente agraviada (conforme al artículo 14 de la Ley de Amparo), para instar la presente vía constitucional; asimismo, toda vez que, como ya se vio, la demanda de mérito no se advierte se haya presentado en términos y respecto de actos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo; ni tampoco se advierte manifestación de imposibilidad para instar el juicio de amparo correspondiente, incluso de los antecedentes del acto reclamado se advierte manifiesta que: "[.] A MEDIADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE TUVE CONOCIMIENTO DE QUE EL JUEZ DE CONTROL DE VALLES CENTRALES libró orden de APREHENSIÓN O PRESENTACIÓN en mi contra por diversos delitos que desconozco hasta el momento, por lo que la Fiscalía General del Estado atravez (sic) de la Agencia Estatal de Investigaciones, Oaxaca, pretenden capturarme a toda costa sin que se me haya dado la oportunidad de defenderme y de ser oído y vencido en juicio, lo que me está causando molestias en mi persona, con el interés de privarme de mi libertad que es lo más preciado que tiene el ser humano, no obstante a lo anterior tengo conocimiento de que Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, tratan de aprehenderme, en virtud de que constantemente han sido frecuentados los lugares en donde estuve trabajando así mismo mi domicilio particular por parte de tales elementos, al grado tal que han interrogado a las personas con las cuales trabaje y a mis vecinos, sobre mi persona y como desconozco las razones del por qué se me pretende aprehender, toda vez que nunca he participado en un hecho delictuoso y ante el temor fundado de que sea aprehendido arbitrariamente, al no tener recurso ordinario que hacer valer, ocurro ante esta Autoridad Federal [.]". Lo cual destaca que no se ha materializado la orden privativa de libertad, lo que significa, una posibilidad de que acontezca, no así una aseveración de que realmente ello ya se haya materializado y, por ende, dicha parte directamente agraviada, se encuentre imposibilitada para promover la demanda del juicio de amparo directamente. Así, ante la sola presencia de firma electrónica de Juana Pérez Torres (autorizada), y no así de la directa quejosa Diego Morales Rivera, pues insístase, en el caso concreto no se advierte manifestación en el sentido de que, la primera de las mencionadas aluda tener el carácter de defensor de la directa quejosa; ni que el acto reclamado (orden de aprehensión) se advierta encuadre en las hipótesis establecidas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, para en su caso requerir a la directa parte agraviada la ratificación de la demanda en los términos que el aludido artículo establece; máxime que, como se vio, del escrito de demanda no se hace referencia a alguna imposibilidad propia de la parte quejosa para firmar la demanda de amparo de mérito. En este sentido, es dable tomar en consideración las razones plasmadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 32/2018, la cual se citará más adelante, por cuanto a que la demanda de amparo presentada en portal de servicios en línea del poder judicial de la Federación, con firma electrónica certificada, no implica soslayar el principio de instancia de parte agraviada, sino que únicamente tiene como objetivo simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, de tal manera que incluso la carencia de ésta conlleva a determinar, en los casos previstos que no hay instancia de parte agraviada y que, por tanto, se está facultado para desecharla de plano, incluso sin que ello constituya una irregularidad que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso. Así, al no advertirse se actualicen los referidos supuestos de la Ley de Amparo; si bien obra la firma electrónica de Juana Pérez Torres, sin embargo, no obra firma electrónica ni autógrafa de la directa parte quejosa Diego Morales Rivera. En el caso, la demanda de amparo es promovida por Diego Morales Rivera, por su propio derecho, misma que fue presentada vía electrónica, a través del uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); sin embargo, el signo digital corresponde a Diego Morales Rivera, no así a la parte impetrante del amparo; ahora, en el caso, como se dijo, no se está en el supuesto de requerir a la directa quejosa (Diego Morales Rivera), dado que como ya se dijo, la demanda no se presentó ni se advierte se esté reclamándose alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, ni del diverso numeral 15 de la Ley de Amparo, esto es, cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, incluso acorde con el diverso numeral 109 de la ley de la materia, se obtiene que en esos casos la demanda podrá formularse por escrito, por comparecencia o por medios electrónicos (en este último caso no se requerirá de firma electrónica). Igualmente, en el presente asunto, tampoco se advierte que la parte signante aluda ubicarse en el supuesto que contempla el artículo 14 de la Ley de Amparo, el cual establece que, cuando se trate de actos reclamados dentro de un procedimiento del orden penal, bastará para la admisión de la demanda la manifestación que, bajo protesta de decir verdad, quien suscribe lo hace en su carácter de defensor; sin embargo, en el presente asunto de la demanda en comento no se advierte dicha manifestación en ese sentido, por ende, no se pueda actuar en consecuencia. Por tanto, insístase, si la demanda carece de la firma de la parte directamente agraviada, y quien la firma, no se aprecia realice manifestación expresa, bajo protesta de decir verdad, que es defensor de la parte directamente agraviada o, en su caso, de que ésta se encuentre siendo víctima de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o 15 de la Ley de Amparo, para proceder en consecuencia; por tanto, debe considerarse como un simple papel, en el que no se incorporó expresión de voluntad por no aparecer, en el particular, la firma electrónica de la directa parte agraviada, ya que la firma es el signo con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos, pues denota su voluntad y conformidad con el contenido del escrito que signan. Máxime que, la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implica soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los referidos artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente sus objetivos fundamentales, entre otros, es simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la "FIREL". En mérito de lo anterior, toda vez que el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de la parte agraviada, como lo establece la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en consecuencia, dado que en la especie no obra la firma de la parte quejosa, y del contenido de la demanda debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado, por lo que, en concordancia con los diversos numerales 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 3 y 6, todos de la Ley de Amparo, se considera la presente demanda de amparo debe desecharse de plano, en razón de que dicha circunstancia entraña falta de voluntad de la directa parte agraviada para promover el juicio de mérito. Sirve de apoyo lo anterior, Jurisprudencia sin número, de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, Volumen 181-186, Quinta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." Asimismo, la Jurisprudencia 8/2019 (10a.), del Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en la página 79, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Lo anterior, sin que haya lugar en el caso concreto a requerir a la parte quejosa, para que subsane dicha omisión, ya que el artículo 114 de la Ley de Amparo, sólo faculta a este órgano de control constitucional, a prevenir a la parte promovente para que llene algún requisito formal, haga las aclaraciones que correspondan, más no para tal omisión. Así, ante la ausencia de firma electrónica y autógrafa de la parte directa quejosa Diego Morales Rivera en el escrito de demanda (con independencia de que sí obre la firma electrónica de diferente persona, pues como se vio, en el presente no se advierte la actualización de algún supuesto de excepción contemplado en la ley), debe considerarse que no hay instancia de parte agraviada; por ende, los actos que se contienen en él, no afectan los intereses jurídicos de quien aparece como signante, razón por la cual procede desechar la demanda de amparo, al surtirse la causa de improcedencia que se plantea; además, como ya se precisó, el acto reclamado (orden privativa de libertad) no encuadra en las hipótesis establecidas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, para en todo caso requerir a la directa parte agraviada la ratificación de la demanda en los términos que dicho precepto señala. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 32/2018 (10a.), del Máximo Tribunal del País, visible en la página 5, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." En estas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio y ante los motivos manifiestos e indudables de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo, por improcedente, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal. Asimismo, cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo, tampoco contraviene el derecho de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; lo que además es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Sólo a título de abundamiento cabe comentar que lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los derechos humanos se interpretaran conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro persona), también lo es que la aplicación de este principio y el control de convencionalidad, no pueden servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio de amparo: es decir, su aplicación no implica el desconocimiento de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones. En apoyo se invoca la tesis CCXXVI/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO.". Así también la jurisprudencia VI.3o.A. J/2 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 1241, del libro XVII, febrero de 2013, tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo registro es 2002861, que en su rubro expone: "PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES.". Además, el hecho de que se actualice una causal de improcedencia en el presente juicio de amparo, de ninguna manera implica que se les esté negando a la parte promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Apoya la anterior determinación, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo cuyo rubro a la letra dice: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.". Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios, para que el Actuario Judicial adscrito, logre llevarlas a cabo. Domicilio y autorizados. Sin que haya lugar a tener como domicilio para recibir notificaciones el señalado, ni por autorizados a los referidos en el escrito de cuenta, pues como se dijo, no existe persona que sea responsable del contenido del escrito de demanda; por tanto, háganse las notificaciones correspondientes, por medio de la lista que se publica en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Ley de transparencia. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Exhorto para la promoción del juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; o en su caso, que proporcionen un número de teléfono o correo electrónico, por medio del cual, de ser necesario, este órgano jurisdiccional pueda tener establecer comunicación con las partes, de conformidad con el referido Acuerdo General, dadas las medidas de contingencia

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