Diego Monge Garcia
Expediente 1056/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1056/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Diego Monge Garcia
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de agosto de dos mil veintiuno. RADICACIÓN. Visto el escrito de demanda presentado por Diego Monge García por su propio derecho contra actos de la Juez Quinto de lo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito del Estado de Morelos; fórmese el expediente 1056/2021-III, que por orden le corresponde. DESECHAMIENTO Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: De la lectura íntegra de la demanda, así como de las constancias que como prueba anexó a ésta, se advierte que el quejoso comparece en su carácter de tercero extraño por equiparación, y en esencia reclama lo siguiente: El auto de fecha doce de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual se señala fecha para el desahogo de una prueba testimonial (diecisiete de junio de dos mil veintiuno) en autos del juicio de origen. El desahogo de la prueba testimonial el día diecisiete de junio de dos mil veintiuno, así como lo acordado en esa misma fecha por la autoridad responsable, en lo concerniente a la orden de turnar el expediente de origen para resolver las medidas provisionales solicitadas por la parte actora. De lo anterior se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, éste interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Numerales que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Asimismo, el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo prevé: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, tenemos que la Ley de Amparo en la fracción V de su artículo 107, define a los actos de imposible reparación como aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo que actualmente impera en el orden jurídico mexicano, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Cobra vigencia en lo que interesa, la tesis jurisprudencial 2a. XLVIII/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, de la Décima Época, página 1070, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, cuyo rubro es: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO.". En consecuencia, tenemos que el de auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 102/2021, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia de Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, por el que se señala fecha para el desahogo de una prueba testimonial (diecisiete de junio de dos mil veintiuno); el desahogo de prueba testimonial el día diecisiete de junio de dos mil veintiuno, así como lo acordado en esa misma fecha por la autoridad responsable, en lo concerniente a la orden de turnar el expediente de origen para resolver las medidas provisionales solicitadas por la parte actora, no constituye un acto de imposible reparación, al no lesionar de modo directo e inmediato sus derechos sustantivos sino sólo una afectación no definitiva a sus derechos adjetivos o procesales. Esto, en razón de que las transgresiones que pudiera ocurrir con motivo del acto reclamado, son susceptibles de ser subsanadas al emitirse la resolución que resuelve las medidas provisionales solicitadas por la actora del juicio natural, la cual pudiera ser dictada en sentido favorable a los intereses de la parte quejosa, y en caso de no ser así, a hacer el planteamiento de las violaciones procesales al momento de combatirla. Es por esta razón, que los acuerdos combatidos no trascienden a la esfera jurídica del quejoso por esa actuación y por ende, no causa lesión a bienes jurídicos distintos de los que confieren las leyes adjetivas, pues es emitida dentro del expediente 102/2021, el cual no se encuentra concluido aún y en el cual no se ha emitido aún resolución, por lo que el único efecto que tiene el acto reclamado es que se continúe con el desahogo del procedimiento, en particular, para que se decida si se emiten o no medidas cautelares, sin que ello en la actualidad haya acontecido, según lo que el propio quejoso narra en el escrito de demanda. En ese sentido, los actos reclamados por el quejoso, no se consideran que tenga una afectación que sea de imposible reparación; en la medida que constituyen actos previos al dictado de determinación que establezca si se concede o no medidas provisionales de alimentos, sin que se exprese en la demanda que su ejecución cause una afectación que se considere de imposible reparación, ni este juzgador estime que los actos constituyan actos que impliquen afectación de esa índole. Ni siquiera bajo la mención del quejoso en el sentido de que indebidamente se le arroga el carácter de concubino de la tercero interesada del juicio de origen, ya que no se advierte que dicha cuestión se resuelva en definitiva a través de dichos acuerdos, al no estar siquiera emitida la determinación por la que se conceda o no las medidas cautelares de alimentos provisionales solicitadas. Ciertamente la resolución reclamada es de índole estrictamente procesal y sin afectación directa, inmediata y material de algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que únicamente pudieran constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, que incluso no necesariamente tendrían una consecuencia negativa en la resolución relativa a las medidas precautorias del juicio de origen que se dicte, en razón de que podría resolverse a favor de los intereses del aquí quejoso. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento de la resolución que resuelva las medidas provisionales solicitadas por la actora, cuando pudiera producirse una afectación a los intereses jurídicos de la parte quejosa y en ese supuesto estará en aptitud de combatir dicha decisión del juzgador natural; pues de momento, el único efecto de los actos reclamados consiste en que se continúe la tramitación del juicio natural, y en particular actos inherentes a las medidas precautorias solicitadas en dicho procedimiento, cuestión que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. De ahí que el hecho de que no proceda el juicio de amparo indirecto en esta etapa, no significa que la parte inconforme quede sin defensa, sino que tiene que sujetarse a los requisitos, términos, plazos y límites establecidos en el sistema jurídico mexicano. Máxime que al tratarse de un derecho procesal, éste se encuentra dentro de la categoría de garantías judiciales que proporcionan el debido acceso a la justicia, el cual, en su caso, puede llegar a analizarse y restituirse a través del juicio de amparo que en su caso se promueva contra la medida cautelar de alimentos provisionales en caso de que fuera perjudicial a sus intereses; sin que en el caso dicha resolución constituya el acto que se reclama. A más que como lo estableció en su capítulo de antecedentes bajo protesta de decir verdad manifestó estar debidamente emplazado a juicio de origen desde el cinco de agosto de dos mil veintiuno, por lo que no se puede considerar tercero extraño a juicio por equiparación, ya que forma parte integrante de la relación jurídica procesal del juicio relativo a la controversia familiar 102/2021, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia de Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en razón de que le recae el carácter de demandado y en el referido controvertido no se ha dictado sentencia, por lo que puede integrarse a la relación procesal y estar en aptitud de hacer valer la defensa a sus intereses dentro del propio proceso. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 4/2011(10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, página 1627, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2000293, del tenor siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA." Por tanto, al margen de lo correcto o incorrecto de los acuerdos y diligencia combatida en el presente juicio de amparo, no revisten el carácter a que se refiere el ordinal 107 fracción V de la ley de la materia, por ello, el acto reclamado no tiene el carácter de irreparable para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto. En apoyo de lo anterior, cabe citar la jurisprudencia IV.2o.C.J/2, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo III, Mayo de dos mil catorce, con número de registro, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida por Diego Monge García, por su propio derecho contra actos de la Juez Quinto de lo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito del Estado de Morelos. DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas. Asimismo, se toma nota del número de teléfono y correo electrónico que proporciona para entablar comunicación no procesal. EXHORTACIÓN PROMOCIONES VÍA ELECTRÓNICA. Además, se exhorta a las partes, para que con toda oportunidad utilicen las herramientas tecnológicas puestas a su disposición y presenten electrónicamente los escritos, pruebas y/o alegatos que consideren pertinente a sus intereses para ser considerados al desahogarse la audiencia de ley. Asimismo, atendiendo al artículo 22 del citado Acuerdo General se invita a las partes a que: De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. RECOMENDACIÓN PARA TRANSITAR HACIA EL ESQUEMA DE JUICIOS EN LÍNEA. Además, para quienes esto sea una posibilidad, se recomienda transitar hacia el esquema de juicios en línea, lo cual se puede hacer incluso en aquellos asuntos que se hayan tramitado físicamente, para lo cual se puede ingresar una promoción solicitando la consulta y notificación electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea. Por último, se hace del conocimiento de las partes que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del mencionado Acuerdo General, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.jc
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